(Emitido a las 7.36)

EMILIANO COTELO:
Definitivamente, la Ley de Caducidad ha vuelto al tapete, ha quedado en entredicho y todo indica que semana más, semana menos, van a producirse cambios en torno a su texto.

¿Cambios de fondo o sólo interpretaciones? Por ahí está planteado el debate. Una discusión que se abrió cuando la semana pasada la bancada de senadores oficialistas presentó un proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad, sancionada hace 19 años.

Ahora se ha pronunciado el Directorio del Partido Nacional (PN). Después de una primera instancia en la que hubo por parte de los distintos sectores blancos reacciones diferentes, algunas de ellas muy cautas, sobre la iniciativa del Frente Amplio (FA), ahora se conoce una posición común de todo el nacionalismo.

Vamos a conversar con el doctor Pablo Iturralde, diputado de Alianza Nacional y secretario del directorio blanco.

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Doctor Iturralde, ayer en el directorio estuvieron tratando este tema; ¿con qué impresión general sobre este paso que dio el gobierno?

PABLO ITURRALDE:
La primera impresión es el pesar que a uno le provoca tener que discutir cosas que cree que no tienen que estar en la agenda nacional. Yo me afilio a la tesis de que Uruguay no tiene por qué estar discutiendo estos temas 20 años después, cuando en realidad son temas sobre los cuales se dieron las discusiones en los momentos apropiados, pero hoy en forma intempestiva aparece nuevamente ante la opinión pública toda una discusión vinculada con temas que Uruguay seguramente no quiere, los ciudadanos de a pie que andan todos los días por la calle quieren pensar qué tipo de país vamos a elaborar para el futuro, de qué manera vamos a avanzar en esta democracia y no estar discutiendo sobre temas que hace 20 años que quedaron resueltos.

EC – Desde el gobierno se argumenta que resueltos no quedaron, que, por ejemplo, están sin localizar los restos de los detenidos desaparecidos o que, por otro lado, con el correr de los años se ha ido conociendo detalles, motivos que estuvieron detrás de algunas de las operaciones de violación a los Derechos Humanos, por ejemplo secuestros extorsivos.

PI – Vamos a tratar de ubicar el tema, si usted me permite, quiero tratar de ubicar históricamente el episodio, como corresponde. En 1984, antes, se buscaron perfiles para una salida democrática en torno a los distintos caminos que podía haber. Uno era pactar con los militares, dialogar, y otro era la movilización pacífica, a través de la cual queríamos llegar a un Uruguay democrático y sin exclusiones, que fue el camino que intentó trazar el PN, para el que invitó a todas las fuerzas políticas en conjunto. Y con todas las fuerzas políticas invitamos al pueblo uruguayo a pactar una salida de este tipo. Usted recordará cómo se produjeron todos los episodios de la salida. Hubo un camino de negociación con los militares que el doctor Sanguinetti quería llevar adelante y al que el FA se subió a aquel episodio en el que el general Seregni con honor reconocía posteriormente que había estado implícita, subyacente o sobrevolante la amnistía a los militares, el no revisionismo, el dejar todos estos temas sin resolver en el sentido de que no se hacían expresamente, pero quedan resueltos, por lo que no se dijo cuando debió haberse hablado.

Nos parece que cuando se apostó a un tipo de salida, cuando lo único que hicimos fue reconocer mediante la Ley de Caducidad el tipo de salida que se había querido tomar, 20 años después no se puede volver a traer a un país que está tratando de pensar en el futuro una vieja discusión. Nos parece que no tiene que ver con los problemas de la gente, no es cierto que la Ley de Caducidad no resolvió estos temas, los temas que se pretende resolver afectan por vía oblicua garantías procesales de otro tipo, se requiere resolver cosas que en esta ley están resueltas.

Durante 20 años se pasó diciendo que no era lo que correspondía, que la Ley de Caducidad garantizaba la impunidad y una serie de temas, y hoy se apoyan en ella. Porque además, como dice usted, no ha habido hallazgos vinculados con los enterramientos.

EC – Pero mi pregunta es, en primer lugar: ¿ustedes están de acuerdo o no en que se hayan desarrollado este año nuevas gestiones, por ejemplo investigaciones y excavaciones en procura de los restos de los desaparecidos?

PI – Nosotros por supuesto que no vamos a poner obstáculos a que se continúe buscando, a que se siga trabajando en torno a la verdad, eso parece ser un buen camino. Lo que no parece ser un buen camino es decir "tenemos 99 por ciento de seguridad de que van a aparecer los restos, y además queremos avisar que si no aparecen –como dijo el presidente– vamos a trazar otro camino, vamos a conceder extradiciones". No podemos estar dando la sensación de que residualmente, como no aparecieron los restos donde los militares dijeron que estaban, vamos por otro camino legal. Este tema no tiene que ver con los problemas de la ciudadanía.

EC - ¿Para ustedes qué es, entonces, el proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad? ¿Por qué el FA lo impulsa ahora?

PI – El Encuentro Progresista (EP) transita este camino porque no encontró los restos de los desaparecidos. Si estuviera buscando la justicia no habrían tenido que transitar primero el camino de la búsqueda para después, al no encontrar, salir a buscar un proyecto de ley, se habría encaminado directamente a sacar una ley. Como no lo logró, es una manera de buscar otros caminos diferentes que no tienen vinculación de ningún tipo con los Derechos Humanos. Este no es un tema de Derechos Humanos, no está de por medio el objetivo de lograr la verdad, de lograr la justicia, no tiene nada que ver con esto, lo que hay es traer al menú de los ciudadanos una discusión que no tiene nada que ver con la realidad para ocultar las dificultades que tiene el gobierno en el día de hoy. Da la sensación de que como no puede resolver busca caminos para distraer la atención discutiendo otras cosas y tratando de hacer una suerte de baile de la escoba, dejándole al Poder Judicial que resuelva la solución.

EC – Concretamente sobre el proyecto de ley que se ha presentado y está a consideración de los partidos políticos, ¿cuál es la opinión del PN?

PI – Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley, no creemos que tenga que ver con los Derechos Humanos, no creemos que tenga que ver con las soluciones que estaban dadas por la Ley de Caducidad –el tema de los menores desaparecidos estaba exactamente clarificado–. Queremos dar la señal política de que el PN, una vez más, no quiere dar la sensación de que quiso incluirse eso en la Ley de Caducidad, queremos clarificar también, como estaba expresamente previsto en la Ley de Caducidad, que están excluidos los casos vinculados con temas económicos.

EC – ¿Entonces ustedes consideran que conviene, sí, aclarar algunos temas a propósito del alcance de la Ley de Caducidad?

PI – Nosotros creemos que estos temas estuvieron perfectamente clarificados en la Ley de Caducidad. Si hay algunas dudas, no nos negamos a hacer una ley interpretativa que resuelva esos temas que eventualmente puedan haber quedado, que no es lo que pensamos nosotros. Si usted lee la Ley de Caducidad va a tener claro que no están incluidos los casos de los menores ni los de los que buscaron un provecho económico propio. De todos modos, si alguien cree que eso debe resolverse, sí, pero no ponernos a resolver otros casos vinculados con temas procesales que no tienen nada que ver.

EC - ¿Dónde está la discrepancia? ¿Cuáles son esos temas vinculados con cuestiones procesales?

PI – Por ejemplo, el artículo 5º habla de la clausura y el archivo de los antecedentes presumariales y toda una serie de normas que tienen que ver con indagar acerca de la cosa juzgada. Nosotros entendemos que estas cosas tienen que resolverse de acuerdo con las normas generales del Código del Proceso, no hay que crear normativas vinculadas con este tema.

EC – Para que se entienda, el artículo 5º habilita la reapertura de las investigaciones judiciales cuando un caso vinculado con violaciones a los derechos humanos haya sido archivado a partir de un pronunciamiento del Poder Ejecutivo sin contemplar algunos requisitos. Permitiría volver a investigar, por ejemplo, el caso de María Claudia García de Gelman, que tuvo una opinión del Poder Ejecutivo anterior en cuanto a que estaba incluido en la Ley de Caducidad. ¿Qué problema ven ustedes con ese artículo 5º?

PI – Ese es otro de los temas, creemos que no hay desaparecidos de primera y de segunda, no creemos que deban resolverse los temas puntualmente en tal o cual caso, deben resolverse de acuerdo con las normas del Código General del Proceso. Si hay que revisar algunos casos, se revisarán de acuerdo con las normas generales, no podemos salir a reglamentar a posteriori determinadas normas para que nos ayuden en torno a nuestros intereses políticos. El tema es, primero, que esta discusión acerca de cómo se continúa con estos temas mal llamados de Derechos Humanos no debe darse en este momento, son temas que quedaron resueltos hace ya muchos años, había que haberla dado en su momento. No sé si me entiende. Hoy pasamos a discutir temas que no tienen nada que ver con la realidad que necesariamente queremos discutir, en torno a si debe ser archivado un expediente, desarchivado, toda una serie de temas que son una cortina de humo que está escondiendo los grandes problemas nacionales.

EC – Esa es la interpretación de ustedes, que con un proyecto de ley como este se está tendiendo una cortina de humo.

PI – Exactamente, si usted se pone a pensar por qué razón se trae a la discusión este tema, ¿qué es lo que se quiere lograr?

EC – Quienes impulsan el proyecto señalan que quieren terminar de avanzar en cuestiones que han quedado bloqueadas a partir, por ejemplo, de una interpretación excesiva que se ha hecho de la Ley de Caducidad.

PI – Sí, pero antes el problema era que la impunidad derivaba de la Ley de Caducidad, ahora resulta que quieren interpretarla de otra manera, cuando todos sabemos que la impunidad deriva del tipo de salida que se le dio al país. Nosotros no queríamos este tipo de salida, entonces no hay derecho a decirle a la sociedad casi 20 años después "mire que el tipo de salida que elegimos en aquel momento no es la que hoy quisiéramos hacer, por consiguiente vamos a cambiar totalmente las reglas". En esto no van a encontrar al PN, el PN no va a salir a votar estos temas vinculados con una mala ley que no interpreta sino que modifica una ley de caducidad que fijó determinadas reglas derivadas del tipo de salida que tuvo el país en aquel momento.

EC – El PN vota una interpretación que aclare que no están protegidos por la Ley de Caducidad los casos de secuestros y retención de menores ni los delitos que se hubieren cometido en función de móviles o proyectos económicos.

PI – Exactamente; eso está absolutamente clarificado en la Ley de Caducidad, si usted la mira con atención notará que estuvo presente en el texto legislativo de aquel momento, que intentó darle un reconocimiento al tipo de salida que se había producido.

EC - ¿Qué pasaría, entonces, a la luz de esto que es lo que el PN está dispuesto a votar, con un caso como el de María Claudia García de Gelman que, todo indica, a partir de los datos que se han ido conociendo en los últimos años, podría haber sido un hecho que tuviera detrás un provecho económico? ¿Qué pasaría en este caso, en la medida que ya fue archivado por una decisión del presidente Jorge Batlle en el período de gobierno anterior?

PI – Si aparecen las pruebas de que esto estuvo vinculado con un móvil económico deberá reabrirse y rediscutirse el tema. No se puede decir "tenemos que reabrir todos los casos para ver si en algunos hubo móviles económicos", esa no es la manera de proceder, hay todo un tema muy delicado que tiene que ver con una lógica de discusión interna que está teniendo hoy la fuerza de gobierno, que no sabe cómo resolverla y le traslada al sistema político una discusión vieja, le traslada al Poder Judicial resolver temas que no puede resolver, y no se pone a discutir los problemas de la gente. Nosotros dijimos cuando se fue a dialogar al Club Naval que había que buscar otro tipo de salida, no queríamos que estos temas se resolvieran así.

EC – En definitiva, a partir de la decisión que se tomó ayer, ¿cuáles son los próximos pasos que va a dar el PN?

PI – En primer lugar no vamos a acompañar este proyecto reglamentario, vamos a elaborar uno alternativo en el que vamos a clarificar estos dos temas, que nos parece que son los centrales, para que no queden dudas. Si bien ya están resueltos por la ley, más como una señal política.

EC - ¿Van a intentar que el partido FA deje por el camino el proyecto más amplio, que en principio presentó, e intente un acuerdo con ustedes para sacar adelante estas disposiciones estrictamente?

PI – El FA tiene los votos necesarios para transitar el camino que crea que debe seguir. Pocas veces en este período ha intentado dialogar con nosotros acerca de estos temas. Nosotros anunciamos que no vamos a votar este proyecto y vamos a presentar uno reglamentario propio. El FA sabrá cuál es el camino que tiene que hacer, no puede trasladarnos los problemas internos para que se los resolvamos nosotros.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe