(Emitido a las 8.43)

JOSÉ IRAZÁBAL: ¿Se construirán nuevas cárceles este año? El gobierno reconoce un déficit de 3.000 plazas carcelarias y ha manifestado la urgencia de emprender nuevas construcciones, pero aún no queda claro cuál es la vía que va a utilizar.

Una iniciativa que viene planteando desde hace un tiempo el diputado Jaime Trobo, del Herrerismo, promueve la construcción de establecimientos carcelarios mediante la concesión de obra pública.

Seguramente este año Trobo reflotará la alternativa, ya que considera que pasó un año sin ningún tipo de definiciones en esta materia. Su propuesta consta básicamente de dos partes: por un lado promueve la construcción de nuevas cárceles mediante obra pública. Por otro, hace referencia a la posibilidad de utilizar el acuerdo de sustitución de deuda pública que Uruguay tiene suscrito con España.

Diputado Trobo, detengámonos en la primera posibilidad que usted plantea, que es la concesión de obra pública; ¿en qué consiste concretamente la propuesta?

JAIME TROBO: Es una imitación –cuando las cosas son buenas hay que procurar imitarlas– de lo que está ocurriendo en Chile, que es el ejemplo más cercano. Si bien podemos señalar que en Europa y en Estados Unidos el sistema de concesión de obra pública para la construcción de este tipo de bienes públicos se usa con habitualidad, el ejemplo practicado en América Latina y en un país culturalmente cercano al nuestro es una invitación interesante a analizar el tema.
En Chile se ha llamado a licitación para que agentes privados se encarguen de financiar la construcción de establecimientos carcelarios.
Y se satisface el valor de los mismos mediante el pago de una amortización que se va realizando a lo largo del tiempo, en una especie de arrendamiento o de pago por usuario, por persona que ocupa el establecimiento carcelario, cosa que hace el Estado.
Y obviamente, ello se financia con cargo a gastos de funcionamiento en una amortización mucho más lenta que lo que supondría tener que invertir en términos breves para la realización de una infraestructura de estas características con Presupuesto público; teniendo en cuenta que en el presupuesto nacional no hay rubro para la construcción de establecimientos carcelarios, eso ya lo vimos.

JI - ¿Cómo es el manejo de un centro como el que usted plantea? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Hay un papel también de la parte privada en el área del control, de la seguridad?

JT – La responsabilidad del control del cumplimiento de la pena es del Estado; sin perjuicio de lo cual - en el modelo de concesión de obra pública de establecimientos carcelarios- existen varias fórmulas. Pero dos en general: o el edificio es administrado por la administración estatal de cárceles y todos sus aspectos de funcionamiento están a su cargo o la seguridad es administrada por la organización del Estado y el sector privado brinda algún otro tipo de prestaciones de las que existen dentro del sistema carcelario. Estamos hablando de alimentación, de salud, de limpieza, temas que eventualmente, cumpliendo con las condiciones de seguridad que corresponde, no hay ningún perjuicio de que estén eventualmente en manos del sector privado.

JI - ¿A usted cuál lo convence más?

JT – A mí me convence que se construyan las cárceles lo antes posible para sortear el primer obstáculo que desde el primer día de gobierno denuncia el ministro que existe en el sistema carcelario, que es el hacinamiento y las malas condiciones de reclusión. Cualquiera sea la fórmula, mediante un pago que no presione sobre el presupuesto anual o actualmente sobre el presupuesto público es buena. No tengo ningún inconveniente en admitir que el sector privado desarrolla actividades con mucha mayor eficiencia en algunos casos que el propio Estado.

JI – En la experiencia de Chile, ya que hablaba del sector privado, ¿cómo funciona concretamente?

JT – En Chile hay un mix, hay establecimientos que van a ser administrados exclusivamente por el Estado y hay establecimientos en los que se ha llamado a concesión de obra pública para conceder la administración de algún tipo de servicio como los que le señalaba.
El Ministerio conoce la experiencia chilena. No estamos hablando de algo que el Ministerio no conozca. Sabemos que la Dirección de Cárceles tiene informes al respecto y en ese sentido nos extraña, nos llama la atención que al día de hoy no se haya tomado una decisión, por lo menos de decir: "Llamemos a licitación y busquemos, a ver si existen interesados en este tipo de actividades o de inversiones en el sector público".

JI - ¿Ha podido tener algún "mano a mano" con el ministro José Díaz o alguna otra autoridad del Ministerio sobre este tema?

JT – Sí, he conversado con el ministro. Le hemos hecho planteos en el ámbito parlamentario, más precisamente en la Comisión de Presupuesto. En esa oportunidad nos dijo que no descartaba ninguna hipótesis, pero que todavía no tenía el tema resuelto. Estamos hablando del mes de agosto. Mantuvimos algunas conversaciones con él cuando enviamos la iniciativa. En varias oportunidades le hicimos saber estas inquietudes, pero hasta el día de hoy, sin bien el ministro señaló que estaba abierto a analizar cualquier alternativa, no sabemos que exista ningún procedimiento en marcha que permita vislumbrar que el tema se resuelva rápidamente.

JI – Usted manejó también la posibilidad de utilizar el acuerdo de sustitución de deuda pública de Uruguay con España.

JT – Es otra fórmula que confirma nuestra visión positiva procurando ayudar. Uruguay tiene con España una deuda externa importante, cuando en el año 2003, después de la crisis, se buscó una fórmula para encontrarle una solución a ese problema, se entendió -por parte de España -que era razonable que Uruguay amortizara esa deuda realizando inversiones en su territorio. Y en ese sentido se creó un comité conjunto que administra la deuda y admite la utilización de esos fondos con el fin de realizar algún tipo de inversiones de interés social en nuestro país.
Es a raíz de la vigencia de ese acuerdo, que a su vez fue ratificado por el Parlamento uruguayo, que estamos planteando que parte de los recursos que componen esa deuda que tenemos con España, que no serían destinados a pagarle a España sino que España admite que se inviertan en nuestro país como satisfacción de esa deuda, se utilice para la construcción de algunos edificios carcelarios para abatir ese déficit tan importante en materia de plazas que existe hoy en día, que el Ministerio está admitiendo.
España tiene una gran experiencia de construcción de edificios carcelarios y nos parece que no solamente se podría utilizar este mecanismo de financiamiento sino también servirse de la cooperación técnica, que en este caso es muy importante, para el diseño de las infraestructuras...Todo lo que tiene que ver con la inteligencia puesta al servicio de la construcción de este tipo de edificios.

Procuramos que se tomen decisiones rápidas en un tema que se utilizó con una fuerza intensa al principio del gobierno, que fue una de las banderas del Ministerio del Interior, pero que lamentablemente no se ha resuelto como se esperaba, de acuerdo a la voluntad que el gobierno manifestó desde el principio.

JI – Como hombre que ha trabajado en estos temas, ¿se puede decir que es un éxito el planteo que hizo el gobierno en cuanto a la ley de humanización del sistema carcelario? Los niveles de reincidencia parecen ser muy bajos, más allá de que los cuestionamientos de la oposición han sido muy fuertes en ese sentido.

JT – Los cuestionamientos no se limitaban a la ley exclusivamente, iban mucho más a fondo: (iban) a la concepción que manejaba el gobierno del origen del delito, de las causas del delito y de la forma de resolver los aspectos vinculados con la represión del delito.
Seguimos teniendo una diferencia sustancial con el gobierno y con el ministro del Interior.
No obstante, no nos excluimos de poner encima de la mesa en este tema nuestras propuestas. Porque entendemos que son buenas, que son positivas y que si el gobierno quisiera correr esos riesgos que a veces la ideología no deja correr, de tomar instrumentos modernos, del funcionamiento económico, moderno para mejorar la gestión pública, seguramente ello permitiría ser mucho más eficaces.
Los problemas del sistema carcelario no están en lo intenso de las penas sino en las condiciones de reclusión de los individuos que cometen delitos a los que se les debe aplicar esas penas. Por eso vamos por este camino de propuestas y esperamos respuestas rápidas al respecto.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: María Eugenia Martínez