(Emitido a las 8.31)

EMILIANO COTELO:
El gobierno pretende poner en práctica la Reforma Tributaria a partir del próximo 1º de enero. Sin embargo los tiempos empiezan a apretar, estamos a poco más de un mes y medio de esa fecha y aún falta que el proyecto de ley se apruebe en el Senado, falta la reglamentación por decreto y falta informar cómo deberán tributar las personas y las empresas en el nuevo sistema.

Ayer, el director nacional de Rentas, Eduardo Zaidensztat, encendió una luz de alerta sobre esta situación.

(Audio)

"EDUARDO ZAIDENSZTAT:
Para el caso que sea necesario inscribir nuevos contribuyentes o diseñar un formulario de pago, hasta que no esté todo reglamentado no podemos mandar hacer la papelería. Y hacer una papelería en gran cantidad en este país, de acuerdo con las normas, implica hacer una licitación, y una licitación para comprar papel o comprar formularios de pago, con viento a favor y ayudándonos los dioses, no demora menos de cuatro o cinco meses".

(Fin.)

EC - Ese era uno de los ejemplos que manejaba el contador Eduardo Zaidensztat de las dificultades que implica la puesta en marcha de la Reforma Tributaria, que le hace pensar que es difícil lo del 1º de enero como fecha para la entrada en vigor. Dijo: "La DGI hará lo que hay que hacer, pero si hay que empezar el 1º de enero vamos a asumir riesgos".

Estamos en diálogo con el contador Carlos Borba, del Departamento de Asesoramiento Tributario de Tea Deloitte & Touche.

***

Carlos, hemos conversado con ustedes en varias ocasiones sobre esta reforma, y algo en particular sobre este detalle de los plazos, en la última entrevista ustedes hicieron algunos comentarios. ¿Cómo están viendo a las empresas? ¿Están prontas? ¿Estarían en condiciones para llegar el 1º de enero?

CARLOS BORBA:
Es muy difícil, para que las empresas estén prontas necesariamente tiene que estar pronto lo que necesitan conocer. Tenemos recién un primer texto de ley, todavía no ha salido del Senado, no tenemos la reglamentación –que son todos los decretos que complementan la ley y que son imprescindibles para entender buena parte de la misma– y mucho menos las resoluciones que vienen después de los decretos que toma la propia Dirección General Impositiva (DGI) para atender la parte logística o de implementación en la práctica, como refería el director. Todo hace un conjunto, ley, decreto, resoluciones. Recién cuando todo eso esté pronto estaremos sabiendo si estamos en condiciones de cumplir con lo que se está imponiendo.

EC - ¿Qué ocurre si se establece el 1º de enero como fecha?

CB - Habría que hacer un esfuerzo desmesurado para llegar a una fecha en un plazo que seguramente ni el propio gobierno pensó en sus inicios que iba a ser tan breve. El propio ministro Astori pretendía que esta reforma se aprobara en agosto para tener un plazo razonable, de unos cuatro meses hasta el 31 de diciembre, para hacer todo esto de lo que estamos hablando. El plazo se reduce ahora a prácticamente un mes, si tenemos la suerte de que se apruebe la ley en noviembre, y eso parece un ejercicio de voluntarismo realmente complicado. Estamos hablando de una reforma muy importante, que cambia mucha cosa y que puede llevar a situaciones sumamente complejas, incluso de incumplimiento y no necesariamente por voluntad de los contribuyentes sino por problemas de interpretación.

EC - ¿Algún ejemplo de problemas de interpretación?

CB - Hablábamos el otro día de diferentes aspectos de la ley, las cosas nuevas, diferentes aspectos que tienen que ver con los impuestos que se introducen. Hablando de las empresas decíamos que había toda una legislación novedosa sobre los precios de transferencia, que había un impuesto a la renta de no residentes, nos detuvimos a hablar de qué es residente y qué no. Eso está esbozado en la ley pero de ninguna manera está terminado de definir, al igual que el concepto de establecimiento permanente, son conceptos que la reglamentación tiene que depurar. Un pago al exterior hecho en enero puede estar generando la obligación de una retención de impuestos y si tenemos todas estas dudas podemos caer en un incumplimiento absolutamente involuntario.

EC - ¿Está habiendo intercambio con el Poder Ejecutivo a propósito de esta incertidumbre?

CB - ¿Intercambio a nivel de empresas?

EC - Sí, de las empresas o de las consultoras que asesoran empresas, ¿están en diálogo con el gobierno por este tipo de cuestiones?

CB - En lo personal tengo un diálogo muy fluido con la DGI, sabemos que está haciendo todo lo necesario pero el propio Zaidensztat hacía notar ayer que para llegar a ciertas implementaciones prácticas se requiere cumplir con estos pasos. Sabemos que también el Ministerio de Economía está trabajando fuertemente en la parte de reglamentación y debe tener buena parte avanzada, porque buena parte de la ley ya no se mueve, pero la ley va a tener su figura definitiva en estos días, con lo cual parte de la reglamentación debe estar faltando. Todos somos conscientes de que no va a ser nada fácil llegar al 1º de enero.

EC - ¿Cuál sería el plazo más razonable?
 
CB - El director hablaba de seis u ocho meses, pienso que un plazo de seis meses es razonable. Tenemos que hacernos cargo de que arrancar con una reforma de este tipo a mitad de año no es lo más deseable.

EC - Ahí puede estar una de las dificultades.

CB - Seguramente es una dificultad, habrá que balancear. Esa dificultad es preferible a la de arrancar el 1º de enero, pero no está exenta de problemas. El ideal es el 1º de enero de 2008.

EC - Seguramente para el gobierno, en particular para el equipo económico, no es sencillo aceptar que se postergue tanto una de las reformas clave en esta administración.

CB - Seguramente se va a hacer un esfuerzo por implementarla lo más rápido posible, y eso razonablemente debería ser el 1º de julio.

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Edición: Mauricio Erramuspe