Emitido a las 9.08

EMILIANO COTELO:
El debate sobre el impacto acumulado de las plantas de celulosa de Botnia y Ence tuvo, en medio de esta Semana de Turismo, un nuevo capítulo de suma importancia.

Este martes, el Banco Mundial (BM) adelantó la publicación de un reporte encargado a expertos independientes, que analiza críticamente el borrador de Estudio de Impacto Acumulativo (EIA) conocido en diciembre.

Aquel borrador había sido muy alentador para la posición uruguaya en el diferendo con Argentina. Sin embargo, el documento de la consultora canadiense Hatfield, difundido esta semana, aparece bastante más matizado y recoge buena parte de las preocupaciones del gobierno de Buenos Aires.

De hecho, cuando lo entrevistamos ayer, aquí EN PERSPECTIVA, el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, se mostró muy satisfecho con el nuevo informe.

(Audio)

"Todos los puntos de información que pidió Argentina desde el comienzo están reflejados en las aclaraciones, los comentarios y las observaciones que contiene este informe."

(Fin del audio)

EC - ¿Pero cuál es la opinión de este lado del río? ¿Qué dice el gobierno uruguayo? Ayer sólo pudimos dialogar con el representante de nuestro país ante el BM, Marcelo Bisogno, pero faltaba la palabra del Poder Ejecutivo, cuyos voceros, en primera instancia, prefirieron esperar para realizar declaraciones.

Ahora, pasadas 24 horas, vamos a entrevistar a la directora nacional de Medio Ambiente, ingeniera agrónoma Alicia Torres.

***

EC - El texto de los expertos canadienses se hizo público antes de la fecha prevista, ¿no?

ALICIA TORRES:
Sí.

EC - Fue entregado el lunes de esta semana a las autoridades. Se les pidió reserva mientras lo estudiaban, hasta el 21 de abril, pero sorpresivamente el martes el propio Banco Mundial lo difundió a la prensa. ¿Cuándo accedió usted a este texto?

AT - Ayer.

EC - Ah, recién ayer.

AT - Sí.

EC - ¿Cómo observó el giro que tuvo el manejo del asunto?

AT - En primer lugar, este estudio es muy minucioso y contempla lo que fue el primer borrador que presentó la Corporación Financiera Internacional (CFI) y a la vez, a la luz de las críticas o los comentarios que recibió ese borrador, va tratando de despejar aquellos aspectos que no quedaron bien explicados. Hace recomendaciones de manera de mejorar ese estudio, sobre la base del cual finalmente va a tomar la decisión el Banco Mundial del otorgamiento de los créditos; y a la vez sobre cómo difundir y comunicar algunos aspectos que - de repente- están contemplados pero esa información no ha llegado a la opinión pública, para generar una opinión más clara y más contundente sobre estos emprendimientos.

EC - ¿Ha habido tiempo para que el gobierno examine el alcance y las consecuencias de este documento?

AT - Este documento se refiere a los informes ambientales y al informe de las empresas, no a la autorización ambiental que dio el gobierno ni a las diferentes autorizaciones a los planes de gestión que ha ido llevando adelante la autoridad ambiental, en este caso la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

EC - Pero también es cierto que con este documento, y sobre todo con lo que va a ser el EIA, al que conduce el documento y que conoceremos dentro de algunas semanas, Uruguay se juega mucho en el diferendo con Argentina. De hecho, Argentina está muy pendiente y ha solicitado que se realizara este tipo de estudios. Por eso le preguntaba si han tenido tiempo de evaluarlo en cuanto a su alcance y sus consecuencias, en cuanto a en qué medida favorece la posición uruguaya o en qué medida la complica.

AT - Es favorable en la medida en que, primero, descarta la existencia de daños catastróficos. O que (como en algún momento se manejó) estos emprendimientos sean algo extraordinario que va a producir consecuencias impensadas en los ecosistemas. Ese aspecto está despejado.

EC - Pero respecto a eso, ayer, el propio Estada Oyuela puntualizaba que el gobierno argentino nunca sostuvo que las plantas de celulosa pudiesen tener consecuencias ambientales catastróficas. Advertía que -en todo caso- lo que dicen los técnicos canadienses será una respuesta a los militantes más duros de Entre Ríos, pero no al gobierno argentino, que lo que ha reclamado es la certeza de que el impacto ambiental será acotado y de acuerdo con los márgenes aceptados internacionalmente.

AT - Lo que nos interesa es despejar las inquietudes de la gente. Eso es lo principal, de manera de garantizar que todos recorran el camino común que tenemos para recorrer en esto, que es lograr la mejor protección ambiental de los ecosistemas; fundamentalmente los del Río Uruguay y el entorno de sus costas, y que el emprendimiento sea viable ambientalmente. En principio, como también lo dice este informe, confirmando lo que decía la autorización ambiental dada por nuestro Ministerio, el uso de las mejores tecnologías disponibles va en ese camino. Ahora queda ver cómo los procedimientos productivos en su detalle fino van cumpliendo con las mejores tecnologías disponibles aprobadas por la Unión Europea.

EC - A eso iba, porque las primeras reacciones que trascendieron del gobierno uruguayo decían que el documento significaba un triunfo para la posición de nuestro país, pero la impresión que tuvimos en el equipo del programa cuando leímos con cuidado el texto fue que, como máximo, es un empate con la posición argentina. Llama la atención la crítica que los expertos hacen a la falta de información en varios asuntos clave. Y nos sorprendió que presente una cantidad tan alta de observaciones y recomendaciones: más de 70.

AT - Ellos ponen el énfasis en que aquello que recomiendan llegue a la opinión pública también, de manera de despejar las dudas. Es válido que haya una serie de recomendaciones. Es importante porque es el camino a recorrer para las mejoras que sea necesario incorporar al proyecto. En ese sentido lo veo válido, más teniendo en cuenta que lo hacen en función de un crédito que han solicitado las empresas.

Y es válido aclarar que algunas de esas recomendaciones ya fueron tomadas por la autoridad ambiental e impuestas como obligaciones a las empresas. Porque ellos no analizan, no evalúan lo que la autoridad ambiental fijó como condición al emprendimiento: analizan lo que informa la empresa que estaba propuesto en el EIA, lo que informa la CFI y lo que cuestiona la gente. Por ejemplo, nosotros ya habíamos dicho que tenía que haber una planta de tratamiento de efluentes y que tenía que haber un tratamiento primario y uno secundario. Ahí lo ponen como algo recomendable, que con las mejores tecnologías disponibles se haga eso. Para nosotros tenía que hacerse eso. No había otra cosa.

En cuanto a cuál es el diseño de esa pileta, cuál es la cantidad de materiales que entra, cuánto se retiene, cuánto sale...lo estamos analizando ahora que nos ingresó todo este proyecto de planta de tratamiento.

EC - Ese tipo de condiciones, ¿no debieron estar fijadas antes del comienzo de la construcción de la planta?

AT – No. Nosotros establecimos en la autorización ambiental que las empresas tenían que emitir cumpliendo con la legislación nacional y con lo que está acordando en el Digesto de Calidad de Agua del Río Uruguay. Para cumplir con eso había que hacer una planta de tratamiento, pero esa planta de tratamiento puede tener variaciones en su diseño y en eso trabajan consultores, ingenieros que la van diseñando. Nosotros analizamos si el diseño que nos presentan cumple con la normativa. Lo importante es tener el marco que tiene cumplir con la legislación ambiental uruguaya y binacional del Río Uruguay, que es el marco que pusimos en la autorización ambiental. Y por eso dejamos para posteriores aprobaciones los planes de gestión ambiental, en donde esos detalles se van implementando en proyectos concretos.

EC - Pasemos a otros puntos. Varios párrafos del documento se refieren a un pedido de ampliación de información y de realización de nuevos estudios de impacto...

AT - De impacto acumulado, sobre todo.

EC - ...pero también se hacen recomendaciones que implicarían algunos cambios en el diseño de las plantas. Quizás usted estaba aludiendo a este punto. Leo el punto 1 en la categoría dedicada a debilidades del borrador del EIA: "La recuperación e incineración de aproximadamente la mitad del efluente de la planta blanqueadora se consideran parte de las mejores tecnologías disponibles a nivel internacional, pero este proceso no está implementado en las plantas Orión y CMB –las plantas de Botnia y Ence–. Es una tecnología comprobada que reduciría el efluente vertido al Río Uruguay. La reducción resultante en contaminantes acuáticos individuales variaría, en principio, en el rango del 25 al 30 por ciento". Esta modificación que proponen los técnicos canadienses parecería bastante importante a los efectos ambientales.

AT – Sí. La vamos a evaluar oportunamente. Todavía no aprobamos el plan de gestión de la operación de la fábrica. O sea que tenemos un margen para que esas cosas sean incorporadas. Por suerte, porque el procedimiento que nos damos en Uruguay de ir analizando cada aspecto en particular e irlo ajustando a la mejor tecnología disponible también es una oportunidad. Si esa tecnología está disponible, es viable y mejora las condiciones ambientales del emprendimiento pero ellos no la proponen, la podemos exigir.

EC - Sobre este punto, sobre este tipo de preguntas, sobre este tipo de faltas de información, ayer el doctor Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, decía lo siguiente:

(Audio)

"De ese tipo eran las preguntas que nosotros hacíamos, es una pena que no se hayan contestado hace ocho meses, nueve meses, cuando las planteamos por primera vez. Es una pena, además, que cuando se aprobó la autorización para Botnia se haya apartado esa autorización de la recomendación de DINAMA, porque DINAMA, en su dictamen del 11 de febrero de 2005, en el punto 10, pone estas condiciones para cumplirlas antes de empezar la construcción. Y en cambio la resolución ministerial, que fue firmada el 15 de febrero del mismo año, cuatro días después, pasa estas condiciones para tenerlas antes de entrar en operación."

(Fin del audio)

EC - Estrada Oyuela decía que muchos de estos temas que el informe de los canadienses pone sobre la mesa son justamente los que Argentina ha venido reclamando que Uruguay aclare y Uruguay no aclaraba. Por ejemplo, en la Comisión Técnica del Río Uruguay.

AT - Nosotros siempre sostuvimos en esa comisión que la información que hay permite tomar decisiones sobre las condiciones ambientales en que se implantan los emprendimientos. Esa información está. Lo que no está es el detalle en particular de los aspectos constructivos y operativos que, a nuestro entender y como hacemos con un conjunto de emprendimientos, se van aprobando en los planes de gestión ambiental. Ese procedimiento es válido. En el mundo existen montones de países que tienen este tipo de procedimiento y nuestra legislación ambiental lo ampara. Nuestro procedimiento es viable y nos permite ir ajustando. Porque durante el proceso de establecimiento de un emprendimiento que lleva dos años para ponerse en funcionamiento ocurren cambios tecnológicos en el mundo en forma muy acelerada que permiten introducir mejoras. Por ejemplo, el filtro de las chimeneas. Estos cambios permiten comprar el último disponible en plaza, con la mejor tecnología disponible. Si se lo hubiera definido por escrito en 2003 ya no tendría sentido porque hay algo mejor. Es ser flexible en una realidad que es cambiante y en la que -por suerte- existen avances tecnológicos que van en el sentido de la mejora de las condiciones ambientales de los emprendimientos. ¿Por qué renunciar a tener lo último habiendo tomado definiciones tres años antes?

EC - Usted no era directora nacional de Medio Ambiente en febrero de 2005.

AT - No.

