(Emitido a las  7.35)

EMILIANO COTELO:
¿Renovar o no renovar la concesión de la Terminal de Pasajeros en el Puerto de Montevideo a Buquebus? Esta es una preguntas que ha estado flotando en el ambiente político uruguayo durante toda esta administración que encabeza Tabaré Vázquez. En realidad es una cuestión que estaba pendiente desde antes que asumiera este gobierno pero que ha dado lugar a una fuerte discusión entre la nueva oposición y el nuevo oficialismo. De por medio está Buquebus y el empresario Juan Carlos López Mena que jugó un papel destacado en apoyo a la campaña electoral del Frente Amplio. Entonces, tanto desde tiendas coloradas como desde tiendas blancas cuando se anunció que se iba a prorrogar esa concesión, se argumentó, entre otras cosas, que estaban de por medio los pagos de favores que de algún modo se debían a este empresario.

Estuvo en el camino una interpelación, hubo dos fallos del Tribunal de Cuentas (TC) discrepando con los criterios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y finalmente ayer el gobierno tomó una resolución final.

El MTOP decidió prorrogar el contrato de Buquebus, atendiendo varias de las observaciones que le hiciera el TC. Concretamente, la concesión se prolonga por cinco años más, y no por diez, como se había previsto inicialmente, y queda fuera de este nuevo acuerdo la ampliación del área de servicios para atender a pasajeros de los cruceros internacionales.

Para tratar de entender el nuevo escenario estamos con el ministro Víctor Rossi.

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Ministro Rossi, ¿cómo se llegó a esta decisión?

VÍCTOR ROSSI:
Analizando etapa a etapa serenamente los antecedentes, el pliego de la licitación y el contrato que se firmó en 1994 y que ponía en la iniciativa del concesionario la decisión de la renovación o no, de la prórroga o no del contrato, examinando los comentarios y las observaciones del TC en sus dos versiones, en una primera versión hace observaciones de las cuales levanta muchas en el segundo documento, agrega algunas otras reflexiones y limita las observaciones fundamentalmente a la razonabilidad que debe existir en la ecuación que vincula inversión, canon, plazo, aunque expresamente aclara que no es necesaria ninguna inversión para la prórroga, y al aumento del espacio, del objeto del contrato, que se interpreta resulta de ese techo que se establecía para facilitar el desplazamiento de los pasajeros de cruceros hacia la terminal. Llegamos a la conclusión de que a esa razonabilidad la atendíamos con...

EC – La razonabilidad entre plazo e inversión.

VR – Razonabilidad que no era una obligación, no surgía de las obligaciones del Estado que tuviera que haber ninguna inversión adicional.

EC – Estaba de por medio que la concesión original había sido por diez años y por una inversión, ¿de cuánto?

VR – La inversión que se exigía era 2.900.000 dólares, pero en realidad la empresa Buquebus hizo una inversión que casi triplicó ese dinero por una iniciativa propia.

EC – Y ahora en principio se iba a diez años más, ¿con qué inversión?

VR – Con 700.000 (dólares), más el mantenimiento de lo ya invertido. Pero el propio TC, que en un principio señaló la desproporción que había, después interpretó y dijo expresamente en su segundo dictamen que no era un impedimento, que no era una obligación aumentar la inversión, que aunque no hubiera inversión igual se podía prorrogar el contrato, y que lo único que recomendaba, sin que esto fuera vinculante, sin que esto obligara al MTOP, que era el que tenía que tomar la decisión final –lo dice expresamente–, era que hubiera razonabilidad en esa ecuación.

EC – Entonces ustedes han resuelto que en vez de diez años la concesión sea por cinco.

VR – Sí, lo que deja abierta, además, la posibilidad de nuevas decisiones al vencimiento de estos cinco años, que pueden ser nuevos llamados, prórrogas o nuevas negociaciones.

EC – El otro punto, el que refería a que de hecho se estaba modificando el objeto de la concesión, ¿cómo se lo atendió?

VR – Se lo atendió quitando las obras que iban dirigidas a ofrecerles una cobertura, una protección a los pasajeros de cruceros, que vinculaban a la terminal con los muelles 1 y 2 a través de un pasaje techado. Ese elemento de las obras se suspende para que se pueda despejar esa especulación respecto del afán que perseguía la resolución de favorecer la participación de la empresa concesionaria en el servicio a pasajeros de cruceros.

EC - ¿Qué ocurrirá con el servicio a los pasajeros de cruceros?

