Como se desprende de la Declaración de este Directorio de fecha 22 de agosto del corriente año, la impunidad devino del Pacto del Club Naval -en el que participaron el Frente Amplio, el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas-, siendo el Partido Nacional la única fuerza política que no participó en él.

Es un hecho irrefutable e incontrovertible que este proyecto no habría sido impulsado, si se hubieran encontrado restos de desaparecidos, lo que prueba que no es una iniciativa de Derechos Humanos, y que significa una alternativa residual del Gobierno en la materia.

Esta iniciativa reconoce un nuevo fracaso de la coalición de izquierda en materia de Derechos Humanos, trasladando a la Justicia la responsabilidad final de un tema que lleva décadas, el que fuera laudado por la Ley de Caducidad, plebiscitada ante el pueblo Uruguayo hace casi veinte años.

La iniciativa oficialista reconoce una vez más -esta vez a texto expreso- la Ley de Caducidad, pero diecinueve años después, bajo el pretexto de interpretarla, la modifica e innova y apunta a corregir la conducta de los Jueces.

El Gobierno puede, si quiere, modificar la legislación vigente, acudiendo a la derogación de la Ley de Caducidad en función de las mayorías que dispone, sin necesidad de subvertir -por la vía que se propone- claros principios constitucionales en la materia, y sin aprovechar el sensible tema de los Derechos Humanos para ocultar los graves problemas de los Uruguayos.

El Partido Nacional consecuente con su enorme aporte a la Institucionalidad Democrática del País, será siempre custodio de la paz y la libertad, valores esenciales en la convivencia de los Uruguayos.

En mérito a lo antes expuesto, el Directorio del Partido Nacional

1. Que no acompañará con su voto la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, presentado por la coalición de izquierda;
2. Que promoverá un proyecto de ley propio sobre la materia, que al interpretar la Ley deje claramente de manifiesto que los delitos cometidos en función de móviles o proyectos económicos, así como los delitos de secuestros o retención de menores, cualquiera sea su autor, nunca estuvieron comprendidos dentro de la Ley de Caducidad.

Sala de Sesiones, Montevideo, 21 de noviembre de 2005

Dr. Jorge Larrañaga
Presidente