(Emitido a las 7.39)

EMILIANO COTELO:
Ayer se conmemoró en nuestro país el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por ese motivo tuvieron lugar distintas actividades, por ejemplo SERPAJ presentó su informe 2006, el Ministerio del Interior homenajeó a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales en los años de la dictadura, sobrevivientes de Orletti se manifestaron frente a donde operara la base del Servicio de Información de Defensa, en Bulevar Artigas y Palmar, y reclamaron que se investigue a propósito de la denuncia sobre el segundo vuelo. Además hubo un seminario titulado "Encuentro, memoria y derechos humanos de cara al Siglo XXI", que organizó la Intendencia con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, la Embajada de España, el Centro Cultural de España y el PNUD, que contó la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de la República Argentina, Estela de Carlotto, y el abogado defensor de los derechos humanos en Chile Roberto Garretón. La lista puede seguir si nos remitimos a los eventos, los pronunciamientos y las declaraciones que se conocieron ayer.

En ese contexto me llamó la atención una noticia que vino del Partido Nacional (PN): los blancos confirmaron la creación de una Comisión de Derechos Humanos.

La conformación de este ámbito de trabajo surge a partir de una iniciativa de Correntada Wilsonista (CW), que luego fue respaldada por los otros sectores del PN.

Estamos en diálogo con Beatriz Argimón, diputada de CW.

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Diputada Argimón, ¿cuáles son los objetivos de esta comisión que se instala ahora dentro del principal partido de la oposición?

BEATRIZ ARGIMÓN:
Cuando desde CW planteamos esa iniciativa, lo hicimos con el más absoluto convencimiento de que un partido moderno, un partido que está buscando modernizarse, tiene que encarar, tanto en la generación de sus cuadros político-partidarios como fundamentalmente en la elaboración de sus políticas, la mirada de los derechos humanos desde la perspectiva que académica e internacionalmente se está trabajando.

EC - ¿A qué se refiere?

BA - En los últimos años en la agenda política y en la agenda social básicamente los derechos humanos se trabajaron desde la perspectiva de las violaciones a los derechos humanos que se llevaron adelante en una etapa funesta de nuestra historia. Se precisa focalizar en políticas de Estado el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, la pobreza y la exclusión son temas de derechos humanos, la existencia de discriminaciones es un tema de derechos humanos, por lo que cualquier partido político, en el gobierno o en la oposición, tiene que tener dentro de sus propuestas la perspectiva de los derechos humanos con esta visión moderna, no trabajados desde la exclusiva perspectiva de las violaciones sino precisamente en la elaboración de sus políticas y de su accionar tendente a que esas cosas no sucedan.

EC - ¿Por qué esta comisión se crea en este momento, cuando es gobierno el Frente Amplio? ¿Por qué no se la impulsó en períodos de gobierno anteriores, por ejemplo durante el gobierno del PN?

BA - En primer lugar, porque así como hay cambios en la sociedad, también los hay en las estructuras político-partidarias, y es notorio que pensando desde la bancada legislativa hasta la propia conformación del Directorio del PN, se observa un cambio generacional, y esa generación básicamente ha interpretado en estos momentos que en este proceso de renovación que se tiene que dar permanentemente dentro de nuestra estructura, este tema tiene que estar. Fue una decisión tomada por la totalidad de los sectores del PN en un contexto de cambio también de las estructuras y de cómo pensarse nuestra colectividad política.

EC - ¿Cómo va a estar integrada esta comisión?

BA - Está integrada por el profesor Carlos Julio Pereyra, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, el doctor Augusto Durán Martínez, la diputada Adriana Peña y quien habla.

EC - ¿Qué pasos va a dar, cuáles serán las primeras acciones?

BA - Nuestra primera reunión formal, porque ayer fue instalada por el Directorio, va a ser el próximo lunes. Ya tenemos una propuesta del presidente del Directorio de iniciar el año con una revisión histórica de nuestro accionar en el tema derechos humanos. No olvidemos que el PN, entre otras cosas, llevó adelante la abolición de la esclavitud, peleó por el sufragio secreto, una cantidad de temas que en su contexto histórico no se denominaban derechos humanos pero hoy lo son y en ese sentido nos parece bien trabajar el Siglo XXI desde la perspectiva histórica. Luego cada uno de los sectores va a proponer los ejes temáticos que entienda que el partido debe profundizar el próximo año.

EC - ¿Por dónde vienen las propuestas en el caso de CW?

BA - Para nosotros el gran tema es la exclusión, cómo las políticas sociales se trabajan no sólo en la emergencia sino pensadas en el corto, el mediano y el largo plazo.

EC - ¿Qué tipo de instrumentos van a proponer?

BA - En primer lugar, basados en diagnósticos que ya existen, vamos a intentar tener intercambios con sectores de la sociedad civil y con lo académico sobre cómo pensarlo socialmente. Entre otras cosas, por ejemplo, observando el panorama demográfico de nuestro país y básicamente qué se hace con los sectores más jóvenes que, por ejemplo, están abandonando el circuito educativo cada vez más temprano y que van a tener que enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo. Eso tiene que ver con cómo nos miramos en el Siglo XXI.

EC - Usted decía que el enfoque no es el de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, que se procura poner el énfasis en los derechos humanos hoy proyectados al futuro. De todos modos, ¿esta comisión va a tener algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de actividad con respecto a la política que este gobierno en particular está siguiendo en la investigación de las violaciones a los derechos humanos aún pendientes de esclarecimiento?

BA - No se puede avanzar teniendo todavía algunos aspectos a resolver. En ese sentido –ahora voy a hablar por mi sector– desde CW desde el inicio mismo de esta legislatura desde el Parlamento, pero también desde el ejecutivo del sector, se ha apoyado todo lo relacionado con un proceso de búsqueda de la verdad y lo vamos a seguir haciendo porque forma parte de las cosas que hay que hacer. Esta comisión, llegado el caso y en su momento, también tendrá pronunciamientos, por supuesto, en el intercambio con todos los sectores.

EC - ¿Ustedes avalan, comparten, la forma como la administración que encabeza el doctor Tabaré Vázquez ha llevado adelante las investigaciones sobre desaparecidos, por ejemplo?

BA - Compartimos que haya habido investigaciones sobre los desaparecidos, lo que no significa que no entendamos que haya que seguir profundizando, de pronto hay algún otro camino a transitar.

EC - ¿A qué alude?

BA - Hay que seguir con la búsqueda, entre otros aspectos hay que seguir solicitando información a los militares, porque de hecho todavía hay mucha más información que se debe conocer. También habría que, como decisión política, llevar adelante medidas tendentes a la apertura de los archivos de la dictadura. Desde nuestra perspectiva todas esas cosas tendrían que haber tenido un proceso más acelerado. Estamos de acuerdo en que haya habido una apertura que se inició con la Comisión para la Paz y se profundiza en este gobierno, respaldamos todas las medidas que tengan que ver con procesos de búsqueda de la verdad.

EC - Un tema que ha sido polémico este año y el anterior es la forma como el Poder Ejecutivo ha interpretado la Ley de Caducidad en los casos en los que ha sido consultado por jueces que llevan adelante investigaciones en este tipo de expedientes. ¿Qué dicen ustedes?

BA - Es la primera vez que ante las consultas del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo hace su investigación y define. Eso es lo que se buscó por parte de un artículo específico de la ley de caducidad que se está haciendo realmente operativo en este período de gobierno.

EC - Desde la oposición hay quienes sostienen que la interpretación que ha hecho el Poder Ejecutivo del artículo 4º de la ley atenta contra el espíritu que en su momento guió a quienes la redactaron.

BA - No es nuestro caso.

EC - ¿Ustedes no lo ven así?

BA - No es el caso de Correntada. Vemos bien que se ponga en práctica el artículo 4º eficazmente, es decir, que la consulta del Poder Judicial no sea un mero trámite administrativo, que frente a una consulta de un poder del Estado sobre un determinado hecho sobre el cual el Ejecutivo tiene información, la dé. Eso es lo que se está haciendo y lo compartimos.

EC - ¿Qué opina su sector sobre los procesamientos (con prisión) de militares y policías que se han producido este año por un caso concreto, la desaparición de Adalberto Soba ocurrida en Buenos Aires, y el procesamiento (también con prisión) de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco (por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw)?

BA - Forman parte de decisiones del Poder Judicial que, en un país por suerte con todas las garantías de funcionamiento libre e independiente, se están dando. Se ha puesto en práctica una realidad que tiene que ver con el esclarecimiento de determinados episodios donde participamos toda la sociedad y muy especialmente cada uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo dando información y el Poder Judicial, atento a esas informaciones, llegando a conclusiones. Eso es el sistema democrático.

EC - ¿No hay presiones sobre la justicia desde el ámbito político, en particular desde el Poder Ejecutivo? Ese es uno de los argumentos que esgrimen los defensores de quienes han sido procesados.

BA - Me impresiona cuando se dicen esas cosas, porque un juez, un fiscal, los políticos y quienes ejercen diversas profesiones en su accionar reciben presiones sociales por vivir en una sociedad. Eso no significa que sus decisiones estén impregnadas de esas presiones. El accionar de un juez y de un fiscal tiene que ver con saber escuchar lo que tienen que escuchar para tomar su decisión dentro de los marcos jurídicos vigentes y no ceder a presiones. Decir eso es subestimar e incluso despreciar el accionar libre e independiente. "Cuando las decisiones judiciales están a nuestro favor está todo bien y cuando son adversas están impregnadas, orientadas o tomadas bajo presión".... no compartimos eso.

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Edición: Mauricio Erramuspe