(Emitido a las 8.50)

EMILIANO COTELO:
Tres auditorías realizadas en el Banco Hipotecario constataron gastos "absolutamente desproporcionados", realizados en los dos últimos períodos de gobierno.

El vicepresidente de la institución, Elbio Scarone, destacó que solamente en publicidad se gastaron en nueve años unos 30.600.000 dólares, lo que da un promedio de 3.400.000 por año.

(Audio)

"ELBIO SCARONE:
En primer lugar llama la atención la cifra de gastos realizados. En segundo lugar, también la forma de contratar y de disponer de esos gastos, que recaía de forma exclusiva en el Directorio y en algunos representantes del mismo, lo cual le da un altísimo grado de arbitrariedad a este tipo de medidas".

(Fin del audio)

Por su parte, el diputado Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, que promovió la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Representantes sobre posibles irregularidades en entes autónomos en la administración Batlle (*), enfatizó que estas auditorías no tienen como finalidad buscar culpables ni llevar los casos a la Justicia, sino conocer cómo se utilizan los dineros públicos.

(Audio)

"CARLOS MAHÍA:
Acá puede haber elementos vinculados a la Justicia y que tengan su sanción y también, indudablemente, habrá una sanción política si esto se confirma por parte de la opinión pública nacional, cosa que no es menor. Pero realmente lo que preocupa es que en tiempos de austeridad, en que se les pedía a los uruguayos que se ‘ajustaran los cinturones’, entes monopólicos que no tenían ningún tipo de competencia por la vía de los hechos, terminaron gastando el dinero en publicidad de forma discrecional en algunos casos"

(Fin del audio)

Se auditaron tres grandes áreas

Las investigaciones se centraron en el período 1995-2004, abarcaron no sólo al BHU sino también a algunos organismos dependientes de él, e indagaron el manejo de publicidad y otros aspectos de la gestión.

Por ejemplo, una de las se centraba en lo actuado por Desarrollos Urbanísticos Fénix (Saduf), una sociedad anónima propiedad del banco encargada de algunas obras del Plan Fénix.

Se detectó que se gastaron mas de 20.000.000 de dólares debido al incumplimiento de algunos de esos proyectos.

Otra de las auditorías cuestiona los gastos de refacción de la fachada del edificio que el BHU compartía con Antel y que ahora comparte con DGI. Según se constató, la institución gastó en esos arreglos 6.000.000 de dólares en los últimos cinco años.
Publicidad

Pero el capítulo que más ha dado que hablar en estos días es la auditoría sobre los gastos de publicidad: 30.600.000 dólares en un período de nueve años que incluye en particular a 2002, 2003 y 2004, o sea que abarca incluso los años de la crisis financiera, que implicó el hundimiento del BHU y el comienzo de su drástica reducción.

La investigación concluye que hubo un uso "poco responsable de los fondos públicos administrados por el Directorio" y subraya que la publicidad era manejada directamente por los directores sin un asesoramiento profesional externo, salvo entre 1997 y 1999.

Pago adelantado

Un ejemplo del manejo discrecional del Directorio fueron las negociaciones de tarifas llevadas adelante por el ex presidente Salomón Noachas.

En el informe se indica que por la resolución del Directorio de 18 de agosto de 1999 se autorizó a Noachas a "realizar tratativas con los medios de comunicación a los efectos de negociar el pago por adelantado del rubro presupuestal de publicidad en futuras contrataciones de propaganda a cambio de obtener descuentos especiales respecto de las tarifas vigentes".

No obstante, al revisar las órdenes de compra de publicidad "no surge" que en la totalidad de esas tratativas "se hubieran obtenido descuentos, puesto que ello no consta en las facturas respectivas".

Según informó el semanario Brecha, el 26 de enero de 2000 el directorio autorizó a Noachas a "realizar las tratativas directamente con los canales 4, 10 y 12 hasta un monto de 1.575.000 dólares más IVA". El jerarca adelantó al contado 525.000 dólares más IVA a cada canal privado, para supuestamente usar los espacios publicitarios hasta 2003. Pero un año después, el 20 de diciembre de 2001, Noachas volvió a contratar publicidad "para ser usada durante el ejercicio 2002" y así pagó una suma total de 779.000 dólares. Le extendió un pago de 200.000 dólares a cada canal privado y le asignó al canal estatal 179.000 dólares.
Los rubros "personales" de los directores

Pero además de los cuestionamientos al manejo global de la publicidad, un capítulo aparte es  el dinero que los directores podían resolver de manera individual. Entre 1997 y 2001 los jerarcas de la época se autoasignaron una parte del presupuesto publicitario para disponer de él, asignando personalmente publicidad o colaboraciones en forma discrecional.

En esos cinco años, en total los directores gastaron discrecionalmente, en colaboraciones y publicidad, 2.767.500 dólares: 553.500 cada uno.

Según explicó a En Perspectiva el presidente del Banco Hipotecario, Miguel Piperno, la cifra disponible para cada director fue aumentando año a año. Desde el final del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti hasta el comienzo de la administración de Jorge Batlle, los montos fueron: 44.000 dólares en 1997, al año siguiente 89.000, en 1999 125.000 dólares y luego 148.000 dólares, tanto en 2000 como en 2001.
Responsabilidades

La responsabilidad por estos hechos recae sobre las presidencias de   Salomón Noachas, que estuvo al frente del BHU entre 1995 y 2001, y de Ariel Lausarot, quien encabezó el directorio entre 2001 y 2003.

Otros de los integrantes del Directorio del BHU durante el período investigado fueron: los colorados Gerardo Saxlund, Carlos Soria, César Ausqui (todos del Foro Batllista), Jorge Conde y Norberto Sanguinetti (Lista 15); y los blancos Néstor Moreira Graña, Raúl Giuria, Jorge Sacchi y Fernando Caride.

Se excluye de los cuestionamientos al Directorio presidido por Graciela Pérez Montero, que se desempeño en el final del gobierno del presidente Jorge Batlle, entre 2003 y 2005.

¿Y qué dicen los ex jerarcas?

En Perspectiva consultó a Ariel Lausarot, quien dijo desconocer el contenido del informe.

Sin embargo, subrayó que "ningún directorio del BHU actúa por fuera de lo autorizado para gastar" y que lo hace en función de la normativa vigente. Lausarot se escudó afirmando que su directorio actuó siempre en acuerdo con los presupuestos aprobados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se ajustan año a año.

"Estoy bien tranquilo porque siempre ejecutamos las partidas contenidas dentro de los presupuestos aprobados", expresó Lausarot. Y añadió que además existió un seguimiento permanente de las actuaciones del directorio por parte del Poder Ejecutivo. "Es una especie de auditoría, no hubo una actuación libre de todo tipo de controles", recalcó en los breves comentarios que aceptó realizar.

Por su parte, el ex jerarca Salomón Noachas declinó hacer comentarios y no se ha manifestado públicamente desde que se dieron a conocer los primeros resultados de las auditorías.

Vamos a profundizar en esta información con el escribano Walter Morodo, integrante del Directorio del BHU.

***

Escribano Morodo, ¿desde su punto de vista qué es lo más preocupante de estas auditorías que el BHU está considerando en estos días?

WALTER MORODO:
Varias cosas. En primer lugar, como usted lo ha dicho, naturalmente son fondos públicos, son fondos de todos. En la medida que son fondos importantes, son sumas que impactan y que buena parte de ellas, alrededor de 27.000.000 dólares, estaba presupuestada, quiere decir que se gastó mal, regular o bien dentro del presupuesto. La mayor parte no se gastó siguiendo los procedimientos establecidos en las normas, quiere decir que hubo un gasto importante que en muchos casos no respetó las normas que el Estado establece para los organismos públicos.

EC – Vamos por partes porque, como decía el ex presidente Ariel Lausarot en estas declaraciones breves que formuló a la producción de En Perspectiva y que yo citaba recién, "ningún Directorio del BHU actúa por fuera de lo autorizado para gastar", y enfatizaba que "siempre se tomaron estas decisiones en función de los presupuestos aprobados por la OPP, que se ajustan año a año". Algo de eso usted reconocía recién.

WM – Algo de eso sí, pero estamos hablando de que si tomamos un gasto global en el período auditado de 30.600.000 dólares, después vamos a ver al rubro presupuestal –y ese es uno de los aspectos que encaró la auditoría– y vemos que lo autorizado para gastar en ese mismo período, era algo más de 27.000.000 dólares. Quiere decir que en algunos años hubo un exceso bastante importante, un 26,50 por ciento de diferencia en todo el período entre lo presupuestado, es decir lo autorizado a gastar, y lo efectivamente gastado. Ahí ya vemos un apartamiento de la normativa. Se me dirá que no es grave porque seguramente el 100 por ciento de los organismos públicos gasta menos o más de lo autorizado y es cierto, pero es una suma que llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta la globalidad. Y teniendo en cuenta lo que le decía antes: la falta de apego a las normativas en el gasto de buena parte de ese dinero.

EC - ¿A qué está aludiendo en este punto?

WM – Por ejemplo, se hicieron gastos directos, compras directas. Acá estoy poniendo el ejemplo que usted puso hace un minuto en el programa, la contratación con canales privados de televisión por un monto importantísimo, monto que hubiera ameritado un llamado a precios. En otros casos se contrató con organismos de prensa escrita y oral sin hacer un llamado a precios, para una campaña institucional del banco no se hizo un llamado a precios como debería haberse hecho, ahí hay un desapego o apartamiento de las normas.

EC – Estábamos hablando de unas negociaciones que se desarrollaron con la idea de que al pagar contado, al pagar por adelantado, se obtuvieran descuentos en las tarifas. ¿Efectivamente no está claro que esos descuentos hayan existido?

WM – Como usted lo ha dicho, no está claro que esos descuentos por pago contado hayan existido.

EC – No está claro.

WM – Quiero agregar otra cosa. En el comentario que se ha hecho en la mañana de hoy sobre este tema e incluso en alguna declaración que se ha reproducido de ex directores la responsabilidad –no estoy diciendo que haya que responsabilizar a alguien, eso se determinará más adelante en diversos ámbitos, jurídicos, políticos, morales, etcétera– no sólo abarcaba a los presidentes de los directorios: todas las decisiones en esta materia, casi sin exclusión, eran tomadas con conocimiento y aprobación de todos los directores.

EC - ¿Por qué hace esa puntualización?

WM – Esto es importante a la hora de que eventualmente se determinen algunas responsabilidades. No es lo mismo que yo presidente de un directorio tome la decisión por mí y me haga responsable por mí que la tome en conocimiento y con la aprobación del resto de los directores. La eventual responsabilidad, para bien, para regular o para mal, es compartida.

EC – Se menciona en las auditorías que otro de los detalles que llaman la atención es el rubro publicidad que los directores podían manejar de manera personal. Esto se destaca en el caso del BHU, pero todo indica que es algo que ha existido en la administración, en los entes autónomos, no sólo en el BHU, que ha existido en otros organismos. ¿Por qué ponen el foco en ese punto también?

WM – Allí sí estamos hablando de un apartamiento absoluto y total de todas las normas y de un uso discrecional que se hacía de los fondos. Por ejemplo, esos algo más de 50.000 dólares promedio que da esa suma –que se encontró por casualidad en la auditoría, porque aparentemente no hay órdenes escritas, no hay resoluciones escritas, todas las órdenes y autorizaciones se daban en forma verbal– fueron otorgados por acuerdo verbal, eso no está escrito.

EC – 50.000 dólares promedio por año y por director.

WM – Estamos hablando de una suma de unos 550.000 dólares en todo el período. No existe en el Estado –más allá de que sea práctica común en otros entes– norma alguna que permita esto. Por sobre todas las cosas eso no le permite al Estado mismo hacer el control de lo que se gasta. Honestamente, más allá de que exista en otros ámbitos y sea moneda corriente, es una cuestión inaudita, que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista. Sobre todo cuando dentro del rubro publicidad, por ejemplo, se vieron en la auditoría rubros tales como donaciones o colaboraciones, que podrán ser muy loables pero están totalmente fuera de la finalidad, que es la publicidad, y en algunos casos de la tarea del BHU, su competencia.

EC – En este manejo de la publicidad que podían realizar personalmente los directores, ¿las auditorías constatan que haya existido algún tipo de favoritismo, de amiguismo, de beneficio personal incluso? Se lo pregunto porque también sobre esto ha habido trascendidos y como todavía no he podido acceder a las auditorías quiero saber si usted, que sí las leyó, tiene esos datos.

WM – En realidad la auditoría hizo un estudio técnico, específicamente técnico, no saca conclusiones. De cualquier manera, tras la lectura detallada del informe uno presume que sin duda alguna estos hechos son una manifestación de amiguismo, de clientelismo en algunos casos, obviamente se nota. Además, si uno analiza los medios de prensa por departamento, hay una altísima coincidencia entre el volumen importante de medios de prensa favorecidos y el lugar del cual eran oriundos algunos directores del banco. Hay departamentos que prácticamente no existen o existen muy poco para la publicidad, y casualmente de allí no era nativo ningún director. Son presunciones, indicios, pero si uno los vincula podría eventualmente llegar a la presunción de que hubo esas irregularidades.

EC - ¿Qué va a pasar con los informes que elaboraron las auditorías? Acá nos estamos concentrando en uno de ellos, el relativo al manejo de la publicidad oficial, pero ya mencionamos que se realizaron otras dos auditorías, una sobre Saduf SA, Desarrollos Urbanísticos Fénix, y otra a propósito de los gastos de refacción de la fachada del edificio. ¿Qué destino van a tener esos informes?

WM – Como ha ocurrido con cada una de las auditorías, tenemos que llegar a una conclusión sobre qué destino darles. Y naturalmente, antes de tomar una conclusión nos asesoramos desde el punto de vista jurídico. En este caso –y esta no es una cuestión totalmente acabada ni definitiva, estamos hablando de una resolución tomada la semana pasada que puede revisarse–, de acuerdo a los informes y los asesoramientos, no habría elementos relevantes desde el punto de vista jurídico como para articular una denuncia penal.

Yo sé que esto va a ser poco comprendido y tal vez poco compartido por la audiencia, pero hay que distinguir los elementos jurídicamente relevantes para realizar una denuncia de los otros elementos, que son políticos, morales, éticos, todo lo que se quiera cuestionar, porque todo es discutible.

EC – En la página editorial del diario El País este sábado hubo un comentario muy severo a propósito de la forma como ustedes están resolviendo manejar las conclusiones de las auditorías. Dice la nota titulada "Auditorías": "Desde el Directorio del BHU se ha salido a invocar varias auditorías que se habrían ordenado y que, según también dicen, terminadas ya, se van a dar a conocer. Pese a tan grandes irregularidades que al principio, sin haber un comino, iban a ser pasadas a la justicia, hoy en día y sin haber dado a publicidad ninguna de las tan sonadas auditorías, ya se anuncia que no se irá a la justicia pues está claro que no hubo delito. Así es que dar cuenta de estas auditorías es sólo una gruesa cortina de humo para tapar el otro humo que lanza la quemazón de 1.500.000 dólares depositados en Cofac a nombre del BHU, aunque no se sabe quién lo ordenó". ¿Qué responde usted?

WM – Ese es un comentario político de El País, está en la parte editorial, y todos conocemos el sesgo político que ha tenido ese diario en tiempos de democracia, en tiempos de dictadura, nos remitimos a la historia. Nosotros nunca dijimos con anterioridad a las auditorías que íbamos a pasar todo a la justicia, porque si no, ¿para qué hicimos las auditorías? Lisa y llanamente nos hubiéramos ahorrado ocho o nueve meses y hubiéramos denunciado todo a la justicia. Nunca lo dijimos, dijimos que nos íbamos a atener. Y cuando decimos que hay irregularidades graves, algunas pueden tener o no relevancia desde el punto de vista jurídico penal, otras pueden ser condenables desde el punto de vista moral, ético, entonces lo que hace El País es confundir. Primero se confunde a sí mismo y luego logra –lo que tal vez sea su finalidad– confundir a los lectores.

No tiene nada que ver con el otro tema que está investigándose en este momento, que es el depósito en Cofac de 1.500.000 dólares. Es algo que se venía haciendo, fue una práctica durante meses, pero se está investigando por qué en los últimos días se depositó allí. No podemos adelantar juicios.

EC – Pero más allá del alegato que hace esa nota editorial de El País, de todos modos lo que parece desprenderse de los hechos de los últimos días es que el BHU es una cantera inagotable de problemas, ¿no?

WM – Sí.

EC – Y que incluso bajo este Directorio ocurren cosas extrañas, como esto de haber realizado un depósito de 1.500.000 dólares en Cofac 48 horas antes de que la cooperativa fuese suspendida.

WM – Esa práctica se venía realizando desde antes de que asumiera este Directorio. De la investigación administrativa y de los elementos que hemos pedido, más allá de que no hay conclusiones, se desprende que hay antecedentes, que es algo que se venía haciendo desde un tiempo bastante prolongado hacia atrás, es decir, no es una práctica que instauró este Directorio.

Pero tiene razón usted cuando dice que diariamente nos damos cuenta y descubrimos cosas; sin duda alguna, todos los días uno descubre una irregularidad, eso es así. Claro, también puede decirse que nosotros no estamos sólo para investigar, fuimos puestos acá para realizar cosas, pero si en el realizar esas cosas descubrimos otras, no tenemos más remedio, tenemos incluso una obligación jurídica, de investigar.

EC – Pero volviendo a donde estábamos, con respecto a la posibilidad de pasar los resultados de las auditorías a la justicia penal, ¿qué dice usted?

WM – Hoy, al día de hoy –no es un juicio definitivo porque si surgen elementos nuevos uno puede modificar las decisiones primariamente tomadas– no hay elementos relevantes desde el punto de vista jurídico. De todos modos, al hacerse esto público existe la posibilidad de que o bien la justicia o bien el Ministerio Público tomen de oficio los temas.

EC - ¿Y cuándo se van a difundir los informes de las auditorías? Porque tampoco se han dado a conocer todavía.

WM – En los últimos días de esta semana, a partir del miércoles.

EC – Y con respecto a los descargos que puedan hacer los directores anteriores involucrados en las aparentes irregularidades o los manejos irresponsables de fondos, etcétera, ¿cuáles han sido los canales? ¿Qué posibilidades existen?

WM – Todas las que el derecho establece. Por parte del Directorio, una vez que culminan está finalizado el proceso administrativo pero hay otros ámbitos, incluso el jurídico, el derecho de réplica, hay una cantidad de posibilidades para las personas que fueron involucradas si se sienten lesionadas. Pero a nivel administrativo del banco estarían terminadas.

EC – En cuanto a la comisión investigadora de la Cámara de Representantes, ¿qué papel va a jugar en estas auditorías del BHU en particular?

WM – Conocemos su creación a fines del año pasado y seguramente –esto es una presunción mía– nos soliciten los antecedentes de las auditorías, de las cuales le adelanto que resta culminar una.

EC - ¿Cuál es la que está incompleta aún?

WM – La que tiene que ver con las actividades que hizo con el banco durante bastante tiempo el grupo Barboni, un grupo económico dedicado a emprendimientos de construcción cuyo titular es una persona de apellido Barboni que tiene obras a nombre de él y a nombre de sociedades anónimas de las cuales es titular.

(*) La Comisión Investigadora sobre "Legalidad, oportunidad y conveniencia de gastos realizados por determinados entes autónomos y servicios descentralizados entre el 1º de marzo de 2000 y el 1º de marzo de 2005", fue creada el 6 de diciembre de 2005 a instancias del diputado José Carlos Mahía (AU-FA). Su cometido es indagar posibles irregularidades en el BHU, BSE, Antel, UTE, Ancap, OSE y Correo, durante la administración anterior. Si bien quedó instalada en diciembre pasado, la comisión recién tiene previsto iniciar su trabajo en los primeros días de marzo.

------------------------
Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe