(Emitido a las 9.15)

EMILIANO COTELO:
¿Y cómo se observa desde el ámbito académico este nuevo escollo que ha surgido en las negociaciones entre los dos países?

Estamos en diálogo con el doctor Washington Baliero, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de la República y de la Universidad Católica.

En su trayectoria internacional se destaca, por ejemplo, haber ocupado la Presidencia de la Comisión Administrativa del Río de la Plata entre 1990 y 2005. Ha sido además presidente del Tribunal Administrativo de ALADI, y en cuanto a las relaciones con Argentina, tiene 15 años de experiencia.

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Doctor Baliero, ¿cómo observó las novedades de ayer?

WASHINGTON BALIERO:
Dos primeras precisiones. El fracaso de la cumbre no me sorprendió; y en segundo lugar, tampoco hay que dramatizar demasiado, esto no quiere decir que las posibilidades de negociación se hayan cerrado, siempre hay espacio para el diálogo y para seguir manteniendo la vía diplomática abierta. Eso, por otra parte, ha surgido de las propias declaraciones del vocero oficial, el que funge como ministro de Relaciones Exteriores –parece– en este asunto, que es el doctor Gonzalo Fernández. Por lo menos es el que ha encabezado estas negociaciones.

Voy a hacer un análisis estrictamente desde el derecho internacional, voy a tratar de no incursionar en apreciaciones políticas hasta donde sea posible, en estos temas es muy difícil separar la política del derecho, pero me voy a ceñir al derecho.

Yo decía que no me sorprendió el fracaso de la cumbre porque en el acuerdo de Santiago de Chile el gran problema –entre otros inconvenientes desde el punto de vista del derecho internacional–, que incluso la audiencia ha advertido y usted ha comentado, era la paralización de las obras. Ese tema nunca me cerró, no me parecía que fuera conveniente. Y desde el punto de vista del derecho internacional, Uruguay cedió en un principio que está en el texto del curso de Jiménez de Aréchaga, que el maestro Jiménez de Aréchaga explicaba muy bien, por eso me llama poderosamente la atención este error jurídico de Uruguay.

EC - ¿Concretamente en qué cedió? ¿Por qué cita a Jiménez de Aréchaga?

WB - ¿Sabe por qué? Porque en estos casos de contaminación transfronteriza no existe un derecho de veto de la otra parte a la realización de las obras. Es fundamental eso, no sé si está en la tapa del libro, pero está en nuestro curso que estudian los estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Universidad Católica. En estos casos la otra parte, y sobre todo cómo ha procedido Uruguay, con amplitud, abriendo al examen de esta obra, al seguimiento y todo esto, no tiene el derecho de veto que Uruguay aceptó, a mi juicio con error, con grave error.

EC - Usted dice que el otro país puede opinar, tiene derecho a estar informado, a incidir, pero no puede vetar.

WB - No puede vetar y la paralización de las obras equivale a un veto. Ya se ha destacado que esta paralización de las obras era muy complicada desde el punto de vista económico e innecesaria para la realización de los estudios, porque se está haciendo ingeniería civil, no está haciendo ninguna obra de procesamiento de la celulosa, eso va a ser bastante más adelante. Todo esto ha debilitado la posición de Uruguay.

Por otra parte, era muy difícil para Uruguay en el campo del derecho interno... nunca se habló de obligar a la empresa.

EC - Se le solicitaba que tuviera la amabilidad de suspender las obras.

WB - Pero se subvaloraron las consecuencias económicas y de todo tipo que eso podía tener. El plazo, ¿qué tiene que ver la suspensión de las obras con un estudio de impacto ambiental? Una cosa no lleva a la otra.

EC - Algunos oyentes hablan de que se trata simplemente de un capricho del lado argentino.

WB - No sé, en un contacto que tuvimos en diciembre, cuando empezaron los cortes, yo dije que había que mantenerse apegado al derecho internacional, que la posición nuestra era muy sólida desde el punto de vista jurídico. Y algo se ha debilitado, se debilitó al aceptar en un acuerdo –porque fue un acuerdo lo de Santiago de Chile, esa es otra precisión que me gustaría hacer desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque por más que se diga que no hubo acuerdo, que no hubo negociación, fue un acuerdo, un acuerdo entre jefes de Estado, nada menos– que a cambio de levantar los piquetes se paralizaban las obras por equis tiempo. Esta otra parte me parecía difícil de cumplir, siempre me pareció muy difícil de cumplir, más allá de la imprecisión del plazo, de toda esta historia, de cómo iba a repercutir sobre el avance de la obra; fue absolutamente innecesario. Había que dar satisfacción a los intereses argentinos de otra manera, no a través de la paralización de las obras. Pero eso está.

EC - Ahora hemos llegado a un punto en el que el doctor Gonzalo Fernández enfatiza que el acuerdo en cuanto al texto del entendimiento entre los presidentes estaba muy avanzado, prácticamente pronto, pero la cumbre tiene que quedar sin efecto porque Botnia anunció una suspensión de obras sólo por diez días. ¿Entonces?

WB - Hay que seguir negociando y mantenerse dentro de los parámetros del derecho internacional.

EC - ¿Cuáles serían los márgenes para la nueva negociación?

WB - En este momento Uruguay tiene que recobrar una posición de firmeza jurídica, siempre buscando la negociación, pero decir: muy bien, este acuerdo se frustró, nosotros mantenemos nuestra disposición a seguir negociando pero si la negociación fracasa estamos dispuestos –no hay que dramatizar tampoco este extremo– a ir a la Corte Internacional de Justicia, vayamos a la Corte Internacional de Justicia. Y si se restablecen los piquetes, tenemos las armas de las que ya hablamos, la solución de controversias que establece el Tratado de Asunción. Esa es la posición desde la cual Uruguay debe volver a negociar: "Señores, actuemos de acuerdo a derecho". Esa ha sido siempre la posición de Uruguay.

EC - ¿Debe considerarse caduco el pedido de los dos gestos que se hizo en Santiago de Chile?

WB - No sé si en la interna eso puede considerarse caduco, no sé si se ha agotado la posibilidad de pedir una paralización de las obras. La posición de Botnia fue "paralizamos por esos días", por diez días, pero parece que eso no es suficiente para el gobierno argentino. Habría que buscar otro camino, no sé cuál es la posición del gobierno, si insistirá en la paralización por más tiempo; yo no lo veo necesario, pero habría que buscar otra situación. Uruguay debe fortalecer su posición en el campo jurídico estrictamente, decir: "Muy bien, sigamos colaborando pero estamos dispuestos a acudir a los instrumentos de solución de controversias", tanto del Mercosur como de la propia Corte Internacional de Justicia, con la cual Argentina amenazó en su momento. No tenemos que tener miedo, ahí es donde Uruguay tiene su gran fortaleza, y no significaría paralizar las obras ni nada de eso.

EC - ¿No existe en ese caso el riesgo de que se solicite una medida de no innovar desde el tribunal de La Haya y por lo tanto terminen de nuevo suspendiéndose las obras pero ya por una imposición de un organismo internacional?

WB - Esa posibilidad existe, pero yo la veo muy remota desde el punto de vista jurídico. Puede pedirse una medida provisional, precautoria de suspensión o paralización de las obras, pero eso es cuando el daño es muy claro o muy inminente, y no hay daño inminente, es clarísimo que desde el punto de vista jurídico eso no se puede pedir. Esa paralización podría venir dentro de uno, dos o tres años, cuando la obra empezara a polucionar y contaminar el ambiente, cosa que es muy difícil. En este momento es absolutamente imposible, por eso le decía que este acuerdo de paralización de las obras parte de un equivocado diagnóstico jurídico. También decía el maestro Jiménez de Aréchaga que en todo asesoramiento jurídico, en toda solución jurídica uno debe prever una especie de diagnóstico de qué dirá el juez, qué dirá el tribunal ante este caso. A mi juicio es clarísimo que no debe haber suspensión en absoluto de las obras ante la Corte Internacional de Justicia. La parte demandante, Argentina, puede pedirla, ¿pero dónde está el daño inminente, el peligro, el riesgo, cuando las obras empezarán a funcionar en 2007, 2008? No.

EC - Por último, ¿cómo hay que valorar el riesgo de que esta instancia se extienda por años?

WB - ¿La instancia judicial?

EC - Sí.

WB - Entretanto las obras siguen. Como le digo, repitiendo lo que dije en el anterior contacto con usted y con la audiencia: no creo que sea imprescindible llegar a una solución jurisdiccional, pero si a ella hay que llegar, lleguemos, vayamos. Desde esta posición de aceptar que podemos ir a este juicio –que tampoco hay que dramatizar porque por algo somos países hermanos y establecimos en el Tratado del Río de la Plata y en el Tratado del Río Uruguay la posibilidad de ir a abrir obligatoriamente la jurisdicción de la Corte– hay que seguir colaborando con Argentina en otros ambientes, actuar de consuno en otra cantidad de actividades que son imprescindibles, en fin. Desde esa posición Uruguay tendría que decir plantarse firmemente y decir: "Seguimos negociando, vamos a buscar conciliar los intereses, les damos participación en el monitoreo de las obras, todo eso, pero si no llegamos a un acuerdo estamos dispuestos a ir ante el Tribunal Permanente de Solución de Controversias del Mercosur, y si se plantean nuevos bloqueos ilegítimos, y si no hay acuerdo en el fondo del asunto, sobre las obras, vayamos a la Corte Internacional de Justicia". No hay que dramatizar, tenemos que prepararnos para llegar eventualmente a la Corte, pero seguir negociando sobre la base de firmeza, de la firmeza que nunca debimos perder, y aceptando que el derecho internacional es lo que debe regir esta cuestión.

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Edición: Mauricio Erramuspe