(Emtido a las 9.15)

EMILIANO COTELO:
"Tengo el pleno convencimiento de que tanto Juan Carlos Blanco como Juan María Bordaberry son artífices de toda la planificación y la construcción del Estado terrorista en Uruguay".

Así se expresa el historiador Óscar Destouet, responsable de las investigaciones que se han desarrollado, a partir de la instalación del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y que fueron incluidas en la causa que se sigue por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, por la que ahora fueron procesados Bordaberry y Blanco.

Estamos en diálogo con el profesor Óscar Destouet.

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Profesort Destouet, ¿en qué momento exacto lleva adelante esta tarea? ¿Cuándo inicia la investigación?

ÓSCAR DESTOUET:
Comienzo esta investigación en diciembre de 2004, antes de la asunción del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, sí luego del triunfo electoral de octubre de 2004.

EC - Diciembre de 2004. ¿Quiere decir que hubo una autorización a esos efectos de la administración del doctor Jorge Batlle, que estaba terminando?

OD - Hubo un dejar hacer de parte de la administración. Recordemos que esa documentación que veníamos persiguiendo desde el año 1999, de cuya existencia teníamos algunos indicios –no de la magnitud de lo que luego fuimos ubicando pero sí de la existencia de documentación referente a la represión política de aquellos años–, se nos negó, se dijo que no existía, se les dijo esto a parlamentarios, se le dijo a la justicia, se le dijo al padre Pérez Aguirre, actuante en la Comisión para la Paz.

EC - ¿Cuáles fueron las pistas que usted recibió en el año 1999? Según cuenta hoy en una entrevista que le realizan en la revista Caras y Caretas, su primer contacto con esta eventual indagatoria tuvo lugar cuando colaboraba con el Grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

OD - Sí.

EC - ¿Cómo fue exactamente?

OD - Me llegaron a mi domicilio dos documentos, dos prontuarios elaborados por el Servicio de Información de Defensa, referentes a dos uruguayos que habían sido secuestrados y que se encuentran desaparecidos en la República Argentina, José Enrique Michelena y Graciela Degubeira. Esos documentos hacen a una serie de escritos del Servicio de Información de Defensa y habían pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, según constaba en ellos.

Por otro lado, un estudio comparado de los procesos dictatoriales del Cono Sur y de los archivos del terror de Paraguay, en los que hay referencia al rol que el Servicio Exterior debería cumplir en el marco del Plan Cóndor.

EC - ¿Cuál era el papel que según aquellos documentos que usted recibió debía jugar la cancillería de cada uno de los países que formaban parte del Plan Cóndor?

OD - Se establecía que las cancillerías debían actuar como nexo entre los distintos servicios de inteligencia, que los agregados militares adscriptos a las diferentes misiones diplomáticas iban a ser los portavoces, los nexos de estos servicios entre el país sede y el país de la misión diplomática. Y había documentación de tráfico de comunicaciones; estoy hablando de los archivos de Paraguay.

Esa documentación referente a esos dos uruguayos secuestrados en Buenos Aires nos hace sospechar que en Uruguay la cancillería había protagonizado un funcionamiento similar al que veníamos estudiando en otros países participantes en el Plan Cóndor.

OD - Desde 1999 hasta fines de 2004 usted y otros colaboradores procuraron acceder a los archivos de la cancillería pero no se les permite, se les contesta que el tipo de papeles que estaban buscando no existía.

OD - Que no existía ningún tipo de documentación referente a la represión de aquellos años. Y también se nos dice que el documento que nosotros teníamos efectivamente era válido, había pasado por cancillería pero era una copia, que los originales ya no estaban y no había ninguna otra documentación relevante del período.

EC - Cuando ustedes comienzan finalmente a trabajar, en diciembre de 2004, ¿cuánto tiempo demoran en acceder a los documentos? ¿Dónde se encontraban? ¿Por qué pudieron haber existido esas varias respuestas en cuanto a que esos documentos no existían?

OD - Los documentos siempre estuvieron en el mismo lugar, un núcleo grande en el Archivo Histórico Diplomático había sido inventariado hacía más de veinte años. Inventariar es utilizar distintos instrumentos descriptivos de esa masa de papel que ayudan a quien consulta, es como tener una guía, un mapa de llegada a lo que uno está buscando. Eso está inventariado, existían unos índices confidenciales en los que en títulos grandes se va relatando el contenido de las diferentes cajas provenientes de las distintas misiones diplomáticas acreditadas en el exterior y de la propia cancillería. Otra serie de documentos se encontraba en el Archivo Administrativo. Y luego de la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, a instancias del ministro Gargano se envió una nota circular a todas las misiones diplomáticas en el exterior solicitando el envío de la documentación referida a este período de la historia nacional. Las distintas misiones fueron enviando a Montevideo esa documentación, que acrecentó la ya existente, y los funcionarios de cancillería, en una excelente, muy profesional labor, han trabajado y siguen trabajando –todavía falta bastante para inventariar– en ordenar esa documentación nueva que recién llega.

EC - Queda pendiente saber por qué razón cuando fue solicitada esa documentación entre 1999 y 2004 la respuesta fue "no existe", si siempre estuvo en el mismo lugar, y también cuando existía la posibilidad, como ustedes comprobaron, de requerir documentación complementaria a las representaciones diplomáticas de Uruguay en el exterior.

OD - Habría que preguntárselo al ex ministro Opertti, él puede explayarse perfectamente. Simplemente –lo dejo por ahí porque la ciudadanía lo conoce– en estos últimos veinte años, del 85 para acá, se han construido distintas políticas públicas por la memoria. La memoria es el conjunto de recuerdos y olvidos, yo puedo construir políticas de memoria basadas en la búsqueda de la verdad, o puedo construir políticas de memoria haciendo hincapié en determinados olvidos. Acá durante veinte años se hizo hincapié en una línea simbolizada por lo que decía el doctor Sanguinetti, no hay que tener los ojos en la nuca, no mirar para atrás, silenciar lo sucedido en esos años de miedo, de horror. Eso fue lo que se construyó en este país, no debemos olvidarlo ahora, debemos asumirlo, las autoridades políticas generaron esa política de memoria.

EC - Vayamos a algunos ejemplos concretos, a algunos de los documentos que han ido apareciendo en esta investigación y que comprometen a las autoridades máximas en los años de la dictadura, en particular a Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco, en cuanto a su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor. Porque algunos de estos papeles han sido incorporados a esta causa, el expediente Michelini-Gutiérrez Ruiz, por la que ahora terminan concretándose los procesamientos.

OD - Algunos ejemplos. El cerco que se desarrolla en torno a la figura de Zelmar Michelini, fundamentalmente, y de Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, cuando por orden del gobierno uruguayo de aquel momento se les cancela el pasaporte, no se permite expedirle documentación a Zelmar Michelini para que pueda irse de la República Argentina –era intención de Michelini, de acuerdo con alguna documentación, trasladarse de la República Argentina, eso le habría salvado la vida–; las distintas comunicaciones que se hacen desde la cancillería hacia organismos de seguridad argentinos solicitando la vigilancia de Zelmar Michelini; el traslado de una cuantiosa carga de armamento, ametralladoras, subametralladoras, pistolas, municiones, dirigida a la representación diplomática uruguaya en Buenos Aires. Eso fue en los primeros meses, probablemente entre febrero y marzo, de acuerdo con la ubicación de la documentación.

EC - ¿Qué se consigna en ese documento en particular?

OD - El traslado de armas, ametralladoras y otras armas de grueso calibre, desde Montevideo hacia la República Argentina.

EC - ¿Se especifica con qué fines y quiénes van a emplearlas?

OD - Se especifica quiénes darán la custodia de esas armas, que son los tres agregados militares y sus subalternos en la embajada uruguaya, no se especifica sobre qué lo van a usar. Pero no le corresponde a la embajada tener arsenal de guerra, no les corresponde a los diplomáticos utilizar ese tipo de armamento, no sabemos si se utilizaron ni para qué pero sabemos que poco tiempo después de su llegada comienzan los secuestros y las muertes de uruguayos en Buenos Aires. Eso sí sabemos, no sé si se puede relacionar pero llama la atención. Instructivos firmados por el doctor Juan Carlos Blanco que transforman el Servicio Exterior en una agencia de inteligencia más subordinada al Servicio de Información de Defensa.

EC - ¿Qué quiere decir servicio de inteligencia? ¿Cómo iba a operar el Servicio Exterior como servicio de inteligencia?

OD - En uno de los documentos que se corresponde con otro de la Junta de Oficiales Generales, ubicada en otro lugar, se le denomina Servicio de Información Exterior, dependiendo directamente del ministro, que hace a la recopilación de información de distinto tipo que incluye el seguimiento, el espionaje de los uruguayos en el exterior. Luego vamos a encontrar múltiples a lo largo de los doce años, no sólo en este primer período hasta el 76 durante el cual gobernó Bordaberry, esto continuó hasta el año 84, con sendos informes sobre distintas actividades que realizaron uruguayos y uruguayas en el mundo contra la dictadura. Estos instructivos están firmados por Juan Carlos Blanco y marcan un nivel de responsabilidad en la construcción del Estado terrorista muy activa, muy fuerte del Servicio Exterior. También cabe remarcar en estos momentos que no todos los diplomáticos acordaron en este accionar.

EC - Usted subraya que hubo excepciones. ¿Quiénes, por ejemplo?

OD - Hubo excepciones dignísimas de gente que se negó y recibió las consecuencias por ser constitucionalista. Hace pocos días, después de la comparecencia en el juzgado, tuve el placer de conocer a algunas de estas personas que actuaron en el Servicio Exterior y que, como me decía una de las señoras con quienes estuvimos tomando un café y conversando sobre aquellos años, "me destituyeron por constitucionalista, porque ingresé al Servicio Exterior para defender la Constitución y la ley, no para otra cosa". Fueron destituidos, con todo lo que significa la destitución, ser echado de su trabajo, no sólo en el plano económico, porque sin duda es muy fuerte para personas de mediana edad conseguir trabajo luego de esa persecución por parte del gobierno autoritario, sino lo que hace a la dignidad de la persona, al desarrollo de sus capacidades profesionales que fueron truncadas.

EC - Usted recordaba encuentros que tuvo luego de la comparecencia en el juzgado. ¿A qué expedientes, a qué investigaciones judiciales usted fue convocado o los documentos que la cancillería tenía y que usted localizó fueron incorporados en las actuaciones?

OD - Fue incorporada documentación en los dos juicios existentes. En el que está a cargo del juez Timbal...

EC - El caso Michelini-Gutiérrez Ruiz-Whitelaw-Barredo.

OD - Y en el que tiene al frente a la jueza Gatti. En este último, aparte de la presentación de la documentación, concurrí a testimoniar.

EC - El que tiene al frente a la jueza Gatti es el caso sobre atentado a la Constitución.

OD - Atentado a la Constitución, asesinato, desaparición, secuestro, robo, etcétera.

EC - Usted dijo al pasar que a partir de la documentación que recién reseñaba con algunos ejemplos no tiene dudas del papel que le correspondió al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, en la conformación de ese aparato terrorista coordinado con los de otros países que en esa época también tenían gobiernos dictatoriales. ¿Cuál es la responsabilidad que usted entiende tuvo Juan María Bordaberry, presidente de facto en ese momento?

OD - Es bastante responder a ese tipo de preguntas en cuanto a lo que es la institucionalidad, la verticalidad en un Estado: el presidente de la República es quien designa a los ministros, Bordaberry era el presidente, era quien designaba a los ministros; y a su vez los ministros actúan como colaboradores de la tarea del presidente en sus respectivas áreas de trabajo. En ese sentido, por lo menos en las grandes líneas, coautoría, corresponsabilidad del ministro y el presidente.

No estamos diciendo que se cercó el accionar de Michelini solamente, a la jueza Gatti le proporcionamos documentación de cancelación de pasaportes, de persecución a uruguayos residentes en distintos lugares del mundo. Eso nos habla de una política del Estado uruguayo en aquel momento, no nos habla del accionar desmedido de una representación diplomática o de un diplomático, si fuese así ese exceso diplomático lo haría responsable a él pero no sería responsabilidad del colectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del presidente de la República porque sería un solo caso en un solo lugar. Pero acá nos encontramos con que esa misma práctica desarrollada en la República Argentina se desarrolló también con uruguayos en otros lugares del mundo. Por ejemplo, se le canceló la documentación al pastor Emilio Castro, que residía en Ginebra, Suiza, que es una personalidad de la Iglesia Metodista Mundial, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, quien por supuestas simpatías con un grupo político carecía de esa documentación. O la esposa de Enrique Erro, a quien se le quita el pasaporte y se fundamenta en un documento de cancillería "por ser esposa del ex senador Enrique Erro". Estamos frente a una política del Estado. Quien tiene a su cargo la construcción de políticas del Estado son las autoridades del Estado, en ese período Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco son las primeras figuras.

A lo largo de estos años se ha intentado, desde distintos ámbitos, fundamentalmente desde los ámbitos civiles, hacernos creer que estamos frente a un tonto, que Bordaberry era un tonto, un monigote manejado por militares. Y uno de los valores de esta documentación es comprobar que no estamos frente a ningún tonto, en realidad se trata de una persona con un pensamiento político muy estructurado que se ha mantenido hasta los últimos años –un excelente reportaje que se publicó hace unos años también nos lo demuestra– y que tuvo una actuación preponderante en la generación de actividades, de líneas, de construcción de ese terrorismo de Estado que asoló a este país en el cual los militares cumplieron un rol y muchos civiles cumplieron otros roles.

Documentos asociados:
Lea la carta del ex canciller Didier Opertti con puntalizaciones sobre esta entrevista
Aclaración del periodista Álvaro Alonso sobre un documento mencionado en esta entrevista

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Edición: Mauricio Erramuspe