(Emitido a las 8.53)

EMILIANO COTELO:
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó ayer su Informe sobre Derechos Humanos en Uruguay 2005. Incluye cuestionamientos al Poder Judicial, también al Poder Ejecutivo pese a que se reconoce los avances que se han producido en investigaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura y en particular se reclama la anulación de la Ley de Caducidad.

Estamos con el doctor Guillermo Payseé, coordinador de Serpaj.

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Dr. Payseé, ¿por qué la anulación lisa y llana de la Ley de Caducidad?

GUILLERMO PAYSEÉ:
Nosotros entendemos que la Ley de Caducidad instaló en el país un contexto político y jurídico de impunidad y que las consecuencias de esa ley afectan a la democracia y desprestigian a nuestro país a nivel internacional. Tanto es así que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 2922, que es muy conocido, han sido muy categóricos en la referencia a que esta Ley de Caducidad, por contradecir normas de derecho internacional que son supra legales, están por arriba de la voluntad de los estados, sería una ley que ya de por sí es nula. No sé si queda claro el concepto.

EC – Usted dice que de por sí sería nula...

GP – La ley de por sí sería nula por contradecir disposiciones que están por arriba de las normas que pueda dictar un Estado o de los convenios a que puedan llegar entre sí los estados, que se denominan "Jus Cogens". Es decir, son normas universales, que se encuentran por encima de la voluntad de los estados y que concretamente, por ejemplo, prohiben crímenes contra la Humanidad y establecen el juzgamiento de los responsables de esos crímenes.

EC – ¿Pero esos convenios son anteriores o posteriores a la Ley de Caducidad?

GP – Son reconocidas universalmente y tienen un valor de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa? No ha sido suficiente la oposición a esas normas de derecho internacional para decir que la Ley de Caducidad está anulada. Entonces, lo que plantea Serpaj y que estos días lo han planteado también otras organizaciones, es la nulidad de la ley, a diferencia de la derogación. Anularla implicaría declarar la inexistencia de la norma, hacer de cuenta que la norma nunca existió?

EC – ¿Cómo incide en este análisis que ustedes hacen el hecho de que esta ley fue convalidada por la población en un referéndum?

GP – Es decir, esa convalidación yo creo que ha sido importante en cuanto a lo largo de todos estos años a una ley que tiene una características que yo decía en la pregunta anterior, se haya mantenido desde el año 1986 a la fecha. Quiere decir que el peso del voto de la gente en determinado referéndum en el año 89, en determinada coyuntura, es lo que ha generado esa situación. Ahora, una ley de las características de la Ley de Caducidad, además del referéndum para ser derogada o modificada, es decir, lo puede ser, o interpretada, cómo se plantea por parte del Ejecutivo, lo puede ser por otra ley. Es decir que el referéndum no le da a esa ley características especiales que generen que haya que tener determinado tipo de mayoría diferente o que nunca más puede ser modificada.

Es decir, no se trata con esto de alterar la voluntad popular por medio de la nulidad de la ley, sino que nosotros lo que entendemos es que la coyuntura hoy es diferente. Ayer por ejemplo en la presentación del informe de Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, que fue invitado para hacer la presentación del informe de este año, decía que cuando se votó la Ley de Caducidad él estuvo en el interior del país, en Salto, e interpelando a alguna gente con la que hablaba y comentaba estos temas le decían: "bueno, mire, nosotros vamos a votar amarillo porque sino, corremos el riesgo que nos quiten la jubilación". En ese contexto, de que la gente, asustada por si volvían los militares, que era otro de los temas -"miren, con esto nosotros pacificamos al país, así que ya salimos de todos estos problemas"- obviamente que era un concepto muy especial y que el salir de esos problemas como auguraban algunos, como que esa ley ya prácticamente definía todos estos temas, vemos hoy que las cosas no fueron así. A 20 años de haber asumido el primer gobierno del doctor Sanguinetti se empieza recién, a raíz de iniciativa del actual gobierno, a recorrer un nuevo camino.

EC – ¿Qué ambiente hay en el gobierno en cuanto a la posibilidad de ir al camino de la anulación?

GP – Nosotros tenemos claro que hoy el gobierno lo que está planteando es una ley interpretativa y que el doctor Vázquez al asumir y marcar la cancha, reitero en forma preferente en Derechos Humanos, se anticipó a decir que iba a mantener la Ley de Caducidad.

EC – Por eso mi pregunta.

 GP - Creo que lo que le da valor al Servicio de Paz y Justicia que empezó a trabajar en el Uruguay en el año 1981 es justamente la independencia política, por supuesto no hablo de política partidaria sino de la independencia de cualquier gobierno. Creo que esa es la garantía que fue la mejor garantía que puede dar una organización de Derechos Humanos a la ciudadanía, al gobierno de turno, el ser una organización independiente. Entonces, el gobierno que viene avanzando en estos temas, que viene trabajando, hace determinados planteos. Y Serpaj, como organización de Derechos Humanos independiente, hace sus planteos también.

EC – En pocas palabras, ¿Cómo examinan ustedes lo que el gobierno está haciendo en investigación del destino de los restos de los desaparecidos o, en general, con respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura?

GP – Nosotros lo examinamos como muy positivo porque no se olvide que acá había un contexto de impunidad muy fuerte. Eso se empezó a ver alterado, se empezaron a tener informes oficiales de las Fuerzas Armadas, que creo que tienen que carencias esos informes pero ese es otro tema y el gobierno exigirá explicaciones o segundos informes como ha pasado en algunos casos. Se debe ver si en el tema específicamente de los detenidos desaparecidos si los lugares que se señalaron efectivamente allí se encuentran los restos de las personas que están en las listas de las organizaciones de familiares, de Serpaj. Y, además, el segundo vuelo al que hizo referencia el informe de la Fuerza Aérea donde habría más de 20 uruguayos que fueron trasladados a nuestro país y no se conoce su destino.

EC – Le preguntaba por la evaluación que hacen de la acción del gobierno en esta materia porque ayer, en la conferencia de prensa cuando usted comparó el primer gobierno de Sanguinetti con el gobierno actual del doctor Tabaré Vázquez señaló que Sanguinetti trabajaba en este asunto en solitario, porque decía conocer la forma de pensar de los militares, mientras que Vázquez, dijo usted, juega al ajedrez, ya que solamente él y el secretario de la Presidencia trabajan en el tema.

GP – Quizás los ejemplos que trataron de ser gráficos, pero no fueron más que ejemplos... Nosotros pensamos que en estos temas la sociedad civil tiene que tener su participación, no porque lo diga Serpaj o Guillermo Payseé, las experiencias internacionales de trabajo en estos temas, con comisiones de la verdad mediante y demás, indican que estos son trabajos donde hay que ampliar el espectro de los participantes en busca, justamente, de lograr la reconciliación en todos estos temas, después que se conozca la verdad y que actúe la Justicia.

EC – ¿Y a propósito de la actuación de la justicia?

GP –  Nosotros pensamos que ha llegado la hora del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un marco legal normativo interno que no solamente lo compone la Ley de Caducidad sino que lo componen otras normas internacionales que deben ser aplicadas. Algunas de esas normas que son las que yo hacía referencia priman sobre la Ley de Caducidad. Entonces, creemos que el Poder Judicial no debe sujetarse solamente a esta ley. Nosotros pretendemos su anulación, entre otras cosas por el efecto importante que causa para mantener esta situación de impunidad que sigue viviendo el Uruguay.

Recordemos nosotros que en Chile  la salida fue mucho más complicada con los senadores vitalicios, etcétera, pero que hoy la situación de los Derechos Humanos está mucho más clara y donde inclusive un referente en estos temas como ha sido Pinochet está siendo procesado, investigado, por violaciones a los Derechos Humanos más allá de por ilícitos económicos y otros importantes operadores militares están privados de libertad.

EC – Ustedes en definitiva tienen discrepancias con el accionar de la justicia, por lo menos de algunos jueces o fiscales en estos temas. Pero al mismo tiempo reclaman que sea la justicia quien se ocupe del asunto, sin interferencias políticas. ¿Cómo es esto?

GP – Yo creo que en todo sistema democrático hay una división de poderes. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo al Poder Judicial es: "señores, acá hay herramientas que se suman a la que ustedes tienen de la Ley de Caducidad". A mí me consta que hay algunos magistrados, tanto en el Poder Judicial como en el ministerio público fiscal, que tienen esta misma visión que tenemos nosotros pero no son todos. Ahora, por estar descontentos o no estar de acuerdo en algunos fallos, nosotros igual no vamos a sostener que esta tarea no le corresponde al Poder Judicial. Justamente, eso es lo que hizo la Ley de Caducidad, avasalló al Poder Judicial y le dio potestades al Poder Ejecutivo violando la división de poderes. Entonces, bueno, vamos a ir contra lo que sentó esta norma y por eso reitero que pedimos la anulación de la norma.

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N. de R.: El coordinador de SERPAJ, Guillermo Paysée, explicó que la tesis de la nulidad de la Ley de Caducidad se basa en que sus disposiciones se contraponen a las normas de "Jus Cogens".

Las normas de Jus Cogens son una serie de reglas de derecho internacional general aceptadas y reconocidas por todos los Estados, desde que fueron aprobadas en la Convención de Naciones Unidas de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.

Allí está establecida, entre otros conceptos, la prohibición de cometer crímenes contra la humanidad, y la obligación de castigar a los responsables de esos crímenes.

Paysée agregó que las normas establecidas en esta Convención no pueden ser contrapuestas por ningún Estado porque ellas son "el vértice del ordenamiento jurídico". Por lo tanto, si un Estado aprueba una Ley que no se ajusta a las disposiciones de la Convención directamente carece de valor jurídico.

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Consultado sobre los pasos que se darán para declarar la nulidad de la Ley de Caducidad, Paysée aseguró que aún no están "los caminos elaborados" a seguir. Por ahora la idea fue hacer la propuesta y esperar a que el Parlamento debata la posibilidad.

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Transcripción: Mariana Cencio
Edición: Mauricio Erramuspe