(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
La decisión de los ambientalistas entrerrianos de volver a cortar el Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y también el Puente Paysandú-Colón a partir de mañana viernes para incidir en el desplazamiento de sus compatriotas en el fin de semana largo agravó el conflicto binacional, esta larga pulseada entre Uruguay y Argentina.

El temor y la indignación ante esta medida se hicieron sentir en la capital de Río Negro, especialmente a través del intendente Omar Lafluf, pero no sólo allí. Por supuesto que hay nerviosismo en malestar en el sector turístico uruguayo y asimismo en el sector transportista, por mencionar nada más que dos rubros de la actividad nacional.

Pero también en Argentina hubo quienes expresaron su inquietud por la decisión de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú repicada luego por sus colegas de Colón. Dentro de ese mismo ámbito se escucharon distintas voces contrarias a los cortes de ruta. Y la decisión mayoritaria tomada por los vecinos tuvo en el caso de Gualeguaychú la consecuencia inmediata de que los abogados Fabián Moreno Navarro, Ana Angelini, Jorge Daneri y Ester Spoturno renunciaron al equipo de la cancillería argentina que trabaja en la preparación de la presentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Para estos profesionales, provenientes de la Asamblea de Gualeguaychú, la medida perjudica la estrategia del gobierno Kirchner para evitar las plantas de celulosa en Uruguay. En esa misma línea y con advertencias de ese mismo tenor se pronunció a lo largo de esta semana el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti.

Es que hay un elemento importante en este asunto que diferencia estos cortes de ruta de los del verano pasado: el laudo arbitral del tribunal del Mercosur que se constituyó a pedido de Uruguay para considerar los pasados piquetes. Un dictamen que fue favorable a la posición de nuestro país.

El contexto también incluye la tramitación de la denuncia que Argentina presentó ante la CIJ por la eventual violación uruguaya del Tratado del Río Uruguay, un proceso que ya tuvo un primer fallo favorable a nuestro país cuando se resolvió no solicitar medidas cautelares, concretamente la suspensión de las obras de las plantas de celulosa.

¿Cómo están jugando estos dos pronunciamientos, el del tribunal del Mercosur y el del tribunal de La Haya, en este nuevo cuadro de enfrentamiento? ¿Qué puede hacer Uruguay, qué debe hacer nuestro país para evitar que estos cortes se prolonguen?

Estamos en diálogo con el doctor José María Gamio, experto en Derecho Internacional, docente de Derecho Internacional en la Universidad de la República y en la Universidad Católica, árbitro designado por Uruguay en el Tribunal Arbitral del Mercosur que recién mencionamos.

***

Doctor Gamio...

JOSÉ MARÍA GAMIO:
Una precisión: he tenido el honor de ser profesor de la Universidad de la República pero ya no lo soy, lo soy de otras universidades.

EC - El tribunal ad hoc del Mercosur emitió el 6 de setiembre un pronunciamiento extenso en el que entre otras cosas sostuvo que "Argentina ha omitido su deber de adoptar las medidas apropiadas para prevenir o corregir los actos de los particulares cometidos en su jurisdicción que causaren perjuicio a otro Estado". No marcó pautas para el futuro pero cuestionó la omisión del gobierno argentino en el manejo de los cortes de ruta del verano pasado. ¿Cómo pesa ese antecedente en esta nueva circunstancia?

JMG - El hecho de que no haya fijado pautas hacia el futuro merece una aclaración. Respecto de esa solicitud el tribunal no se pronunció por la sencilla razón de que no quería especular sobre actitudes que pudiera tomar la República Argentina o cualquier otro país respecto de trabas en el intercambio de transportes y del comercio entre ambos países. Pero el pronunciamiento es muy claro, lo que recién señalaba en cuanto a la actitud del gobernador Busti así como la de los abogados del grupo ambientalista de Gualeguaychú que renunciaron a su actuación frente a la cancillería está poniendo a las claras que hay una sola interpretación en el tema en el sentido de que así como no podían hacerse los cortes en el pasado tampoco se pueden hacer ahora.

EC - Eso es lo que opina el tribunal ad hoc del Mercosur. Ahora que se anuncia que los cortes se van a repetir –están previstos para mañana–, supongamos que se llevan adelante, ¿qué puede hacer Uruguay?

JMG - Por lo pronto se configura un incumplimiento claro del laudo, que es una decisión obligatoria que fue adoptada por unanimidad por los tres árbitros y que tiene un contenido muy claro en el sentido de exigir que las autoridades argentinas tomaran las medidas apropiadas para evitar que sucedan esos cortes. Argentina no impugnó, como podía haberlo hecho, lo que quiere decir que aceptó la decisión arbitral y debe pensarse que la habrá de cumplir, que habrá de tomar las medidas apropiadas para evitarlo. Por lo pronto, por las noticias que circulan en el día de hoy el gobierno uruguayo por nota ha planteado la inquietud al gobierno argentino, habrá que ver qué actitud adoptan las autoridades argentinas.

EC - Ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay le envió a la cancillería argentina una nota verbal, que parece que es la denominación diplomática para un tipo de misiva breve, en la que expresó la preocupación del gobierno uruguayo por la decisión de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y señaló que aguarda "la adopción por parte del gobierno de la República Argentina de las medidas adecuadas para impedir la reiteración de esa situación y asegurar la libre circulación entre ambos países". ¿Usted comparte este paso dado por la cancillería uruguaya?

JMG - Sí, es lo que correspondía, hacer presente lo que dispuso el Tribunal Arbitral. Habrá que ver qué actitud toman las autoridades argentinas sobre este tema.

EC - Supongamos que no se hace nada, porque las declaraciones que han formulado distintos gobernantes argentinos y los trascendidos que llegan desde Buenos Aires hablan de que la administración Kirchner optaría por la disuasión, que no habría ninguna medida destinada efectivamente a levantar los bloqueos. Si las cosas se dieran así, con el precedente del fallo del tribunal del Mercosur, ¿de qué manera podría moverse Uruguay?

JMG - No se lo puedo anticipar, puede haber medidas incluso en el ámbito político que escapan a lo que fue la actuación del Tribunal Arbitral. Quedará librado al futuro qué reacción hay por parte de las autoridades argentinas y ver los pasos a dar. El tema es preocupante porque a poco de haberse emitido un fallo que no admite dos interpretaciones, como surge de la reacción de las autoridades argentinas, se vuelven a reiterar estos episodios. Es de esperar que esto tenga una solución razonable.

EC - Ese es el problema, estamos todos con ese tipo de enfoque: "Es de esperar que el gobierno argentino haya registrado lo que señaló el tribunal del Mercosur y actúe en consecuencia". Pero no hay forma de obligarlo a que actúe en consecuencia, estos tribunales no tienen un cuerpo "policial" a esos efectos.

JMG - Exacto, no tienen un mecanismo como puede suceder en un ámbito judicial interno en el cual una decisión puede tener el apoyo de la fuerza pública para hacerlo cumplir. Pero puede tener distintas consecuencias, se ha evaluado, entre otras, el efecto que puede tener una actitud de incumplimiento frente a la acción que ha promovido la República Argentina ante la CIJ, que está en una etapa inicial. Cabe pensar que quienes promovieron esta acción contra nuestro país tienen una expectativa de obtener un resultado favorable, y no cabe ninguna duda de que si se reiteran los cortes el efecto en la Corte de La Haya, como surge de las posiciones que vienen de fuentes oficiales de Argentina, va a ser negativo, vemos que la coincidencia es total. La interpretación que se le está dando en la República Argentina al resultado del laudo es la única que corresponde.

EC - Si entiendo bien, usted dice: es cierto que el Mercosur no tiene previstas sanciones para un país que incumple un pronunciamiento como este del Tribunal Arbitral, pero si el gobierno argentino no hiciera nada se estaría sancionando a sí mismo por las consecuencias que eso tendría en La Haya, por ejemplo. Recordemos que el fallo del 13 de julio de la CIJ no hizo lugar a las medidas cautelares que pedía Argentina y convocó a las dos partes a abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la resolución de la presente controversia.

JMG - Exactamente, y tolerar que vuelvan los cortes es una actitud que agrava la posición, no cabe duda de que va a tener efecto negativo en la CIJ.

EC - Uruguay está como atado de pies y manos, está dependiendo de que el gobierno argentino resuelva hacer algo efectivamente. ¿Qué más puede hacer el gobierno de nuestro país?

JMG - Nada. Puede haber medidas políticas que no podemos anticipar, pero no hay una vía coactiva ni Uruguay puede intervenir dentro del ámbito de jurisdicción argentina para evitar que esos cortes sucedan, eso depende de las autoridades argentinas.

EC - Desde la oposición se reclama que el gobierno se plante de manera más firme frente a la administración Kirchner, se ha hablado de llamar en consultas al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, un gesto que en las relaciones exteriores significa una señal de malestar muy fuerte. ¿Cómo ve esa posibilidad?

JMG - Eso corresponde al plano político, nuestra actuación tuvo que ver con el aspecto jurídico. Son ciertas las limitaciones en torno a las vías de cumplimiento coactivo de la decisión del Tribunal Arbitral, admito que los medios son limitados desde el punto de vista de una actuación de un tribunal internacional de cualquier índole, pero ciertamente tendría efectos negativos y es de esperar que eso sea contemplado por las autoridades argentinas para tomar los pasos correspondientes. Al tiempo que es claro que la posición de nuestro país debe ser –comparto– de no agravar la situación que se vive en esta materia por la multiplicidad de vínculos que nos unen con la República Argentina más allá de la diferencia que está surgiendo en torno a este tema.

EC - ¿Y llamar en consultas al embajador en Buenos Aires sería agravar la situación?

JMG - Supone darle un paso más de tensión al tema. No quiere decir que no corresponda, no quiero abrir opinión sobre el punto, pero hay que evaluar, incluso por respeto a las medidas que se han adoptado, cuáles serían los caminos apropiados al tiempo de evitar una escalada en las tensiones entre los dos países.

EC - ¿Hoy Uruguay puede hacer algo ante el Tribunal Arbitral del Mercosur?

JMG - Tampoco se lo podría adelantar, podría ser que hubiera algún planteo. En principio la vía de sanciones no es procedente en el ámbito del Tribunal Arbitral del Mercosur. Se había señalado el ámbito de cierta confusión que se produjo inmediatamente después de dictado el laudo por el hecho de que el tribunal no había impuesto sanciones o no había condenado en daños y perjuicios a la República Argentina. Eso es lo correcto, no es correcto pensar que eso pudo haber sucedido, simplemente no hubo sanciones ni condena en daños y perjuicios porque no las podía haber, porque la jurisdicción del Tribunal Arbitral del Mercosur no prevé ese tipo de medidas, no fueron solicitadas, no se podían solicitar y si se hubieran solicitado el tribunal no las podría haber dispuesto.

EC - Y ahora, ante la reiteración de los cortes, ¿se puede recurrir otra vez al tribunal? ¿Para qué?

JMG - No podría preverlo pero puede haber otro tipo de medidas, planteos en el sentido de que el tribunal haga saber a la República Argentina, a vía de ejemplo, la necesidad de dar cumplimiento al laudo. No se lo puedo anticipar porque depende de la decisión que adopte el gobierno uruguayo.

EC - ¿Existen antecedentes en el Derecho Internacional de incumplimientos como el que podría configurarse este fin de semana si se reiteraran los piquetes en los puentes y el gobierno argentino permaneciera pasivo?

JMG - Como toda decisión judicial o arbitral es susceptible de dos actitudes, cumplirla o no cumplirla. Los antecedentes de incumplimiento no son muchos porque tiene efectos muy negativos más allá de que no se pueda exigir el cumplimiento en forma policial de un laudo de esta naturaleza.

EC - ¿Usted conoce antecedentes?

JMG - Los hay, sí, ha habido decisiones de órganos judiciales internacionales a las que no se ha dado cumplimiento por las razones que le acabo de expresar, no hay forma, no hay una autoridad internacional que pueda imponer las decisiones de esta naturaleza en forma coactiva. Pero el efecto negativo siempre es muy grande, razón por la cual no son muchos los antecedentes de incumplimiento.

-----------
Edición: Mauricio Erramuspe