(Emitido a las 7.36)

EMILIANO COTELO:
La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) decidió extender a sus 8.500 funcionarios los beneficios del fallo judicial que la obliga a cumplir con el convenio salarial del año 2001, que el municipio dejó sin efecto a raíz de la devaluación y la crisis del año 2002. Aquel convenio establecía ajustes semestrales por el Índice de Precios al Consumo (IPC) más dos o tres subas anuales por encima del IPC.

Después de la reunión que celebró ayer el intendente Ricardo Ehrlich con su gabinete, el prosecretario, Jorge Rodríguez, informó que para afrontar ese gasto no se aumentarán los impuestos, no se afectarán los servicios ni se recortarán las principales inversiones programadas. Según el jerarca, las nuevas autoridades, las que asumieron hace un año, se veían venir este fallo originado en una demanda presentada por unos 4.200 empleados.

(Audio)

"JORGE RODRÍGUEZ:
El presupuesto municipal no va a ser afectado en los grandes números por esta sentencia. Cuando fijamos las obras, las inversiones, los gastos que la Intendencia iba a realizar en estos tiempos, teníamos en cuenta la posibilidad de esta sentencia. Hay que recordar que hay varios juicios simultáneos; teníamos al menos cuatro sentencias favorables en primera instancia y cuatro sentencias negativas. Estábamos muy parejos. Tenemos esta en el tribunal de apelaciones, el juicio más grande, que para la Intendencia el tema está dilucidado. Pero la posibilidad de que el tema se dilucidara por este camino estaba ahí. Por lo tanto, cuando el intendente Ehrlich se comprometió ante la población a hacer determinadas obras, a determinados planes y a determinado programa de gobierno tenía presente esto".

(Fin del audio)

EC - Este fin de semana algunos medios de prensa habían informado que la Intendencia pensaba pedir un crédito al gobierno central para afrontar esta situación. El doctor Jorge Rodríguez descartó esa posibilidad. De todos modos, el funcionario dijo que entre los fondos que se utilizarán para cubrir esta demanda, hay partidas que ya estaban comprometidas y que provienen de algunos organismos de la administración pública.

(Audio)

"JR - Teníamos previsto, en base a una buena gestión, ir aumentando la recaudación, sin aumentar impuestos, simplemente con buena gestión de cobro, aumentar el superávit nuestro. Teníamos compromisos de parte del gobierno nacional –que pensamos que se van a incorporar en las próximas normas presupuestales nacionales- de ir mejorando la relación de ingresos, por ejemplo en cuanto a aportes del BPS, a posibles aportes del gobierno nacional en el saneamiento".

(Fin del audio)

EC - Rodríguez dejó en claro que la Intendencia puede asumir el costo de esta sentencia. Aunque también admitió que si la Justicia apura a la comuna con las fechas de los pagos, probablemente tenga que acudir a algún tipo de mecanismo financiero, por ejemplo un préstamo, aunque en ese caso no se recurriría al gobierno central, como había trascendido.

Nos interesa conocer cómo la oposición está siguiendo este tema. Para eso, vamos a conversar con la edila de la Lista 15, Partido Colorado, Glenda Rondán.

***

Edila Rondán, usted ha estado preocupada por este tema desde hace tiempo. ¿Cómo ve el curso que van tomando los acontecimientos?

GLENDA RONDÁN:
Lo primero que tenemos que decir en cuanto a las obras previstas en el presupuesto es que son mínimas: terminar saneamiento y la bahía, no hay otras. Dice que si se puede se hará tal y cual cosa y se pone en una bolsa una cantidad de cosas, como terminar el Teatro Solís, etcétera, pero las obras son solamente esas.

Se dice claramente que no se va a hacer la perimetral, que la va a seguir el Ministerio de Obras Públicas. Es una de las cosas que nosotros en su momento cuestionamos, dijimos que era un presupuesto administrativo, que no tenía política de obras. Por eso señalábamos a dónde iba el dinero de los contribuyentes.

También hay que destacar que este juicio no es de esta administración, no es responsabilidad de esta administración. Obviamente, la tiene que asumir porque es lo que la ley marca, no tiene más remedio. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Tenemos claro que el gobierno nacional nos va a ayudar.

EC - ¿Usted tiene cálculos hechos de cuánto implica cumplir con esta sentencia judicial?

GR - Unos 12.000.000, más o menos.

EC - Se ha hablado de 12 a 20.000.000, no entiendo por qué la franja es tan amplia.

GR - Tenga en cuenta que –es feo lo que voy a decir– algunos funcionarios a lo mejor se murieron, por ejemplo. Podría llegar a los 15, 18, no creo que llegue a los 2.000.000 millones.

EC - ¿Usted está teniendo en cuenta la retroactividad, todo lo pasado, más la incorporación que ahora se produce a los salarios de aquellos aumentos que no se habían ejecutado?

