(Emitido a las 7.38)

EMILIANO COTELO:
El gobierno ha resuelto dar un giro en su manejo de la crisis con la República Argentina. Confirmando los anticipos que habían circulado después de la reunión del Consejo de Ministros el lunes pasado, ayer sobre las 8 de la noche se conoció un comunicado de la cancillería de nuestro país.

El comunicado dice: "Ante la situación que se registra en las vías de acceso que unen a la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, en el día de la fecha el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, dispuso plantear en el ámbito del Mercosur una controversia a la República Argentina referida a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos en contravención de la normativa Mercosur y de las disposiciones y los principios del Derecho Internacional aplicables a la materia.

(...)

Asimismo el señor presidente dispuso enviar en misión oficial a Washington a la señora ministra interina de Relaciones Exteriores, profesora Belela Herrera, a fin de mantener una audiencia con el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, con el propósito de expresarle la más alta preocupación del gobierno uruguayo por la omisión por parte del gobierno de la República Argentina en asegurar la plena vigencia de un principio fundamental del Derecho Internacional como lo es de la libre circulación de las personas, consagrado en el sistema interamericano a través del artículo 22 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos".

Estamos en diálogo con el embajador José Luis Cancela, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Embajador Cancela, quería hacerle algunas preguntas para entender bien estos pasos que se están dando, pero antes una pregunta general.  ¿Estamos ante el final de la paciencia?

JOSÉ LUIS CANCELA:
Yo no utilizaría esa expresión, simplemente diría que Uruguay mantiene la disposición que ha tenido hasta ahora, esto es, una apertura al diálogo permanente para encontrar una solución a este diferendo. Simplemente que ya llevamos muchos días con problemas en la circulación en los puentes y esto está causando un perjuicio actual y real al país y ha hecho que el gobierno estimara del caso emprender este tipo de acciones que se ha anunciado en el día de ayer.

EC - ¿Fue decisivo el hecho de que el presidente Néstor Kirchner no respondiera a la carta que la semana pasada le había enviado el doctor Tabaré Vázquez?

JLC – Es un elemento más del contexto. Lo que tenemos es una situación de obstáculos a la libre circulación de personas y de bienes entre los dos países que se viene prolongando desde hace ya bastantes días.

EC – Y ante la cual las autoridades de Argentina se mantienen pasivas.

JLC – Exacto; y habiéndose hecho un reclamo por parte del señor presidente la semana pasada y no habiendo recibido respuesta hasta el momento, se entendió del caso dar un paso más en la vía jurisdiccional, que es la vía de recurso al Protocolo de Olivos, en el marco del Mercosur, y una gestión esencialmente política como es la de la señora ministra interina, Belela Herrera, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

EC – Se emprenden dos caminos paralelos. Uno a nivel del Mercosur, se recurre al Tribunal Permanente del Mercosur pero, según lo que establece el Protocolo de Olivos para Solución de Controversias, antes de llegar a ese extremo, antes de llegar al arbitraje, los estados que estén enfrentados deben iniciar negociaciones directas, hay un plazo de 15 días para que tengan lugar esas negociaciones.

JLC – Es correcto. Efectivamente, a través de la nota que se entregó ayer a las autoridades argentinas Uruguay está demandando el cumplimiento de la obligación de asegurar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, como dice el Tratado de Asunción, obligación que está consagrada por el propio tratado y por diversos instrumentos jurídicos del Mercosur. Efectivamente, el mecanismo de Olivos prevé un plazo de 15 días para negociaciones directas entre las partes, al cabo del cual o hay acuerdo entre las partes o si no Uruguay quedaría habilitado para plantear la controversia; a partir de allí surgen 15 días más para la designación de un árbitro por parte de Uruguay, otros 15 días para la designación de un árbitro por parte de Argentina, luego hay que designar un tercer árbitro, y los tres componen un tribunal arbitral que es quien debe conocer en esto, es decir, recibir la demanda, dar traslado a la otra parte y luego conocer en el asunto.

EC – Un proceso largo, por lo visto, cuando estamos hablando del bloqueo de los puentes con las consecuencias que ya ha tenido hasta este momento.

JLC – Sí, hay plazos procesales que son obligatorios de cumplir y que se han comenzado a recorrer. No obstante debo señalarle también que los propios mecanismos del Mercosur prevén alguna acción de urgencia para el caso de mercaderías perecederas o estacionarias, hay algunos mecanismos de urgencia a los que podría recurrirse eventualmente.

EC – Está bien, pero estoy hablando de una medida que ya lleva 20 días en un caso, un poco menos en el caso del puente Paysandú-Colón, y que lleva acumulado un perjuicio económico notorio. Pero, como usted destacaba, esos son los plazos y los términos que prevé el Mercosur en estas instancias. Se abre en principio una etapa de negociaciones; ¿a cargo de quién deben desarrollarse esas negociaciones?

JLC – Ambos estados deberán designar sus equipos negociadores; supongo que esto se resolverá en los próximos días. Es importante destacar el objeto del planteo uruguayo, el objeto de la controversia: estamos planteando específicamente la necesidad de restaurar la libre circulación de bienes.

EC – No es una negociación sobre las plantas de celulosa.

JLC – Exacto, no estamos ante una negociación de tipo medioambiental, como podría pensarse, sino ante una negociación específica dirigida al cumplimiento de una obligación establecida por el Tratado del Mercosur.

EC – Paralelamente se da el otro paso con el viaje de la ministra interina de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, a Washington. ¿Ya viajó?

JLC – Sí, ya viajó.

EC – Se conoce hoy la carta que se le remite al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, firmada por el doctor Tabaré Vázquez; por ejemplo la está publicando el diario El País. ¿Por qué se recurre a la OEA?

JLC – El gobierno ha evaluado que ante la situación que estamos atravesando es conveniente realizar una gestión ante el máximo representante del organismo regional, al hablar de la OEA estamos hablando de una organización de carácter regional. Entendemos que estamos ante una omisión en cuanto a la plena vigencia del principio de la libre circulación de personas, que es un principio fundamental de Derecho Internacional, lo que en Derecho Internacional se conoce como una norma ius cogen, es decir una norma interactiva que no admite posibilidad de derogación o pactos en contrario por parte de los estados, y norma que a su vez está consagrada en distintos instrumentos de Derechos Humanos, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y a su vez, en el ámbito interamericano, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuya vigencia, por lo tanto, todos los estados tenemos la obligación de asegurar.

Esta circunstancia nos lleva a dirigirnos al máximo representante de la organización regional, el secretario general embajador José Miguel Insulza, a efectos de manifestarle la preocupación de Uruguay por esta situación y porque se restaure la plena vigencia de ese principio.

EC – En la carta el doctor Tabaré Vázquez subraya: "Mi gobierno reafirma su disposición al diálogo, señalando que lamentablemente hasta el presente no ha encontrado respuesta". O sea, se está denunciando las diferencias que Uruguay observa en el comportamiento entre el gobierno argentino y el nuestro.

JLC – Uruguay ha tenido en esto –y tiene, quiero señalarlo– una actitud permanente de buscar el diálogo, de buscar una solución a este asunto a través del diálogo entre las partes.

EC – Agrega después el doctor Vázquez: "Uruguay, en el desarrollo de esta situación crecientemente conflictiva, se viene desempeñando con el más estricto apego a los principios de Derecho Internacional en reafirmación de su conducta tradicional".

JLC – Exacto. Es importante señalar que Uruguay es un estado que ha tenido tradicionalmente una conducta de apego estricto al Derecho Internacional, ha reclamado siempre la plena vigencia del Derecho Internacional, se ha conducido internacionalmente conforme al Derecho Internacional, no es un estado que haya reclamado tradicionalmente ante los foros internacionales, Uruguay no tiene antecedentes de reclamos ante los foros internacionales, es decir que si hace una gestión de este tipo es porque realmente entiende que en este caso es necesario asegurar la plena vigencia de una norma cuya violación lo está perjudicando seriamente hoy.

EC - ¿Qué es lo que puede hacer Insulza en este caso, qué es lo que puede hacer la OEA? ¿Qué es lo que se le está pidiendo que haga? Porque dice: "Solicito tenga a bien interponer sus buenos oficios ante el gobierno de la República Argentina". ¿Es una especie de mediación? ¿De qué estamos hablando?

JLC – Estamos ante un perjuicio real y actual frente a distintas elucubraciones que en definitiva refieren a un supuesto perjuicio eventual que se podría causar. En cambio Uruguay en este momento está sufriendo un perjuicio actual y real, esto motiva la urgencia de la gestión. Allí se habla de "buenos oficios", es una expresión diplomática que refiere a gestiones de acercamiento entre las partes, de "amigable componedor", por llamarlo de alguna manera. El secretario general de la OEA dispondrá aquellas medidas que a su mejor entender crea que pueden contribuir a buscar una solución a esta situación.

No es una mediación, la mediación tiene un concepto técnico específico en el campo del Derecho Internacional, de las relaciones entre los estados, es un instituto reglado como tal. No es este el caso, Uruguay no está pidiendo una mediación, simplemente está poniendo esto en conocimiento del secretario general, quien sabrá cuáles son las mejores acciones a emprender en este caso para buscar un acercamiento entre las partes y la instalación del diálogo.

EC – Ayer cuando comentábamos este tema en la Tertulia alguno de los integrantes de la mesa destacaba el hecho de que al recurrir a la OEA obviamente se está saliendo del ámbito regional más próximo, se está saliendo del Mercosur, se está yendo a un ámbito ya hemisférico, pero con un detalle no menor: se está recurriendo a una organización de la que Estados Unidos forma parte. ¿Ese detalle tiene importancia para la cancillería?

JLC – Uruguay comenzó planteando el tema en el Mercosur, la nota del presidente Vázquez fue dirigida al presidente Kirchner en tanto presidente pro témpore del Mercosur, e incluso la nota por un lado pedía la vigencia de la libre circulación y por otro planteaba que si Argentina lo estimaba conveniente se convocaría al Consejo Mercado Común. Dado que en el ámbito del Mercosur no ha habido acciones, se estimó del caso pasar a nivel regional. En el planteo de estos temas en el ámbito internacional hay –si me permite la expresión– escalones que los estados deben recorrer, en este sentido es que se plantea en general por los distintos instrumentos internacionales que cuando un estado está frente a una situación de este tipo debe recurrir en primera instancia a los mecanismos de tipo regional. Ya estábamos recorriendo uno, que es el Mercosur, y ahora pasamos al otro organismo regional del que Uruguay forma parte, que en este caso es un organismo hemisférico, como usted señala, que es el ámbito de la OEA.

EC – Claro, pero ¿cómo juega ese detalle de que es un organismo que Estados Unidos integra?

JLC – Uruguay ha tenido una posición en la OEA de reafirmación de los principios básicos de Derecho Internacional. Yo no pongo énfasis especial en ese detalle, es la organización hemisférica y obviamente está integrada por todos los países de la región, incluido Estados Unidos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe