(Emitido a las 8.45)

EMILIANO COTELO:
Es un verdadero escándalo el que sacude al departamento de Rivera: suman 21 los ediles y ex ediles procesados por fraude. Después de procesar con prisión el pasado fin de semana a 17 ediles y ex ediles blancos y colorados de Rivera por el delito de fraude, el juez Federico Álvarez y el fiscal Rodolfo Souto siguen con la investigación, la amplían y van en busca de otras eventuales irregularidades que incluyen vales de nafta, viáticos, donaciones y el uso de autos brasileños a los que se les colocó chapa oficial de la Junta Departamental, según dijeron al semanario Búsqueda fuentes cercanas al caso. Son ya 21 los procesados, ocho de los cuales ejercían actualmente la representación política.

El delito de fraude lo comete el funcionario público que directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la administración en beneficio propio o ajeno. Este delito se castiga con 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría más inhabilitación especial de dos a seis años y una multa de 50 a 15 unidades reajustables.

Los ediles son honorarios, dice el artículo 295 de la Constitución, pero el Tribunal de Cuentas y la Junta Departamental establecieron que en algunos rubros pueden ser resarcidos en sus gastos, concretamente en combustibles, teléfonos y viáticos, entre otros. En todos los casos investigados se constató que ediles en actividad y ex ediles adulteraron entre 2001 y 2005 boletas de combustible en blanco de una misma estación de servicio en las que colocaban cifras importantes para que les fueran reintegradas por el Estado. Ahora se investigará los servicios prestados por otras estaciones de servicio, se investigará el uso de viáticos pagados por la Junta Departamental, el rubro donaciones y la licitud de ese otro episodio que citamos al pasar: autos brasileños pueden circular con una chapa oficial del Estado uruguayo.

Estamos en diálogo con el intendente de Rivera, Tabaré Viera.

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Intendente Viera, usted ayer trajo este caso al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) porque hay ediles y ex ediles colorados involucrados.

TABARÉ VIERA:
Exactamente.

EC - ¿Y qué propuso?

TV - Ante este desgraciado episodio, que nos llena de dolor en primer término, el PC de Rivera, incluso antes de que hubiera procesamientos, se reunió, trató el tema y tomó en forma unánime, en una extensa y numerosa reunión, decisiones muy contundentes y muy claras. En primer término, obviamente, apoyar a la Justicia como órgano independiente que nos da todas las garantías en todas sus actuaciones a fin de esclarecer a fondo y rápidamente todo este tema. Y en segundo término, si hubiera colorados que se demostrara que han cometido delitos, pasar el tema inmediatamente a la Comisión de Ética del partido con el fin de tomar las máximas sanciones disciplinarias del caso.

EC - ¿Cuándo se aplicarían esas sanciones, en qué etapa del trámite judicial?

TV - Justamente, ayer concurrimos al CEN para oficialmente imponer al partido que hay ediles y ex ediles miembros del PC que están en este momento procesados. Todos sabemos que el proceso no es una condena, es una investigación, pero hay procesamientos por delitos que pueden ser penados con penas de penitenciaría, entonces hay inhabilitaciones en forma inmediata. Creemos que es un tema que debe ser tratado por el Comité de Ética para informar jurídicamente todos estos alcances y solicitamos que el asunto sea tratado en la próxima convención del partido, o sea en el mes de abril.

EC - ¿Entonces hay que esperar a que se produzcan las sentencias definitivas en estos casos?

TV - Esperamos el informe de la Comisión de Ética; yo creo que por lo menos cabe la suspensión de la afiliación.

EC - Por lo menos la suspensión, por ahora.

TV - Por lo menos la suspensión, porque obviamente puede haber alguno que demuestre su inocencia, no podemos prejuzgar. Lo que debe quedar claro es la actitud del partido frente a estos hechos y a responsabilidades individuales que hoy están perjudicando la imagen no sólo del PC, porque el Partido Nacional también está involucrado, o sea que queda demostrado que esto está más allá de los partidos y de los sectores, es un tema de responsabilidades individuales que afecta fundamentalmente el prestigio de una institución como la Junta Departamental, pilar básico de la democracia en un departamento.

EC - ¿Cómo se entiende esto? Parecería que la cosa es muy seria, que las maniobras eran extendidas, abarcaban a una gran cantidad de ediles y se sospecha que pueden ser más graves que lo que hasta ahora se ha constatado al punto de permitir estos procesamientos. ¿Usted cómo se enteró de esta situación? Usted que ha sido intendente ya, ¿nunca había escuchado hablar de estas cosas?

TV - No, realmente no. La Junta Departamental tiene un régimen de reintegro de gastos con un reglamento aprobado por el Tribunal de Cuentas. Recuérdese que la Intendencia no fiscaliza, no controla a las juntas, sino al revés, es la Junta Departamental la que fiscaliza al Ejecutivo. El órgano de contralor que tiene la Junta Departamental en esos términos es el Tribunal de Cuentas.

EC - ¿Cómo se explica estos excesos? Porque estamos hablado de hechos muy graves.

TV - De hechos muy graves, y es más grave que involucren a tantos miembros, al punto que parece una cosa generalizada y común. Es realmente muy preocupante.

EC - Yo le preguntaba cómo se explica, ¿qué interpretación tiene usted?

TV - Está en la naturaleza humana, a esto no escapan instituciones públicas ni privadas, gente que procede incorrectamente por distintas motivaciones hay siempre.

EC - Pero acá estamos hablando de un comportamiento bastante generalizado, ese es el tema.

TV - Sin lugar a dudas y que hace que tengamos que profundizar en los controles y los sistemas para darle más transparencia, más cristalinidad. Esto lleva de la mano una discusión que está siempre pendiente en Uruguay, que es la situación de honorarios de los ediles. En ese sentido no sólo en la Junta de Rivera hay disposiciones que les permiten obtener recursos para su función a través de partidas o de gastos. Eso se podría solucionar dándole más cristalinidad si en algún momento, reforma de la Constitución mediante, los ediles cobraran una dieta, un sueldo que fuera totalmente transparente y cristalino y en lugar de tener esa posibilidad de cobrar gastos o partidas. De cualquier manera, nada de esto disminuye, minimiza una situación de ética que debemos condenar enfáticamente. Debemos colaborar para tratar de que esto sea esclarecido rápidamente en cuanto se trata de actitudes totalmente individuales, personales pero que afectan la vida institucional y democrática del país.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe