Los colorados invitaron a la reunión al ex integrante de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, quien fue uno de los participantes de la reunión de ayer con el secretario de Presidencia Gonzalo Fernández.

Ramela expresó su preocupación y desagrado por el texto, al considerar que es inconstitucional, tiene fuertes errores jurídicos y significa la muerte del Estado de Derecho en Uruguay.

Ramela prevé que con esta normativa, habrá unos 200 casos que hasta ahora estaban amparados en la ley de caducidad, que podrán ser investigados por la Justicia.

Señaló además, que lejos de interpretar, esta ley  ayuda a confundir más, le traslada el fardo al Poder Judicial, y en el fondo,  deroga buena parte de la Ley de Caducidad.

"Es una ley muy triste para el Uruguay, una violación flagrante del Estado de Derecho. Estamos asistiendo prácticamente al muerte del Estado de Derecho en Uruguay. La voluntad del Poder Ejecutivo es, de hecho, pretender que se ha derogado la Ley de Caducidad. Como no se animan a tomar ese costo político, o como en realidad lo que quieren es el beneficio político de decir que de hecho lo hicieron, le trasladan la responsabilidad de decidir y de actuar al Poder Judicial en una suerte de tembladeral jurídico que va a generar un caos tremendo", dijo.

Ramela entiende que, entre otras anomalías, el proyecto ignora el principio de no retroactividad y desconoce pronunciamientos judiciales relacionados a la cosa juzgada.

En ese sentido, señaló que "no se puede interpretar una ley 20 años después", más aun cuando existen fallos judiciales que se basaron en la misma.