Abreu afirma que la estrategia financiera de Argentina "está fragilizada"
El senador nacionalista Sergio Abreu opinó que el gobierno uruguayo "tiene que buscar un diálogo político interno para explicar cuál va a ser su estrategia" tras el fallo de La Haya. Adelantó que ahora desde Argentina se buscará "interpretar este fallo para tratar de limitar la capacidad de financiamiento" de las obras. Sin embargo, "esta estrategia hoy está muy fragilizada porque la Corte ha definido claramente que no ha probado el daño irreparable".
(Emitido a las 8.48)
EMILIANO COTELO:
Eran aproximadamente las 6 de esta mañana cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya emitió su pronunciamiento rechazando las medidas cautelares solicitadas por Argentina y por tanto desestimando la suspensión de las obras de construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos. La decisión fue respaldada por 14 jueces contra 1.
Estamos en diálogo con el doctor Sergio Abreu.
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Doctor Abreu, usted también madrugó hoy, siguió de cerca toda la exposición de la presidenta de la CIJ, que comenzó sobre las 5 y terminó pasadas las 6 hora uruguaya. ¿Ha hecho ya una composición de lugar?
SERGIO ABREU:
Sí, en líneas gruesas es importante la contundencia de la medida cautelar, de la ordenanza como le llaman en francés o de la providencia como le dicen en español, que rechaza la solicitud argentina y lo hace en forma muy categórica. Más allá de que se decide por mayoría, el hecho de que se hayan pronunciado 14 a 1 y que el 1 que votó en discordia sea el juez ad hoc argentino, muestra que esto es una conclusión muy fuerte, que además no tiene muchos matices más allá de algunas interpretaciones que se puedan hacer. Lo importante es que dice que la medida cautelar se rechaza y por tanto las obras se siguen construyendo.
EC - Después la CIJ dice: "Argentina no ha logrado probar que haya un riesgo inminente de contaminación ambiental o de perjuicios económicos".
SA - Exacto, la norma dice "daño irreparable", que es lo que se trataba de detener mientras se va dilucidando el juicio de fondo, que obviamente tendrá su tiempo, y ahora cada parte tiene seis meses para presentar su posición. Es una medida cautelar y como tal es muy clara en cuanto a que no ingresa en otro tipo de recomendación que en un principio se pensó que podía emitir y nosotros siempre pensamos que no porque la Corte es muy prudente en el manejo de las medidas cautelares porque de habilitarlas podría estar llena de demandas para tratar de alcanzar una medida cautelar y después olvidarse del fondo del asunto.
EC - A la Corte le preocupa no sentar precedentes en materia de medidas cautelares.
SA - Exactamente. Incluso tiene una cantidad de antecedentes sobre este tema, en la interpretación del artículo 41, que es el que decide sobre las medidas cautelares; en un momento se interpretó que no eran obligatorias pero después de un juicio de Alemania con Estados Unidos, el juicio Legrand, se decidió que las medidas cautelares son obligatorias en su cumplimiento, lo que no quiere decir que sean de ejecución forzada. Es cosa juzgada, son obligatorias pero no hay elementos de coerción sobre el Estado para obligarlo a cumplir y observar la resolución del incidente cautelar de que se trate.
EC - ¿Usted tenía la impresión previamente de que el fallo podía ser tan favorable a la postura uruguaya? Se lo pregunto porque incluso a nivel de gobierno existían análisis un poco más cautos, "quizás venga con algunas recomendaciones", "quizás pueda llegar a implicar la suspensión por un plazo muy breve de las obras". ¿Cómo lo veía usted?
SA - No quiero hablar sobre el resultado porque parecería que uno ya sabe cuál puede ser la opinión, pero desde el principio sostuve la forma restrictiva de una medida cautelar, sí o no. Con respecto a lo que pidió Argentina, que pide otras cosas, la cooperación de buena fe, que se intime a Uruguay para que no tome otro tipo de actitud, está claro que desestimó esa solicitud, aunque dejó abierta la posibilidad de plantear otro tipo de medida cautelar en el caso de que se produzca una contaminación, un daño irreparable.
