(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
Ayer de tarde tuvo lugar una manifestación en los alrededores del Palacio Legislativo que tenía como objetivo apoyar un proyecto de ley que promete ser una piedra en el zapato del presidente Tabaré Vázquez.

Complicado asunto: se trata del Proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. Una propuesta redactada por las senadoras del oficialismo Mónica Xavier, del Partido Socialista, y Margarita Percovich, de la Vertiente Artiguista. Un proyecto que, entre otras cosas, prevé la despenalización del aborto en determinadas condiciones.

El proyecto viene siendo estudiado por los legisladores del Frente Amplio (FA) desde la semana pasada, y el lunes comenzó un proceso en el cual se espera que quienes estén de acuerdo con él lo firmen, de modo de explicitar su apoyo.

Ayer la organización Mujer y Salud en Uruguay se manifestó frente al Parlamento exigiendo que los legisladores incluyan este tema en el debate de las cámaras.

En Perspectiva nos interesa conocer esta mañana cómo empieza a perfilarse ese debate. Por eso, para empezar por el principio, recurrimos a alguien que ha estado detrás de esta iniciativa, vamos a conversar con la senadora Margarita Percovich.

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Senadora Percovich, estaba revisando el texto del proyecto de ley, y quiero empezar por preguntarle qué diferencias tiene con el proyecto que en la legislatura anterior se discutió en el Parlamento, fue aprobado en la Cámara de Representantes y no tuvo luego los votos suficientes en el Senado. Anda muy cerca este texto, ¿no?

MARGARITA PERCOVICH:
Sí, el primer capítulo es distinto, porque las condiciones son distintas en esta nueva administración, ya hay una programación dentro del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el sistema educativo con relación al derecho a la salud sexual y reproductiva, tanto el programa como la aplicación de políticas, por lo tanto estamos recogiendo en un texto legal lo que ya se está haciendo dentro de la administración del Estado, poniéndole un marco de derecho desde los derechos humanos y los principios éticos que tienen que regir estos programas. Sobre todo tratamos de darle un marco legal a las reformas, las discusiones y los debates que se están dando en este momento con relación a la reforma de la salud y la reforma de la Ley de Educación.

EC - Para los oyentes que quizás no tienen frescos los antecedentes, ¿por qué este proyecto tiene este nombre tan largo y tan complicado: "Proyecto de ley de defensa de la salud sexual y reproductiva"? En definitiva, ¿qué es?

MP - Porque nos pareció que, más allá de que estamos modificando algún artículo del Código Penal regulando el delito de aborto –me importa destacar esto porque generalmente se habla de que se despenaliza el aborto y no es así, el delito de aborto sigue existiendo, simplemente se están regulando algunas de las instancias en que se puede tomar resolución al respecto, situaciones muy acotadas en plazo, etcétera–, era importante dar un debate con relación a la concepción integral de la salud. Lo estamos enmarcando dentro de los debates sobre el cambio de modelo en la salud, la atención primaria, etcétera, y en los derechos.

Cuando estamos hablando de prevención y de la formación que tienen que tener los técnicos de la salud y los docentes con relación a nuestros comportamientos, nuestras relaciones interpersonales, es bueno que se debata también en este marco. Podemos pensar que es demasiado taxativo y que todo esto podría ser objeto de reglamentación porque de hecho ya hay reglamentaciones al respecto del MSP, que aquí se recogen, pero es bueno que exista un marco legal y que se debata sobre este tema, que es lo que nos interesa principalmente.

EC - ¿Qué ocurre en Uruguay con la salud reproductiva? ¿Cuáles son los problemas que ustedes detectan en este campo?

MP - Algunas de las cosas que se señalan acá como principios y que culturalmente no se integran en la salud. Las relaciones sexuales y reproductivas generalmente se unen y no se integra el cuerpo dentro de la concepción de una persona vital, que tiene que ejercer su sexualidad de una forma sana y responsable. Esto es lo que nos parece importante debatir.

EC - Hasta ahora esto suena un poco abstracto, ¿puede ser un poco más concreta?

MP - Son principios, en primer lugar estamos señalando que el Estado tiene que garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de esos derechos sexuales y reproductivos que están reconocidos por el Estado, que forman parte de los Derechos Humanos. Estamos trayendo eso a una legislación concreta porque el Estado se comprometió desde la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos a integrar los Derechos Humanos y reproductivos, y desde la Conferencia sobre Población y Desarrollo, de El Cairo, a integrar en los programas del Estado la conceptualización y las prácticas de estos derechos.

Definimos eso como un deber del Estado y algunos principios rectores dentro de los temas de la salud y la educación, hablamos de la necesidad de la equidad, en términos de género y justicia social, la igualdad de trato, de oportunidades, la prestación de servicios. Ponemos una serie de principios que tienen que ver con el cambio de modelo; no estamos innovando, todo esto ya está definido en las nuevas programaciones del MPS, la universalidad, la calidad, la privacidad. Algunos principios éticos que en materia de sexualidad humana tienen que priorizarse; esto va especialmente dirigido a aquellos que cumplen funciones en la salud, los docentes, etcétera.

Se establece la necesidad de respetar la diversidad de maneras de pensar, de valores, de tiempos personales. Esto es bien importante, hay que reconocer el derecho de las personas a procurar su satisfacción sexual durante todo el ciclo vital; recogemos el reclamo de distintas organizaciones de que se respeten los derechos de la tercera edad a ejercer su sexualidad, algo que muchas veces desde la práctica los propios técnicos no tienen en cuenta. Y seguimos insistiendo en la necesidad de una especialización adolescente, porque hoy los adolescentes en el área médica son atendidos o por pediatras o por médicos de adultos, y este tema nos tiene que preocupar, entonces es bueno establecerlo en un marco legal.

EC - Con respecto al delito de aborto en particular, las disposiciones están en los artículos 9, 10 y 11, sobre todo en el 9, que dice: "Derecho de la mujer. En el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez en las condiciones que determinan los artículos siguientes". Y el artículo 10 dice: "Para ejercer el derecho reconocido en el artículo anterior, bastará que la mujer alegue ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso".

¿Por qué este tipo de despenalización del aborto?

MP - En este caso estamos estableciendo un plazo internacionalmente reconocido para ejercer esa decisión y luego nos parece que es la forma exacta de definir el derecho a decidir si se quiere tener un hijo o no. Tenemos establecido como Estado el compromiso de darles a las parejas o a las personas la posibilidad de espaciar sus hijos o de tenerlos en el momento en que quieren, y esto está dando ese derecho, para que no sea penalizado. Después establece los deberes del médico con relación a esta decisión, hay que dar toda la consejería relativa a las opciones alternativas que se pueden tomar. Esto es muy importante porque ya se está practicando, es un hecho que para las mujeres que llegan a interrumpir su embarazo no es una decisión ligera, y una de las cosas importantes que tenemos que destacar es que en los últimos años, y muy especialmente en esta administración, se han logrado evitar embarazos con una tarea de consejería que hay que seguir extendiendo a todo el país con entrega de anticonceptivos. Pero si el embarazo sobreviene igual, hay que darle todas las opciones posibles a la persona que tiene que tomar la decisión.

Eso es lo que nos importa porque hay un problema sanitario que Uruguay tiene que evitar, se ha estado haciendo un seguimiento que no se había hecho con relación a las muertes maternas en este período y evidentemente hay un porcentaje que preocupa de muertes que se producen de mujeres que llegan a atenderse en los hospitales de Salud Pública en condiciones lamentables después de un aborto hecho en condiciones insalubres y clandestinas. Esto es lo que queremos evitar fundamentalmente.

EC - Estas disposiciones a propósito de despenalización del aborto son muy parecidas...

MP - Despenalización del aborto en determinadas condiciones, porque si reiteramos eso es como que estuviéramos diciendo que con este proyecto de ley estamos eliminando el delito de aborto y no es así. Nadie puede ser obligado a interrumpir su embarazo, eso queda claramente establecido en este proyecto de ley.

EC - Esta despenalización del aborto en determinadas condiciones repite lo que estaba en el artículo correspondiente del proyecto que en el período de gobierno anterior fracasó en el Parlamento.

MP - Es igual.

EC - ¿Por qué insisten en un texto de estas características, teniendo en cuenta por un lado el anuncio del presidente Tabaré Vázquez en cuanto a que está dispuesto a vetar un proyecto que incluya este tipo de disposiciones, y teniendo en cuenta que la viabilidad de la aprobación en general, incluso descartando el factor veto presidencial, está bastante discutida, no están los votos para un proyecto así en principio?

MP - Porque nos interesa mucho más que esto el debate cultural sobre los derechos de las personas con relación a los servicios del Estado y a la propia cultura que tenemos que incorporar como personas, hombres y mujeres, con relación a las responsabilidades que tenemos en el ejercicio de nuestra salud sexual y reproductiva. A nosotras nos importa mucho, después veremos en el debate cuál es la experiencia que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, discutir estas cosas en el cambio de conducta y en el cambio de perspectiva del propio sistema político.

EC - Pero dentro de la bancada del oficialismo en el Senado no está claro que el proyecto recoja unanimidad.

MP - Estamos dando bastantes batallas culturales de cambio, algunas y algunos estamos trabajando sobre el tema Derechos Humanos, esta es una más, y por lo tanto una concepción distinta y no hipócrita de la sociedad con relación a este tema, que es la necesidad de que las personas reflexionen responsablemente y sean atendidas en esa reflexión responsable por el Estado para tomar decisiones de acuerdo con su propia evolución, su escala de valores, sus creencias, etcétera. Es un esfuerzo que tenemos que seguir intentando y en cada período en que discutimos estas cosas hay un crecimiento de responsabilidad de la sociedad uruguaya y de la propia administración del Estado.

EC - ¿Con el presidente Vázquez han hablado de la posición que tiene y que ha manifestado públicamente?

MP - Se ha intentado hablar varias veces, me consta que la senadora doctora Mónica Xavier ha hablado con el doctor Tabaré Vázquez, pero el doctor Tabaré Vázquez, como cualquiera de los demás integrantes del sistema político, tiene su propia definición, que muchísimo respetamos, porque acá no se trata de obligar a nadie. Además la fuerza política tiene una definición de libertad de decisiones, es un tema de conciencia de cada uno, por lo tanto el hecho de que el doctor Tabaré Vázquez no esté de acuerdo con esto para nosotros es un dato de la realidad que es muy importante pero tenemos otros objetivos.

Queremos seguir debatiendo sobre este tema para que cada uno vaya incorporando en esa escala de valores, en su formación, algunos conceptos que nos parecen importantes, sobre todo con relación a las responsabilidades que tiene el Estado en la decisión de las personas, que no es delimitar las voluntades sino respetarlas con las mayores garantías. Esto es lo que está tratando de impulsar este proyecto de ley, por eso define tanto los principios éticos, los objetivos y las acciones o responsabilidades que tiene que cumplir el Estado en sus cometidos.

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Edición: Mauricio Erramuspe