(Emitido a las 7.37)

EMILIANO COTELO:
Hay un foco de atención muy fuerte puesto en el proyecto de Ley de Libertad Sindical que fue aprobado este martes por el Senado y que en realidad todavía no completó su trámite parlamentario. Falta que se lo considere y sancione en Diputados. Será el segundo pasaje por la Cámara Baja por en el Senado se le introdujeron modificaciones que, en parte, atienden objeciones que en el interín se habían formulado desde el sector empresarial.

Pero por lo visto esos cambios no fueron suficientes. Ya teníamos indicios en ese sentido. Indicios que se confirmaron plenamente en el día de ayer cuando 20 gremiales empresariales, en un hecho que tiene pocos antecedentes por la contundencia de la convocatoria, emitieron una declaración muy dura con respecto a este proyecto y al contexto en el que se inscribe.

¿Cuáles son las gremiales? Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, Asociación Rural del Uruguay, Cámara Uruguaya de Turismo, Cámara de la Construcción, Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Cámara del Transporte del Uruguay, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay,
Cámara Nacional de la Alimentación, Cámara de la Industria Frigorífica, Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Cámara Mercantil de Productos del País, Confederación Empresarial del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas,
Federación Rural, Intergremial de Transporte Profesional de Carga y la Cámara Empresarial de Maldonado.

¿Que dicen entre otras cosas en estas declaración de ocho puntos? Que de aprobarse este proyecto se estaría "introduciendo un factor de desequilibrio en las relaciones laborales, beneficiando a los sindicatos y no necesariamente al conjunto de los trabajadores". Señalan, asimismo, que se "afectará de esta manera la viabilidad de las empresas comprometiendo la necesaria reinversión y el interés por generar nuevos emprendimientos, factores imprescindibles para el proceso de crecimiento que el país requiere". Siguen diciendo que "esta iniciativa atentará contra la generación de empleo, cuando la desocupación constituye uno de los mayores problemas que enfrenta el país". Denuncian también que "esta iniciativa no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia que apunta al desplazamiento del empresario en la gestión de su propia empresa, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad".

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Vamos a hablar de este tema con el ingeniero agrónomo Fernando Mattos, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), una de las entidades firmantes y, por el lado del oficialismo, la senadora Susana Dalmás, de Asamblea Uruguay Frente Amplio y ex dirigente sindical

Senadora Dalmás, ¿usted fue una de las redactoras de esta última versión del proyecto?

SUSANA DALMÁS:
En realidad co-redactora sí en un equipo de senadores que estuvimos participando en las modificaciones del proyecto que venía de la Cámara.

EC – Ingeniero Mattos, yo leía recién algunos pasajes de la declaración que las Cámaras empresariales emitieron ayer en la que entre otras cosas dicen que "este proyecto forma parte de una estrategia que apunta al desplazamiento del empresariado en la gestión de sus propias empresas, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad". Es algo muy frontal. Es una objeción muy seria. ¿En qué la basan? ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Cómo interpretan este contexto?

FERNANDO MATTOS:
Lo que nosotros afirmamos en nombre de todas estas gremiales empresariales, como bien usted lo dice en un hecho con pocos antecedentes de una respuesta tan colectiva y en bloque del sector empresarial, es que ya hace algún tiempo venimos en distintos ámbitos tratando de encontrar los caminos de una nueva relación laboral que se ha impuesto a partir de políticas definidas por el gobierno.

Arrancamos al principio de la administración con un hecho que generó mucha polémica que fue la derogación del decreto que permitía o que habilitaba a la fuerza pública a desalojar locales de trabajo ocupados. Ese fue un tema por ejemplo que generó mucha polémica y mucha inquietud en el sector empresarial. Fue una iniciativa del Ejecutivo y por lo tanto hace también justamente con las consecuencias que puede tener este proyecto en caso de su aprobación tal cual está, genera inquietud en el sector empresarial respecto a la capacidad de gestión que vamos a tener tanto de los recursos humanos como de los recursos físicos que están en las propias empresas. Entonces, evidentemente son factores que se agregan y que se van sumando donde la capacidad de decisión y de gestión del empresario empieza en cierta manera a estar sustituida por otros mecanismos u otros aspectos legales que de seguir en esta tendencia puede significar lógicamente un compromiso muy grande hacia el futuro del desarrollo de nuestras empresas.

EC – Enseguida quiero preguntarle qué aspectos, qué disposiciones de este proyecto de ley van en esa línea e implican para ustedes un desplazamiento del empresario en la gestión de su propia empresa.  Pero antes, sobre lo que usted acaba de decir como panorama general, como ambiente hacia las empresas en estos meses de gobierno me gustaría escuchar a la senadora Dalmás. ¿Cuál es su respuesta?

SD – En realidad lamento, porque respeto la posición de las cámaras empresariales, decir que estoy en la posición contraria a esas apreciaciones. Por más que comprendo que no hay una costumbre o no hay un hábito en este país para el trabajo tripartito, justamente el gobierno lo que entiende es que todos los sectores -y por supuesto el sector empresarial- deben tener un ámbito de negociación y diálogo para el objetivo primario que es el desarrollo del país, el desarrollo armónico. Por eso se incluye el diálogo permanente y el trabajo tripartito acerca de las relaciones laborales. Por eso es que creo que es totalmente equivocado pensar que en el gobierno se quiere generar un ámbito, un clima de desequilibrio.

Es más, ante la protesta por el decreto sobre los desalojos de las ocupaciones, el ministerio con toda razón llevó este tema, justamente al ámbito tripartito para ser discutido y que yo sepa no ha producido, salvo en un caso aislado que justamente llevó a analizar nuevamente ese tema, ningún desmedro del poder de gestión de los empresarios.

EC – Ingeniero Mattos, en síntesis lo que la senadora Dalmás dice es que las gremiales empresariales estarían exagerando. ¿Cómo ve usted los argumentos que ha manejado?

FM – En realidad nosotros, como dice claramente el comunicado y que no está reflejado en su reseña, por un lado hemos participado en  todas las instancias de negociación que se han planteado, tanto ha nivel del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. No es que estemos contra la Ley de fueros sindicales, creo que esta actividad tiene que estar regulada y tiene que estar protegida. Pero no estamos de acuerdo con el proyecto de ley que fue presentado inicialmente en Diputados, que entendemos que es una mala ley, una mala propuesta de ley, y que en el Senado sufrió algunas modificaciones que no alcanzaron a satisfacer o no recogieron nuestras propuestas a pesar que reconocemos que hubo esfuerzo. El ministro Bonomi realizó realmente un esfuerzo importante al generar la cuatripartita que lamentablemente no llegó a los consensos necesarios en una ley que nosotros entendemos que va a ser una ley bisagra, una ley que va a determinar cambios importantes en el mundo de las relaciones laborales.

EC – ¿Por qué? Concretamente usted acaba de decir "no nos oponemos a que exista una ley de fuero sindical". Del contenido de este proyecto que está a punto de salir del Parlamento, ¿cuáles son para ustedes los puntos críticos?

FM – Nosotros entendemos que hay un aspecto que planteamos siempre en la comisión cuatripartita, que fue generada recordarán los oyentes en un ámbito generado e impulsado por el ministro Bonomi con el acuerdo del parlamento, donde estábamos los empresarios, los representantes del movimiento sindical, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en la búsqueda del consenso, ya con media sanción de un proyecto aprobado de Diputados. En ese ámbito, nosotros lo que proponíamos son algunas modificaciones que sí están contempladas en la modificación discutida y aprobada y votada por Senadores, estaba el tema de la universalidad. Es un aspecto importante que nosotros entendemos que afecta la relación laboral de futuro porque los fueros sindicales deben contemplar a los dirigentes sindicales, eventualmente a los fundadores de sindicatos que hoy tenemos en una cantidad muy importante, pero no a la universalidad de los trabajadores. Por el mero hecho de estar afiliado a un sindicato puede aducirse que en un eventual despido ese trabajador sufrió persecución sindical, corre un trámite un poco más lento de lo que es para el dirigente, pero puede demandar entre seis meses y un año la eventual reposición si así lo determina la Justicia de ese trabajador y en el caso de que así sea vamos a tener la consecuencia de tener que pagarle todos los haberes a ese trabajador sin haber desempeñado sus funciones. Esto en el caso de empresas pequeñas puede causar un fuerte compromiso económico de las mismas.

EC – Senadora Dalmás, ¿usted qué dice sobre este que es uno de los puntos de discrepancia?

SD – Yo creo que están profundamente equivocados. Quiero decir primero que se trata de un proyecto que equilibra situaciones o tiende a equilibrar situaciones y en realidad no a lo contrario. Yo quiero decir que estamos en un país donde no bien empieza el trabajo tripartito, donde obviamente significa que hay gremiales empresariales y de trabajadores que se ponen a discutir en una mesa de diálogo, en julio de este año por ejemplo, tuvimos conocimiento de denuncias que llegaron al ministerio comprobadas de que hubo situaciones en las que trabajadores designados como interlocutores a ese ámbito tripartito, fueron despedidos inmediatamente por el solo hecho de haber sido nombrados delegados al Consejo de Salarios. Yo se que no es un caso general, pero lo que quiero decir, es que sobre todo y fundamentalmente en el sector privado, existen este tipo de situaciones. También ocurrió que  una empleada de una firma de un supermercado importante en un acto que se realizaba frente a ese lugar leyó una proclama y cuando entró de vuelta a su local de trabajo, estaba despedida.

Son esas las situaciones que generan la necesidad de un equilibrio, y debo decir que sí, el derecho, la consagración del derecho a no ser discriminado por acción sindical es un derecho que debe ser universal. Lo que no es universal y está discriminado, como lo solicitaron los empresarios, es el camino por el cual ese derecho puede ser reclamado. En ese sentido atendimos justamente con esa nueva redacción la solicitud del sector empresarial de que hubiera diferencias entre el trabajador común y el trabajador que es dirigente de un gremio. Tiene cuatro literales acerca de quién es representante de los trabajadores en la negociación colectiva, por ejemplo, o los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato que se trata en este momento creo de los que tienen prioridad a los efectos de ser protegidos. Yo creo que hay un dictado que justamente proviene de las observaciones empresariales, hay una diferencia en la forma que un trabajador común que obviamente tiene derecho a ser afiliado a un sindicato y por eso el derecho debe ser universal, sin embargo debe acudir a un procedimiento general para denunciar y manifestar la voluntad de ser reinstalado. Y como ese derecho es un derecho a la no discriminación que está avalado por el Convenio internacional del trabajo número 98 que el país ya en el año ’53 había firmado, nosotros no hicimos más que transcribir parte de lo que ese convenio expresaba, al decir que un trabajador no puede ser discriminado a la hora de acceder a un trabajo o a la hora de un despido o de una discriminación de cualquier tipo por el solo hecho de estar afiliado a un sindicato o participar de actividades sindicales.

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EC - Me gustaría para que el oyente tuviera una visión un poco más completa pasar a otra de las objeciones en el proyecto de ley. ¿Dónde está otro de los puntos preocupantes para ustedes?

FM – Reitera la señora senadora que estamos equivocados y tiene el derecho de pensar de esa manera. Nosotros también opinamos que no se tomaron en consideración muchas de las propuestas del sector empresarial y por eso discrepamos con el proyecto de ley.

EC – ¿Cuál otro ejemplo de reclamos que no fueron contemplados?

FM – Si le parece Emiliano para hacer un concepto más general, para que la audiencia pueda tener una idea, nosotros con lo que estamos preocupados es con la marcha de la economía, con el crecimiento que necesita el país y con la generación del empleo. De aplicarse esta ley, según nosotros estamos estimando, va a haber un desestímulo a la inversión porque evidentemente en el sector empresarial se va a generar a través de esta ley un riesgo muy importante de demandas desde el punto de vista de los trabajadores a efectos de las relaciones laborales. La eventualidad de la reposición, en general, imagínese usted el impacto que tiene en la micro y pequeña empresa, una pequeña empresa, un taller, un comercio o un establecimiento agropecuario que pueda tener eventualmente tres o cuatro empleados y de que
tenga que reponer a uno de sus trabajadores. Evidentemente luego de un proceso de un año donde además de reponer, lógicamente allí la posibilidad de que se pueda establecer una relación en un ámbito pequeño de trabajo en cuanto a espacio físico y en cuanto al manejo de los recursos humanos o que todavía tengamos sobre este tipo de empresas la incidencia de que venga la licencia sindical, donde el trabajador con todo derecho pueda asumir una responsabilidad como dirigente sindical pero tiene que estar financiado por la propia empresa que muchas veces no tiene la capacidad económica de hacerlo, me parece que es uno de los temas que van a estar en la pauta del empresario al momento de decidir si toma o no nuevos empleados. Y esto creo que es un problema serio hacia adelante, porque el país necesita crecer, necesita inversión, necesita salir de la situación de endeudamiento fuerte, los problemas sociales y de exclusión y me parece que el problema acá es generar empleo. Creo que las políticas activas de empleo deberían estar apuntando en forma importante hacia el estímulo y no una ley como esta. No estamos en desacuerdo reitero, con la ley de fueros sindicales, pero creemos que esa ley no es la más adecuada y que seguramente va a desestimular tanto a la inversión como la generación de empleo.

EC – Senadora Dalmás, los empresarios dicen que este tipo de disposiciones que acaba de mencionar el ingeniero Mattos, afectará sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 98% del total. ¿Ustedes atendieron ese riesgo? ¿Cómo lo consideraron?

SD – Sin ninguna duda que sí, pero yo quiero decir primero que nada que se sentaron en una mesa la central sindical y las Cámaras empresariales a discutir este tema y obviamente acordaron en primera instancia que si no se acordaba todo no se acordaba nada. Es decir, hubo algunos puntos de acercamiento que nosotros tenemos el deber de tomar como gobierno y como legisladores. Tenemos la obligación de intentar por lo menos lograr un proyecto de ley que contemple algunas cosas en las que ambas partes estuvieron de acuerdo.

En cuanto a las micro y pequeñas empresas es obvio que a pesar de poder tener seguramente alguna organización de base sindical, se van a referir seguramente al sindicato de rama. Yo quiero decir señor Cotelo que a mí me parece que acá hay un error de base, permítaseme decirlo, en el sentido de que todo lo que sea tender y promover a la sindicalización parece ser una amenaza para la gestión en las empresas o para la inversión o para el trabajo. Por el contrario nosotros estamos convencidos que la legislación laboral si avanza en el sentido de los derechos y promueve como dice la Constitución, la organización sindical lo que está haciendo en realidad es ordenar las relaciones laborales. Lo que está haciendo es promover que los trabajadores se organicen para racionalmente defender sus derechos y sus reivindicaciones y desde ese sentido nosotros creemos que tendemos a la modernización. Los empresarios por ejemplo, realmente me sorprendieron cuando ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado plantearon el tema justamente de las inversiones y de afectar la cantidad de nuevos puestos de trabajo. Yo creo que lo que va a determinar si hay o no nuevos puestos de trabajo justamente es el clima de negocios que se pueda generar en el país. Cuánto más orden y cuánto más racionalidad y cuánto más organización y cuánto más trabajo de diálogo haya en ese clima de negocios, obviamente que eso beneficiará no sólo la actividad económica, sino los nuevos puestos de trabajo.

EC – Ingeniero Mattos, este aspecto que destaca la senadora Dalmás, el hecho de que la instauración, la concreción por la vía de una ley del derecho que estaba pendiente de implementación en el derecho uruguayo va a contribuir a la estabilidad social y a un mejor relacionamiento entre empresarios y trabajadores, ¿para ustedes no es relevante?

F.M. – Es relevante, cómo no... Toda una sociedad tiene que organizarse y tiene que articularse y tienen que existir los ámbitos de discusión. Yo creo que no se recoge en ninguna manifestación empresarial ni en nuestro comunicado una oposición a lo que se está planteando de la necesidad de generar este diálogo que es tan importante.

En definitiva, lo que nosotros decimos es que el equilibrio de las relaciones laborales tiene que existir, nosotros entendemos que se compromete. Vamos a ver, esto lo dirá el tiempo, tendrá que transcurrir, hoy tenemos una tasa de desempleo muy elevada del 12.5% que no se condice con el crecimiento económico que está casi al 7% en este año. Nosotros lo que hicimos ayer fue una manifestación sólida y colectiva del sector empresarial sin antecedentes tal vez en los últimos años de la vida del país y evidentemente lo que nosotros estamos haciendo es una alerta a la sociedad respecto de las consecuencias de esta ley. Que cada uno asuma las responsabilidades que le correspondan.

EC – Desde el sector empresarial se ha destacado más de una vez que en el gobierno habría como dos sectores en cuanto a la preocupación por el clima de negocios y el tratamiento a las inversiones. Por ejemplo se coloca al Ministerio de Economía o al equipo económico en un lugar y a otros ministerios con las políticas micro económicas en otro.

Pero en estas horas el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que el proyecto tiene el apoyo de todo el gobierno y de todo el equipo económico. "Podíamos tener algunas dudas con proyectos anteriores pero con el texto aprobado por el Senado estamos de acuerdo hasta en las comas", dijo el economista Lorenzo.

Supongo que esto tiene que ver incluso con su posición senadora Dalmás, ¿usted pertenece a Asamblea Uruguay?

SD – Claro, cuando el sector empresarial marcaba por ejemplo el problema de las futuras inversiones o actuales inversiones en el país, en primer lugar generalizaba diciendo que esto va a dificultar las inversiones. Tanto el ministro Lepra como el equipo económico de gobierno manifestaron que en ningún momento... Yo quiero decir Cotelo que desde el año ’53 teóricamente por lo menos rige como ley en nuestro país el convenio 98 de la OIT que consagra este derecho a defender al trabajador en cuanto a la discriminación sindical y sin embargo eso no operó lamentablemente ni en contra ni a favor de la generación de puestos de trabajo. Eso me parece a mí que responde a otras realidades de la economía y además quiero decir que primero se dijo inversiones en general y para mi sorpresa el martes se expresó por parte de los empresarios que eran las inversiones nacionales porque las compañías y los capitales internacionales que pueden invertir en Uruguay y en otros países ya están acostumbrados a ese tipo de normas.

EC – ¿Qué responde a usted sobre este punto, ingeniero Mattos?
No lo dice sólo la senadora Dalmás lo ha dicho también el ministro Bonomi como que ustedes cambiaron el discurso. Primero señalaban que estas normas iban a frenar las inversiones del extranjero y como eso no ha ocurrido ahora se concentran en las inversiones nacionales, dicen las autoridades.

FM – En una manifestación de entidades empresariales nacionales podemos hablar de nosotros, no podemos hablar de las inversiones, o invocar la representación de los inversores extranjeros. Evidentemente lo que hay acá es que el doble discurso de repente puede asignarse a que cuando el Poder Ejecutivo va al exterior a tratar inversiones que necesita el país y que nosotros celebramos como positivas a esta iniciativa, hay todo un espíritu mucho más amigable hacia la captación de inversiones extranjeras. El mismo tratamiento no se da acá en el Uruguay. Ojalá que lleguen muchas inversiones, yo creo que si bien pueden estar acostumbrados seguramente las relaciones laborales tienen un desarrollo mucho mayor en los países industrializados pero evidentemente hay otro entorno económico. Acá usted hacía bien la referencia y nosotros en el documento lo hemos trabajado y discutido es que el entorno económico también es importante. Uruguay viene saliendo prácticamente de las cenizas con una fortísima crisis económica que eclosionó luego de muchos años de atraso cambiario y que en el año 2002 tuvo su punto más crítico. Todavía las empresas se vienen recuperando del traspié, hay un sobre endeudamiento, hay dificultades de competitividad en función de una política también cambiaria y monetaria que se viene aplicando que viene comprometiendo la rentabilidad de las empresas que están vinculadas con la exportación, hay una transferencia de recursos muy importante de los sectores exportadores hacia otros sectores de la economía que también comprometen el clima de la inversión. El clima de la inversión no se puede asignar sólo a los temas de la relación laboral pero se trataba de esto el documento que hemos emitido una manifestación y veremos hacia delante cómo evoluciona todo este tema.

EC – Senadora Dalmás, ¿todavía existe algún margen para acercar posiciones con el sector empresarial? No digo en el parlamento porque tengo la impresión de que el proyecto se va a votar así como está en Diputados, pero pregunto, por ejemplo, en la reglamentación que después va a hacer el Poder Ejecutivo, ¿se va a continuar negociando?

SD – Sin ninguna duda. Pienso que siempre existe un margen, tratándose por lo menos de la bancada de gobierno y del gobierno en general para discutir todo tipo de temas, para modificar, para reglamentar... Eso sin ninguna duda.

EC – ¿Pero en principio se votaría así como está?

SD – En principio se votaría así como está porque esto fue ampliamente discutido en la bancada de legisladores. No es un secreto para nadie que generaron bastante problemas con el sector de Diputados las modificaciones que, atendiendo a alguna de las objeciones del sector empresarial, nosotros llevamos adelante en el Senado. Quiere decir que ya a esa altura está largamente discutido y casi sin ninguna duda va a ser votado tal cual está.

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Transcripción: Mariana Cencio
Edición: Mauricio Erramuspe