(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
Este año volverá a haber novedades en materia de negociación colectiva. Finalmente, y a pedido del presidente Tabaré Vázquez, ayer se confirmó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) preparará un proyecto de ley destinado a regular las ocupaciones de lugares de trabajo y prevenir conflictos.

Pero, ¿por qué es insuficiente el decreto provisorio que está vigente desde octubre? ¿Cuáles son las razones que llevan al gobierno a impulsar una ley? ¿Qué medidas concretas formarían parte de ese texto?

Vamos a detenernos en esas y otras dudas en diálogo con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi.

***

Ministro Bonomi, lo hemos ubicado en el interior del país, ¿no?

EDUARDO BONOMI:
Estamos en Durazno, tomando un café y una Coca Cola a la espera de la comunicación, porque en el auto se interrumpía.

EC - ¿Para dónde va?

EB – Para Tacuarembó, a una empresa forestal.

EC - Después de varias semanas de trascendidos y declaraciones incluso suyas, ayer usted confirmó que se comienza a trabajar en una ley de prevención de conflictos y de regulación de ocupaciones de lugares de trabajo. ¿Efectivamente es una ley que tendrá elementos de regulación? Se lo pregunto porque sobre esto hubo muchas idas y venidas.

EB – No, yo dije exactamente lo mismo todas las veces que he hablado, lo que ha habido son interpretaciones distintas o títulos distintos en notas que dicen más o menos lo mismo. No ha habido idas y venidas. Esto tiene antecedentes, el primero fue la derogación del decreto que el ministro del Interior dijo que se debía a que era inconstitucional.

EC – Usted se refiere a la derogación del decreto que permitía el desalojo por parte de la Policía de lugares ocupados.

EB – Exactamente, lo di por descontado pero hice mal porque la gente no tiene por qué saber a qué decreto me refiero.

EC – Porque hay dos decretos en danza, este que se derogó y el que se aprobó en octubre.

EB – Sí, pero el de octubre no se derogó.

EC – Por eso. Usted decía que el origen de todo esto está en la derogación por parte del Ministerio del Interior del decreto sobre desalojos de lugares de trabajo ocupados.

EB – Por considerarlo inconstitucional. El propio ministro del Interior dijo que eso se podía retomar por ley pero no por decreto. En segundo lugar está el otro decreto, que creo que es del 14 de octubre, de prevención de conflictos, que establecía una forma de resolver las situaciones conflictivas llevando primero que nada a la empresa una negociación bipartita, si no había acuerdo había que ir a una comisión técnica, si no había acuerdo a la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), si no había acuerdo ahí al Consejo de Salarios, y si no había acuerdo, cada cual seguía su camino.

EC – Ese fue el decreto que se aprobó en octubre mientras terminaba de discutirse, negociarse y redactarse el proyecto de ley de fuero sindical.

EB – Y como condición para llamar al ámbito cuatripartito. Había cuatro puntos y el segundo era un decreto que reafirmara un acuerdo previo de no despidos por razones sindicales entre trabajadores y empleadores. Y quedamos comprometidos a derogar ese decreto y el otro de protección de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, cuando terminó el trabajo de la comisión sin acuerdo, tanto trabajadores como empresarios nos indicaron la conveniencia de mantenerlo.

Usted recién se preguntaba por qué es insuficiente. Ahí viene el tercer elemento, que fue la ocupación de Prosegur, que se hace a partir de que AEBU hace una propuesta para el entendimiento con la empresa que es aprobada por la mayoría de la asamblea sindical, y la minoría, en contradicción con esa mayoría que aprobó el acuerdo, ocupa la empresa. La ocupa contra la empresa y contra el sindicato. Ahí a mí se me prende una luz de alarma y llevo el tema al acuerdo de ministros porque fueron a hacer la denuncia juntos el delegado sindical y el delegado empresarial. ¿Por qué se tenía que dar esa situación si la asamblea resolvió otra cosa? En el acuerdo de ministros planteé la necesidad de buscarle una solución y el presidente le encomienda al MTSS que la busque. Nosotros estudiamos hasta ahora el tema y concluimos que la solución tiene que ser a través de una ley, a pesar de que vamos a mantener vigente el decreto. Y a partir de que definimos eso entramos a considerar los contenidos, de ahora en adelante.

EC – Entonces estamos hablando de una ley que regulará efectivamente las ocupaciones.

EB – Vamos a tomar como base para la redacción de la ley, para establecer los contenidos, el propio decreto que aprobamos el 14 de octubre. Le vamos a sacar lo de la comisión técnica porque al derogar el decreto de protección de trabajadores sindicalizados esa comisión desaparece, pero quedan la negociación en la empresa, la negociación en la Dinatra y la negociación en el Consejo de Salarios. Si no hay acuerdo cada cual sigue su camino y en caso de llegar a una ocupación estamos hablando de introducir elementos que surgen de lo que han sido usos y costumbres en nuestro país con respecto a las ocupaciones.

EC – O sea, en caso de que no funcionaran esas instancias previas de conciliación –que hoy están previstas en el decreto y que se tratarían de mantener en la ley– y se llegara a una ocupación, ¿qué elementos pautarían la regulación de las ocupaciones? ¿Cómo tendría que ocurrir esa ocupación?

EB – Vamos a aclarar que pasar por esas instancias ya significa una forma de regulación, porque no pueden pasar por esas instancias las minorías sindicales, tiene que pasar el conjunto del sindicato, porque el que negocia en la empresa, en la Dinatra y en el Consejo de Salarios es el conjunto del sindicato, no la minoría, entonces ahí ya hay una suerte de regulación.

Vamos a partir de la base de que no hay acuerdo, entonces se llega a un conflicto que puede terminar en la ocupación. Ahí estamos pensando en: protección de la maquinaria –en algunos casos esa protección implica tenerla en marcha, como en el caso de los hornos de vidrio, que hay que tenerlos funcionando–; protección de animales; protección de elementos perecederos; prestación de servicios esenciales; no ocupación de los lugares de dirección de la empresa; no funcionamiento de la maquinaria para producir, salvo que haya acuerdo con el propietario o que el propietario haya abandonado el país o la producción; y algunas cosas más, porque lo que estoy tirando ni siquiera son borradores, son ideas sueltas para hacer un borrador. En el caso de que no se cumplan, ninguno o parcialmente, esos pasos, ello habilita al empresario a una acción de amparo que va a tener resultado inmediato.

EC – O sea: si la ocupación se llevara adelante violando las disposiciones de la ley, las regulaciones que la ley establecería, ¿el empresario quedaría habilitado a presentar un recurso de amparo que tendría un efecto rápido?

EB – Claro, porque hoy puede presentar el recurso de amparo, pero queda a la interpretación del juez... Acá hay una normativa. Y, por otra parte, es simétrico con la ley de fueros, porque la tan mentada ley de fueros que iba a desestabilizar una cantidad de cosas en realidad terminaba con una acción de amparo.

EC – En esa hipótesis que estamos manejando, ¿qué conseguiría el empresario con esa acción de amparo en la Justicia?

EB – El desalojo si no se ha cumplido la normativa. Por eso yo digo que hay una cuestión semántica sobre si esto es regulación o prevención; es prevención, pero establece una serie de normas que regulan.

EC – Justamente, en cuanto a las normas que regulan la eventual ocupación usted mencionó algunos elementos que podrían estar contenidos. ¿Se va a disponer alguna exigencia, algún requisito para la toma de la decisión de la ocupación? Se lo pregunto porque hace unos minutos entrevistábamos a Horacio Castells, dirigente de la Cámara de Comercio, que sostenía que, según su criterio, llegado el extremo de la ocupación esta debía ser resuelta por el voto secreto de todos los trabajadores de la empresa, no sólo eventualmente por los sindicalizados o la mayoría de los sindicalizados. ¿Qué dice usted?

EB – Entiendo la pregunta. Vamos a mantener lo que han sido usos y costumbres en el país; incluso el doctor Tabaré Vázquez señalaba que cuando él asumió como intendente el programa del Frente Amplio establecía el relacionamiento con los trabajadores, y cuando el secretario general de ADEOM le preguntó con qué trabajadores, los trabajadores en general, los trabajadores sindicalizados, los no sindicalizados, en la consulta a la fuerza política esta estableció que era con los trabajadores sindicalizados. Esta es una discusión vieja en el país, hoy hay voces que indican –incluso de sectores políticos– que debería ser el conjunto de los trabajadores expresándose en asamblea o por voto secreto, más allá de los sindicatos.

Nosotros siempre nos hemos adherido a la posición de que sea el sindicato autorregulándose. Los que sostienen esa posición tuvieron mayorías parlamentarias absolutas hasta el 28 de febrero de 2004 y nunca establecieron esa regulación. Entonces que se nos pida a nosotros ahora, sabiendo que no la compartimos, que hicimos campaña política con una posición, que nos comprometimos con una posición, que la cambiemos cuando lo podían haber hecho antes porque tenían las mayorías necesarias, no me parece correcto ni demasiado serio. Nosotros nos hemos comprometido con una posición que es esa. La regulación surge de los pasos que tiene que llevar adelante la mayoría del sindicato, pero lo otro puede estar arriba de la mesa en la medida que vamos a establecer un ámbito cuatripartito para conversar y resolver. Nosotros no sostenemos esa posición, veremos qué surge de la negociación.

EC – La posición de Castells estaba referida no tanto a todo el proceso previo de intento de conciliación sino estrictamente a la decisión eventual de ocupar.

EB – Sí, yo cuando hice referencia recién a nuestra posición incluía eso porque es lo que pasó en el 50, el 60, el 70, la segunda mitad de los ochenta, en todos los noventa y los primeros años de 2000. Esa ha sido nuestra posición, no tenemos inconveniente en discutir pero partimos de la base de que esa es nuestra posición, e incluso la reafirmaba ayer el doctor Tabaré Vázquez.

EC – La posición de Castells venía porque teóricamente podría llegar a ocurrir que la decisión de ocupación tomada por la mayoría de los trabajadores sindicalizados fuera minoría en comparación con el conjunto de trabajadores de la empresa.

EB – Sí, eso ha pasado. En todos esos años que yo decía alguna vez ha pasado, otras veces no. La mayor parte de las veces no pero el relacionamiento es con los trabajadores sindicalizados. Cuando los trabajadores sindicalizados con esa medida u otras medidas obtienen un aumento salarial, mejores condiciones de trabajo o un cambio horario estas cosas rigen para todos los trabajadores, no sólo para los sindicalizados y las medidas de lucha las resuelven los sindicalizados. Lo mismo que en el ámbito de las cámaras empresariales no todas participan en los consejos de salarios y lo que se resuelve allí abarca a todas las empresas, estén en las cámaras o no. Entonces el relacionamiento se tiene que hacer con quien está organizado, luego lo que se resuelve abarca al conjunto, tanto a nivel sindical como empresarial.

EC – Otra de las cosas que surgían recién en la entrevista con Castells es que desde las cámaras empresariales se valora el hecho de que el Poder Ejecutivo recorra el camino de la regulación, pero se observa al mismo tiempo que casi todas las ocupaciones que ocurrieron en los últimos meses se realizaron sin cumplir las disposiciones del decreto provisorio del mes de octubre y sin embargo el PIT-CNT las avaló y el Poder Ejecutivo no hizo nada. La pregunta es: ¿cómo se va a hacer cumplir la ley si no se hizo cumplir el decreto? ¿Qué responde usted a ese cuestionamiento?

EB – Para recorrer ese camino se necesitaban fundamentalmente dos partes porque empezaba en un ámbito bipartito y era el ámbito bipartito el que tenía que llevarlo a la comisión técnica. Pero el sector empresarial no integró nunca la comisión técnica, entonces no puede reclamar que no se recorrió el camino, porque el segundo paso estaba interrumpido. O sea que hay de ida y de vuelta en todo esto.

Y yo también estaba escuchando hace un rato la conversación que usted tenía con un legislador del Partido Nacional que señalaba que era paradójico que se dijera que fue el año de menor conflictividad, cuando fue el año de mayor ocupación.

EC – Sí, esos son datos que usted aportó ayer en la conferencia de prensa y que al diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, le resultaban paradójicos.

EB – Yo mismo dije que era paradójico, pero lo que pasa es que cuando sumo las horas de trabajo que se perdieron, sumo todas, las que se perdieron por ocupación, por paros del sector, por paros generales, por paros del PIT-CNT, sumo todo, absolutamente todo y me da un número muy claramente inferior a las horas perdidas en el año de menor conflictividad que, según la Universidad Católica, fue 2004. Fue muy inferior y medido en horas de trabajo, no quiero medir el tipo de movilización porque cuando uno pasa raya desde el punto de vista del país productivo, la producción, el crecimiento del Producto Bruto Interno, lo que importa es la cantidad de horas de trabajo que se perdieron porque uno puede no ocupar en un año pero perder una enorme cantidad de horas de trabajo que afectan directamente la producción. Entonces la medida más objetiva es esa y yo la utilicé.

Se aísla un aspecto de la movilización, yo reconozco que es cierto, ojo, fue el año de mayor ocupación, y también, en aras de la objetividad y de lo que establece la Universidad Católica, fue el año en el que se salió mejor de las ocupaciones, con mayor calidad de salida y menores inconvenientes. Eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. Objetivamente se perdieron menos horas de trabajo y en definitiva lo que le importa a quien está encarando la producción o el comercio es qué cantidad de tiempo perdió por movilización, no cómo era esa movilización en la medida que se cumpla con la protección y la prevención respecto de la maquinaria y los elementos de la empresa. Esto es importante establecerlo. A pesar de eso ha habido ocupaciones que –si bien no me voy a meter a regular la estrategia del movimiento sindical ni del sector empresarial– se pudieron haber evitado.

***

EC – Para cerrar la entrevista con algunas otras opiniones que están sobre la mesa y ya que usted mencionó la entrevista que hicimos más temprano con el diputado Pablo Abdala, este legislador del Herrerismo señalaba su discrepancia filosófica con la idea de regular las ocupaciones porque para su sector político la ocupación es directamente ilegal en la medida que atenta contra el derecho a la propiedad. Él sostiene que entonces no podría regularse algo que en definitiva es ilegal. ¿Cómo manejan ustedes este argumento?

EB – A algo de eso me refería hoy, porque esa posición existió durante muchos años y muchos de los que pensaban eso podían haberlo llevado al Parlamento para encontrar una legislación acorde. No lo hicieron cuando eran mayoría y lo plantean ahora ante un sector político que no lo considera así, que lo considera de forma distinta. Yo no comparto que sea ilegal, creo que es continuidad del derecho de huelga. La OIT lo establece así, la jurisprudencia internacional en líneas generales admite eso y, ya estamos en una discusión de otro orden, pero desde el punto de vista práctico la sociedad uruguaya, salvo en el período dictatorial, lo admitió, lo encaró de esa forma y se relacionó con el conjunto de los trabajadores a través del sindicato. El que no lo hizo así fue el coronel Bolentini en la época de la dictadura, pero todos los demás ministros de Trabajo del Partido Nacional y del Partido Colorado se relacionaron con los sindicatos y no consideraron ilegal la ocupación desde el punto de vista que importa, de impulsar una legislación que sí lo haga. De hecho la consideraron la continuidad del derecho de huelga. Tenían el decreto que derogó este gobierno y no siempre lo utilizaron, más bien lo utilizaron en la menor cantidad de casos, la Policía cuando el empresario pedía el desalojo consultaba al MTSS si había negociación y, en la medida en que la había, no desalojaba.

Entonces esta discusión es importante y se puede dar en el ámbito profesional, en la Cámara de Diputados, pero nosotros estamos resolviendo temas a partir de lo que fue la experiencia nacional durante muchísimos años.

EC – Por otro lado, desde el movimiento sindical ha habido quienes se han opuesto a la posibilidad de regular las ocupaciones de los lugares de trabajo por entender que se trata de una expresión del derecho de huelga, entonces se estaría regulando el derecho de huelga. ¿Cómo baraja el ministerio ese otro argumento?

EB – Creo que también le he manejado argumentos sobre eso. Yo considero que es la continuación del derecho de huelga, pero si es una continuación del derecho de huelga alguien tiene que establecer la huelga. Y le puse como ejemplo Prosegur, caso en el cual el sindicato resolvió acordar con la empresa y una minoría ocupó sin que hubiera huelga declarada, sin que hubiera legitimidad del proceso. El movimiento sindical dice, y yo comparto, que existen elementos de autorregulación, pero en ese caso la autorregulación llevaba a un conflicto muy importante en el que la responsabilidad estaba en el Estado, entonces hay que establecer elementos que impidan que pasen esas cosas porque lo que puede pasar después es peor. Y yo digo esto desde una posición de compartir que la ocupación es la continuidad del derecho de huelga y de que existe, tiene que existir y ha existido autorregulación, pero hay situaciones que escapan a eso y que pueden provocar problemas demasiado graves.

EC – Procurando contemporizar todo este tipo de opiniones y puntos de vistas es que se va a redactar el proyecto de ley en un ámbito cuatripartito, si entiendo bien, o sea con la participación del Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales, los sindicatos y el Parlamento.

EB – Los sindicatos, los empresarios y el gobierno; sí, entiende exactamente bien. Veremos si podemos acordar, y si no acordamos pero intercambiamos y aportamos elementos que permitan hacer una síntesis mejor que la que hubiera hecho uno trabajando solo, me parece bien hacer el esfuerzo, aunque creo que se puede llegar a un acuerdo.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe