(Emitido a las 8.29)

EMILIANO COTELO:
La semana pasada, durante la visita que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, realizó a Venezuela, se alcanzó una serie larga de acuerdos de distinto tipo que llamó la atención.

En total se firmaron 12 convenios. Y uno de ellos en particular era esperado con mucho interés por las autoridades de Ancap: Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó la compra del 50% de las acciones que Ancap posee en Petrolera Cono Sur, la empresa que opera en Argentina las estaciones de servicio Sol Petróleo.

Como ustedes recordarán, desde 1998 Uruguay perdió más de 200.000.000 de dólares en este negocio. Por eso, el presidente de Ancap, Daniel Martínez, se mostró muy satisfecho con la transacción que se formalizó en Caracas. 

Pdvsa pagará a Uruguay 15.000.000 de dólares pero, además, se compromete a suministrarle a Sol Petróleo combustibles y crudo en condiciones preferenciales. "Por primera vez tenemos posibilidades ciertas de rentabilizar esa cadena", destacó Martínez en declaraciones a Búsqueda. "Por lo menos recuperamos 15.000.000 y paramos la sangría", agregó.

En las últimas horas, sin embargo, desde la oposición se ha cuestionado este negocio, sobre todo por el procedimiento que se siguió. El diputado herrerista Gustavo Borsari presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Minería en el que plantea una serie de dudas respecto de esta operación.

Hoy les proponemos aclarar este punto, tratar de entender cuáles son esas objeciones y cuáles las respuestas. Para ello estamos en comunicación con el diputado Borsari y con el presidente de Ancap, ingeniero Daniel Martínez.

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Diputado Borsari, empecemos con la enumeración rápida de los cuestionamientos.

GUSTAVO BORSARI:
Los cuestionamientos parten de la información que por la prensa obtuvimos acerca de la posible venta del 50 por ciento del paquete accionario de Petrolera Cono Sur a Pdvsa en 15.000.000 de dólares. Nuestras dudas parten de que no se han observado los extremos que nuestra legislación marca para cualquier venta del Estado, en el Tocaf por un lado y en la Constitución de la República por otro. Nuestras preguntas van en ese sentido: ¿se realizó efectivamente dicha venta? ¿Cuáles fueron los procedimientos utilizados por Ancap para vender el paquete accionario que es propiedad de nuestro país, de nuestro pueblo? ¿Fue una venta directa? ¿Se llamó a licitación? ¿Se llamó a licitación restringida? ¿Se ofrecieron las acciones en la Bolsa de Montevideo o en la Bolsa de Buenos Aires? ¿Cuál fue el precio real y final de dicha venta? Todas esas dudas nos invaden y los ciudadanos también se preguntan si esta venta de acciones observó las disposiciones de nuestra legislación, que además son muy claras.

EC - Vamos a preguntarle ya mismo al presidente de Ancap si estos aspectos fueron tenidos en cuenta por ustedes a la hora de concretar este negocio.

DANIEL MARTÍNEZ:
Sí. Lo primero que hay que decir es que Petrolera Cono Sur no es una empresa uruguaya, es una empresa argentina, cotiza en bolsa, la propietaria de las acciones es Ansol, es una SAFI, que esa sí es propiedad de Ancap Uruguay en el 100 por ciento de sus acciones, y por lo tanto se rige por el derecho privado. Hasta ahora nada de lo que se hizo, cuando se compró, en el año 97 si mal no recuerdo, 98, con acuerdo unánime del Directorio integrado en aquel momento sólo por los partidos tradicionales, no hubo consulta de ningún tipo, fue una decisión de inversión que tomó en un país extranjero a través de un mecanismo de empresa privada el Directorio del momento, para eso creó la SAFI Ansol, a través de la cual generó la compra.

De todas forma nosotros, si bien legalmente nos podemos y nos debemos regir por el derecho privado, el Directorio anterior después de 14 meses de haber tratado de negociar soluciones, ya sea de rentabilización o de venta sin haberlo logrado, y nosotros luego de diez meses de durísimas negociaciones, de buscar alternativas en el medio del dramatismo que implicaba perder entre 2 y 3.000.000 de dólares por mes, cuando pensábamos que todas las alternativas de negociación directa que manejamos estaban cerradas, salimos a buscar quién gestionara la compra, no con una licitación porque, insisto, es una empresa privada y por lo tanto se rige por el derecho privado, sino que buscamos hacer un llamado abierto a brokers, a empresas que estaban especializadas en la venta de activos y poníamos como condicionante especialmente la experiencia en venta de activos petroleros, que sin ser una licitación fue un llamado donde simultáneamente, el mismo día se pedía que en un par de horas todo el mundo entregara su propuesta.

EC - Pero el negocio con Pdvsa no se logró a través de esos brokers.

DM - No, el negocio con Pdvsa era una de las siete vías de negociación que mantuvimos simultáneamente. Creo que siempre hay que pensar primero en el país, entonces para nosotros, si bien tenemos todo el desafío de convertir esta empresa Ancap, que fue tan denostada y preparada para vaciarla de contenido, en una empresa moderna, competitiva, con eficiencia, con capacidad de gestión de todos y cada uno de sus componentes, pese a que ese era nuestro objetivo fundamental, el año pasado dedicamos un tiempo muy importante a lograr algo que era absolutamente dramático. Yo siempre decía: entre el mal negocio inicial –porque fue un mal negocio, yo respeto a quienes lo hicieron en su momento, a los cinco miembros del directorio que en su momento aprobaron este negocio, pero desde el punto de vista del negocio petrolero estaba condenado a fracasar– y las pérdidas posteriores debidas al cambio de política argentino, que nos obligó a comprar más caro lo que podíamos vender, no bajamos de 230 millones de dólares perdidos; como quien dice, el Plan de Emergencia que se ha planteado este gobierno fue perdido por un mal negocio que comenzó en 1997, 1998.

EC - Diputado Borsari, ¿cuál es su comentario a propósito de estas primeras explicaciones que da el presidente de Ancap? Lo primero que señalaba es que Petrolera Cono Sur es una empresa que funciona en el derecho argentino, es una empresa argentina que se rige por el derecho privado.

GB - Hay que hablar claro en estas cosas y sin eufemismos. Es una empresa argentina que se rige por el derecho privado, es cierto, pero las acciones de esa empresa son propiedad de Ancap, empresa uruguaya, suya, Cotelo, de Martínez, mía y de los que nos escuchan. Quiere decir que para vender esas acciones, que están aquí en Uruguay, debió observarse lo que dice el artículo 33 del Tocaf; se lo leo: "Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado, y por remate o licitación pública...", y sigue. Eso por un lado, que no se observó, según las palabras del presidente de Ancap.

Y segundo, y no menos importante, en la Constitución de la República se prevé la intervención ineludible del Tribunal de Cuentas (TC) cuando se vende un activo del Estado, sea argentino o polaco, "compete al TC –dice el artículo 211– intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado" y el artículo 228 de la Constitución de la República marca, asimismo, que "la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda gestión relativa a hacienda pública será de cargo del TC".

Es decir que nosotros constatamos, según las palabras del presidente de Ancap, que hay dos fallas en esta operativa, que nosotros no atacamos en su conveniencia, estamos de acuerdo con vender esto, no estamos de acuerdo con hacerlo de cualquier manera. Acá se debió observar una licitación, un llamado a precios, se debió observar que el TC avalara esta operación, y ninguna de estas cosas, según lo que se dijo recién, se ha observado.

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EC - El diputado Borsari insiste en su objeción en cuanto a que, más allá de que la empresa Petrolera Cono Sur sea una empresa argentina que se mueve en el derecho privado, es propiedad del Estado uruguayo y por lo tanto debió haberse procedido a una licitación y debió haberse dado paso a la intervención del TC. ¿Cómo consideran ustedes este tipo de argumentos?

DM - Como siempre digo, yo soy un tipo positivo y que trata de sumar, no de restar. Lo primero que rescato es el comentario del diputado Borsari, ellos no cuestionan –por suerte nadie cuestiona, porque incluso los brokers que habían presentado ofertas para gestionar la venta de la empresa, varios de ellos por teléfono y otro por mail, nos felicitaron diciendo que habíamos hecho una maravillosa negociación, que nadie pensaba que podía ser tan exitosa– la venta. Lo importante es eso, yo resalto la unanimidad en estos casos, cuando son problemas de Estado y de interés nacional, que perdemos todos los uruguayos, que coincidamos por lo menos en aspectos fundamentales, en los aspectos de fondo, los aspectos que hacen al bolsillo de los uruguayos y a los problemas que después de duras negociaciones logramos –y ustedes saben bien que este Directorio ha tomado como una consigna no trabajar políticamente sino profesionalmente– el resultado que tuvimos sin haber recorrido un espiral, porque incluso el de los brokers, que era un llamado.

No hubo ningún tipo de licitación porque no hay ninguna obligación legal de hacerlo, ese mismo proceso hubiera llevado posiblemente un mínimo de cuatro a seis meses, que era lo que nos planteaban todos los brokers. Imagínese, a 2 o 3.000.000 de dólares por mes, hubiéramos estado hablando de no menos de 4, 5.000.000 de dólares más de pérdidas para el país por mes.

EC - Pero yendo al fondo de lo que exponía recién el diputado Borsari...

DM - Yo soy ingeniero, manejo temas industriales, temas de petróleo, no manejo demasiados aspectos legales, pero sí tenemos asesoría legal y los antecedentes en este tema, incluso cuando hubo quienes dentro del TC quisieron meter la nariz en profundidad en este tema tuvieron ciertas limitaciones por cómo está armada la propia estructura. Insisto, las acciones no son propiedad directa de Ancap, son propiedad de una SAFI, Ansol, que es la propietaria del 92,3 o 92,4 por ciento de las acciones de Ausol, de lo cual se vendió el 50 por ciento, Pdvsa compró un 46,15 o 46,16 de las acciones de Petrolera Cono Sur. Pero nuestro departamento legal en ese sentido ha sido no claro, más que claro, en cuanto a trasmitir que es una empresa que se rige absolutamente por el derecho privado y que por la estructura que tiene –que pergeñó en el 97, 98, hace dos directorios, el directorio que presidía Ache– no necesita recorrer los caminos que mencionaba el diputado. Pero tampoco lo recorre lo ha recorrido ninguna de las empresas privadas fundadas y que son colaterales de Ancap en los últimos 20 años.

EC - ¿A cuáles se refiere, por ejemplo?

DM - Estoy hablando de Ducsa, Cava, Alur, etcétera; se dan sistemas de pedido de precios, donde la negociación, por empresas de derecho privado, es la que prevalece. Yo escuchaba en su momento –y hasta puedo estar de acuerdo– que eso les daba flexibilidad para competir, porque son todas empresas que están en un marco de competencia que les permite competir en mucho mejores condiciones.

EC - Diputado Borsari, usted escucha al ingeniero Martínez decir que han procedido como se venía procediendo en Ancap tradicionalmente con respecto a este tipo de empresas que Ancap posee.

GB - No, eso es para compras y ventas que hacen esas empresas, por ejemplo de petróleo, de nafta o de gas.

DM - No, no, estamos hablando de venta de estaciones, de compra de estaciones, estamos hablando de todo lo que se refiere a la operativa. Cementos del Plata incluso, que fue un acuerdo en su momento, son empresas que se forman dentro del derecho privado y funcionan dentro del derecho privado.

De todas formas, Gustavo, con mucho gusto vamos a responder, cuando la producción de El Espectador me comentaba eso, inmediatamente –siempre decimos que somos muy respetuosos del Poder Legislativo–, cuando me enteré –porque todavía no llegó acá, seguramente está en el Ministerio de Industria y Energía– de que iba a venir este pedido, ya hablé con la Asesoría Legal para que fuera preparando la respuesta como corresponde. Me parece perfecto y es el derecho de todo el mundo, de todas formas en este caso: festejemos, uruguayos, porque realmente nos sacamos un clavo de arriba.

GB - Yo recibo la reflexión de que se va a contestar este pedido de informe y las palabras respetuosas del ingeniero Martínez, pero me permito discrepar en algunos puntos. Primero, si esto es una SAFI, llamada Ansol, cosa que nosotros no manejábamos, esa SAFI debe ser de alguien, y ese alguien es Ancap, nuevamente, es lo mismo. Esto puede funcionar en el ámbito privado perfectamente, como decía el ingeniero, puede perfectamente vender, comprar gas, petróleo, gasolina, gasoil, pero desde mi punto de vista no se pueden vender las acciones de la SAFI Ansol o de Sol Petróleo en una venta directa.

Yo estaré festejando porque, naturalmente, nuestro sector político siempre dijo que había que sacarse este dogal de encima, pero además dijo siempre, por ejemplo, que Ancap debía asociarse con empresas que le trajeran capital. Quiere decir que ahora, cuando se habla del interés del Estado y del interés nacional, cosa con la que concordamos, festejamos que la fuerza política del ingeniero Martínez esté pensando como ha pensado nuestro sector político desde hace mucho tiempo.

Lo que lamentamos es que en el pasado la fuerza política del ingeniero Martínez no haya adoptado esas resoluciones, por ejemplo en cuanto a la ley de Ancap, que se plebiscitó y se votó en contra de su posible asociación con privados. Pero esto es harina de otro costal, como el pasado, ahora hay que mirar el presente, y si bien la venta pudo haber sido conveniente, debemos observar las ordenanzas del Tocaf, las ordenanzas del TC y hacer todo con la legalidad a nuestra mano.

EC - El ingeniero Martínez también cuestionaba su planteo, diputado Borsari, en la medida que aparentemente no habría existido la misma preocupación por otras operaciones similares hechas con empresas pertenecientes a Ancap en el pasado.

DM - Yo no cuestiono, simplemente refiero que esto no pasó porque, justamente, había un respaldo legal que avalaba esto. Ni la compra de más acciones, ni la idea inicial, ni una serie de elementos que se fueron manejando en todo este proceso contaron con ningún tipo de licitación, porque justamente, la idea madre de todo esto era tener empresas privadas de un manejo dentro de la legislación de derecho privado, que tuvieran cierta flexibilidad ya que están más en competencia, lo que obliga a condiciones de agilidad en las resoluciones diferentes.

EC - ¿Qué iba a decir usted, diputado Borsari, con respecto a cómo ha monitoreado usted en el pasado este tipo de transacciones?

GB - No tenemos noticia de que haya habido una venta de este tipo en el pasado, de una empresa o de acciones de una empresa perteneciente a Ancap, yo no tuve noticia. De cualquier manera, el pasado podía haberlo visto cualquier legislador, yo estoy viendo ahora, sobre este problema, sobre este tema las respuestas que nos puede dar toda la administración. Es la primera vez que se hace una venta de esta envergadura, de 15.000.000 de dólares según la prensa, de acciones pertenecientes a Ancap. Ese es el tema a desentrañar: ¿observamos o no observamos el Tocaf y la Constitución de la República, que mandan la intervención del TC? Está a todas luces claro que no.

EC - Ingeniero Martínez, ustedes de todos modos, ¿notifican al TC de esta operación?

DM - Cuando presentamos el balance general aparecen las empresas vinculadas, adjuntamos todos los balances. El balance de Ancap en realidad son 18 balances, más el de Ancap. De todas formas, hasta donde yo sé –me manejo con lo que dice Asesoría Legal–, las SAFI fueron en buena medida creadas para este tipo de operaciones, porque son empresas off-shore y por lo tanto tienen un manejo que está exento de esas responsabilidades, por su propia constitución, que maneja el diputado Borsari. De todas formas, estudiaremos minuciosamente y daremos las respuestas que la Asesoría Legal entienda convenientes. Yo de todas formas comento –es un comentario–: cualquier proceso que alargara esta solución –el plazo inicial que nos habíamos dado para solucionar esto era setiembre, las negociaciones se dilataron, terminó saliendo en enero-febrero– implicaba 2,5, 3.000.000 de dólares de pérdida para el país por mes. Eso por encima de lo legal, que tendrá que ser contestado. Hasta donde nosotros tenemos información y respaldo de nuestro departamento de Asesoría Legal, se hizo dentro del marco de la ley, es un tema muy importante para el país.

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Edición: Mauricio Erramuspe