(Emitido a las 8.48) 

JOSÉ IRAZÁBAL: Estamos en contacto con Jorge Bruni, ministro interino de Trabajo y Seguridad Social. Hay varios temas sobre la mesa que tienen que ver con algunos pasos que daría el gobierno en este 2006 con respecto a legislación laboral. El tema que ha causado más impacto en las últimas horas es la posibilidad de que el gobierno pueda rever la ley que tiene que ver con las ocupaciones de lugares de trabajo cuando se genera un conflicto. Allí está puesto uno de los puntos de mayor interés y de expectativa.

Coménteme concretamente qué es lo que piensa hacer el gobierno con el tema de las ocupaciones. ¿Se va a hacer un cambio en este 2006?, ¿es ese el objetivo que se han trazado?

JORGE BRUNI: Lamento no poder colmar la expectativa de su pregunta. Lo que le puedo decir es que siendo un tema de la trascendencia que tiene, que ha tenido en este año 2005, el gobierno lo está analizando a efectos de tomar alguna decisión respecto de si es o no conveniente legislar en la materia. Eso es lo que yo le puedo decir: que el tema está en la agenda del gobierno.

Por otra parte, tampoco es novedad que en el propio Parlamento se han presentado algunas iniciativas en tal sentido. Hay algún proyecto de algún legislador colorado, creo que concretamente del doctor Julio María Sanguinetti, y hay un proyecto que se ha presentado o se va a presentar por parte del senador Gallinal.

Por lo tanto, esas presentaciones, esos proyectos, más la importancia del tema, ameritan que el gobierno esté analizándolo.

JI – ¿A usted le preocupa el nivel de ocupaciones que se ha registrado después que se derogó la ley?

JB – Es un tema que ha generado polémica, por supuesto. Es un tema que cualquier gobierno y cualquier Ministerio de Trabajo responsable tiene que tener en la agenda, por las reacciones que en algunos casos ha generado. De cualquier manera, en la óptica de quien está hablando, la ocupación es una extensión del derecho de huelga, lo que no quiere decir que no se pueda estar pensando en alguna posibilidad de regulación. Repito: los propios proyectos que se han presentado en el Parlamento hacen que el gobierno lo tenga en la agenda como un tema de real importancia.

ANDRÉS GIL: A propósito de ese tema, las ocupaciones, ¿han conversado con el PIT-CNT? Porque hoy veía declaraciones de Juan Silveira, dirigente de la gremial, en Últimas Noticias, quien reconocía que en 2005 hubo casos de falta de experiencia de algunos sindicatos que se apresuraron a tomar esta medida. ¿Han conversado esto? ¿hay una conciencia en los sindicatos?

JB – Concuerdo con esa expresión. Como decía recién, reconociendo que es la extensión del derecho de huelga, no se puede dejar de advertir que una de las consecuencias de la convocatoria de los Consejos de Salarios fue una explosión de nuevos afiliados y de nuevos sindicatos. Y eso va de la mano –generalmente- con inexperiencia. Ante la menor violación o ante la menor reivindicación, de inmediato la inexperiencia lleva a la ocupación de los lugares de trabajo. No he leído esas declaraciones de Juan Silveira pero, si lo dijo, concuerdo en que en muchos casos ha habido inexperiencia. Por otra parte, sí se ha hablado con el PIT-CNT. Es un tema que por su importancia no puede estar fuera de las conversaciones.

JI – El diario El País recuerda que el propio ministro Bonomi cuando fue al Parlamento en su momento dijo que él nunca hubiera impulsado un decreto de esa naturaleza, y comentó que se trata de una resolución de otro Ministerio, que ha creado un problema. ¿Usted se para en esa misma posición?

JB – La derogación del decreto obedece a una perspectiva que desde el punto de vista jurídico es absolutamente coherente. Durante muchos años ese decreto fue cuestionado precisamente por su carácter violatorio de la normativa jurídica. Podrá discutirse si fue el momento oportuno o no para derogar el decreto, pero no podemos dejar de reconocer que era un decreto que violentaba la normativa jurídica.

Respecto de la oportunidad política, puede haber más de una opinión. Quizás pudo haberse elegido otro momento. De cualquier manera, no se había aplicado muchas veces en la vida laboral, porque siempre intervenía el Ministerio de Trabajo, previo a cualquier intento de desalojo, que los hubo. De modo que es un tema polémico. Le repito: desde el punto de vista jurídico, no tengo ninguna duda de que no era adecuado a la normativa jurídica. Puede discutirse la oportunidad de la decisión que se adoptó. Cada uno tendrá su opinión al respecto.

AG – Quizás, más allá de la oportunidad pudo haberse reglamentado de una forma diferente el derecho de los trabajadores...

JB – No creo que un decreto ilegal pueda reglamentarse. La decisión era más bien de carácter político: o se dejaba o se eliminaba. Pero no creo que se pueda reglamentar un decreto ilegal.

AG – A propósito de esta discusión, en estas declaraciones Juan Silveira advierte que este año habrá dificultades en el proceso de avance de los derechos sindicales, ya que entiende que el gobierno va a buscar equilibrar la balanza después de la aprobación de la ley de fueros. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios?

JB – Lo que ha hecho el gobierno durante el año 2005 fue equilibrar lo que estaba desequilibrado. Durante muchos años la balanza estuvo absolutamente inclinada y había derechos que había que poner en práctica o crear. No olvidemos que la promoción de la actividad sindical o del derecho de huelga tiene más de 70 años en Uruguay y nunca se había aprobado normas como las que se acaban de aprobar en cuanto al fuero sindical.

Las obligaciones internacionales del país respecto del tema tienen 52, 53 años, datan de 1953, de convenios de la OIT. Eso fue generando un desequilibrio en el sistema de relaciones laborales. Y lo que el gobierno ha tratado de hacer ha sido, entre otras cosas, reglamentar o crear derechos, como en el caso de la ley de fuero sindical.

O establecer el diálogo - que había estado interrumpido por casi 15 años— con la convocatoria a los Consejos de Salarios y/o la negociación colectiva. Que se diga que ahora vamos a volver... no concuerdo con quien la haya dicho.

AG – Pero esa historia que usted decía, de una estructura que se mantuvo durante tantos años en las relaciones laborales, se está retocando ahora y esos cambios seguramente impacten en el humor de los empresarios. ¿Usted entiende que hay que dar algún tipo de señal a los empresarios de que no va a ser todo tan así, tan a favor de los trabajadores?

JB – La señal que el gobierno, y fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, puede dar a los empresarios es la aplicación estricta de la normativa existente, y el diálogo. Si hay algo por lo que nadie puede atacar al Ministerio de Trabajo es la amplitud de diálogo que ha tenido con sectores empresariales y sindicales. Habiendo sido retocado para equilibrar lo que estaba desequilibrado, el Ministerio aplicará lo que corresponda, lo que exista y, sobre todo, fundamentalmente, el diálogo, que ha sido reconocido como un hecho absolutamente positivo nada más ni nada menos que por el director general de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su reciente visita, (Juan) Somavia, quedó impactado por la amplitud de diálogo que existe en este país. Por lo tanto, lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo es respetar la normativa y fomentar el tripartismo y el diálogo como lo ha hecho durante todo el año 2005.

AG – Le cambio un segundito de frente, aunque tiene que ver con lo mismo. Estamos en los primeros días de enero, y en estos días se tiene que hacer efectivo el segundo ajuste derivado de las negociaciones de los Consejos de Salarios; ¿han tenido alguna señal del sector empresarial a propósito de posibles pedidos de desenganches de la norma?

JB – Ha habido algunos, pero no de manera significativa. Es un tema que todavía no ha originado consecuencias. Por lo menos en este momento no tiene relevancia.

JI – El sector de la industria de la carne plantea que por lo menos la cuarta parte de los trabajadores de los frigoríficos no está siendo contemplada en los acuerdos, que no se está dando lo que se había acordado en los consejos, lo que lleva a que día por medio concurran al Ministerio de Trabajo a plantear la situación. ¿Es así?

JB – Es así.

JI – ¿Qué se hace en ese caso, cuando hay empresas que no están respetando eso?

JB – El Ministerio tiene que bregar por la aplicación de lo que se aprobó.

JI – ¿Es el sector más complicado el de la carne en ese sentido?

JB – Es un sector complicado, por supuesto. No digo que sea el más, pero es un sector que ha planteado algunas complicaciones en estas horas. Existe un acuerdo y hay que aplicarlo, salvo que existiere acuerdo de partes para ver, para estudiar. Dependerá de que haya acuerdo de partes. Mientras exista un convenio, un acuerdo que se logró en los Consejos de Salarios, el gobierno tiene que tratar de aplicarlo.

AG – A propósito de los Consejos de Salarios, tengo entendido que el Ministerio pretende actualizar la norma que los rige, que es bastante antigua, tiene más de seis décadas. ¿Algunas de las modificaciones que se pretende incorporar tienen que ver con el tema de los desenganches?

JB – Eso se está discutiendo y se analizó en su momento en el Consejo Superior Tripartito. Algunas de las eventuales modificaciones que se puedan realizar tienen que ver con cuáles son los efectos de la negociación, con el tema de la elección de la representación del personal, la representatividad del personal cuando no existen organizaciones...En fin, hay una serie de temas que tienen que ver con los efectos, pero al momento no hay la suficiente precisión como para poder dar una opinión definitiva. Son de los temas que se están analizando, probablemente para una reforma de la Ley de Consejos de Salarios, que tiene exactamente 62 años.

AG – ¿Fue un pedido de los empresarios?

JB – No. Fue una convocatoria que hizo el gobierno. El gobierno planteó en forma tripartita la necesidad de discutir, entre otras cosas, eventuales reformas de la ley 10.449. Y otras cosas...Porque no son sólo estas las iniciativas legales que el gobierno pretende tratar de aplicar o de presentar para la discusión durante el año 2006. Hay otras iniciativas.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: María Eugenia Martínez