(Emitido a las 9.13)

EMILIANO COTELO:
El Partido Nacional (PN) considera que en nuestro país el Estado de Derecho está siendo amenazado, por los ataques que de forma reiterada está sufriendo por parte del Poder Ejecutivo.

"Estado de Derecho" es justamente el título del documento en el que los blancos resumen las violaciones a la Constitución en las que, a su entender, incurre la actual administración del presidente Tabaré Vázquez.

Un informe que fue aprobado el sábado en la Convención del PN y que tuvo como origen un planteo realizado hace semanas en el directorio blanco por el ex presidente de la República Luis Alberto Lacalle.

Justamente, con el doctor Lacalle vamos a conversar en los próximos minutos, sobre este documento y sobre otros temas bien polémicos de la actualidad nacional.

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Doctor Lacalle, ¿dónde lo hemos encontrado?

LUIS ALBERTO LACALLE:
Hoy cuando me llamaron estaba en el campo a caballo, ahora ya estoy en casa en un teléfono normal. Me agarraron el móvil en esa maravilla que hay ahora de poder recibir una llamada en el medio del campo.

EC – Sí, lo escuchamos perfectamente bien. Para comenzar le pregunto sobre qué es lo que preocupa concretamente al PN.

LAL – Hace un tiempo planteamos al Directorio juntar en un solo documento una serie de decisiones, actitudes y opiniones, tanto del Poder Ejecutivo como de algunas administraciones dentro de la organización de gobierno, que a nuestro juicio eran contrarias al orden jurídico y que a veces analizadas de a una o puestas de manifiesto de a una no tienen la contundencia que tiene juntarlas en un documento, creo que son doce los ítems. El Directorio aceptó ese planteo y encargó nada menos que al doctor Guillermo García Costa, un distinguido correligionario y hombre de Derecho, que hizo un trabajo realmente exhaustivo que primero fue aprobado por el Directorio, fue enviado a la Convención –yo no estuve en la Convención, no estaba en Uruguay– y el sábado se aprobó. Creo que la lectura de ese documento es impactante y debe llamarnos a todos a la reflexión, particularmente al Poder Ejecutivo.

EC - ¿Cómo convence de esta preocupación a alguien que cuando usted empieza a hablar puede estar pensando "este es un capítulo más de la relación oposición-gobierno o de la actitud opositora de los blancos, a los que no les sirve nada de lo que hace el Poder Ejecutivo"?

LAL – Que no nos sirve nada no, porque muchas medidas de este gobierno han sido aprobadas por nosotros. La creación del Ministerio de Desarrollo Social fue apoyada. No tenemos una opinión sistemáticamente negativa, en materia internacional hemos acompañado al presidente en sus actitudes en este conflicto (con Argentina) tan complicado, así que no se nos puede imputar ni es nuestra manera de actuar la negativa rotunda, ciega, sin análisis.

Después hay otro tipo de consideraciones que me parece que la población va a distinguir. Una cosa es oposición a actos de gobierno erróneos a nuestro juicio pero que el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus competencias puede adoptar, ahí lo que difiere es la opinión, puede estarse de acuerdo o no pero son ejercicios legales y constitucionales de las competencias del Poder Ejecutivo. Ese es un orden de cosas, podemos estar de acuerdo o no con medidas pero si las mismas están adoptadas dentro de la normativa es simplemente el tema de emitir un juicio de conveniencia/inconveniencia o asentimiento/negativa a la decisión. Queremos distinguir ese orden de cosas, ahí la oposición cumple esa tarea, análisis crítico de decisiones adoptadas dentro del orden normativo.

Otra cosa distinta es cuando las actitudes, decisiones u opiniones del Poder Ejecutivo o de algún organismo del Estado salen del campo de lo estrictamente regulado por la Constitución. Ahí estamos ante otro orden de crítica, que es comparar lo que dice la ley fundamental con las actitudes o decisiones y señalar que son contrarias al orden jurídico.

EC – El informe que redactó el doctor Guillermo García Costa es largo, detallado, incluye once capítulos. ¿Cuáles son los puntos que más le preocupan?

LAL – Todos son preocupantes, porque un desvío del orden constitucional no se juzga por su magnitud, no hay una violación grande y una violación chica, por ponerlo en términos bien vulgares, todo lo que se aparte del orden jurídico es un apartamiento, se aparte un milímetro o un kilómetro es un apartamiento.

Haciendo memoria, las negociaciones entabladas por Ancap con empresas petroleras extranjeras están totalmente fuera del artículo 185 donde se dice que todo tipo de acuerdo tiene que pasar por el Poder Ejecutivo. Ahí tenemos un episodio que es notoriamente contrario al orden jurídico. Cuando en el seno del INAU se emiten juicios políticos con motivo de la reforma educativa, se habla de las políticas neoliberales y se efectúan críticas de ideas y de posturas políticas se está notoriamente fuera de las competencias y se está violando una prohibición expresa de emitir opiniones políticas. Cuando el presidente de la República públicamente califica y clasifica a los medios de comunicación ejerce una indebida presión violatoria de la libertad de pensamiento de esos órganos de prensa. Con estos tres le doy una muestra del tipo de actitudes y decisiones que hemos criticado en el documento.

EC - ¿Qué alcance institucional tendrá este informe? Ustedes se limitan a pedirle al gobierno que corrija su actuación en estos temas. Así termina el documento: "El PN ha enfrentado en su historia, consustanciada con la de la República, muchas circunstancias peores que esta, de todos modos salimos adelante en beneficio del pueblo uruguayo, esta no va a ser la única y seguramente no la más importante". ¿A qué tipo de procedimientos conduce lo que el PN ha diagnosticado en este análisis?

LAL – Se abre una gama de posibilidades de los instrumentos que también están regulados, que tienen los partidos políticos y los legisladores para hacer valer este tipo de críticas y convertirlas en alguna acción. Pueden ir desde la iniciación de juicio político, que es la medida máxima, a interpelar a determinados ministros y a poner en marcha mecanismos de sanción a los integrantes de organizaciones dentro del Estado que han violado la Constitución. Sobre eso no se ha tomado una medida, aspiramos a que este documento, conocido por todo el mundo y especialmente por el Poder Ejecutivo, tenga algún eco en el Poder Ejecutivo. El arsenal de medidas que tienen los integrantes de la oposición es el que le mencionaba.

EC - Por algunas declaraciones que se conocieron junto con la divulgación del documento da la sensación de que este trabajo podría ser consecuencia de la frustración del PN porque siente que no tiene ámbitos desde donde incidir de forma real en la marcha del país.

LAL – No podría aceptar eso. Primero, frustración, ¿a qué le llama frustración?

EC - Le cito, a modo de ejemplo, declaraciones del senador herrerista Gustavo Penadés al semanario Crónicas el viernes. Penadés decía que la relación entre el PN y el gobierno es "absolutamente inexistente. La coloco en un estamento peor a mala. Si hubiera una mínima relación se podría calificar. Y no sólo sucede con el presidente de la República, también pasa en el Poder Legislativo".

LAL – Una cosa son las opiniones y otra es que nosotros no tengamos otro ámbito que no sea el de la declaración. Primero recordemos que este gobierno tiene mayorías absolutas en el Parlamento, entonces nosotros podemos hacer un llamado a sala de un ministro y si no logramos convencer a parte del Frente Amplio (FA) de que tenemos razón lo que lograremos es poner de manifiesto la preocupación y el gobierno hará jugar sus mayorías y volverá inútil en su ulterioridad los pasos. Pero no es poca cosa que se ventilen ante la opinión pública. Cuando el votante le da al FA la Presidencia en la primera vuelta con mayoría absoluta en el Parlamento esa es especie de fotografía electoral dura cinco años. No porque tengamos esa parte numérica en contra vamos a tener que dejar lo que nos parece que es nuestro deber.

EC – Cito declaraciones suyas en Búsqueda el jueves pasado. Le "preocupa el vaciamiento del gobierno representativo que se lleva a cabo" por parte de la actual administración.

LAL – Sí, y hago hincapié en eso porque quizás sea un aspecto que no hemos analizado del todo, cuando se está sustituyendo al gobierno representativo, al diputado y al senador que usted votó y al que voté yo en cuanto a la redacción y preparación de una ley de educación se está procediendo a vaciar de contenido al gobierno representativo. Vivimos un régimen de gobierno democrático representativo en el cual usted, yo y todos los oyentes designamos mediante el voto a nuestros representantes para que ideen, piensen, sugieran y eventualmente voten medidas llamadas leyes que son las que organizan el país. No pueden sustituirse el Poder Legislativo y la representación, no puede producirse un debilitamiento cuando se inicia un proceso de formación de una ley tan delicada como la ley de educación sobre la base de asambleas populares.

EC – El gobierno argumenta que está dándole participación a la sociedad, cosa que –sostiene– no se hacía hasta ahora. Y aclara que si de estos debates surgen proyectos de ley, obviamente estos van a tener luego su tratamiento a nivel parlamentario.

LAL – Primero, no acepto que no se diera participación, partimos de dos bases distintas, nosotros tenemos un concepto estricto de la legalidad republicana, quienes son representantes de la sociedad son los 99 diputados y los 30 senadores, no es la comisión de vecinos o la asociación de padres o el club tal o cual, estamos debilitando el gobierno democrático representativo en la medida que pongamos en equivalencia a quien tiene la legitimidad incontrastable e incuestionable proveniente del voto para opinar. Seremos muy buenos ciudadanos pero si yo junto aquí en Cerro Colorado una centena de personas no somos más que una opinión. Yo suponía –y seguramente usted también– que el FA, que ha hecho de la educación un tema central de sus preocupaciones, tenía ideas sobre una ley de educación. Parecería que no las tiene. El mecanismo normal es presentar la ley articulada y sobre el texto invita a que se opine y que opinen los que saben: docentes, educadores del ámbito privado y público, quizás algunos expertos porque es un tema que requiere conocimientos, no es para todo el mundo. Entonces sobre el texto, habiendo escuchado opiniones puede decir "esta opinión sirve donde dice tanto en el artículo cual, cambio, agrego o modifico porque he oído una opinión que me pesa". Pero primero yo que fui votado para gobernar ejerzo la acción de gobierno, si no es confesar que no se tienen ideas sobre temas importantes.

EC – Usted agregó en esa entrevista en Búsqueda: "Es una peligrosa tendencia hacia el gobierno de balcón, hacia asambleas de masas muy característico de formas populistas totalitarias". ¿Realmente cree que esa es la tendencia de este gobierno?

LAL – En la medida en que se saltee al Poder Legislativo y se convoque en un estadio, en un gimnasio o en una gran asamblea gente cuya opinión predomine en vez de predominar la del Poder Legislativo a través de sus legisladores, es una tendencia al debilitamiento de algo que tenemos que defender, que es la democracia representativa, que funciona cada cinco años eligiendo a las personas para ejercer la Presidencia y el Parlamento, y esas personas durante cinco años tienen el mandato que nadie puede cambiar, menoscabar ni debilitar durante cinco años.

EC – La declaración final de la Convención del PN del sábado pasado que sesionó en Florida rechazó "la actitud despectiva hacia las minorías" que según los blancos está llevando adelante este gobierno, que "con muestras de soberbia ha impedido un diálogo más provechoso con un partido que representa el 35% de la expresión electoral".

LAL – Eso es una resolución de la convención. Yo no la había leído.

EC – Le digo a propósito de lo que le preguntaba hace un rato sobre frustración por escasa incidencia por la marcha del país.

LAL – El gobierno tiene todo el derecho a no consultar a nadie, no es lo que se ha practicado normalmente en el país. Usted me dirá que no teníamos mayoría parlamentaria así que estábamos obligados, pero aun cuando no estuvimos obligados, por ejemplo para ingresar al Mercosur, cuando yo era presidente consultamos a absolutamente todos, incluidos el doctor Vázquez, el general Seregni y Hugo Batalla, que en ese entonces pertenecía a la izquierda, porque entendimos que la magnitud del paso que se iba a dar requería escuchar a la representación cabal y total de Uruguay. No se ha hecho esto para ingresar en el Parlamento del Mercosur, que es una medida tremenda desde el punto de vista de la independencia política de Uruguay. Ahí le pongo de manifiesto dos actitudes distintas.

EC – Eso con respecto a esos ejemplos que usted manejó. Por lo visto el PN entiende que como minoría es sometido a un tratamiento despectivo.

LAL – Yo no diría que es despectivo, es una decisión que es legal y legítima del gobierno no tener diálogo con la minoría, pero nosotros la podemos considerar inconveniente.

EC – De hecho, desde el FA se ha sostenido que en el pasado, cuando era oposición, no era tenido en cuenta por las mayorías formadas por colorados y blancos, no era tenido en cuenta de manera regular, más allá de esos episodios que usted menciona.

LAL – Yo le menciono episodios trascendentes, no estoy hablando del nombre de una escuela. Frente a la magnitud de los temas se hacían consultas, que no se diga que no porque fueron consultados durante la crisis del año 2002, yo participé con el doctor Vázquez en reuniones en las cuales se le pidió su opinión. Vamos a poner las cosas en su lugar recordando distintas actitudes.

EC – El manejo en particular de la crisis con Argentina por las plantas de celulosa, en el que ha habido contactos con la oposición, ¿es un ejemplo satisfactorio para usted de cómo tendrían que transcurrir las cosas?

LAL – Sí, a veces se ha informado más que consultado pero ahí tiene una actitud en la cual se podría haber continuado. Si para la ley de educación hubiera un texto del gobierno del FA la primera consulta sería con los legisladores para luego proceder según detallé hace un instante.

EC – A propósito de la situación planteada con la República Argentina parece que estamos viviendo algunas horas clave en cuanto a algunas definiciones que están a punto de producirse.

LAL - ¿Usted tiene alguna información que yo no pesqué hoy?