EC - Usted asumió con el nuevo gobierno, un poco después. Pero Estrada Oyuela recordaba lo que ocurrió con un dictamen de la DINAMA del 11 de febrero de 2005, en el que se ponía una serie de condiciones que Botnia tenía que cumplir antes de empezar la construcción. Sin embargo, después, cuando el tema pasó a la resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, esas condiciones se trasladaron para ser cumplidas luego, no antes de la obra sino con la planta ya en operación.

AT - No, con la planta en operación no: con la construcción en funcionamiento.

EC - ¿Usted sabe por qué ocurrió ese cambio?

AT – No. No hay nada sujeto a la planta en operación. Lo que difiere es si es previo a la construcción o si hay avances sucesivos. Creo que se valoró la oportunidad o no de tener en marcha la construcción mientras se iban tomando decisiones. Por ejemplo, el movimiento de la tierra se podía ir haciendo mientras se tomaban decisiones sobre la compra de maquinarias, etcétera, que era la información necesaria para poder informar sobre el procedimiento más detallado.

EC - Las recomendaciones son muchas, más de 70, y cada una va a requerir un estudio minucioso.

AT – Sí. Y por supuesto que nosotros vamos a atender ese estudio minucioso. Esta primera impresión es la que surge de una primera lectura general que hemos hecho y del análisis en general de todo este informe que, por suerte, es muy sólido técnicamente y avanza sobre recomendaciones.

EC - Justamente, hay un párrafo que nos llamó la atención en el preámbulo. Allí los consultores canadienses indican que "los comentarios que afirman que solamente es aceptable un proceso de blanqueo totalmente libre de cloro (TCF) carecen de fundamento; ya sea por parte de sus autores o del conocimiento científico actual". Hasta ahí hay un espaldarazo a la posición uruguaya en el debate con Greenpeace y con los asambleístas de Gualeguaychú.

AT – Exacto. Durante varios meses estuvo también en discusión en la comisión binacional si la mejor tecnología disponible era sólo TCF. Como sosteníamos nosotros, ambas están consideradas como mejores tecnologías disponibles. Después hay un ajuste del cóctel de sustancias químicas que se agregan.

EC - Ahí vamos...Porque hasta ahí los canadienses avalan la posición uruguaya, pero después agregan: "El proceso TCF cuenta con ciertas ventajas ambientales, algunas de las cuales pueden obtenerse si se modifica el diseño de la planta –que es libre de cloro elemental (ECF)– a una versión ECF-light, en la que la cantidad de dióxido de cloro utilizada es relativamente baja", etcétera.

AT - Tiene que ver con bajar el cóctel de sustancias químicas que se agregan a la celulosa para blanquearla. Se puede bajar un poco la cantidad de dióxido de cloro y sustituirlo por agua oxigenada. Esa combinación, dentro de la tecnología ECF, que utiliza dióxido de cloro, es factible y nosotros estábamos viendo eso...que algunos cambios mejoran aún más el desempeño ambiental, a pesar de ser una tecnología que usa dióxido de cloro. Incluso dentro de la tecnología de dióxido de cloro hay una especificación más, que es la Survey 8, que es la más recomendada. Y después está el ajuste de la fórmula, del cóctel que se incorpora. En todos esos detalles, que yo llamo los detalles finos, estamos trabajando para buscar que sea lo que mejor ambientalmente.

EC - Pero la lectura que a primera vista uno hace del documento de los expertos canadienses es que están recomendando modificar la tecnología, usar ECF, pero pasar a ECF-light. Entonces mi pregunta es: ¿qué implica este cambio? ¿Es fácil de aplicar? ¿Es costoso?

AT - No, no creo que tenga mayor costo, porque baja uno de los insumos y sube otro. Y en la tecnología Survey 8 ya estaba previsto que se incorporara parte de peróxido de oxígeno –agua oxigenada– en lugar de tanto dióxido de cloro. Esos son los pequeños ajustes finos que es importante que queden documentados, escritos y firmados en los planes de gestión ambiental porque es lo que luego vamos a controlar.

EC - En el informe de los consultores se pide más información en diferentes rubros. Uno de ellos era destacado ayer por Estrada Oyuela.

(Audio.)

"Usted sabe que la localización de la planta de celulosa es un tema principal, es un tema que tiene mucho que ver con la preocupación de la gente que está próxima a la planta. Este es un punto que también pide el informe. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones, cómo construyó el razonamiento para que dos plantas de esa magnitud se colocaran tan cerca de centros poblados y tan cercanas entre sí, lo que es la causa principal del malestar en la población?"

(Fin del audio)

EC - ¿Qué dice usted sobre este asunto en particular? ¿Está de algún modo en juego la localización de las plantas?

AT – No. Uno tiene que leer el informe y lo que dice es que se hagan explícitos los argumentos que llevaron a los emprendedores a definir una determinada localización. O sea, que se justifique esa decisión y que esa información sea pública, de manera que se conozcan las razones que llevaron a esa localización. No dice que esté en cuestión la localización. Dice que se justifique ante la opinión pública.

El procedimiento que existía en Uruguay para los emprendimientos industriales o de cualquier tipo que venían a instalarse establecía que primero compraran el terreno y luego comunicaran a las autoridades ambientales –más allá de otros trámites– qué emprendimiento iban a hacer y en qué condiciones. Pero era una variable definida que tuvieran el lugar. Nosotros, como vimos que eso es causa de muchos de los conflictos ambientales que tenemos. En setiembre de 2005 hicimos una modificación del reglamento de evaluación de impacto, incorporando una nueva herramienta, que se llama la Viabilidad Ambiental de Localización, por lo cual a los emprendimientos que vienen a instalarse les pedimos que hagan un análisis ambiental de las posibles localizaciones y nos reservamos el derecho a elegir aquella que ambientalmente nos parezca más razonable. Eso va a ser un trámite aparte, que se instalará ahora: es la Viabilidad Ambiental de Localización. Los emprendimientos que ingresaron al país antes de setiembre de 2005 tenían que tener la localización definida para poder hacer los análisis. Si no, ¿cómo analizar los impactos de algo que no se sabe dónde se va a instalar, si el análisis de impacto implicaba ver qué iba a hacer el emprendimiento pero también en qué contexto caerían esas acciones? ¿Cómo analizar el contexto si no sabe dónde se va a instalar? Ahora pedimos que se presenten varias opciones, que se analicen ventajas y desventajas de cada una desde el punto de vista ambiental, y nosotros nos reservamos el derecho a autorizar una que puede ser de categoría A, frente a otra de categoría B, porque ambientalmente es más viable.

EC - Pero con respecto a las plantas de Botnia y Ence...

AT - Esas vinieron con sus decisiones de localización ya tomadas. Porque así era el procedimiento en Uruguay. Así ha hecho todo el resto de los emprendimientos del país.

EC - Entonces, ¿qué es lo que están reclamando los expertos canadienses?

AT - Que se justifique cómo se llegó a esa decisión y que eso se comunique para que la gente lo sepa.

EC - Usted entiende que no está en juego la posibilidad de tener que moverlas de lugar.

AT – No. No está para nada sugerido, ni siquiera recomendado, algo de ese tipo.

EC - ¿Cuáles son los pasos que va a seguir el gobierno uruguayo en particular? Porque también las empresas tienen que actuar en función de este documento técnico.

AT - Sí, porque ellas son las que solicitan el crédito.

EC - Pero el gobierno, ¿qué pasos piensa dar después del estudio de este reporte de estos expertos?

AT - Vamos a analizar con nuestros técnicos el detalle. Vamos a construir un cuadro en el que se establezca qué cosas ya consideramos, qué cosas están pendientes de consideración y lo tendremos como algo que nos ayudará en la evaluación de los planes de gestión ambiental que tenemos que ir aprobando. En lo que hace a los aspectos del relacionamiento con Argentina y a la salida de este conflicto, es Cancillería quien está determinando esos pasos.

EC - Pero mi pregunta es: ¿su impresión es que a partir de un documento como este, que de hecho puede ser considerado una `hoja de ruta´ para la discusión sobre el impacto acumulado de las dos plantas, ven factible terminar logrando un acuerdo con Argentina? Estas recomendaciones, ¿son recomendaciones que Uruguay y las dos empresas pueden satisfacer?

AT - Pienso que sí. Porque muchas de ellas ya están incorporadas. Vamos a ir al detalle más particular para ver si todas, el 100 por ciento, o si algunas no...Y en el caso de que no, se justificará. Porque habrá técnicos que no entenderán pertinente considerar eso en este momento. Lo importante –que queda muy bien reflejado en este informe– es la necesidad de clarificar a la opinión pública cuáles son los temas de fondo y sustanciales de esto. Es un compromiso de transparencia que nosotros como gobierno queremos llevar adelante en la información, queremos llegar con la información a quienes tienen las inquietudes para despejar las dudas que aún persistan.

EC - El listado de recomendaciones y exigencias es enorme, a usted también debe haberle sorprendido que se presenten más de 70, entre 70 y 75 observaciones y recomendaciones. Ayer el representante uruguayo ante el BM, economista Marcelo Bisogno, decía, cuando lo entrevistamos aquí En Perspectiva, que era evidente que el BM había levantado la barrera de exigencias en el manejo de este asunto, que empezó manejándolo de una forma y ahora está manejando otros estándares. ¿Entonces?

AT - Se busca que sea lo mejor en el mundo. Y ojalá, porque así va a servir de emblema de cómo se pueden hacer determinadas cosas cuidando en profundidad los aspectos ambientales. Y ese destino de cuidar la calidad ambiental del entorno donde se van a establecer los emprendimientos es el punto de acuerdo que tenemos con el gobierno argentino. Entonces hacia esa meta tenemos que caminar.

EC - Pero el economista Bisogno de algún modo se mostraba molesto por el cambio de criterios y el aumento de las exigencias. Usted entiende que eso efectivamente está ocurriendo pero que es factible atender las nuevas exigencias, los nuevos parámetros...

AT - Sí, si es para mejorar los aspectos ambientales creo que sí. Justamente, a nosotros nos compete defender todo lo que sean mejoras desde el punto de vista ambiental.

EC - ¿Ustedes han podido hablar con las empresas y tener una idea de cuánto cuesta introducir los cambios sugeridos en el informe de los técnicos?

AT - No, desde que leímos el informe no hemos tenido ninguna comunicación con la empresa. Supongo que será la semana que viene, cuando ellos, que son los que solicitan el crédito, vayan despejando esas dudas de manera de continuar el camino hacia la obtención del mismo. Más allá de que a la vez, en paralelo, siguen el camino de aprobación de los planes de gestión ambiental del emprendimiento.

EC - ¿Cuándo va a haber un pronunciamiento oficial del gobierno uruguayo sobre este documento?

AT - Nosotros como gobierno uruguayo no nos pronunciamos sobre el borrador ni nos vamos a pronunciar sobre esto. Lo analizamos y recogemos los elementos de sugerencia y de recomendación que son factibles. Nos tenemos que pronunciar sobre las cosas que aprobamos, que son los planes de gestión ambiental, en los que se incorporan esas recomendaciones.

EC - Me refería a en qué momento va a estar terminado el estudio, por parte del equipo de técnicos del gobierno, de este nuevo elemento, de esta nueva pieza que se suma al debate.

AT - Pienso que en el correr de la semana que viene.

EC - No sé si desde su punto de vista queda algo por agregar a la consideración de este tema...

AT - No, justamente, aclarar lo más que se pueda, de manera de que la opinión pública se forme un verdadero panorama de qué es lo que está en juego con estos emprendimientos desde el punto de vista ambiental.

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Edición: María Eugenia Martínez