(Emitido a las 9.11)

EMILIANO COTELO:
No es novedad que haya contactos entre el gobierno y los militares, más bien ha sido prácticamente una constante de los últimos meses. Pero en este caso, en el del martes pasado, cuando el presidente de la República se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, hubo un detalle que quizás pasó algo desapercibido: la presencia en esa reunión, una reunión oficial, junto al presidente de la República y al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, de la diputada Beatriz Argimón.

Es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, esa podría ser la justificación primera para esa presencia, pero lo cierto es que hay quienes asignan a esa invitación que recibió la diputada Argimón un valor político, dicen que hay allí un mensaje, una señal política, más allá de la figura de la propia legisladora.

¿Sé puede valorar esto como un gesto que hay que tener en cuenta? ¿Cómo están viendo este proceso desde la Correntada Wilsonista (CW)? Vamos a conversarlo con la diputada Beatriz Argimón.

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Diputada Argimón, creo que no es casualidad que el gobierno le dé a CW la oportunidad de participar más de cerca en este proceso, teniendo en cuenta la actitud que su sector ha mantenido en el tema Derechos Humanos. ¿Cómo lo están viendo ustedes?

BEATRIZ ARGIMÓN:
En realidad sobre evaluaciones políticas y esta participación realmente no la hemos hecho.

EC - Pero no había antecedentes, ¿no?

BA - Por lo que ha trascendido, nosotros nos manejamos con anuncios públicos, desde lo público no, pero asignamos nuestra participación a lo que ha sido la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que ha trabajado este año muchísimo en coordinación en muchos aspectos con el propio Poder Ejecutivo. Para nosotros este fue el motivo principal de la convocatoria.

EC - Estamos considerando una reunión, la del martes, que era importante, porque después del viaje por Europa el presidente Vázquez quería poner a punto la información sobre la marcha de las excavaciones en los predios militares y en la chacra de Pando, quería saber cuán cerca se está o no de terminar esos trabajos, qué resultado se ha obtenido en la búsqueda de restos de desaparecidos o de indicios de remoción de tierras. Para eso se convocó al jefe de los técnicos, el antropólogo José López Más, y además a los comandantes en jefe. Y a esa reunión, con toda esa importancia, se invita a un representante del Parlamento. No había experiencia previa en ese sentido.

BA - No, no la había, por lo menos desde lo público en una reunión de amplia cobertura. Nosotros ratificamos que ha sido una reunión de trabajo, como lo señaló el presidente, de mucha importancia.

EC - ¿Con qué balance salió usted de la reunión?

BA - Yo le puedo trasladar lo mismo que les trasladé a mis compañeros de la comisión con quienes he estado, algunos estaban en el interior. Observamos primero un compromiso real de los comandantes en esa reunión de colaborar con el Poder Ejecutivo, uno sentía realmente un compromiso. Y por otro lado un presidente de la República firme en términos de seguir avanzando con lo iniciado. Esa es la percepción fundamental de esa reunión de trabajo. Nos parece, además, que estuvo muy acertado haberlo hecho público, porque fue una buena instancia después de un tiempo prudencial de avance de las investigaciones; trasladar con transparencia qué es lo que está pasando en el marco de esas investigaciones. Eso lo consideramos muy positivo.

EC - Había toda una discusión previa sobre si la información con la que se han manejado los comandantes, en particular el comandante del Ejército, sobre eventuales localizaciones de restos, podía ser información falsa, incluso parte de un complot para hacer abortar esos trabajos. ¿Cómo estuvo presente ese punto en la reunión?

BA - Los comandantes ratificaron una y otra vez, amén de su compromiso con el proceso, la certeza de que las fuentes eran confiables, que se les había trasmitido la verdad de lo que se sabía. Hay que tener en cuenta -es un elemento no menor en todo este proceso- el tiempo transcurrido y que buena parte de los protagonistas de entonces no están vivos, por lo que, obviamente, las fuentes a las cuales se tiene acceso, según los comandantes, han trasladado la verdad de lo que ellos sabían de todos estos temas.

EC - En definitiva, entonces, los trabajos van a continuar según los cronogramas previstos, incluso, si es necesario, prolongando los acuerdos que se han hecho entre el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República.

BA - Sí, en la primera parte de la reunión ese fue un tema específico, que tiene que ver con las características del trabajo que ese equipo de antropólogos lleva adelante. Allí pesan desde las características de los terrenos donde se están llevando adelante los trabajos, en algunos de esos casos con tareas que tienen que ver con sacar malezas de donde se los tiene que hacer, y se demora entre tres y cuatro días para que el terreno pueda ser considerado, y a veces si llueve eso se posterga más. Entonces el propio presidente le pregunta al coordinador cuánto tiempo prudencial entiende que lleva finalizar los trabajos, se habla de mes y medio, dos meses -tampoco puede ser muy a rajatabla en términos de decir con certeza una fecha-, y ese convenio que finalizaba el 13 de diciembre puede ser perfectamente ampliado.

EC - ¿Se habló de qué pasa o qué se hace si el resultado de todos estos trabajos es nulo?

BA - No, no.

EC - Porque sobre eso se ha especulado mucho también.

BA - Sí, pero no en la reunión que yo presencié.

EC - ¿Qué opina usted sobre comentarios como el del ministro Mujica, ayer, cuando dice que si no se encuentran restos en estas excavaciones "habrá una gran barrida" entre los mandos militares?

BA - Ahora sí, si me permite, como legisladora de la oposición, habiendo seguido todo este proceso desde el inicio, me parece que esas declaraciones no contribuyen a acciones que desde el Poder Ejecutivo se han emprendido, a cargo del propio Poder Ejecutivo, y que, obviamente, están siguiendo un curso que todavía no ha terminado. Nos parece que desde afuera pero dentro del sistema político imprimir esos anuncios como forma de amenaza no contribuye al proceso.

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EC - Yo comenzaba esta entrevista preguntándole a propósito del detalle, que me parece no menor, de la presencia suya en esta reunión del martes en la residencia de la avenida Suárez entre el presidente de la República, el secretario de la Presidencia, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los antropólogos que llevan adelante los trabajos de excavación en busca de restos de desaparecidos. Y usted reconocía que antecedentes no hay de encuentros públicos de este tipo, pero dio a entender -y en alguna otra frase y alguna otra respuesta también- que sí ha habido una buena colaboración, un diálogo entre no sé si usted personalmente o la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y la Presidencia en todos estos trabajos de búsqueda de restos. ¿Cómo es eso?

BA - Cuando se inicia todo este proceso la Comisión de Derechos Humanos recibe información, en algún momento incluso correspondencia, de personas que estaban afines a colaborar con el proceso. Desde allí se instala un diálogo con el secretario de la Presidencia al que se le traslada todo lo que la comisión recibe de sugerencias, en algún caso de información, porque entendimos que allí tenía que centralizarse todo lo que contribuyera a este proceso que desde el Poder Ejecutivo se estaba llevando adelante. Asimismo, cuando entendimos que había pasado una un tiempo prudencial de avance de estas investigaciones, la comisión invita al secretario de la Presidencia para que el Parlamento estuviera notificado oficialmente de todos estos procesos que se estaban llevando adelante, y el secretario viene a la comisión de Derechos Humanos y es el Parlamento, a través de la Comisión de Derechos Humanos, quien recibe de primera mano la información sobre las investigaciones. Por eso digo, la comisión ha tratado de estar al tanto de todos los acontecimientos, siguiendo este proceso, en la medida de nuestras posibilidades, intercambiando la información.

EC - El hecho de que ahora usted haya participado personalmente en una reunión donde se estaba intercambiando información de primera mano -ya no le venían a contar a la comisión lo que ocurría sino que usted iba a escuchar directamente lo que se volcara como datos y las evaluaciones que se hicieran-, ¿marca un cambio en el manejo del tema de ahora en adelante?

BA - Nos parece que contribuye a profundizar un proceso de cristalinidad en el manejo de la información sobre este tema. Lo entendemos como una señal muy positiva desde el Poder Ejecutivo, visto que ya ha pasado un tiempo prudencial en las investigaciones, que todo hace pensar que mes más, mes menos, esto está culminando y el Poder Legislativo no es un actor menor en todo este tema, y mucho menos la Comisión de Derechos Humanos.

EC - No sé si estamos mezclando las cosas, pero el hecho de que usted sea la presidenta de la comisión tiene también sus peculiaridades, porque su sector, CW, en el tema Derechos Humanos ha venido manteniendo posiciones muy activas.

BA - Sí, sin lugar a dudas, ha sido una definición política de CW, desde el inicio de esta legislatura y de este gobierno, considerar el tema de los Derechos Humanos como primero en nuestra agenda de gestión, entendiendo -en esto me gusta ser muy clara, porque ha sido también la evaluación que hacemos en el sector- la integralidad de las políticas públicas con el tema derechos humanos. Es decir, consideramos que el proceso de búsqueda de la verdad tiene que ver con la violación de los Derechos Humanos, tal cual la concepción moderna y hacia donde van encaminándose las normativas internacionales y las propias sociedades, que quieren cumplir con el fiel respeto de esos derechos. Tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con descender los índices de pobreza de una sociedad, tienen que ver con el acceso a los distintos derechos, la facilidad de tener derecho a una cobertura de salud o al tema de la educación. Eso es la integralidad de los Derechos Humanos y nosotros entendemos que el sistema político tiene que avanzar en términos, por ejemplo, de la conformación de cuadros dirigentes con las concepciones modernas de Derechos Humanos.

EC - Por eso han propuesto la creación de comisiones de Derechos Humanos, ustedes han propuesto dos, una en el Senado y otra en el seno del propio Directorio del PN.

BA - Sí, solicitamos en la última comisión delegada -que es una representación más operativa de la Convención del partido- la posibilidad de constitución de una comisión de Derechos Humanos en el seno del Directorio del partido. Y a su vez, el último congreso de CW, donde se ratificó esta política de Derechos Humanos en nuestra agenda de trabajo, además de ratificar nuestra voluntad de creación de esa comisión, plantea que nuestro sector proponga en el Senado de la República la constitución también de una Comisión de Derechos Humanos, tal cual funciona en la Cámara de Diputados.

EC - ¿Qué pasa en el caso del directorio del partido, de la propuesta que va para adentro de su propia colectividad política? ¿Ustedes entienden que hay un déficit?

BA - Entendemos que un partido que históricamente, a lo largo de su historia, ha trabajado el tema de los Derechos Humanos en sus diferentes concepciones. En el siglo XXI, cuando está enfrentando un proceso de modernización de sus estructuras, tiene que contar con una comisión de Derechos Humanos, y por eso la propuesta.

EC - ¿Sale?

BA - Creemos que sí, sin lugar a dudas. Lo volvemos a plantear este sábado en la comisión delegada que tenemos en Durazno.

EC - ¿Ya tienen respuesta de los demás grupos?

BA - En principio entendemos que Alianza Nacional va a acompañar nuestro planteo, no hemos estado contacto todavía -lo haremos en las próximas horas- con el sector del Herrerismo.

EC - Para cerrar este tema, sobre todo dentro del capítulo Derechos Humanos que, como usted recién puntualizaba, es muy amplio, pero tiene en estos meses un foco de atención puesto en el pasado, en las violaciones durante la dictadura, y en particular en los casos de los desaparecidos, en el discurso durante el congreso de CW el fin de semana pasado el senador Francisco Gallinal dijo que el PN está dispuesto a acompañar al gobierno para encontrar una salida al caso Gelman, pero advirtió que este caso no debe ser utilizado para atacar la Ley de Caducidad. ¿Cómo observan la decisión del Poder Ejecutivo, que esta semana excluyó de la Ley de Caducidad otros tres casos, entre ellos las desapariciones de Gerardo Gatti y de Simón Riquelo?

BA - Dos aspectos que nos interesa señalar. Obviamente, la Ley de Caducidad está vigente, una ley de características especiales, porque, como todos sabemos, además de haber sido votada por un Parlamento democrático, fue ratificada en una consulta popular. Dentro del marco de la Ley de Caducidad el Poder Ejecutivo y la sociedad en su conjunto pueden tomar las decisiones que la ley consagre. El Poder Ejecutivo ha puesto operativo un procedimiento respecto de determinados casos que considera fuera del alcance de esta ley, está utilizando el marco de esta ley, por lo tanto dentro del plano de sus competencias está dentro de su estrategia.

EC - Pero en uno de esos casos, el de María Claudia García de Gelman, el Poder Ejecutivo había dicho, ante consulta del juez, "entiendo que no está abarcado por la ley", y luego, cuando el juez pretende retomar las investigaciones, el fiscal interviene, el tema termina laudándose en un Tribunal de Apelaciones...

BA - ...y el Tribunal de Apelaciones da lugar a lo que dice el fiscal.

EC - O sea, ordena el archivo de las actuaciones, teniendo en cuenta que ya había existido -ese es el argumento central- pronunciamiento de otro Poder Ejecutivo considerando que el caso sí estaba comprendido por la ley. ¿Cuál es la salida? ¿Por qué ustedes dicen que están dispuestos a acompañar al gobierno a encontrar una salida a este caso?

BA - En principio entendemos que hay que profundizar las características de los casos, si el caso formaba parte de un operativo que tenía como fundamento los móviles políticos de la época, de lucha y combate contra la subversión, o si era otro. Nos parece que por ahí es donde se tiene que trabajar.

EC - El propio senador Gallinal recordó lo que ha ido sabiéndose a propósito de este caso, por ejemplo que lo más probable es que María Claudia García de Gelman haya sido víctima de un secuestro extorsivo por motivos económicos que salió mal.

BA - Exactamente. Por eso digo, el móvil en algunos de estos casos es notoriamente diferente y no tiene nada que ver con el contexto en el que la Ley de Caducidad se implementó. Empezaron a conocerse motivos económicos públicamente, siempre se había manejado el tema de móviles económicos en algunos de estos crímenes; aparentemente el caso de María Claudia sería uno de estos, entonces las causas son notoriamente diferentes y el encuadre sería diferente.

EC - En la medida que ya hay el pronunciamiento del fiscal y del tribunal de apelaciones ordenando archivo, ¿cuál es el margen que hay?

BA - Precisamente, será el propio Poder Ejecutivo el que estará evaluando, con informaciones que se tengan sobre el tema que nosotros no tenemos.

EC - ¿Pero qué quiere decir que ustedes van a "respaldar" al gobierno en la búsqueda de una salida?

BA - Si aparecen elementos que contribuyan a demostrar que no se encuadra dentro de todo esto, obviamente la tipificación es diferente.

EC - En este mismo terreno de cómo encauzar las investigaciones, ahora se sabe que la bancada del Encuentro Progresista en el Parlamento está preparando un proyecto de ley que busca tipificar el crimen de desaparición forzada de personas como delito permanente. ¿Qué opinión tienen ustedes a propósito de este recurso?

BA - Primero hay que conocer el texto.

EC - Ha trascendido ya en varios de sus detalles.

BA - Pero, le explico, no es la primera vez que trasciende una cosa y luego el texto trae otra. A nosotros en ese sentido primero nos gusta tener los textos para pronunciarnos sobre el tema. En segundo lugar, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento de un proceso, que a esta altura es indispensable, de que nuestras normas nacionales acompañen lo que Uruguay ratificó en materia internacional, va a contar con nuestro respaldo, obviamente. También es cierto que todas las normas que se consagren rigen para el futuro.

EC - Cuando uno consulta a quienes están impulsando esta ley sobre este punto, sobre lo que usted acaba de señalar, la respuesta es "sí, pero lo que nosotros entendemos y lo que vamos a consagrar es que la desaparición forzada, en la medida que el cuerpo no aparece, es un delito que se está cometiendo hoy".

BA - Por eso digo, respecto, en particular, de la desaparición forzada, vamos a esperar el texto que proponga la bancada oficialista. Primero vamos a esperar que se presente y las características de la redacción del articulado.

EC - Porque con esa lectura que yo recién estaba repitiendo a partir de lo que señalan los impulsores de este proyecto, cuando contestan a los que dicen que una ley que tipifica un delito no puede ser retroactiva, dicen que acá no hay ninguna retroactividad en juego, simplemente estamos hablando de un delito que hoy se seguiría cometiendo. Se podría pensar que estamos pasándole por el costado a la Ley de Caducidad.

BA - Hay que tener mucho cuidado. Desde Correntada no nos gusta expresarnos sobre textos que no conocemos, ni conocemos qué características va a tener el debate enmarcado dentro de un texto que todavía no ha sido presentado. En todos estos temas hay que ser muy cuidadosos. Preferimos conocer el texto y avanzar en ese sentido.

EC - ¿Cómo ven una revisión de la Ley de Caducidad, que es otra alternativa que se ha manejado?

BA - Entendemos que la Ley de Caducidad no es una ley común, es una ley que, además de haber sido sancionada por un Parlamento democráticamente elegido, tuvo una ratificación popular y eso desde el punto de vista jurídico adquiere otras características.

EC - No es cuestión, entonces, de revisarla.

BA - Por lo menos no de la forma que se anuncia que podría ser revisada.

EC - Porque también se ha manejado la posibilidad de una ley reglamentaria de la Ley de Caducidad.

BA - Últimamente se han manejado muchos anuncios, a veces uno siente que en algunos sectores se está llevando adelante una auténtica carrera por ver quién es quien más ofrece puestas a punto en el tema de Derechos Humanos. Por eso digo, hay muchos anuncios pero vamos a esperar las concreciones. Por ahora, hoy, en la realidad parlamentaria no hay nada presentado, lo único que hay son anuncios. Y además hoy aparece el de un sector, mañana el de otro... Nosotros, en este tema, que tiene mucho que ver con el futuro, más que con el pasado, con cómo Uruguay se posiciona frente al tema de los Derechos Humanos desde el punto de vista integral, preferimos tener los aportes concretos para hacer la evaluación. Porque, vuelvo a decir, hace muchos meses que hay muchos anuncios y en concreto aquí no hay nada todavía.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe