(Emitido a las 8.29)

EMILIANO COTELO:
En estos días la prensa informó que en varios despachos del Palacio Legislativo y de Presidencia los funcionarios siguen fumando. Las notas, en particular, se referían a legisladores del oficialismo. A propósito de estos hechos, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone su análisis de hoy. El título: "Cuando se fuma en el Palacio Legislativo y el Edificio Libertad".

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EC - Empecemos recordando qué es lo que está vigente desde el 1º de marzo, qué dice el decreto.

OSCAR A. BOTTINELLI:
No hay que explicarlo demasiado, todo el país lo sabe: desde el 1º de marzo está vigente la prohibición de fumar en todos los lugares públicos, en todos los lugares de trabajo, en todas las oficinas públicas. Por donde sea entran el Palacio Legislativo y su Edificio Anexo.

EC - Está prohibido fumar en espacios cerrados de uso público.

OAB - En despachos cerrados de uso público, entendiendo por tales los lugares de trabajo, las oficinas, los estudios, los despachos. Pero además está prohibido en todo lo que sea oficina pública.

La información publicada es que se fuma, y mucho, en una cantidad muy grande de despachos de legisladores que están instalados en el Edificio Anexo del Palacio Legislativo. Y cuentan los periodistas que en el Edificio Libertad, en el séptimo piso, que es donde están instalados el despacho presidencial –aunque en este gobierno el presidente rara vez usa el Edificio Libertad, ha instalado en Suárez todo su funcionamiento– y el despacho del secretario de la Presidencia, se fuma y mucho en despachos de importantes autoridades.

EC - ¿Por dónde encaras el análisis de esta situación?

OAB - No se puede decir que es gente que considera que el decreto es ilegal y que está invadiendo potestades del Poder Legislativo, porque en ese caso no sería fumando, sino con planteos, utilizando todos los recursos que tienen los legisladores, desde pedido de informes, planteos en sala, llamados a comisión, interpelaciones, que plantearían el tema, cosa que no ha ocurrido en ningún caso, se trata más bien de actos de rebeldía.

Y este es el sentido que tiene que lo tomemos para un análisis, porque con estos gestos legisladores, gobernantes o políticos están considerando que hay gente que manda y gente que es mandada, y que las normas sólo deben ser cumplidas por los mandados, no por los que mandan. Aunque explícitamente no se diga, esa es la señal que se da cuando se transgrede abiertamente una norma que se está cumpliendo y haciendo cumplir muy fuertemente en el país, con episodios públicos muy significativos. Cuando se dice "acá tenemos una especie de inmunidad y hacemos lo que queremos", la señal es "no nos llega la ley, tenemos una ley propia".

EC - Por lo que dices es evidente que para ti este no es un episodio aislado. ¿Qué otros ejemplos tienes en la cabeza de incumplimiento de las normas?

OAB - Hay algunos tipos de privilegios existentes o autoasumidos menores cuya reiteración ha aparecido siempre en las encuestas como elementos de crítica a la dirigencia política. Uno es el de los autos oficiales, a veces con exceso de sensibilidad por parte de la gente que considera que prácticamente todo uso de un auto oficial es un exceso, pero en otros casos con abusos muy comprobados de autos oficiales circulando con familias un sábado, un domingo, una noche, sin que sea muy claro que se estén cumpliendo misiones oficiales.

Y una cosa que se recoge muy cotidianamente y aparece en las encuestas, que los ciudadanos ven como una actitud de transgresión, de considerar que se tiene una inmunidad, es el estacionamiento en lugares prohibidos. Por supuesto, en algunos lugares hay prohibición de estacionamiento por razones de seguridad o de reserva de espacio donde que estacione un legislador o un gobernante tiene su sentido. Pero cuando la prohibición es por razones de tránsito, para que el tránsito circule, es considerar que se tiene derecho a interrumpir el tránsito en función de un cargo que se ocupe.

Esto es lo que se podría llamar el concepto argentino del poder –es un tema interesante en el análisis de todo lo que implica la conducta argentina–, se asocia el poder con la posibilidad de incumplimiento de la ley, de ilimitación de ese poder. Siempre hay dos ideas sobre la conducta de quienes tienen poder: el que siente que el poder da derecho a la extralimitación si no, no se tiene poder, y el que considera que el poder es lo contrario, que obliga a un estricto cumplimiento de las normas, aun más que cuando se es ciudadano común, porque obliga a la mayor sobriedad en los actos y a dar ejemplo. En este caso está en juego cuál de las dos actitudes se asume.

EC - ¿Y cómo impacta en la sociedad esa extralimitación en las conductas?

OAB - Hay que tener en cuenta cómo estas extralimitaciones en las conductas como actitudes asociadas con el desempeño de un cargo, como las faltas a las sesiones –la Cámara de Diputados tiene 99 miembros y en las votaciones se ve que normalmente hay 50, 50 y pico legisladores, rara vez hay 90–, como la baja productividad de los parlamentarios –aunque el concepto de productividad puede ser muy discutible, pero normalmente son una cuarta parte, sobre todo en la Cámara de Diputados, de las personas las que asisten a comisiones, estudian los temas, participan en los debates, hacen informes, y después hay un degradé de mucha menor productividad; si bien a veces la productividad de los parlamentarios se consideran en función de la cantidad de reuniones y el reunionismo en sí mismo no es productividad–, pueden aparecer como menores por lo simple que son, pero impactan claramente en la gente.

En el caso uruguayo lo que puede llamarse el abuso del poder, el no respeto de las normas es de las cosas que más molestan en el gobernante. Esto fue llevando, junto con causas más de fondo, situaciones económicas, sociales del país, a un desprestigio de la dirigencia política, que fue notorio, visible, no puede respaldarse en encuestas pero era sostenido como un denominador común por todo el mundo, en el período previo al golpe de Estado y explícitamente aparece como uno de los fundamentos del golpe de Estado. Después, desde 1985, momento en el que resurge con gran fuerza el prestigio de la actividad política, viene un declive, tenue pero sistemático, se puede decir que año a año ha venido habiendo un prestigio menor durante los 20 años siguientes.

En general la izquierda entraba más o menos o quedaba fuera de este desprestigio, cuando se hablaba de los políticos muchas veces la gente no incluía a los de izquierda, lo cual ha permitido que hoy la palabra "político" no tenga la connotación tan negativa que tenía hasta hace poco tiempo. Pero ahora que la izquierda está ejerciendo el gobierno, que tiene el desgaste del gobierno, que son mirados los dirigentes de izquierda, particularmente los legisladores y los gobernantes, con una lupa con que no eran mirados antes por el grueso de la opinión pública, que canalizaba la observación más sobre blancos y colorados, está entrando en ese círculo de afectación de prestigio. Y si su conducta es de una transgresión que no está motivada explícitamente en un planteo político de decir "yo discrepo con el gobierno y lo digo públicamente", sino una transgresión más de tipo adolescente, "estoy en mi despacho y fumo, hago lo que quiero y no cumplo la norma", tarde o temprano viene la igualación de todos, entrando en esa afectación de prestigio sobre la actividad política. Esa igualación se agudiza cuando se producen actos de clara transgresión de normas por la transgresión misma, sin una fundamentación política.

EC - ¿Conclusiones?

OAB - La necesidad de estar alertas los propios dirigentes políticos, en primer lugar los propios protagonistas de estas transgresiones, sean legisladores, sean miembros del Poder Ejecutivo, porque en las cosas grandes pero muy fuertemente en las cosas pequeñas que llegan a la gente es donde se juegan el prestigio y el desprestigio de las dirigencias políticas, en los que a la corta o a la larga se juegan el prestigio o el desprestigio de las instituciones.

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EC - Ese artículo periodístico sobre cómo se fuma en el Palacio Legislativo, publicado por el diario El Observador el lunes, tuvo sus consecuencias, porque anteayer la bancada del Frente Amplio resolvió mandatar a los legisladores a no fumar en ese edificio y a que tampoco lo haga el personal a su cargo.

OAB - Ahí está quizás la gravedad: que la bancada oficialista mandate a sus legisladores a cumplir la norma. Como mensaje es bravo.

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Edición: Mauricio Erramuspe