EC – Está por difundirse esta semana el informe de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) sobre el impacto acumulado de las plantas de celulosa, trascendió su contenido de manera aparentemente accidental en el sitio de la CFI el domingo.

LAL - ¿Qué dice?

EC – Es un informe muy favorable a lo que ha sostenido Uruguay en todo su litigio en cuanto a que el impacto en el ambiente es mínimo y no preocupante.

LAL – Me alegro porque es una razón más a favor de nuestro país.

EC – Paralelamente, desde la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se maneja la posibilidad de volver a los cortes de ruta, cuando hay un fallo del Tribunal Arbitral del Mercosur que cuestionó la actitud del gobierno argentino durante los cortes de los puentes que se produjeron en el verano pasado. ¿Cómo debería estar manejándose el gobierno uruguayo ante esta posibilidad?

LAL – La pelota está en la cancha de los otros, si se producen manifestaciones contrarias a las plantas es una medida que habrá que ver cómo se ejerce. Los derechos constitucionales en la República Argentina no son diferentes de los nuestros, uno puede aceptar que haya todas las manifestaciones que se quiera en ejercicio del derecho de opinión y de libertad de opinión, y al mismo tiempo permitir el libre tránsito por las carreteras y los puentes, que es un derecho tan fuerte o tan digno de respeto como el derecho a manifestar. Así funciona una nación civilizada, usted no ve en las naciones bien organizadas que se corten las autopistas, podrá haber un episodio pero no una cosa sistemática en la cual el gobierno de la República Argentina no ejerce el poder gubernativo, el poder etático para garantizar el ejercicio de los dos derechos. Son dos derechos que pueden y deben convivir dentro de una sociedad civilizada, yo protesto y tú circulas con tu auto por las calles.

EC – La consulta es a propósito de cómo debe manejar el gobierno uruguayo esta situación que está latente.

LAL – Primero tenemos que esperar que se produzcan los episodios y concurrir inmediatamente al ámbito del Mercosur. Siempre le dije al presidente, cuando me pidió alguna idea sobre esto, que el ámbito era el del Mercosur porque el libre tránsito de personas y mercaderías está consagrado en el Tratado de Asunción y no permitirlo es una violación del mismo. Concurrir ante las instancias de carácter jurisdiccional que tenemos en la mano. Un país pequeño y que cree en el derecho sólo tiene las armas del derecho, que a veces son nada más que armas de papel, pero no hay otra cosa que pueda hacer.

EC – En este contexto una decisión que ya se conoce es la del grupo español Ence en cuanto a sacar de Fray Bentos su planta de celulosa, la que se iba a construir en la zona de M’bopicuá. Se anuncia que esta semana se divulgará la ubicación definitiva. ¿Cómo observa esa resolución que ya tomó Ence? ¿Es un triunfo argentino?

LAL – Yo no mido esto en triunfos y victorias porque sería darle un carácter deportivo, es una decisión de una empresa privada que sabrá a qué se atiene en cuanto a responsabilidades, etcétera, en la medida que dice que se va. Si es una relocalización se va a provocar una demora, porque la relocalización implicará, una vez elegido el lugar, los estudios ambientales del tratamiento de las aguas, todas esas cuestiones que son tan importantes y que tenemos que defender. Es una decisión tomada por una empresa que la puede tomar y qué veremos cuál es, porque también se ha especulado con que no es sólo la relocalización sino la ida del país.

EC - ¿Usted confía en que Ence se quede?

LAL - ¿Cómo voy a confiar? ¿Qué sé yo de Ence que no sepa usted? Me gustaría que se quedara de la misma manera que me gustaría que vinieran veinte más inversiones de todo tipo, pero son decisiones de una empresa que se maneja con sus propios intereses, que no sé cuáles son ni tengo por qué saber. Seguirá, vendrá, cambiará de lugar, fabricará otra cosa.

EC – Ya decidió que no construye su planta en Fray Bentos. La pregunta apuntaba a saber cómo impacta esto en el clima para captar inversiones en nuestro país en la medida que puede estar de por medio toda la presión ejercida desde la República Argentina.

LAL – No me cabe duda de que se han ejercido presiones, por eso también me pregunto en ese reportaje que usted mencionó de Búsqueda cuán libre fue nuestro presidente. Eso no lo sabemos. ¿Fue absoluta y totalmente libre en el ámbito nacional, dentro de su conglomerado, o tuvo presiones internas para cambiar en materia del TLC? ¿Fue libre totalmente en materia de las plantas o en el TLC en la región en esta relación tan estrecha que esta administración ha cultivado con los gobiernos de los países de al lado, seguramente porque considera que tiene identidades ideológicas? No lo sabemos. Ojalá haya sido libre pero no lo sabemos.

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Edición: Mauricio Erramuspe