(Emitido a las 7.37)

EMILIANO COTELO:
El gobierno anunció que dejará sin efecto los permisos de la empresa Cerro Freeport S.A. para construir y operar un puerto libre en la zona de Puntas de Sayago, en el Cerro.

La concesión a Cerro Freeport fue otorgada durante la administración de Jorge Batlle, en el año 2002, con el objetivo de que la firma, perteneciente al Grupo de la Unificación, al Grupo Moon, operara como puerto alternativo, de modo que el exportador optara por la salida más conveniente.

En conferencia de prensa ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, manifestó que la decisión responde a un lineamiento del gobierno respecto de los privados que invierten en el país o hacen usufructo de concesiones.

El contrato de Cerro Freeport establecía obligaciones que la empresa debía cumplir en determinadas fechas, y una de ellas era nada menos que la fecha límite para dar comienzo a la operación, que caducaba el 22 de marzo de este año.

Además, el pliego indicaba la obligación de la empresa de presentar la documentación correspondiente a las obras 90 días antes de iniciar los trabajos, cosa que nunca sucedió.
 
Rossi agregó que Cerro Freeport no proporcionó los informes topográficos ni medioambientales que se le exigían.

¿Y qué dice la empresa a todo esto?

A través de un comunicado, Cerro Freeport manifestó su sorpresa por la decisión del gobierno sobre la revocación de la autorización para construir y operar el puerto.

La empresa que lleva adelante la comunicación institucional de Cerro Freeport indicó que los directivos no efectuarán declaraciones, ya que se encuentran en el exterior, y se agregó que los voceros de la empresa recién se dirigirán al público una vez que la situación sea evaluada por los asesores legales.

Lo que hay es simplemente un comunicado en el que la firma aclara que "las diferencias con las actuales autoridades por la construcción del Puerto de Puntas de Sayago se encuentran desde hace meses radicadas ante la Justicia Civil".

Estamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

***

Ministro Rossi, de las inversiones privadas que están en curso, la de Cerro Freeport era una de las más importantes, ellos han señalado que eran la tercera en envergadura, detrás de las dos plantas de celulosa, porque habían previsto invertir 150.000.000 de dólares en las obras y 50.000.000 de dólares en equipos. El año pasado en las obras de construcción estaban empleando a 200 personas. No le venía nada mal al Uruguay, ¿qué fue lo que ocurrió?

VÍCTOR ROSSI:
No, no, a Uruguay no le viene mal la actividad económica, no le viene mal la generación de trabajo y no le vienen mal las inversiones en construcción. Sin embargo Uruguay tiene que procurar ser consecuente con algunas definiciones que el Poder Ejecutivo ha hecho públicas desde su primer día.

EC - Sí, usted ayer habló de eso, de lineamientos del gobierno respecto de los privados que invierten en el país o hacen usufructo de concesiones. ¿Cuáles son esos lineamientos?

VR - Usted habrá escuchado reiteradamente de mí y de otros ministros el interés que tenemos en promover, facilitar y hay múltiples ejemplos de inversiones privadas, con participación de privados. Pero es necesario que los contratos que se firman con estos inversores privados, con estos interesados en invertir en el país, se respeten escrupulosamente tanto por parte del gobierno como por parte de los privados. En este caso, si bien como usted dice los anuncios desde hace años han sido siempre muy auspiciosos, los hechos no los han confirmado, desde hace ya algunos meses los hechos nos han venido demostrando que más que avanzar en resolver los obstáculos, los problemas para permitir el desarrollo de cualquier inversión, se estaba procurando acumular situaciones favorables que culminaron en lo que culminaron.

EC - ¿Usted dice que la empresa estaba procurando acumular condiciones favorables?

VR - Sí, permanentemente recibíamos comunicaciones de la empresa estableciendo que el ministerio no cumplía o que demoraba, cuando la realidad era que no teníamos los elementos porque la propia empresa no los aportaba. Usted recién comentó que hace meses que este tema está en la Justicia. Nosotros recibimos la demanda con fecha 10 de febrero de 2006 y es la culminación de un conjunto de elementos que se han ido acumulando en el tiempo, algunos de los cuales describíamos ayer en la conferencia de prensa, que claramente establecen que la empresa no está en condiciones de comenzar la obra, que tenía un plazo de 22 de marzo de 2006. Y no estaba en condiciones porque no había cumplido con sus obligaciones.

EC - Ese juicio era porque el grupo acusaba al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de demorar la cesión de algunos predios necesarios para terminar los accesos a esta terminal marítima.

VR - Sí, ese es uno de los argumentos que se esgrimen. Ya le digo, recibimos la demanda con fecha 10 de febrero de 2006 por 133.000.000 de dólares, de los cuales 109.000.000 corresponden a reclamos por lucro cesante, lucro cesante de una obra que no se ha iniciado, que no se ha puesto en funcionamiento. Es toda una definición de cuál es la actitud del grupo respecto del gobierno. Pero además resulta que esos terrenos que no se pueden expropiar porque al día de hoy, y después de varias observaciones por parte de los servicios correspondientes del MTOP, la empresa no ha volcado en forma los elementos que permitan ubicar exactamente los predios a expropiar. Es muy claro y está perfectamente documentado que esa responsabilidad no es justamente del MTOP.

EC - Y hay otro litigio paralelo, la Intendencia contra la empresa, por algunos edificios antiguos que se destruyeron durante las obras.

VR - Esa es una situación que hace meses está planteada. Entre las autorizaciones que la empresa debía lograr estaba la de la Intendencia Municipal de Montevideo para llevar adelante las obras de demolición y construcción, como cualquier empresario, como cualquier ciudadano que construya en la ciudad y no precisamente una obra pequeña sino que, según los proyectos, eran obras de importancia. Ese juicio se desarrolla por vía absolutamente separada y en principio no tiene relación con esta demanda que se nos inicia ni con la posición que el MTOP ha venido siguiendo en función de su cuota parte de responsabilidad.

EC - Usted decía que en definitiva se percibe que no hay voluntad de seguir adelante con el proyecto. ¿A qué atribuye esto?

VR - No, yo no voy a entrar en ese tipo de especulación.

EC - Porque desde hace semanas circulan información y versiones a propósito de problemas financieros en el grupo Moon.

VR - El grupo Moon atravesó en el país la crisis del sistema financiero de 2002, pero si esos rumores tienen o no que ver con la realidad de los hechos es un tema al cual no puedo ni debo referirme. Sí establezco que cuando nosotros llegamos al MTOP, dado que este asunto no era nuevo, tuvimos la necesidad de saber exactamente cómo estaba planteado el problema. Entonces designamos algunos profesionales que hicieran un relevamiento en distintos organismos del Estado para reunir toda la información acerca de cómo estaban las cosas para tener una visión general de este trámite, que por otra parte se desarrollaba con cierta autonomía en distintos ámbitos del Estado.

Esa información general fue poniendo de manifiesto que por un lado había incumplimientos y por otro que curiosamente se había manejado el tema de la prórroga, porque esta fecha de 22 de marzo de 2006 era originalmente de 22 de marzo de 2005, pero antes de que llegara el nuevo gobierno había sido prorrogada un año a partir de unas solicitudes que promovió el grupo en función de que necesitaba más plazo para decidir cuál sería la empresa que se haría cargo de las obras. Pero pocos días después de haber logrado la prórroga el grupo dejó sin efecto, por considerarlas no convenientes, las propuestas de las empresas, declaró desierto el llamado a licitación y nunca más llamó a interesados para la realización de las obras.

Por lo tanto comprenderá que es muy difícil que a esta altura, cuando quedan muy pocos días para llegar al 22 de marzo, puedan iniciarse las obras cuando ni siquiera hay designada una empresa. Además hay otros incumplimientos, ellos debían comunicarle a la empresa constructora 90 días antes, debían cumplir con otros trámites con los que tampoco cumplieron 45 días antes, preguntada la Dirección General del Ministerio de Vivienda sobre los trámites de las gestiones ambientales, tampoco se habían cumplido, y curiosamente el 10 de febrero recibimos una demanda con esta característica, la parte más importante se refiere a un lucro cesante que se generará algún día si las obras se concretan, algún día.

EC - Entonces lo que se resuelve es poner en marcha la revocación de la concesión, no está revocada ya. ¿Cómo son los plazos? ¿Qué es lo que se va a hacer?

VR - Lo que hacemos es cumplir con lo que establece la ley. Hay determinadas autorizaciones vigentes, el MTOP anuncia su voluntad de promover la caducidad, la anulación de esa resolución y a partir de eso hacemos esta comunicación a la empresa, que fue notificada en el día de ayer y según la ley tiene 10 días para tomar vista; está previsto por una resolución interna del Tribunal de Cuentas que ese organismo tenga 30 días para expedirse y ya en el día de hoy vamos a estar haciéndole llegar los antecedentes. Mientras tanto veremos el desarrollo de los hechos y nuestra voluntad es promover la resolución de anulación, de caducidad, que tiene que firmar el presidente de la República.

EC - ¿Por qué en la conferencia de prensa de ayer usted estaba acompañado por los diputados Juan Domínguez, Pablo Álvarez y Luis Rosadilla, del MPP, y Lilián Kechichián, de Alianza Progresista?

VR - Porque antes de tomar una resolución de este tipo comunicamos a las secretarías de la Comisión de Tránsito y Transporte de Diputados y a la Comisión de Obras y Transporte del Senado porque consideramos que corresponde –ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad cuando los temas han sido de esta entidad– poner a disposición del Parlamento la información. Es más, hemos remitido ya el texto de la resolución a las comisiones parlamentarias con las que tenemos contacto.

EC - Quería saber si había habido algún mensaje político con esa presentación.

VR - Eso lo tienen que contestar los diputados que entendieron que tenían que estar presentes. Nosotros cumplimos con la comunicación a las comisiones respectivas del Parlamento y supongo que muchos diputados se deben haber enterado, aunque es una fecha muy particular.

------------------------
Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe