(Emitido a las 8.35)

EMILIANO COTELO:
Conversamos más temprano con el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, tuvimos también el enfoque del analista político argentino Rosendo Fraga; nos interesa saber ahora cómo se está observando esta nueva vuelta aquí en nuestro país, en el ámbito político.

Para ello estamos en primer lugar en diálogo con el doctor Julio María Sanguinetti, senador del Foro Batllista, ex presidente de la República, secretario general del Partido Colorado.

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Senador Sanguinetti, ¿cómo recibió usted esta novedad?

JULIO MARÍA SANGUINETTI:
Con sorpresa y pesar, porque parecía que nos estábamos aproximando a la solución. El tema, a mi juicio, nace del mal resultado del acuerdo de Santiago. El haber establecido, paralelizado, puesto en la misma canasta dos cosas tan distintas, de naturaleza tan diferente como eran la protesta ilícita de Gualeguaychú y la realización de las obras, actividad no sólo lícita sino bienvenida, ha hecho que en definitiva el piquete de Gualeguaychú ha pasado a ser parte de la negociación. Y a partir de aquí todo está muy enredado.

Uruguay parte de dos situaciones: una, que las plantas se van a construir y se van a construir allí, eso es un dato inamovible para Uruguay pero Argentina no lo termina de asumir porque el piquete de Gualeguaychú no lo acepta; y dos, que en el piquete siempre va a haber oposición, serán todos o será parte, pero hay un sector muy grande que basta oírlo para advertir que no va a estar de acuerdo nunca con ninguna solución que represente la existencia misma de las plantas. Esto es lo que tiene que asumir cada una de las partes.

EC - Por lo tanto, ¿cuál es la solución ahora? Mejor dicho, ¿qué pasos entiende usted que el gobierno uruguayo debería dar en esta circunstancia?

JMS - Primero, no debió haberse anunciado una solución sin haber concertado previamente las cosas, el trámite viene siendo ya demasiado confuso como para que le introduzcamos nuevos factores de incertidumbre. No se puede seguir cometiendo errores en esta materia. Con serenidad hay que tratar de hacerle entender al gobierno argentino que hay cosas en las cuales el gobierno no tiene margen, el país no tiene margen, porque incluso seguimos pagando enormes costos, el acuerdo de Chile ha significado un nuevo sobrecosto para Uruguay, Uruguay tiene tratados de garantía de inversiones con Finlandia y con España, por lo tanto el costo que les impone el Estado hoy a esas empresas es muy fuerte y lo va a tener que asumir presumiblemente el Estado, en una palabra la sociedad uruguaya.

EC - ¿Usted entiende que va a ser el Estado quien finalmente tenga que pagar los costos de la suspensión de las obras?

JMS - Me da la impresión de que sí, porque si no son los trabajadores, como ya se ha dicho, para las empresas es un costo demasiado elevado. Hay empresas pequeñas de Uruguay que han asumido responsabilidades muy grandes para poder afrontar las cosas que se han comprometido a proveerle a un emprendimiento tan grande como Botnia, esas empresas hoy no están en condiciones de afrontar esos costos. Es un sacrificio muy grande que vuelve a hacer el país. Y más allá de si lo paga el Estado en parte, las empresas o los trabajadores, el hecho es que el país hoy está pagando un nuevo costo muy elevado por esta suspensión. Suspensión que en definitiva todos pensamos que, siendo un sacrificio tan grande, era en aras de obtener una mejor solución. Pero eso no se advierte, una vez que se aceptó que el piquete ilícito de Gualeguaychú es parte de todo este debate, la situación se ha alejado de una solución racional.

EC - Usted enfatizaba en lo que el gobierno uruguayo debería esgrimir con fuerza y como condición inamovible en la continuación de las negociaciones con Argentina, pero la pregunta que perfectamente uno puede formularse es si el camino de la negociación bilateral es el adecuado, si, justamente, teniendo en cuenta que están esos factores de por medio, como los piqueteros, etcétera, no es conveniente ir a otro mecanismo. Rosendo Fraga insistía más temprano en su idea de un mediador que, una vez elegido por las dos partes, no hay salida, no hay escapatoria, obligue a las dos partes.

JMS - Es uno de los caminos posibles, pero antes hay que agotar el camino bilateral. Me cuesta creer que dos gobiernos racionales no puedan llegar a resolver bilateralmente algo que además ya habían resuelto bilateralmente. Eso es lo más grave de todo, el 3 de marzo de 2004 esto estaba resuelto, tanto que por el mecanismo que nació de allí se llegó a aprobar el reglamento que establecía cómo debía hacerse el control de las plantas, dónde debía tomarse el agua, en qué lugar, qué elementos químicos debían controlarse, etcétera. Fue un tema diplomáticamente resuelto, comprometido entre los países. Después la protesta, el piquete, todo el lío hicieron como que todo eso no existía, cuando eran compromisos asumidos entre los dos gobiernos.

EC - Usted se refiere al compromiso de... ¿qué fecha?

JMS - El 2 de marzo de 2004 fue el acuerdo entre los ministros Bielsa y Opertti. Ahí se instaló la comisión binacional, después se realizaron reuniones de todo tipo a lo largo de un año y tanto, se analizaron todas las situaciones, se aprobaron documentos y, vuelvo a decir, incluso se aprobó el reglamento que establece cómo controlar el funcionamiento de las plantas, todo estaba aprobado. Luego vino el nuevo gobierno, de Vázquez, se instaló una nueva comisión, llamada técnica y de alto nivel, que realizó 11 reuniones y había llegado a acuerdos en los cuatro quintos de la situación pero finalmente no llegó cuando apareció la protesta. Pero el tema diplomáticamente estaba resuelto, eso es lo que entristece un poco más porque al final la protesta callejera ha sido más fuerte que los acuerdos entre los gobiernos.

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Edición: Mauricio Erramuspe