(Emitido a las 9.18)

EMILIANO COTELO:
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) dio a conocer ayer el informe de sus actuaciones en el segundo semestre de 2005. Un trabajo que abarca por un lado parte de la administración anterior, pero que también incluye los primeros meses del gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez.

Fallas contables, desprolijidades varias a la hora de registrar los inventarios, pagos de viáticos sin justificar que pueden significar un delito de fraude, manejo irregular de horas extra y contratación de personal sin seguir los pasos formales son algunas de las conclusiones a las que arribó este organismo en los trabajos que desarrolló en distintas dependencias del Estado.

¿Cómo se resume el contenido de estas conclusiones? ¿Qué consecuencias pueden tener? Vamos a conversarlo con la economista Laura Remersaro, directora de la AIN.

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Economista Remersaro, ¿con qué sensación queda después de esta primera experiencia?

LAURA REMERSARO:
La sensación es que hay mucho para trabajar que, como lo expresó el presidente en su primer acto de gobierno el 4 de marzo, hay mucha educación, mucha capacitación para trasmitir y la AIN está trabajando junto con los ministerios y las contadurías y tesorerías de los incisos para mejorar el control interno y para que los procedimientos definidos en el Tocaf, o sea en las normas legales vigentes, sean cumplidos en todos sus extremos.

EC - ¿Cuál fue exactamente el período que abarcó este estudio?

LR - No hubo un corte único para el conjunto de los ministerios, sino que los equipos, a partir de la sensación que se tuvo en mayo tras el relevamiento de la situación en cada ministerio, llevaron adelante análisis y meses de trabajo distintos.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, el 80 por ciento del presupuesto es rendido por los consulados y las embajadas, allí se analizó el quinquenio entero y se vieron retrasos fundamentales, impresionantes en la rendición de cuentas de esos datos, como lo expresa el informe, y las actuales autoridades están trabajando para que la contaduría de Relaciones Exteriores pueda ponerse al día.

EC - ¿Esa situación viene del gobierno anterior?

LR - Exacto, es una situación que viene del gobierno anterior. Como lo expresa el informe, todo el quinquenio anterior, trimestre más, trimestre menos, está sin controlar, tiene atrasos de todo el quinquenio para el control. Eso es del período anterior.

EC - ¿Y se continuó con esa falencia en esta administración?

LR - La auditoría que estamos publicando comienza en abril y termina en julio o agosto, pero en su momento fue informado, cuando se instaló el equipo de auditoría, que esa situación ya estaba instalada, fue heredada por el actual gobierno y las autoridades de Relaciones Exteriores están instrumentando los mecanismos para que la contaduría se pueda a poner al día, tanto por los recursos humanos como por los recursos materiales afectados al área. 

EC - Usted manejaba recién el ejemplo de la Cancillería. ¿Por qué elegía ese?

LR - Porque ahí hicimos un período que abarcó el quinquenio anterior, dadas las dificultades para hacer el contralor de las rendiciones de cuentas de consulados y embajadas. En otros organismos hicimos el período actual, por ejemplo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), donde hicimos la concesión de Ruta 8, se analizó si esa concesión había sido bien otorgada y básicamente si el contrato había sido cumplido. Los períodos de análisis variaron en función de cada ministerio y de los cometidos que cada ministerio tiene.

EC - ¿Cuáles son las advertencias en el caso del MTOP?

LR - En lo que hace a la concesión de la Ruta 8 la advertencia es que las modificaciones no fueron introducidas para la mejor defensa de los intereses del Estado sino que, por el contrario, según lo que surge de la documentación de respaldo, las mismas atentaron contra los mejores intereses del Estado.

EC - ¿Cuándo fue que se produjo esa modificación?

LR - Las modificaciones fueron en el proceso de la firma, habría que leer estrictamente todo el informe.

EC - Pero mi pregunta es si esas modificaciones corresponden a este período de gobierno o al anterior.

LR - No, no, siempre al período anterior. Las auditorías se realizan sobre hechos ya transcurridos, no es una voluntad de la AIN decir "miro para atrás", pero es imposible revisar hechos que no sucedieron, la auditoría conceptualmente siempre es una revisión de hechos sucedidos y por lo general se va un año, dos años hacia atrás para revisarlos. Como la AIN enfoca su trabajo en cuál es el control interno que los distintos ministerios están llevando adelante para evitar fraudes, desvíos, irregularidades y debilidades, estamos siempre en esos procedimientos que hacen a la contaduría, la tesorería, la jurídica de los ministerios, en cómo llevan adelante su cometido defendiendo los intereses, la transparencia y la claridad en el Estado.

EC - Se lo pregunto porque a propósito de estas auditorías existió en determinadas épocas del año anterior una expectativa importante sobre qué grado de irregularidades se podía encontrar en cuanto al resultado de la administración anterior. ¿Cuál es el balance en ese sentido?

LR - El balance es que hay serias debilidades, que no existen procedimientos de control interno definidos para el conjunto de la Administración Central y que hay que trabajar en eso, tanto desde la AIN sugiriendo los mejores controles como desde las autoridades de cada ministerio dando el ejemplo de transparencia. Instrumentando los sistemas de control interno necesarios para esa transparencia. Parece de Perogrullo, pero es fundamental que un buen control interno exista para evitar los riesgos de fraude y de desvío o mala utilización de fondos.

EC - Usted habla de "debilidades", debilidades de organización.

LR - Exacto, debilidades. Por ejemplo, como está puesto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde los fondos que están depositados en las cajas, en las tesorerías, no están debidamente arqueados, no está debidamente inventariado a quién pertenecen, por qué están en custodia y por qué están ahí. Esos fondos pueden en algún momento mezclarse en una caja general y de ese modo puede perderse el destinatario original. El MTSS custodia fondos que a partir de un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores se dan en custodia para que el trabajador vaya y cobre. Si este dinero no está debidamente inventariado y no está determinado quién tiene que ir a cobrarlo puede suceder que en el correr de los meses se mezcle con el conjunto de la caja y no se sepa a quién pertenece, si al Estado o al MTSS o si son fondos de terceros en garantía.

EC - ¿Otros ejemplos?

LR - En el Ministerio del Interior se han encontrado diversas debilidades de procedimiento, de compras y de custodia de los activos en la Dirección Nacional de Información y en la Dirección Nacional de Bomberos. Son debilidades de distinto grado.

EC - "Debilidades", usted insiste en ese término. Mi pregunta es si se encontraron efectivamente defraudaciones, actos que puedan ser tildados de corrupción, porque sobre eso existió mucho comentario previo.

LR - Lo que hay en algunos informes, como se puede ver, tanto en la Ursec como en la Comisión Nacional de Hidatidosis, son sugerencias de investigaciones administrativas dada la gravedad de las debilidades encontradas. La AIN no oficia de Justicia sino que detecta debilidades y les avisar a las autoridades de cada ministerio que tienen que implementar mejoras o iniciar investigaciones administrativas para determinar si esas debilidades se han convertido en algo más grave. Son sugerencias dentro de lo que hace la AIN, su papel es asesorar, apoyar al gobierno de cada ministerio para su mejor gestión.

EC - No es la Auditoría quien va a llevar adelante la investigación correspondiente de una determinada irregularidad.

LR - No, puede asesorar o apoyar. En el caso de la Ursec sugerimos una investigación administrativa y la Ursec nos consulta cuáles nos parecen las mejores funciones del interventor de la contaduría o de los pasos a seguir, y nosotros lo efectuamos en una tarea de asesoramiento o de consultoría. Pero la primera tarea, la tarea original de la AIN es encabezar el sistema del control interno del Estado. En ese sentido hay patrones generales de aplicación, los métodos técnicos, mediante los cuales se determina cuáles son los mejores ambientes, las mejores actividades de control para monitorear y supervisar ese sistema. Esa es la función básica y es a lo que está apuntando la AIN a través de su capacitación y de la educación del conjunto de los ministerios para entrar en ese camino. La idea ya no es encontrar debilidades sino ponernos como Estado en una situación de mejora de gestión.

EC - Justamente, supongo que usted conoce la experiencia de organismos similares de otros países...

LR - Sí.

EC - Mi pregunta es: ¿es común en otros países que año a año los informes de la auditoría interna de la nación, o como se llame el organismo del caso, planteen toda esta larga serie de observaciones, advertencias y al mismo tiempo indicaciones de correctivos?

LR - Sí, es muy común. Yo estuve recién por un curso de auditoría interna en Buenos Aires, estuve en consulta con los colegas de la Sindicatura General de la Nación Argentina y son constantes los problemas que tenemos nosotros acá, de implementación, de trasmisión, de escasos recursos humanos profesionales, también los tiene el Estado argentino, y el debate, la discusión con el conjunto de las autoridades para implementar las mejoras es constante. Es un hecho general.

EC - Porque la sensación que puede quedar cuando uno lee año a año estos informes, y en la prensa nos enfrentamos a ese trabajo rutinariamente, es que tenemos un Estado que funciona horriblemente mal, que está lleno de problemas y que por lo visto no logra encararlos, salir adelante en la solución de esos inconvenientes.

LR - Año a año se intenta salir y ahora una como responsable de la oficina y en conjunto con el gobierno los intenta solucionar. Esto se soluciona solamente con los funcionarios y lo sacamos entre todos cuando todos entendamos que la mejor gestión del Estado depende exclusivamente de nosotros, no sólo de los funcionarios sino del conjunto de los ciudadanos al insistir con una mejora y con la transparencia. Es un trabajo diario, continuo y con muchísimo esfuerzo, es así y va a ser una tarea constante.

EC - Usted mencionaba el caso argentino, comparaba con el caso argentino, pero en el contexto más amplio del mundo, ¿cómo está el Estado uruguayo en estos desperfectos de funcionamiento?

LR - Conozco básicamente la realidad latinoamericana por distintos seminarios y estamos en sintonía en los esfuerzos de implementar este tipo de control general. Por un lado hay que implementar controles en el área de tecnología de la información, todo el sistema informático para verificar controles, y hay que hacer controles manuales o de actividad, y estamos en sintonía, en sintonía en la escasez y en sintonía en el esfuerzo. Luego hay detalles que hacen a cada Estado sobre los que no es de mi competencia opinar. Opinando sobre el Estado uruguayo, sí, se encuentra una sensación de debilidad fruto de escasas inversiones en capacitación y en recursos y también de que la AIN venía en un proceso de desfibramiento y pérdida de profesionales que llevó a que escasos recursos humanos no pudieran trabajar en todos los ministerios. Se va a salir adelante, esa es la meta, ese es el objetivo, recorrer todo el Estado en estos cinco años trasmitiendo la necesidad de que se implementen controles que son básicos y que nos sirven a todos.

EC - Tomando como base el resumen que publica hoy el diario El Observador, hay un recuadro en el que la AIN cuestiona la designación de la doctora Blanca Tassende al frente del Servicio de Radioterapia del Pereira Rossell, un tema que en su momento despertó una gran polvareda política. Dice el reporte que "el instituto está dirigido por una persona que carece de la calidad de funcionario público y tampoco tiene un vínculo jurídico con el Estado en la medida que fue contratada por la Comisión de Apoyo de ASSE, persona jurídica de derecho privado. La misma no tiene legitimación orgánica jurídica para expresar la voluntad y ejercer la titularidad del instituto, así como para realizar toda clase de actividad administrativa imputable jurídicamente al Estado". Tomando este ejemplo de ahora, ¿qué conclusión hay que sacar? ¿Estamos ante una falla grave?

LR - La primera conclusión es que la AIN como órgano técnico ha auditado el conjunto de las actividades, más allá del período. Se dijo que íbamos a hacer una caza de brujas y eso no sucedió, esto es estrictamente del actual período de gobierno y se está cuestionando.

Desde el punto de vista jurídico hubo una posición de los servicios técnicos de la auditoría en cuanto a que el mecanismo vigente de contratación a través de las comisiones de apoyo de ASSE está viciado y el actual gobierno lo utilizó como se venía utilizando. Lo que está viciado son los mecanismos existentes y las autoridades del Ministerio del Salud Pública (MSP) han intentado regularizarlos –todos lo recordamos– desde fines del año pasado cuando se dieron las discusiones relativas a las comisiones de apoyo, comisiones de obra, comisiones de todo tipo que tiene el MSP. Esto se informó a las autoridades del ministerio, que están trabajando para regularizar el conjunto de las relaciones contractuales que tienen los profesionales contratados por estas comisiones para el desempeño de las tareas. Eso es así, pero hay que verlo en un contexto.

EC - Pero a propósito de lo que se ha hecho desde que se produjo este nombramiento en estas condiciones que la AIN considera irregulares, ¿qué validez tiene? ¿Qué cuestionamiento termina habiendo a lo actuado desde entonces?

LR - La AIN reporta a las autoridades del Poder Ejecutivo, da su opinión, que no es vinculante, lo que quiere decir que no es obligatorio, es una opinión entre otras; puede surgir otra opinión jurídica que diga que no es compartible la opinión de la AIN. Primero eso, acotar que es una opinión en un contexto.

Segundo, me consta que las autoridades del ministerio están trabajando para regularizar el conjunto de las contrataciones, no solamente la de la doctora que hoy está al frente del Servicio de Radioterapia, sino el conjunto de las situaciones. Lo que se dice es que si hubiera algún tipo de responsabilidad la doctora Tassende, al no ser funcionaria pública por la forma de contratación, no sería imputable penalmente y entonces al Estado le podría recaer una obligación emergente de las actividades desarrolladas por la profesional. Ese es el cuestionamiento, que obviamente es serio, por eso está plasmado y que las autoridades tendrán que resolver, si es que lo comparten.

EC - Estos informes tienen que ver con el trabajo que ustedes desarrollaron durante el segundo semestre del año pasado.

LR - Sí, es un corte un poco arbitrario, por disposiciones legales las publicaciones se hacen en forma semestral. El informe corresponde a un conjunto de veinte auditorías que se hicieron a finales del año.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe