"Como seguramente es de su conocimiento, mi esposa, Alina Dieste, y yo hemos sido convocados a sus oficinas a los efectos de ser interrogados o investigados (no sé cómo llamarle) en relación a una denuncia sobre malos tratos a uno de nuestros hijos, y se nos ha anunciado, por parte de la directora de la ‘Línea Azul’ de la División Estudio y Derivación del Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU), asistente social Renée Bentancor, y la funcionaria de la ‘Línea Azul’ la psicóloga Graciela Blanco, que eventualmente pueden ser interrogados al respecto nuestros propios hijos (un niño de 6 años y una niña de 2 años) y quizás un tercer hijo de mi anterior matrimonio, que vive con su madre, de 11 años. También existe la posibilidad de que el INAU presente el caso ante la Justicia.

El hecho, con todo lo traumatizante que implica en sí mismo y el daño que nos inflige, me resulta particularmente alarmante por varias razones, las cuales quiero imponer y dejar claramente establecidas ante usted.

En primer lugar, se nos ha informado que todo se origina en una denuncia vaga, anónima y que no está registrada en la ‘Línea Azul’. Esto es, ni aún recurriendo a la Justicia podremos saber quién fue el autor de tamaña injuria, difamante y calumniosa, a la que dieron trámite funcionarios de ese organismo, provocándonos gratuitamente una aflicción, y sin preocuparse por ello ni de sus consecuencias y, aparentemente, sintiéndose impunes en cuanto a su proceder. Ciertamente coincidirá conmigo en que ese tipo de conducta conspira contra las garantías básicas de los ciudadanos aseguradas constitucionalmente. No es posible que los ciudadanos estemos expuestos a tener que dar cuenta de nuestra conducta como padres, y a ver desfilar a nuestros hijos, cualquiera sea su edad, a raíz de una denuncia anónima y no registrada (que podrían ser 10 ó 38 o lo que sea, tanto da).

En segundo lugar, y esto hace el hecho más alarmante, existen algunas muy llamativas y preocupantes coincidencias respecto a esa denuncia anónima y no registrada contra mi esposa y contra mí.

Como usted sabrá, soy el Secretario de Redacción del Semanario Búsqueda y, también sabrá, que mi esposa es una conocida periodista, pues, parto de la base de que habrán recogido una mínima información para proceder a citarnos dando crédito a una llamada anónima y no registrada.

Cito nuestras actividades, en particular la mía, porque tiene que ver con una de esas ‘coincidencias’. A saber: hace tres semanas, fuentes serias hicieron saber a altos jerarcas de Búsqueda, no a mí, sobre que desde el gobierno, desde donde a Búsqueda se la ha ‘marcado’ gratuitamente y sin ningún fundamento como un medio ‘opositor’, como si perteneciera a un grupo político, iban a iniciar una campaña de hostigamiento contra el semanario a través de oficinas del Estado. El tema fue considerado a nivel jerárquico del semanario (no es para menos). Además, los informantes manejaron que utilizarían como vías de hostigamiento los contratos de publicidad oficial, o acciones de la Dirección General Impositiva (DGI) o el Banco de Previsión Social (BPS), teniendo en cuenta lo que ocurre en otros países en los cuales se viola la libertad de prensa y de expresión. Si bien en materia publicitaria se percibe una cierta discriminación, esta no es muy severa, y en cuanto a las otras áreas, la empresa está tranquila, aun cuando las inspecciones puedan realizarse con mala fe. Esas fueron, licenciado Giorgi, las conclusiones.

Pero hay una segunda coincidencia que es aún más preocupante, y que me lleva a dar estos pasos, previa consulta con las autoridades del semanario, y es que una de esas fuentes que nos alertaron sobre eventuales represalias, señaló que estaban muy molestos con Búsqueda por la difusión de un documento interno de esa repartición, firmado por usted, en el que, entre otras cosas, ataca y plantea una serie de acusaciones contra los medios de comunicación. Búsqueda publicó ese documento en la edición del jueves 7 de setiembre y, según se me informó en el INAU, la denuncia, anónima y no registrada, fue realizada el viernes 8 de setiembre.

Esta serie de elementos son entonces los que me llevan a hacerle llegar a usted esta carta y, asimismo, a dar los pasos necesarios para asegurarme de que la propia Presidencia de la República no ignore esta situación, y, al mismo tiempo, dar cuenta a mi sindicato, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), para que tenga todos los antecedentes del tema para su análisis y para que se mantenga vigilante, de la misma manera que el semanario ha resuelto dar cuenta de la situación a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Gabriel Pastor".