GR - Sí, por eso hablan de 20, puede ser que dé 20. Pero si bien este juicio no va a subir los tributos, de todas maneras, salga de donde salga el dinero, del gobierno nacional o, si no alcanza, de un préstamo bancario de la banca nacional, porque los préstamos del BID no se pueden utilizar más que para obras, para lo que están determinados, para pagar deudas no se pueden usar los préstamos de ningún organismo internacional, se pueden usar para lo que se pidieron, por lo que se firmó.

EC - Por lo que decía ayer el doctor Rodríguez, la idea es cumplir con lo que está pendiente distribuyendo esa deuda a lo largo de los cinco años y por lo tanto no tener que recurrir en ese caso a ningún crédito. Si la Justicia apura sí se necesitaría algún financiamiento.

GR - El tema es también la contraparte, qué van a decir los funcionarios, porque acá hay dos partes, la parte que perdió el juicio y la parte que lo ganó. Tendrá que haber una etapa de negociación y habrá que ver cuál es la voluntad de Adeom en este tema, cosa que no sé porque no he conversado con la gremial.

Pero hay que tener claro que salga de donde salga, sale de nosotros, porque el Estado no genera ganancias, sale del bolsillo de todos los montevideanos. Acá se ata otro tema que la minoría de la Junta Departamental le señaló al intendente sobre este presupuesto, cuando vino el presupuesto observamos lo que se hacía con los curiales...

EC - ¿Qué son los curiales?

GR - Los curiales son los funcionarios de la división de la Intendencia que realiza los juicios por deuda de tributos, cualquier tipo de juicio que lleva adelante en contra de alguien. El Código Tributario establece que el 60% de las ganancias que recobre el organismo va para el funcionario o los funcionarios que realicen el juicio, sean abogados o escribanos. Debe hacer 60 o 70 años que esto se mantiene en la IMM. Cuando vino el presupuesto nosotros señalamos –sin discutir si está bien o está mal– que cambiar eso era contravenir el Código Tributario y el Código General del Proceso, donde está expresamente escrito.

EC - ¿Por qué menciona esa preocupación?

GR - Porque cuando viene la observación del Tribunal de Cuentas la Junta Departamental hace caso omiso, pasa a la Asamblea General, que presumo que no se va a reunir, no va a tener número. Esto ya es tradicional, no es una cosa del Frente, cuando vienen las observaciones, si el gobierno no las quiere levantar, no hace número y se acabó, no importa qué gobierno sea.

Digo esto porque esa gente va a ganar el juicio y va a ser muchísimo más dinero, porque es mucho el dinero que a esta gente le van a retacear.

EC - Usted está anticipando para el futuro un problema parecido a este que ahora se está enfrentando.

GR - Seguro, porque si uno está violando la ley, tarde o temprano va a tener un juicio y va a perder, porque, que yo sepa, no se van a modificar ni el Código Tributario ni el Código General del Proceso. En nuestra exposición incluso leímos los artículos, recuerdo los números de los artículos en los que dice eso expresamente. Y tenga en cuenta que los que ahora van a hacer juicio son todos abogados y escribanos, y no estamos hablando de cualquier abogado, estamos hablando de gente muy bien preparada.

EC - Teniendo en cuenta esta luz amarilla que usted enciende para el futuro, si miramos ahora el incumplimiento del convenio del año 2001, ¿cómo debió haberse manejado aquella situación cuando se precipitó la devaluación, vinieron la devaluación y la crisis bancaria y la Intendencia no podía hacer frente a los ajustes que había comprometido?

GR - Vino la devaluación, vino la crisis bancaria, pero me imagino que usted, igual que yo, escuchó al doctor Vázquez, al presidente ayer en la televisión, el propio presidente Vázquez, diciendo algo que yo no comparto, que nosotros cambiamos de política y seguimos la política de ellos, lo cual no es así, en los años anteriores tuvimos que aplicar políticas que no esperábamos, no hubo más remedio que aplicar otra política, pero en 2004 empezamos a aplicar la que realmente queríamos. Quiere decir que si pudimos modificar cosas en el gobierno nacional, bajar el IRP, etcétera, en la Intendencia el gobierno anterior pudo haber comenzado a pagar, por lo menos haber comenzado a negociar con los funcionarios este tema. Pero hay que recordar las palabras tanto de la secretaria general como del propio intendente Arana y después del intendente Pérez Piera con respecto a este tema. En el caso de Pérez Piera hubo desconocimiento, porque es un notorio jurista, aunque permanentemente viole la ley, violaba la ley en tanto era funcionario de la Intendencia.

EC - Estamos entrando en otro tema.

GR - No sigo con eso, pero cuando fuimos saliendo de la crisis, mediados de 2003, por ejemplo, pudieron haber hecho algo, por lo menos negociar para no llegar a entregar una administración con tamaña deuda que, finalmente –repito–, salga de donde salga, sale de los bolsillos de cada uno de los montevideanos. En el caso de que ayudara el gobierno nacional, yo entendía que el dinero del gobierno nacional iba a ser para saneamiento, pero si no va a ser para saneamiento, ¿qué va a pasar con el saneamiento?

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Edición: Mauricio Erramuspe