(Emitido a las 9.20)

EMILIANO COTELO:
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso que el ministro del Tribunal de Apelaciones William Corujo investigue la actuación del ex juez de Pando Álvaro González, que fue quien tuvo a su cargo la primera parte de la investigación sobre el secuestro y asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos.

Según informa hoy Búsqueda, el punto de partida de la decisión de la SCJ fue la sentencia de clausura del caso, sentencia que firmó el juez de Pando, Pedro Salazar. En ese dictamen el doctor Salazar fustigó la actuación de su predecesor, el doctor Álvaro González, y señaló la inactividad de la investigación durante casi cuatro años. "Es dable preguntarse si una instrucción temporánea más profunda ante la gravedad de los hechos investigados no hubiera tenido otro resultado en la posturas fiscales", dijo el doctor Salazar, que había asumido el cargo en diciembre de 2002. Dice: "Esa casi nula indagatoria desde el mes de noviembre de 1998 hasta el mes de octubre de 2002 tuvo incidencia en las prescripciones y en llegar a la verdad material respecto del homicidio de Berríos". Este magistrado dejó constancia de que cuando se retomó la investigación, en octubre de 2002, fue a instancias de la fiscal Nancy Agopián, luego de que la justicia chilena dispuso los primeros procesamientos por el mismo caso.

En el desarrollo de su extensa sentencia, Salazar especuló que una investigación más profunda pudo incluso llevar a que la justicia uruguaya tipificara algunos delitos antes de que prescribieran, como por ejemplo los delitos de violencia privada y privación de libertad, e incluso una investigación más profunda hubiese permitido aclarar eventualmente el propio homicidio de Berríos.

El doctor Salazar también criticó a la fiscal Agopián porque, a su entender, contribuyó en forma escasa a la pobre indagatoria conducente a aclarar la ejecución de Berríos.

La sentencia del doctor Pedro Salazar en la que se clausuró el expediente fue firmada el 13 de febrero, y poco después el senador frenteamplista Víctor Vaillant, del Espacio 609, solicitó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la SCJ investigaran las actuaciones de los jueces y fiscales que habían intervenido desde el 93 en el expediente judicial de Pando.

Estamos en comunicación con el senador Víctor Vaillant.

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Senador Vaillant, ¿qué tipo de irregularidades entendía usted que había que investigar? ¿Estas que señalaba el doctor Salazar en su sentencia?

VÍCTOR VAILLANT:
Sí, exactamente. Usted leyó los fundamentos por los cuales el juez Pedro Salazar argumentaba en su escrito de 37 páginas, su resolución de archivar el caso, a instancias del Ministerio Público. Esas afirmaciones reveladoras fueron las que me llevaron a mí en ese momento, como consecuencia de esas afirmaciones, a solicitar dos investigaciones que hoy están en curso, una en el MEC sobre el comportamiento de un representante del Ministerio Público, no de una fiscal en particular ni de un fiscal en particular, sino de los fiscales que a lo largo de estos años actuaron, sobre cuyo comportamiento el juez Pedro Salazar en su escrito está arrojando dudas; y una similar ante la SCJ para que hiciera lo propio con los policías que actuaron en la causa, cuya actuación también el juez Salazar está cuestionando.

Yo no tengo ninguna duda de que hubo un proceso que por lo menos merece la investigación a nivel de los organismos competentes, MEC –juez y Fiscalía– y SCJ. Aquí hay hechos que aparecen claros para la sociedad, para los que no somos ni fiscales ni jueces. Es claro que en 1991 militares chilenos en actividad, en el marco de un operativo militar chileno, ingresaron a este país, a Uruguay, país soberano y en plena democracia, en forma ilegal y clandestina, con documentos falsos para ellos y para la persona que traían con ellos, que era Berríos, que ingresó con otro nombre. Por lo tanto (se trató de) algo absolutamente ilegal y violatorio de nuestra soberanía: integrantes de las Fuerzas Armadas de otro país ingresan sin autorización legal a nuestro país en el marco de un operativo militar, y además con documentación falsa.

Y en ese operativo militar que realizaron en 1991 militares chilenos en actividad, participaron, del lado uruguayo, militares uruguayos en actividad, lo que está claramente comprobado, no hay dudas –y aceptado por ellos–, en distinta forma y en distinto grado. Y se desarrollaron esas actividades durante todo el año 1992, hasta que a fines de 1992 sucedieron los hechos de Parque del Plata, en la comisaría de Parque del Plata, la aparición de Berríos con su verdadero nombre, todo el escándalo que posteriormente se armó y finalmente la muerte de Berríos. No existen dudas de que el operativo se hizo ni de que hubo participación de militares uruguayos en ella. Les corresponde a la Justicia y a los organismos competentes establecer el grado de responsabilidad.

Pero frente a esos hechos, que son irrefutables y que existieron, parece por lo menos cuestionable, dudoso que durante todo este tiempo la justicia en Uruguay no haya podido resolver el tema y que finalmente el caso haya sido archivado, como lo establece no Vaillant, sino el propio juez Salazar. A la vez que también parece poco comprensible que durante todos estos años, desde las autoridades del Ministerio de Defensa, en el cual revistaban y revistan por lo menos algunos de estos militares uruguayos cuya extradición hoy es solicitada, tampoco se tomaran medidas acordes con la situación que se estaba reflejando.

EC - ¿Qué tipo de medidas deberían haberse tomado en el Ministerio de Defensa?

VV - Darles la baja. Yo no estoy hablando del homicidio, que es cosa que habrá que probar, es otra historia, pero no existe ninguna duda de que hubo ingreso ilegal de militares extranjeros a Uruguay, no existe ninguna duda de que lo hicieron con documento falso, que existió una asociación con militares uruguayos que les dieron cooperación para los delitos que está imputando hoy la justicia chilena: asociación para delinquir y privación de libertad, porque no les está imputando a estos militares uruguayos el delito de homicidio porque eso no es probado, les está imputando estos delitos en los que habrían participado.

Estas circunstancias hubiesen ameritado, a mi juicio, además del proceso judicial, medidas administrativas por parte del ministerio al que correspondían, en este caso el Ministerio de Defensa. La gran interpelación que hay que hacer, la gran pregunta es a los ministros de Defensa anteriores, los que durante todo el tiempo que pasó en estas circunstancias no adoptaron ni siquiera las medidas administrativas. Uno debe preguntarse –es válida esta pregunta–: estos tres militares uruguayos, ¿actuaron por cuenta propia? Si así lo hicieron, actuaron sin el consentimiento de sus mandos, cometiendo un acto ilícito y por lo tanto deberían ser dados de baja. Segunda alternativa: no actuaron por cuenta propia, actuaron porque sus mandos les dieron las órdenes, esa es la razón por la cual no son sancionados, pero entonces deberían responder sus mandos. Estas son las cosas que están en cuestión.

EC - Volviendo a la actuación judicial en el Juzgado de Pando, cuando estaba a cargo del doctor Álvaro González; ¿qué interpretación tiene usted de esa ineficiencia con la que se trabajó, del hecho de que se haya pasado cuatro años sin que se produjeran avances, en fin, de las críticas que el propio sucesor del doctor González, el juez Salazar, ha hecho? ¿Cuál es su sensación? ¿Por qué ocurrieron las cosas así?

VV - Yo no quiero hacer interpretaciones subjetivas, no quiero cometer errores, no correspondería; prefiero remitirme concretamente a los hechos. Y lo que el actual juez, Salazar, dice en su escrito, el cuestionamiento que hace a la intervención anterior tanto de los representantes del Ministerio Público como de los jueces, en este caso del juez Álvaro González, tiene que ver fundamentalmente con haber dejado pasar los tiempos y que algunos delitos –que a mi juicio tenían pruebas importantes para permitir el procesamiento de estos militares– hubieran prescrito. Es más, el fundamento de la solicitud de archivo final, esta que se solicitó ahora y que tuvo el resultado que tuvo el caso en Uruguay, que está archivado, está basado en que los delitos por los cuales podían ser acusados los militares uruguayos han prescrito. Dicho de otra manera: durante estos años que corrieron desde 1991 hasta ahora se dejaron prescribir los delitos por los que estos militares podían haber sido procesados en Uruguay y luego, como están prescritos, como ya no hay posibilidad de procesarlos por esos delitos, sencillamente se pide el archivo del caso. Eso es lo que real y objetivamente sucedió.

EC - Y usted mismo ha recibido acusaciones. Hablando de irregularidades, usted habrá escuchado recién al diputado García Pintos señalar, como también se ha señalado, por ejemplo, desde el Centro Militar y el Círculo Militar, que en la investigación de la justicia chilena hecha acá en Uruguay hubo hechos oscuros, y en particular en la larga lista de quejas se menciona que usted habría intervenido con algunos de los funcionarios que vinieron de Chile presionando testigos. ¿Qué dice usted a propósito de esta parte del debate?

VV - Primero aclarar: yo no he escuchado al diputado García Pintos decir que yo he intervenido presionando testigos, porque yo además no tuve ninguna relación con ningún testigo de ningún tipo. Lo que escuché ahora que dijo el diputado García Pintos es que algunos oficiales o algún oficial de los chilenos que vinieron a hacer las investigaciones aquí habrían presionado testigos, esa era la afirmación que hacía el diputado García Pintos. Yo desconozco absolutamente, y le digo más...

EC - Pero, dejando de lado al diputado García Pintos, se lo ha señalado a usted como habiendo incurrido en ese tipo de irregularidad.

VV - No, no, no; no, Cotelo. Yo tengo muy claro lo que dijo el diputado García Pintos, a mí por parte del diputado García Pintos se me ha señalado como que he colaborado con esos investigadores chilenos que vinieron a Uruguay, cosa que es cierta, lo he hecho y lo he hecho con mucho gusto, como con mucho gusto hago y haré toda aquella cosa que sirva para ayudar a que en cualquier parte del mundo donde mis modestas posibilidades puedan ayudar a hacer justicia, en este caso en mi país, que es donde estoy. Aquí vinieron oficiales de la justicia chilena, investigadores de la justicia chilena mandados por el Poder Judicial chileno, a buscar elementos para un juicio que se estaba llevando a cabo en Chile porque los juicios en este caso se realizan en forma paralela en dos países, porque es un delito que comenzó a generarse en Chile, de donde se sacó clandestinamente a Berríos, y terminó de realizarse en Uruguay, eso hace que el proceso de investigación judicial esté por un lado desarrollándose en Chile y por otro lado en Uruguay. Y naturalmente, para ambos procesos de investigación son fundamentales las informaciones que se logran conseguir en los otros países. Hubiese sido muy importante para la investigación que la justicia uruguaya realizó en Uruguay tener la información chilena, y fue muy importante para la investigación chilena tener la información de lo que se realizaba en Uruguay. A esos efectos, a los efectos de colaborar con el proceso de justicia chilena, viajaron aquí oficiales de la justicia chilena que se entrevistaron con los fiscales, con los jueces, con ministros de la SCJ, con ministros de los gobiernos de aquella época, y se entrevistaron también conmigo, y yo todo lo que pude hacer para ayudarlos a obtener la información que les permitiera esclarecer el caso naturalmente lo hice y me siento orgulloso. Y no fue una actividad clandestina de ningún tipo; no sólo vinieron los oficiales, vino –y también me entrevisté con él– el juez Madrid, que está a cargo de la causa. Por supuesto que eso sucedió, pero eso no fue ninguna actividad clandestina, lo hicieron acá naturalmente, oficialmente, legalmente y se entrevistaron con variadas figuras uruguayas del gobierno de aquel momento, que era el gobierno anterior a este. Sí, por supuesto que yo participé en eso y colaboré con eso.

EC - ¿Pero qué dice usted sobre las críticas que se hacen a esas actuaciones judiciales en Uruguay?

VV - Las estoy contestando con lo que estoy afirmando, fueron absolutamente correctas, fueron realizadas en un marco absolutamente legal en el accionar de una justicia, en ese caso la chilena, que trata de esclarecer el caso que tiene entre sus manos, y como el caso involucra acciones que se desarrollaron en Chile y acciones que se realizaron en Uruguay, buscó la información donde la tenía que buscar, en Chile y en Uruguay. Es absolutamente correcto. Con una diferencia: que mientras que la investigación que llevaron adelante los chilenos les permitió, investigando acá, viniendo para acá, aclarar el caso en Chile, por el cual hay hoy 15, 18, 19 procesados, identificar absolutamente todo el tránsito de esa acción delictiva, incluyendo la identificación, la acusación y el procesamiento de dos militares chilenos como responsables directos del homicidio, no sólo ya del secuestro, todo eso lo pudieron hacer, pudieron reconstruir toda una historia que permitió esos procesamientos, y en el caso de la justicia uruguaya eso no sucedió, lo cual justifica y esta afirmación es coherente con la que realiza el juez Salazar en la nota a la que usted hacía referencia al comenzar este reportaje.

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Edición: Mauricio Erramuspe