(Emitido a las 7.40)

EMILIANO COTELO:
Si ustedes observan las portadas de los diarios aquí en Montevideo, más o menos se van a encontrar con el mismo tono en los titulares principales. Todos refieren a lo que está sucediendo en Tribunal Internacional de La Haya. Por ejemplo, Últimas Noticias: "Gobierno estima que ganó primer round del juicio. El Frente se reunió para analizar el día después del fallo en La Haya". El País: "Entusiasmo oficial tras el primer lance en La Haya. Uruguay considera que Argentina no aportó nuevos elementos. Hoy se hacen los alegatos finales". La Diaria: "Uno a cero. Comenzó el juicio de Argentina contra Uruguay en La Haya". El Observador: "Satisfacción  tras primer choque en La Haya. Uruguay apostó a la solidez de sus argumentos y Argentina a la emotividad". Por último La República: "Hoy en La Haya los litigantes queman sus últimos cartuchos. Satisfacción en círculos de gobierno por el reslutado de la primera jornada. Se estima que la posición uruguaya salió fortalecida por la contundencia de los argumentos expuestos".

En todo caso, ese puede haber sido el resultado ayer. Falta conocer cómo se dan las cosas hoy, segundo día de audiencias. Una intervención prevista para las réplicas aunque ayer ya en la alocución de los expositores uruguayos ya se contestó al menos parcialmente algunos argumentos argentinos, hoy es el día en que esto terminaba de clarificarse. El día en que esto terminaba de clarificarse, el día en que los motivos, las razones, los recursos terminan de exponerse y quedan a consideración de los jueces.

¿Qué es lo que ha pasado entonces en la segunda intervención de la República Argentina? Vamos a conversarlo con Andrés López Reilly.

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Andrés, has estado siguiendo desde el Servicio Informativo de El Espectador la trasmisión de VTV. ¿Cuáles son las conclusiones?

ANDRÉS LÓPEZ REILLY:
Cambió el tenor de las ponencias, por lo menos con respecto a la audiencia de ayer. Argentina salió a pelear ahora con otros argumentos, con un tono mucho más fuerte por parte de los abogados, tratando de convencer de que sus argumentos son los correctos, incluso por momentos tratando de desacreditar en el ámbito profesional a sus colegas de la delegación uruguaya.

Volvió a reiterarse que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay –eso había sido casi monotemático en la presentación de ayer–, un tratado de 1975, y se destacó que no existe, o por lo menos no se ha visto, un documento firmado por los ex cancilleres Rafael Bielsa y Didier Opertti que, por encima de las potestades de la comisión, haya autorizado la instalación de estas dos plantas de celulosa en el litoral uruguayo.

EC - Han señalado que no existe el documento firmado al que se ha aludido tan reiteradamente por parte del gobierno uruguayo, pero incluso en otros documentos del gobierno argentino. Qué interesante eso que dijeron los voceros del otro lado.

Ese tono más fuerte de la delegación argentina se produce por las características de los alegatos de ayer. Distintos observadores coincidieron en que los argumentos de nuestro país fueron más firmes que los argentinos.

ALR - La opinión general que había ayer en La Haya era que los argentinos quedaron mal parados, fuera de escuadra, tras su presentación. Incluso no quisieron responder a preguntas de la prensa, ni siquiera de la prensa de su país. Con respecto a Uruguay la opinión generalizada es que nuestro país hizo una presentación muy contundente, sobre todo por parte de los expertos en derecho internacional contratados por el gobierno uruguayo, el italiano Luigi Condorelli, el escocés Allan Boyle y el estadounidense Paul Reichler.

EC - ¿Cuáles fueron los pilares fundamentales de la defensa de la posición uruguaya?

ALR - Básicamente destacaría tres. En primer lugar que no existe un riesgo inminente de contaminación del Río Uruguay; luego que los derechos de Argentina no se han visto amenazados; y en tercer lugar, que una medida cautelar –esto lo dijo Héctor Gros Espiel–, una detención de las obras si se hace lugar a la solicitud argentina, sería catastrófica para nuestro país.

EC - Me llamó la atención un argumento que utilizó el jurista italiano Luigi Condorelli, quien advirtió que la pretensión argentina estaba exorbitando el Tratado del Río Uruguay y alertó a la Corte Internacional de Justicia que acoger la medida cautelar implicaría estar prejuzgando con respecto a las atribuciones de fondo, porque el Tratado del Río Uruguay sólo prevé que hay que hacer consultas entre las partes cuando se desarrollen obras que afecten la navegabilidad del río o la calidad de las aguas, por lo tanto argumentos como los que manejó Argentina ayer en cuanto a que lo hecho hasta ahora, las obras, lo que ha avanzado en la construcción de las plantas, ha afectado el turismo o el paisaje, no entran para nada dentro de lo previsto en el artículo 7º del Tratado del Río Uruguay. Fue uno de los argumentos novedosos que aparecieron ayer en las exposiciones uruguayas.

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EC - Volvamos a lo que ocurrió esta madrugada en las presentaciones argentinas. Se destacaron argumentos expuestos por los expertos internacionales contratados por Buenos Aires que están trabajando especialmente para este caso. ¿Cuáles mencionarías?

ALR - Por ejemplo la de Marcelo Kohen, quien trabaja como docente de Derecho Internacional en Ginebra, sin embargo es un abogado nacido en Argentina, que dijo que la delegación uruguaya pretende transformar el plan conjunto de monitoreo en una especie de autorización para la construcción de las plantas.

EC - Porque ayer el embajador Gros Espiel volvió a tirar sobre la mesa la oferta de creación de un mecanismo conjunto de monitoreo de la eventual contaminación de las plantas una vez que estas estén operando.

ALR - El doctor Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres, aseguró que Uruguay no se encuentra en tercer lugar en el ámbito mundial en materia de preservación medioambiental –eso fue una sorpresa para varios–, sino en el lugar número 134, citando estudios de conocidas universidades. Escuchemos un tramo de la intervención del profesor Philippe Sands.

(Audio)

"PHILIPPE SANDS: (traducción)
Los argumentos de Uruguay han sido débiles, con todo respeto. Uruguay a prima facie ha cumplido con sus obligaciones en virtud del estatuto del 75; cuando Uruguay de hecho lo haga, si lo hace, estará en posición de responder. Los derechos que ha invocado Argentina son muy reales y solicitan la protección de esta Corte, que tiene un lugar especial dentro del esquema diseñado por el Estatuto. Los argumentos de Uruguay hicieron referencia a los records aparentemente sorprendentes de cumplimiento con las normas ambientales. Los estudios preparados por las universidades de Yale y Columbia pueden verse en sus carpetas, van a ver las carpetas de 2006 y van a ver que Uruguay no llega ni a los primeros 133 países del mundo en materia ambiental".

(Fin del audio)

ALR - También la consejera legal de la cancillería argentina, Susana Ruiz Cerrutti, quien comanda la delegación del vecino país, se despachó con fuertes alegatos.

(Audio)

"SUSANA RUIZ CERRUTTI: (traducción)
Si Argentina hubiese aceptado la construcción de las plantas, como pretende Uruguay, ¿cómo comprender que un año después del pretendido acuerdo de 2004 el presidente de la delegación argentina en la CARU solicitara formalmente a la comisión que Uruguay respetara el mecanismo de consulta y de información previa para CMB y Orión? Y repetía esta solicitud cinco meses después. Si en marzo de 2004 Argentina hubiese estado de acuerdo en la cantidad y calidad de la información disponible sobre el proyecto, ¿cómo comprender la creación, un año más tarde, de un grupo técnico que, como el embajador explicó, justamente fracasó por negarse Uruguay a dar la información solicitada por Argentina?"

(Fin del audio)

ALR - CMB y Orión son Botnia y Ence. Argentina y Uruguay disponen de dos horas cada uno para presentar hoy sus réplicas. Al igual que ayer, Argentina comenzó su exposición a las 5 de la mañana de nuestro país, en tanto que Uruguay lo va a hacer a partir de las 11.30. Cabe recordar que una vez finalizadas estas intervenciones la Corte se va a tomar un plazo para pronunciarse que podría ser de entre cuatro y seis semanas. De todos modos hay antecedentes de casos en los que la Corte adoptó decisiones sobre medidas cautelares en mucho menos tiempo, por ejemplo en 24 horas.

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Edición: Mauricio Erramuspe