VR – Esa es otra historia y será la etapa que después abordaremos. Creemos que es muy bueno, muy promisorio que se esté incrementando la llegada de cruceros, como afortunadamente se está incrementando al incluirse el Río de la Plata en el circuito de este modo de turismo, pero tenemos que procurar ahora sacar de esos cruceros el mayor rendimiento, lo que significa servir, servir bien y ayudar a que los pasajeros de esos cruceros bajen al país, consuman en sus restoranes, recorran sus calles, vayan a sus comercios, gasten en Uruguay, y lo que está pasando es que hay limitaciones, sólo un porcentaje de esos pasajeros baja, por múltiples motivos, pero fundamentalmente porque tanto en Montevideo, donde se los recibe a cielo descubierto y en un lugar donde no hay servicios, como en Punta del Este, donde se manda una lancha para trasbordarlos, el servicio que se brinda no compite con lo que es habitual en el mundo.

EC - ¿Qué tipo de alternativas se están pensando?

VR – Habrá que poner manos a la obra para construir los servicios necesarios para que el Puerto de Montevideo también pueda brindar a los pasajeros de cruceros lo que necesitan.

EC – Pero eso ocurrirá aparte, no tendrá nada que ver con esta terminal de Buquebus.

VR – La decisión, por lo tanto, fue separar este tema para no incorporar a este asunto una discusión que nunca había estado planteada en la intención.

EC – El fallo del TC no era vinculante, lo aclaraba el propio pronunciamiento de ese organismo. De todos modos, a la hora de redactar esta resolución tal cual quedó y tal cual se conoció ayer, ¿ustedes hicieron alguna consulta más con el TC? ¿Saben si la avala o no la avala?

VR – No, nosotros recibimos del TC un segundo documento, muy exhaustivo, que pasamos al estudio de nuestros asesores y particularmente algunos de ellos muy calificados en derecho público, catedráticos de derecho público, que siguen insistiendo en los informes técnicos en los riesgos de la demanda que puede tener que enfrentar el Estado de no resolver bien este tema.

EC - ¿Usted quiere decir que todavía no está claro que a López Mena le sirva esta fórmula que ustedes acaban de presentar?

VR – Nosotros no hicimos consultas adicionales al TC después de recibir el último dictamen ni consultamos a nadie, tampoco al empresario concesionario. En definitiva, como también dice el TC, esta era una responsabilidad del Poder Ejecutivo, del MTOP y así la tomamos. Teníamos el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en un conjunto de resoluciones a favor de la prórroga y su conveniencia, teníamos las observaciones del TC, lo que hemos escuchado con atención, que fueron los planteos serios realizados durante la interpelación y, desde luego, conocíamos las aspiraciones de la empresa concesionaria. Pero en este último mes y pico no hablamos absolutamente con ninguna de las partes porque, justamente, hablamos con nuestros técnicos para ir convenciéndonos de cuál era una resolución equilibrada y conveniente para el país. Y estamos convencidos de que lo que decidimos toma en cuenta las observaciones, los aportes y le da al país solidez para poder defender esta resolución en cualquier instancia.

EC – Ministro Rossi, me interesaría consultar a quien fue miembro interpelante a propósito de este asunto, con él vamos a conversar en un par de minutos. ¿Algo más?

VR – Nosotros insistimos durante la interpelación, insistimos públicamente, insistimos ante el TC en que el TC nos diera opinión sobre una cláusula que surge del contrato, que también está en el pliego de licitación, el famoso artículo 10, que es el que obliga a la renovación y pone en manos del concesionario la iniciativa. El TC nos respondió que no nos podía hablar de las consecuencias, porque el ministerio primero tenía que completar el acto tomando una resolución, que el TC habla sobre hechos concretos, no sobre posibilidades. Y en segundo lugar respecto del artículo 10, que nosotros también habíamos dicho que no nos gustaba y que nunca lo íbamos a utilizar en ningún contrato que firmáramos, fue más lejos y dijo que desbordaba la ley de puertos y que es ilegal, pero resulta que buscando los antecedentes nos encontramos con que cuando se firmó el contrato de 1994 entre Buquebus y la ANP el expediente fue al TC y éste aprobó el pliego de licitación y el contrato sin observaciones, incluyendo este artículo 10.

EC – ¿Usted está diciendo que el TC se mueve con criterios contradictorios?

VR – No, yo digo que hace 11 años no había encontrado ilegalidad en este artículo porque lo había aprobado sin observaciones, y que ahora, estudiándolo más en profundidad, seguramente, encontró que desbordaba la ley. Eso nos colocó a nosotros en un tema que nuestros asesores analizaron especialmente porque de ahí surge o no ese riesgo de demanda que no queremos correr porque no queremos que el Estado uruguayo, que los uruguayos terminen teniendo que enfrentar un nuevo pleito, de los muchos pleitos que ha recibido y frecuentemente perdido.

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EMILIANO COTELO:
Estamos con el diputado Nelson Rodríguez, de Correntada Wilsonista, Partido Nacional.

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Diputado Rodríguez, ¿ya leyó la resolución?

NELSON RODRÍGUEZ:
No, en realidad la leí anoche, muy tarde en la noche, no he tenido tiempo de hacer un análisis profundo ni de lo que estaba en la página del ministerio ni de lo que estaba en la página de Presidencia, que son dos cosas diferentes, una es la conferencia de prensa y la otra la resolución. No hemos tenido tiempo prudencial como para analizarlo y dar una opinión fundamentada y seria, como corresponde a este tema.

EC – Usted fue el miembro interpelante el 27 de setiembre. ¿Cuál es su pronunciamiento acerca de sus primeras impresiones?

NR – Yo estaba escuchando atentamente al señor ministro, y en principio me quedan algunas dudas razonables en cuanto a si se mantiene ese monto de inversión del que se había hablado en un principio, de 700.000 dólares, en qué se va a invertir. Porque una de las partes de la inversión era el techado entre los muelles 1 y 2 y la terminal, eso queda eliminado atendiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas (TC); se hablaba de una segunda manga de atraque, la cual se manejaba la posibilidad de hacerla dentro de los primeros cinco años en el caso de que fueran diez, con la facultad de la Administración Nacional de Puertos (ANP) después de decidir que no se haga, o sea que puede no llegar a hacerse. Pero como se sigue hablando de inversión, todavía me falta saber cuál es la inversión que realmente se va a realizar.

EC – Esa es una primera observación. ¿Qué más?

NR – Todo muy superficialmente. Después, con respecto a la atención a los cruceristas, veo que se sigue insistiendo en mantener ese servicio que no estaba dentro de la licitación original, lo que generaría un volumen muy importante de negocios. Me queda la duda de si se mantiene ese servicio, si no se les va a cobrar a los cruceristas en caso de que los trasladen, como en algún lado se dice, que se van a comprar ómnibus y se van a llevar hasta la terminal, lo que generaría un gasto mayor.

EC – Su pregunta es si de todos modos la terminal de Buquebus va a terminar prestando algún tipo de servicios a los pasajeros de los cruceros.

NR – Exactamente. Y todavía no me queda claro lo de la razonabilidad y el plazo del canon porque el canon en sí no se modificó, se mantiene el mismo. La opinión clara que me queda es que si bien la responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o del Estado en este caso, que se podría ver enfrentado supuestamente a un juicio, yo considero que no es así. Hay que leer toda la resolución del TC y no interpretarla a nuestra conveniencia sino según lo que dice.

El Poder Ejecutivo está facultado para imponer las nuevas concesiones, se ha ido más allá de lo que la ANP puede asesorar al Poder Ejecutivo, pedir esa ampliación, y será el Poder Ejecutivo el que tenga toda la responsabilidad y el que decida si se da o no. Hubiera sido mucho más transparente, mucho más cristalino y mucha más tranquilidad nos hubiera traído a todos, incluida la fuerza política del señor ministro, si se hubiera llamado a una licitación. Perfectamente se podía haber llamado a una licitación sin ningún tipo de inconveniente, habiendo ampliado esto por cuestión de un año, con los mismos servicios, con el mismo objeto de la licitación inicial, y además, no nos cabe la menor duda de que la empresa que hoy está operando en el puerto hubiera ganado esa licitación y se le hubieran agregado todos los servicios que hubiera que agregar, todos los negocios que hubiera que agregar. Es llamativa la insistencia, llegar a cuestionar casi las observaciones del TC y que no se haya llamado a licitación, no lo entendemos.

EC – Usted tiene que continuar estudiando el asunto, no ha fijado una posición.

NR – No, no he fijado una posición terminante porque quiero tener toda la información. Es muy probable que la semana próxima o la otra, cuando tenga toda la información sobre la mesa, se le pida amablemente al señor ministro que concurra a comisión a los efectos de tener la información de primera mano, sus consideraciones y su lectura de las distintas observaciones del TC.

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EMILIANO COTELO:
Ministro Rossi, usted estaba escuchando al diputado Rodríguez.

VÍCTOR ROSSI:
Sí, pero si me van a llamar a comisión le voy a explicar al diputado nuevamente, con mucho gusto, en comisión, porque la verdad es que no encuentro que haya comentarios que hagan al asunto.

EC – A mí me quedaron dos preguntas para formularle, escuchando al diputado Rodríguez. La primera: ¿en qué será la inversión de 700.000 dólares, en la medida que uno de los rubros que estaba previsto en inversiones ahora queda sin efecto?

VR – Usted sabe que en realidad, aparte de los 700.000 dólares de inversión, existe el mantenimiento de esas instalaciones, que están en buenas condiciones, yo digo que se les ofrece a los pasajeros buenas condiciones y que cuesta mantener eso. Además la resolución dice claramente que se mantiene el anexo que propuso la Administración Nacional de Puertos (ANP) en reiteradas oportunidades, con excepción de lo previsto en el literal A del numeral 1 del citado anexo. Eso se refiere, justamente, a ese pasaje que comunica la terminal de pasajeros con los muelles 1 y 2.

EC – Esa estructura no se va a hacer.

VR – Eso no se va a hacer, lo demás se va a hacer todo, porque significa ampliación de la terminal de buses, incorporación de buses, agregado de servicios para los pasajeros, algunas reformas y ampliación de la zona de atención del pasaje y, fundamentalmente, esa manga que habilitaría un tercer puesto de atención de ferries, de modo que si en el país pudiera, aparte de Buquebus, plantearse el interés de operación de alguna otra empresa, también estuviera la posibilidad, la comodidad para que esto se pudiera concretar sin dificultades para nadie. Es más, en la medida que se incremente, como afortunadamente es la tendencia, la cantidad de pasajeros por ferry, que haya la comodidad, que haya los lugares para permitir la operación de más de un barco a la vez.

EC – Pero el monto seguirá siendo de 700.000 dólares de inversión.

VR – Hemos mantenido el monto que nos sugería la ANP que debía invertirse en las obras, con esa redistribución. La obra a la que se hace referencia no era la sustancial ni era el objetivo de este contrato.

EC – El canon seguirá siendo, ¿de cuánto?

VR – Es exactamente el mismo canon que estuvo negociado desde un principio y que tiene que ver con la cantidad de pasajeros y la cantidad de vehículos que llegan al puerto de Montevideo. Lo hemos explicado reiteradamente, esto no ha sido afectado, al contrario, tiene una tendencia creciente en la medida que afortunadamente se está recuperando una tendencia creciente de llegada de vehículos.

EC - ¿Cuánto es? ¿Más de 1.000.000 de dólares por año?

VR – Estimamos que va a ser bastante más de 1.000.000 de dólares con las tendencias actuales.

EC – Lo último que surgía de la breve entrevista con el diputado Rodríguez, con respecto a los pasajeros de los cruceros, ¿la terminal de Buquebus qué va a tener que ver?

VR – Desde el punto de vista de la llegada de ferries nada, desde el punto de vista de la operación de cruceros, no sé si usted sabe que los cruceros llegan con un pasaje que está integrado por distintos paquetes turísticos, que tiene distintos representantes, distintos agentes representantes en Uruguay; esos agentes son los que van a buscar, con sus ómnibus, con sus servicios, a los pasajeros para sacarlos a recorrer Montevideo o el país. En la medida que Buquebus maneja paquete de cruceristas recibe a sus clientes, como los reciben todos los demás operadores turísticos, es un negocio de un particular que lo desarrolla no sé en qué condiciones, no sé qué número y no tiene nada que ver con esta terminal. Naturalmente, si Buquebus va a recoger sus pasajeros, los que vienen en sus paquetes turísticos, y los va a llevar a la terminal o no, ni estaba en el contrato original ni está en este ni sé yo porque es una disposición que libremente realizan los empresarios.

Insisto en este tema del artículo 10.

EC – Ya quedó claro lo que usted señalaba.

VR – Pero parece que hay una liviandad en la consideración de un tema que después resulta que pagamos los uruguayos y muchas veces ni nos enteramos.

EC – Usted lo dice a propósito de lo que dice el diputado Rodríguez en cuanto a que hubiera sido mejor hacer una nueva licitación.

VR – Lo digo en función de que el Estado uruguayo está lleno de demandas que muchas veces por decisiones apresuradas, caprichosas, que no se basan en la lectura de las obligaciones que el Estado asume cuando firma un contrato –y este contrato no lo firmé yo– tienen que pagar los uruguayos. Es una de las preocupaciones que tenemos porque en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenemos muchas demandas, muchos pleitos y estamos procurando ir saliendo, arreglando, negociando, porque eso nos achica el presupuesto que pagan los uruguayos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe