En el marco del Día mundial de los derechos humanos, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), publica su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El Servicio, que este año celebra su 25º Aniversario,  realiza este monitoreo con un enfoque integral de los derechos fundamentales, que implica analizar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones desde un rol proactivo y comprometido.

En el presente Informe SERPAJ destaca el lanzamiento de la Campaña Nacional por la nulidad de la ley de caducidad, y detalla las movilizaciones realizadas en este marco. El avance del espacio de reflexión en torno a la nulidad de la ley dio un salto cualitativo al consolidarse la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, que convoca a todos y todas quienes coinciden con que anular esta norma es un imperativo histórico, moral y jurídico, a sumar esfuerzos para cumplir el objetivo trazado.

Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2006  releva la situación de los derechos civiles y políticos en el país. SERPAJ da cuenta de la finalización oficial de la búsqueda de restos humanos en los batallones militares, y considera que aún se está lejos de alcanzar la verdad sobre el destino de más de 200 ciudadanos desaparecidos. Es necesario repensar nuevas estrategias de búsqueda desde el Estado, que incluyan sobre todo la exigencia de una colaboración verdadera y comprometida por parte de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, destaca que en la reunión sostenida por la Coordinación del Servicio con el Presidente Vázquez, éste dijo, en nombre del Poder Ejecutivo, que no habrá punto final que salvaguarde las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

El Informe destaca como históricos los procesamientos de los civiles Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
También subraya como avance hacia un verdadero camino de la justicia, el procesamiento de los militares Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Luis Maurente; de los ex militares José Arab y Gilberto Vázquez y de los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima por los delitos de asociación para delinquir y privación ilegítima de la libertad del ciudadano desaparecido Adalberto Soba.
Por otra parte, se presenta una puesta a punto de los 18 casos sobre violaciones a los derechos humanos que están en este momento en proceso judicial.

SERPAJ recuerda con cariño y admiración a María Magdalena Salvia, "Quica", y a Luz Ibarburu, fallecidas este año, que lucharon durante más de 30 años por saber el destino de sus hijos, Juan Pablo Errandonea y Juan Pablo Recagno, desaparecidos por la dictadura.
Asimismo, celebra el homenaje realizado el pasado 6 de noviembre al periodista Roger Rodríguez, por sus investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos.

Derechos humanos en el Uruguay. Informe 2006 presenta un completo relevamiento sobre la situación de las personas privadas de libertad; denuncia la sistemática violación de sus derechos y releva los pasos seguidos hacia la aplicación de ley de humanización del sistema carcelario, a un año de su promulgación.

Se describe la situación de los adolescentes privados de libertad, que vulnera los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado uruguayo.
En este sentido, se da cuenta de la denuncia presentada en octubre pasado por el Comité de los Derechos del Niño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

SERPAJ expresa su profunda preocupación por la visión que ha cobrado fuerza este último año, que expone los problemas sociales y estructurales de nuestra sociedad como meras cuestiones de "seguridad", y lleva a que se presenten soluciones que violan los principios de promoción y protección de los derechos civiles de todos los uruguayos.
Los dos proyectos de ley impulsados por el gobierno –el de procedimientos policiales y el modificativo al Código de la Niñez y la Adolescencia-, aunque sensiblemente mejorados respecto a las primeras versiones, aún desconocen algunos de estos principios.

En el capítulo dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales, SERPAJ da cuenta de algunos avances que parecen indicar una nueva orientación de Uruguay respecto a las políticas públicas, en base al paradigma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En este sentido se celebra la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un proyecto de ley que cree una Institución Nacional de Derechos Humanos. Se trata de un órgano independiente que tiene competencias para tramitar denuncias sobre violaciones a los derechos fundamentales y realizar de recomendaciones sobre las medidas a adoptar para cesar y reparar las mismas.

Este año, SERPAJ presenta informes en las áreas de desempeño económico, negociaciones comerciales, educación, pobreza, acceso a los DESC, trabajo, vivienda, medioambiente, salud, género, seguridad social, y libertad de expresión, a cargo de especialistas en cada temática. Algunos puntos fundamentales de este capítulo:

Desempeño económico:
La economía uruguaya, evaluada por los indicadores macroeconómicos convencionales, presenta una euforia que excedió las predicciones más optimistas de técnicos y/o políticos. La pregunta que repica con estruendo es si esa euforia no estaría llegando a un punto de inflexión, donde las condiciones que la sostienen comienzan a trastocarse.
Los avances de mayor impacto económico y social reconocidos a este gobierno se enmarcan en la regulación de la relación capital-trabajo y el área social. No obstante, reconocer estos avances no implica dejar de señalar las dificultades que aún subsisten.
La reforma tributaria no parece ser el mecanismo que aborde una selección organizada de los sectores económicos que podrían emprender la "revolución productiva" y tampoco resulta una apuesta decisiva para los sectores sociales desposeídos.

Negociaciones comerciales
Tanto el proceso como la suscripción de tratados comerciales afectan las posibilidades de inversión, de empleo, de consumo, de incorporación de tecnología y de desarrollo de estímulos a sectores del aparato productivo. A su vez  influyen en la capacidad de maniobra de los Estados para ejecutar políticas públicas de manera autónoma.
(Respecto de la posibilidad de la firma de un TLC con EEUU) la falta de claridad en el manejo de la información desde el gobierno hacia la ciudadanía, se convertiría en un rasgo permanente en el tratamiento del tema. Preguntas relevantes respecto a la soberanía que podría perder el Uruguay con la firma de este tratado no se plantearon en ámbitos de negociación ciudadana. Respecto a los tratados de protección de inversiones, también existen cláusulas que pueden lesionar los compromisos asumidos por el país en los pactos y convenciones internacionales de derechos económicos sociales y culturales.

Educación
Existen elevadas tasas de repetición escolar, alto nivel de deserción, sobre todo el la enseñanza media y carencias a nivel de formación docente. Se constatan diferencias notables entre los índices relevados en las escuelas de contexto socioeconómico "muy favorable" respecto a las de contexto "muy desfavorable". Esto indica que el Estado enfrenta serios problemas para eliminar la discriminación dentro del sistema educativo.
La escuela pública no podrá cumplir sus funciones básicas mientras altos porcentajes de niños y niñas nacen y crecen por debajo de la línea de pobreza. Tampoco mientras los docentes tengan retribuciones que los marginan de una profesionalidad que exige una formación permanente y organizada. Si a esto le sumamos los presupuestos perversamente exiguos que se destinan a la educación, la permanencia de la desigualdad es un hecho.

Respecto a la creación de un Debate Educativo Nacional, SERPAJ celebra su realización como un primer paso en lo que a la educación respecta. El proceso parlamentario que nos espera el próximo año se encuentra comprometido ética y políticamente a tomar en consideración los aportes que la ciudadanía ha hecho en el marco de este debate. De lo contrario, se corre el riesgo de transformar este proceso de participación en un sinsentido.

Pobreza: Acceso a recursos, educación y salud
Los indicadores monetarios de bienestar presentados en el trabajo reflejan claramente el fuerte impacto de la crisis económica sobre los hogares uruguayos. La información más reciente da indicios del comienzo de la superación de esta situación: el ingreso promedio comienza a recuperarse, y la incidencia de la indigencia y la pobreza muestran pequeñas reducciones. Sin embargo, Uruguay se enfrenta al desafío de reducir la incidencia de la pobreza, volviéndola, al menos a los niveles anteriores a la crisis.
Tanto en términos de esperanza de vida como de mortalidad infantil existen importantes disparidades entre la población. En cuanto a la educación, se destaca el avance en la extensión de la educación inicial, y los problemas de deserción en la educación media.

Niños de la calle:
Unos 7.840 niños, niñas y adolescente suruguayos viven en situación de calle.
El discurso que prevalece a lo largo del año articula situación de calle, pobreza y peligrosidad, y comienza a instalarse y naturalizarse en la sociedad uruguaya. En este contexto se han generado  debates, intercambios, foros, entre autoridades del Gobierno y la sociedad, teñidos por la inseguridad pública y su relación con la niñez, y la niñez en situación de calle en particular.
Las respuestas del Estado han sido ambiguas, así como su posicionamiento ante el debate, en el que, fundamentalmente ha estado presente por parte del Gobierno el Ministerio del Interior, quien ha sido, por otra parte,  quien ha enviado al Parlamento un proyecto para la  modificación del Código de la Niñez, que significa un retroceso en las garantías ya alcanzadas por el país.

Trabajo
Los principales indicadores del mercado laboral muestran señales de mejora, aún cuando se avanza lentamente y los datos relevados presentan una situación todavía levemente peor a la de antes de la crisis de 2002. Sin embargo, todas las mejoras observadas en el mercado laboral se explican básicamente por la reactivación económica, sin que se hayan implementado de manera importante políticas públicas de empleo; lo que indica que hay margen para que la situación mejore en la medida en que esto efectivamente suceda. 

Vivienda
En el informe 2005 se planteaba la problemática que constituían los Núcleos básicos Evolutivos como solución habitacional; las altísimas cifras de uruguayos en asentamientos irregulares; el Banco Hipotecario del Uruguay y sus dificultades para dar soluciones viables y el cooperativismo como asignatura pendiente. Lamentablemente, y con leves matices hubo cambios muy discretos en las políticas de vivienda en 2006.
Existen varios programas que tratan estos temas. Sin embargo, la  preocupación del Ministerio de Vivienda son los escasos recursos presupuestales. Según palabras de fuentes ministeriales el "plan es hijo de la  escasez".

Medioambiente
Este informe repasa la situación relativa a los transgénicos, el agua, los agrotóxicos  y la contaminación industrial. Y analiza uno de los aspectos poco enfocados en la discusión relativa a las plantas de celulosa: las transformaciones sociales, económicas y ambientales generadas en nuestro país por el modelo de monocultivos forestales. En todos los casos, la participación ciudadana, la capacidad de control del Estado y el acceso a la información son elementos críticos que cuestionan la viabilidad  del eslogan "Uruguay natural".
Las empresas forestales, al igual que las productoras de pasta de celulosa, han puesto en juego derechos humanos, como el derecho a la salud y el derecho al trabajo, y obligaciones del Estado, como la obligación de proteger los derechos frente a la acción de terceros. Pero además, el tipo de trabajo que se promueve con el desarrollo forestal destruye un sustento social, cultural y económico que es fundamentalmente familiar.

Seguridad social
El cambio de gobierno marca un claro cambio en el enfoque y orientación de las políticas de seguridad social. Las medidas más significativas adoptadas son: La extensión de las Asignaciones Familiares a hogares pobres ha permitido la incorporación de más de 200 mil niños; la colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, a través del cual se han detectado personas que viven en situación de pobreza y que podrían tener derecho a prestaciones pero no las están percibiendo. Se aprobó un mecanismo de ajuste diferencial para jubilados que viven en hogares de menores recursos. Equiparación del derecho al seguro de paro para los trabajadores rurales. Aprobación de una ley de reconocimiento jubilatorio para víctimas de la dictadura. Proyecto de reconocimiento de los derechos laborales de trabajadores del sector doméstico,  a estudio del Parlamento, entre otras.

Las medidas adoptadas por la nueva administración comienzan a revertir las tendencias regresivas de los gobiernos anteriores, causadas entre otras cosas por la reforma de la seguridad social. Sin embargo, aún falta una verdadera respuesta a los problemas estructurales del sistema y a su inadecuación a las problemáticas sociales.