(Emitido a las 8.45)

EMILIANO COTELO:
El Estado enfrenta juicios por unos 600 millones de dólares, según datos relevados por el Ministerio de Educación y Cultura. La información fue manejada por el ministro interino, Felipe Michelini, cuando compareció ayer en la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Representantes.

Estamos en diálogo con el diputado de la Vertiente Artiguista, profesor Edgardo Ortuño.

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Diputado Ortuño, el ministro interino compareció en esta comisión porque estaba explicando la iniciativa destinada a crear una unidad especializada dentro de su cartera que coordine la defensa del Estado frente a los demandantes.

EDGARDO ORTUÑO:
Efectivamente.

EC – Es algo que está previsto en el proyecto de ley de presupuesto, ¿no?

EO – Sí, entre las direcciones que se crean en el ministerio, junto con Derechos Humanos y la que va a impulsar la innovación, la ciencia y la tecnología, se crea la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, que tratará, entre otras cosas, de articular mejor la defensa del Estado, que como es sabido, y ayer nos conmovimos con las cifras que nos planteaban como información, enfrenta una suerte de enorme cantidad de juicios que tienen, si prospera la suerte de los demandantes, un costo absolutamente elevado, que no va a permitir que destinemos recursos a las políticas que está necesitando el país y que tengamos que pagar en el entorno de 600 millones de dólares, que es muchísimo dinero.

EC – En la comisión surgió la comparación con el Plan de Emergencia, ese monto equivale a seis años de Plan de Emergencia.

EO – Exactamente, es muy grave.

EC – Tampoco es seguro que el Estado deba pagar esa cifra, en definitiva todavía se está en la etapa de litigio.

EO – Exacto. Esperamos que no, y justamente, la creación de esta dirección que está disponiendo el nuevo gobierno es para mejorar todo lo posible el ejercicio de la defensa de los intereses del Estado. Pero nos parecía muy importante esto que tratábamos ayer en la comisión y que es bueno decirlo, tuvo el respaldo de todos los integrantes de la misma, de todos los partidos, es que está demostrando que en el pasado existió por un lado mala gestión de la administración pública que generó una especie de avalancha de juicios y en segundo lugar, que ha existido una mala defensa del Estado. Las distintas divisiones jurídicas de las distintas reparticiones del Estado no están coordinadas, no siempre están bien gestionadas, y los juicios no se llevan adelante como en la actividad privada, donde existe no sólo un mayor celo y responsabilidad en la defensa de quien hay que defender, sino que también se establecen conciliaciones, negociaciones, tratando de, en aquellos casos perjudiciales para quien es demandado, llegar a acuerdos de menores montos de las demandas, cosa que no ha existido.

Los plazos muchas veces vencen casi automáticamente, no hay un control de las jerarquías, la mayoría de las veces se enteran una vez que hay sentencia ejecutoriada contra el Estado, es decir cuando ya no hay nada para hacer, lo que no permite la acción y la orientación política de los mismos, lo que nos parece bastante irracional y bastante irresponsable cuando hablamos de recursos que en última instancia son de todos, en momentos que estamos buscando cada peso para destinar a políticas sociales y reactivación productiva.

EC – Esta idea de crear esta Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, suena bastante elemental, lo primero que uno se pregunta es cómo no se fundó antes, cómo no existe aún. Entonces, el paso por lo visto ahora se da. ¿Hay alguna otra idea? Veía que desde la oposición, desde el Partido Nacional concretamente, se proponía otro mecanismo, la creación del Ministerio de Justicia, que se encargara entre otras cosas de esto, según decía el diputado Álvaro Lorenzo. De todos modos veía con buenos ojos este camino que emprende el Poder Ejecutivo.

EO – Exactamente. Una de las cosas positivas que estamos tratando de hacer en esta nueva administración es encarar algunas innovaciones institucionales, generar algunas áreas nuevas que atiendan temas que son absolutamente relevantes y que no estaban debidamente tratados en anteriores administraciones. Este tema avanza mucho, porque no sólo se trata de la coordinación de la defensa en los juicios, sino de mejorar y unificar todo lo que tiene que ver con los registros, que hay muchos en el Estado, y para tener un buen manejo de la información sobre los ciudadanos, poder ejercer mejor sus derechos, y tiene un área bajo su competencia muy importante que tiene que ver con la cooperación jurídica internacional y el relacionamiento y la actualización de las normas legales en el mundo, y permitir superar una cosa que ha padecido nuestro país, que es que muchas veces aprobamos convenciones internacionales que establecen determinadas normativas y esas normas no se internalizan en el sistema jurídico uruguayo porque quedan traspapeladas en forma bastante desprolija en distintos lugares. Entonces también esta área va a tratar de hacer un seguimiento de cuáles son los compromisos internacionales del país y cuáles son las leyes que deben promover el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para estar al tanto y en cumplimiento de la normativa internacional.

EC – Yo decía que suena elemental que exista esta unidad que coordine la defensa del Estado en los juicios que el Estado enfrenta. Lo decía porque no se entiende cómo no se había hecho hasta ahora; pero hay otra parte del problema de los juicios: la responsabilidad de quienes metieron al Estado en esos juicios, de los funcionarios que por sus actos precipitaron un juicio o después, en el manejo de un juicio, dejaron pasar los plazos o no manejaron la estrategia de la manera más adecuada. Esta otra parte del asunto, ¿de qué manera se está considerando?

EO – Es muy importante esa reflexión. Yo decía en comisión en el día de ayer que esta información que nos daba fundamentaba la necesidad de aprobar cuanto antes aquí en el Parlamento el proyecto de ley que venimos impulsando desde el inicio de esta legislatura, incluso hemos hablado con ustedes sobre este tema, que es la reglamentación por parte de la ley del artículo 25 de la Constitución, que establece la posibilidad de que el Estado exija responsabilidad incluso patrimonial a los funcionarios cuando tienen una falta grave o existe dolo y generan este prejuicio para las finanzas públicas. La Constitución habla incluso de hacerlos responsables por los mismos montos que el Estado tenga que pagar.

EC - ¿Pero qué pasa? ¿Se concreta esa posibilidad?

EO – Increíblemente, así como esta cosa que decía, de crear esta dirección y esta coordinación, no se había hecho, tampoco nunca se aplicó este artículo 25 de la Constitución. El proyecto que nosotros estamos impulsando establece que no quede sólo como una posibilidad remota y lejana, sino que los jerarcas deban fundamentar debidamente el porqué cuando no exigen la repetición, o sea que estaríamos exigiendo la investigación en cada juicio de cómo se han llevado estas cuestiones y qué responsabilidades hay. Dos cosas fundamentales: la creación de un registro que centralice y obligue a los jueces a enviar a una unidad centralizada que ubicaríamos en esta nueva dirección, que no existía cuando comenzamos a tratar el proyecto, tiene que remitir cuando existen juicios contra el Estado, de modo de poder actuar a tiempo y tener conocimiento de los mismos. Y en tercer lugar, creo que es la novedad más fuerte del proyecto, no se deja sólo en manos de cada organismo que enfrenta un juicio el exigir responsabilidad, investigar a los funcionarios, sino que se genera la posibilidad de que la fiscalía del Estado supervise e intime a la realización de estas investigaciones y a las acciones de repetición. Ahora en vez de la fiscalía estamos tratando de modificar el proyecto de modo de hacerlo coherente con esta innovación que se genera y darle potestades a esta dirección de supervisar e intimar a los organismos en conocimiento de juicios en su contra para que exijan las responsabilidades y realicen las investigaciones correspondientes.

EC - ¿Y tiene posibilidades de aprobación este proyecto?

EO – Creo que sí, porque todas las bancadas han manifestado su concordancia con esto, la necesidad de hacerlo, hemos pedido asesoramiento a la Facultad de Derecho, tenemos un informe muy contundente del doctor Cagnoni, respaldando la iniciativa e incluso enriqueciendo el proyecto, por lo que pensamos que si no es en el próximo mes va a ser de los proyectos que aprobemos en el período que se abre el año que viene, cuando ya va a estar en funcionamiento, a partir del 1 de enero, esta nueva dirección en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que nos va a permitir asignarle estas mayores facultades.

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Transcripción: María Lila Ltaif
Edición: Mauricio Erramuspe