Pero Uruguay ha asegurado mediante los requerimientos ambientales y con las pruebas que ha aportado que los requisitos ambientales son de los más altos a nivel internacional, sobre todo de Europa 2007. Son más exigentes los requisitos que les pedimos a estas plantas que los que exigen Brasil y Estados Unidos, de manera que en este sentido Uruguay puede estar tranquilo y eso seguramente lo ha tomado en cuenta la CIJ.
EC - Le preguntaba a propósito de las características de la resolución en cuanto a que no hace lugar a nada de lo que Argentina solicitaba por sus consecuencias ahora en la etapa de la negociación. ¿Facilita o no el diálogo pendiente con el gobierno argentino?
SA - La consecuencia jurídica puede ser, si hay un acuerdo político por ejemplo, desestimar o retirar la demanda, algo que sólo pueden hacer Argentina y Uruguay de común acuerdo, no lo puede hacer Uruguay porque es el demandado. Es una instancia política que supone un nuevo escenario de negociación en el que lo primero es no ponerse la camiseta, porque esto no es un clásico rioplatense, es una relación de una gran tensión que involucra no sólo estos aspectos sino otros de la relación regional y bilateral, y por tanto hay que manejarse con firmeza pero también con la mano tendida.
Argentina y el gobierno argentino tienen que entender que Uruguay se defiende en el derecho, que la CIJ lo respalda pero que esto no significa que no sepa ganar; ganar quiere decir que esta instancia sea 1 a 0 con pelota al medio. Esta circunstancia va a depender de cómo mueva el gobierno uruguayo, de cómo haga una relación con un gobierno argentino muy comprometido con los movimientos ambientales, con una interpretación de muchos movimientos permitida por el gobierno argentino de que no son representados por las instituciones sino que ejercen soberanamente sus derechos sin ningún tipo de intermediación. Una interpretación peligrosísima de la forma de ejercer la soberanía.
De manera que el gobierno uruguayo tiene que buscar un acercamiento, un diálogo político interno para explicar cuál va a ser su estrategia, buscar que esto no sea una contienda de clásico rioplatense sino una contienda que pueda encontrar una solución, garantizando incluso el monitoreo que inteligentemente se ofreció en esta instancia.
EC - La delegación uruguaya encabezada por el embajador Gros Espiell lo ofreció en las primeras audiencias en La Haya. O sea que no es una novedad, ya estaba sobre la mesa desde ese momento.
SA - Exacto, por eso la CIJ no tuvo que hacer la recomendación. La propia jueza en la extensa lectura hizo mención al monitoreo que ofreció Uruguay. Estamos dando las garantías.
EC - ¿Cómo reacciona Argentina? Tuvimos una primera exposición al respecto por parte de Romina Picolotti, la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, hablando ante la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
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EC - Vamos a tomar contacto con nuestro colaborador en La Haya hoy, Inder Bugarín, corresponsal del diario Reforma, de México, ante la Unión Europea.
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EC - Inder Bugarín, ¿has podido tener nuevos contactos con las dos delegaciones allí en el Palacio de la Paz?
INDER BUGARÍN:
Así es, tras un par de horas de espera pude finalmente conseguir las reacciones de la delegación argentina. La jefa de la comitiva de Buenos Aires, Susana Ruiz, rechazó calificar el pronunciamiento de la CIJ como una derrota para su país y trató de rescatar algunos puntos para aminorar un hecho consumado: la negativa de la Corte a parar en estos momento la construcción de las plantas.
Escuchemos a la jurista Susana Ruiz.
(Audio)
"SUSANA RUIZ:
...es que por el momento no concede la suspensión de las obras que había solicitado Argentina. Pero lo hace en un marco que para nosotros es bastante equilibrado en el sentido de que primero preserva el derecho de Argentina de volver a plantearlo en cualquier momento si aparecen nuevos elementos que le indiquen a la Corte la peligrosidad actual. La Corte dice que en el estado de la construcción actual no habría por el momento la sensación del daño inminente irreparable, pero dice en cuanto Argentina tenga otros elementos puede venir y volver a plantearlo a la Corte. Y la otra cosa muy importante es que esta decisión no prejuzga sobre el fondo del asunto, que continuar con las obras es bajo la responsabilidad de Uruguay lo dice expresamente la decisión, y que si al tomar la decisión sobre el fondo la Corte decide que estas obras no corresponden porque pueden llegar a alterar el régimen del río, de su medio ambiente, de su zona de influencia, la Corte puede llegar a ordenar su desmantelamiento."
(Fin.)
IB - Así son las declaraciones y la reacción de la delegación argentina.
EC - ¿Algunos apuntes adicionales a propósito de cómo se están viviendo estas horas posteriores al fallo allí en La Haya?
IB - Tuve la oportunidad de hablar con el juez mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, uno de los 15 jueces de esta Corte, que reiteró la importancia de este juicio para la misma Corte, que se pronuncia sobre temas de ambiente, que asume como propios, como de interés para la Corte ese tipo de temas, lo que sienta un precedente muy importante para el mayor organismo judicial de las Naciones Unidas.
La delegación uruguaya ya había abandonado las instalaciones cuando la delegación argentina continuaba reunida todavía, tenía sesiones e incluso iba a permanecer a lo largo del día en las instalaciones. Ya no van a hablar a la prensa, por lo que sabemos por el momento, pero van a hacer trabajos internos y después se reunirán con la presidenta de la Corte posiblemente para definir la fecha en la que se llevará a cabo el juicio de fondo.
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EC - Volvemos al diálogo con el doctor Sergio Abreu.
Usted escuchaba de qué manera se evalúa el fallo en la delegación argentina, se lo califica como "bastante equilibrado". ¿Qué dice usted?
SA - Puede ser una interpretación muy exigida, pero yo diría que lo importante es que el fallo no hace lugar a la pretensión argentina, lo primero que hay que decir es que Argentina no probó, como dijo muy bien la presidenta de la Corte, el daño inminente o irreparable que se iba a producir en este momento. Va de suyo que este tema puede surgir y puede plantearse en forma recurrente cada vez que se quiera comprobar si existe un daño inminente o irreparable. Pero también es cierto que en la primera instancia Argentina no lo pudo probar y Uruguay tiene, como contrapartida, los requisitos ambientales y las exigencias que ha puesto a la construcción de las plantas.
EC - Se pone el énfasis en que cabe la posibilidad en el futuro, si aparecen impactos ambientales negativos, de que la propia Corte de La Haya ordene la suspensión de las obras.
SA - No sólo que ordene, porque la medida cautelar se puede pedir, esta u otra, cualquiera de las dos partes puede pedir medidas cautelares, esto está en el artículo 41, el derecho de las dos partes. También es cierto que el juicio de fondo sigue, el que va a dilucidar realmente cuál es el efecto de contaminación más allá de la interpretación del artículo 60 en la ejecución e interpretación del Estatuto del Río Uruguay. Uruguay en ese sentido va muy bien aspectado en el entendido de que sus exigencias ambientales y requisitos son de primer nivel, más allá de la interpretación que pueda hacer Argentina.
EC - Le consultaba sobre esa interpretación argentina y en particular sobre el destaque que se hace de que se responsabiliza al Estado uruguayo por una eventual contaminación y se deja la puerta abierta a otras medidas cautelares si hay efectos en el ambiente, porque escuchábamos desde Gualeguaychú a Romina Picolotti, la secretaria de Medio Ambiente, decir que ese punto para ellos es muy importante porque permite sostener que estas no son inversiones seguras y que es allí donde se va a poner el acento en las gestiones ante los bancos y los organismos financiadores para hacerles notar que corren un riesgo si ponen plata en estas plantas.
SA - Son dos aspectos. Uno es el tema ambiental, en cuanto al cual los requisitos y las exigencias se deben cumplir porque si no se produce una contaminación, entonces durante todo este lapso Uruguay va a demostrar que ha exigido y que la construcción de las plantas observa este tipo de requisitos. Si se apartara de estos requisitos va a haber contaminación y por tanto esas dificultades podrán ser planteadas tanto en el ámbito internacional como en otros ámbitos, va de suyo. Esto quiere decir que Uruguay no tiene impunidad absoluta en caso de apartarse de las exigencias ambientales que ha requerido.
EC - ¿Pero qué dice usted de esos pasos que por lo visto se van a impulsar desde el gobierno, porque Picolotti no hablaba como la ciudadana Romina Picolotti sino como la secretaria de Medio Ambiente?
SA - La estrategia argentina es darle incertidumbre a esta situación de modo tal de afectar la capacidad de crédito de las empresas a nivel internacional. Lo ha hecho hasta ahora, ha pedido que el Banco Mundial no se pronunciara definitivamente hasta que no estuviera el fallo de La Haya. Ahora va a tener que interpretar este fallo para tratar de limitar la capacidad de financiamiento. Esta estrategia de Argentina hoy está muy fragilizada porque la Corte ha definido claramente que no ha probado el daño irreparable que se iba a producir. De futuro pueden suceder muchas cosas y en ese sentido están abiertas incluso las posibilidades de que Uruguay reclame medidas cautelares si Argentina bloquea o sigue bloqueando el acceso a las rutas cuando eso tenga relación con la construcción de las plantas, que es sobre lo que la CIJ se pronunció.
EC - Si ocurriera un bloqueo de puentes ahora, ¿Uruguay podría llevar ese problema a La Haya?
SA - Sí, si vincula ese bloqueo de los puentes con la imposibilidad de construir las plantas. Por ejemplo si existe detención de camiones o imposibilidad de suministro de determinados insumos para las plantas, cuando se compruebe que una actitud de esta naturaleza del lado de la República Argentina va en contra del fallo de la Corte de permitir que las obras continúen.
EC - Romina Picolotti dijo ante la Asamblea de Gualeguaychú esta mañana que había que evitar los cortes de los puentes porque esa medida podría tener consecuencias negativas tanto en el Tribunal Arbitral del Mercosur como en la propia Corte de La Haya.
(Audio)
"ROMINA PICOLOTTI:
(Los) cortes de rutas tienen consecuencias jurídicas para el caso y ellos lo saben. Tenemos dos casos jurídicos abiertos, uno es el del Mercosur y el otro es el de La Haya. Tenemos que tratar de ganar esos juicios y los cortes pueden perjudicar..."
(Fin del audio)
SA - Fíjese cómo se ha avanzado en este tema que antes de esta situación las bases de la negociación eran suspendan las obras y nosotros levantamos los cortes, y ahora las obras no se van a suspender por decisión jurisdiccional y Argentina no puede, incluso está recomendando no restablecer los cortes. Hay una instancia de negociación distinta abierta a nivel político que Uruguay debería utilizar, el gobierno uruguayo debería utilizar con la firmeza y el respaldo jurídico de una sentencia cautelar, pero también con la mano tendida para tratar de restablecer un diálogo que es muy importante con la República Argentina porque involucra no sólo estos aspectos sino otros tantos y los uruguayos sabemos la fragilidad con que nos manejamos en la relación asimétrica con la República Argentina.
EC - Ahora viene una etapa tanto o más delicada que la que acaba de pasar.
SA - La etapa política, viene una etapa netamente política, más allá del tema jurídico. Esto va a cuenta de cómo vamos a manejar no sólo este tema sino otros muy importantes que están en el ámbito de la estrategia regional del país, por ejemplo la reunión de Córdoba del Mercosur en la que muchas cosas se van a pronunciar.
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Edición: Mauricio Erramuspe