(Emitido a las 9.17)

EMILIANO COTELO:
El ministro del Interior fue muy claro: esta nueva cárcel, construida en un predio del Ejército, albergará inicialmente sólo a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

(Audio)

"JOSÉ DÍAZ:
En su comienzo será ocupado por militares y policías actualmente detenidos en Cárcel Central por presunta violación a los derechos humanos. O sea que en el arranque irán allí militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos".

(Fin.)

EC - La decisión ha causado polémica, incluso dentro de la propia cartera, donde algunos jerarcas entienden que una decisión de este tipo violaría la ley, ya que existen otros reclusos con el mismo derecho.

¿Qué dice el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario? Vamos a conversarlo con el doctor Álvaro Garcé, con quien vamos a adelantarnos, además, al informe anual sobre la situación de las cárceles uruguayas que presentará el viernes.

***

Doctor Garcé, ¿cuántos meses lleva ya en el cargo?

ÁLVARO GARCÉ:
Diecisiete.

EC - Empiezo preguntándole puntualmente por este asunto que está dando que hablar estos días. El ministro Díaz dijo que sólo policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos serán alojados en la nueva cárcel que se construyó en el predio donde funcionaba el Batallón de Ingenieros Nº 5. ¿Comparte la decisión?

AG - En principio no veo ningún inconveniente en que los procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el período de facto estén en un sector e incluso en un establecimiento distinto del resto de la población penitenciaria.

De acuerdo con la ley penitenciaria, la única autoridad administrativa del régimen de la reclusión es el Ministerio del Interior (MI), por lo tanto, no cabe ninguna duda, esta cárcel necesariamente tiene que tener custodia interna del MI.

EC - El propio ministro enfatizó que, si bien está ubicada en un predio perteneciente al Ejército, funcionará bajo la órbita del MI y de la Dirección Nacional de Cárceles (DNC), la vigilancia dentro del penal estará a cargo de funcionarios policiales y sólo habrá soldados en la custodia perimetral, como ocurre en otros establecimientos carcelarios.

AG - De acuerdo con el decreto reglamentario que habilitó esa solución. De modo que hasta allí no hay inconveniente.

Uno de los principios capitales en materia de cuestiones penitenciarias es el principio de igualdad ante la ley, lo es a los efectos de la vigencia del Estado de derecho, artículo 8º de la Constitución, todos somos iguales ante la ley, la única distinción posible es la que emana de los talentos y las virtudes. Si algo nos informan la intuición, el sentido común y el texto constitucional es que la grave violación de derechos humanos está lejos de constituir un talento o una virtud, por lo tanto, en función del carácter militar, policial o etcétera que tengan estas personas, no se puede establecer ningún tipo de privilegio, no cabe ninguna duda.

EC - Y que vayan a parar a esta cárcel construida especialmente, ¿es un privilegio? ¿Cómo lo interpreta usted?

AG - No lo sabemos, todavía carecemos de elementos concretos como para poder afirmar que sí o que no. En la medida que ese establecimiento, como usted muy bien explicaba, esté custodiado en lo interno por el MI y en lo externo por el Ministerio de Defensa (MDN), no supone una excepción al régimen habitual.

En nuestro sistema penitenciario existe una real necesidad de disponer un alojamiento especial por razones de seguridad más allá del conjunto de estos siete u ocho procesados el 11 de setiembre. Hay otros internos, por ejemplo ex denunciantes de situaciones de corrupción, personas privadas de libertad que están amenazadas, cuya vida e integridad corren riesgo en los establecimientos comunes. Si el Estado está dispuesto a instrumentar algún tipo de solución para estos ciudadanos procesados el 11 de setiembre, deberíamos pensar, en términos de igualdad, que se podría ampliar, no necesariamente tienen que convivir, se trata de procesados con características distintas, pero así como se puede pensar en la instrumentación de una solución para ellos, es necesario establecerla para otros que también están privados de libertad, quizás desde hace más tiempo y en condiciones sumamente desventajosas.

EC - Usted dice que hay otros presos que requieren condiciones de reclusión como las que aparentemente van a tener estos.

AG - Existe un conjunto de internos que es más amplio que estos procesados y cuya situación tiene que ser contemplada.

EC - Esos presos con condiciones de seguridad particulares, ¿no están alojados hoy en Cárcel Central, no tienen un entorno especial?

AG - En algún caso excepcional están en Cárcel Central, la mayoría está en el Penal de Libertad y algunos están en La Tablada.

EC - ¿Por ejemplo? Sin dar nombres.

AG - Denunciantes de funcionarios, testimonios que fueron absolutamente clave para el procesamiento de funcionarios en algunos casos importantes de la DNC. O denunciantes de otros reclusos, lo que genera un problema de convivencia muy importante que tiene que ser atendido.

En definitiva planteamos el principio de igualdad en el sistema penitenciario. Al día de hoy nadie puede afirmar si esta futura cárcel va a implicar o no una lesión a ese principio de igualdad. Al día de hoy el principio de igualdad se respeta razonablemente en el sistema penitenciario uruguayo. Razonablemente implica reconocer que existen diferencias, que algunas mujeres privadas de libertad están en condiciones más desfavorables que algunos hombres, por ejemplo, se ven impedidas de ejercer derechos como la visita íntima, porque el pabellón no tiene la posibilidad, hay diferencias tolerables. Una diferencia que vaya más allá podría lesionar claramente el principio de igualdad.

EC - Usted no hace una afirmación categórica sobre qué implica esta nueva cárcel.

AG - No tenemos elementos.

EC - Usted abre frentes para el análisis de la cuestión, realiza advertencias.

AG - Sí, y encabezaremos el informe con una frase de Nils Christie, un gran criminólogo noruego que afirma que una advertencia es un acto de optimismo porque implica, por lo menos, la creencia en la posibilidad de un cambio. Como no está definida esta situación, queremos contribuir desde el punto de vista técnico, esa es nuestra función, advertir que el principio de igualdad es un valor importante que en nuestro sistema penitenciario se respeta razonablemente y que es un bien que continúe respetándose. El hecho de crear un establecimiento especial en sí no implica una lesión al principio de igualdad, hay que ver en qué condiciones estarán alojados estos ciudadanos, y después veremos.

EC - ¿Qué tiene que ocurrir para que no se afecte el principio de igualdad? ¿A esa cárcel especial tienen que ir no sólo estos presos sino aquellos que tienen problemas en su seguridad en general?

AG - Por ejemplo, esa sería una vía.

EC - Eso se había anunciado en su momento, recuerdo que en una entrevista que hicimos con el doctor Juan Faroppa, subsecretario del Interior, advirtió que se concebía esta cárcel especial de esa manera.

AG - Hay varios factores. Uno es el componente personal, es decir, quiénes sean los privados de libertad que vayan allí, otra variable importante son las propias características edilicias, en qué condiciones se van a encontrar estas personas desde el punto de vista locativo.

EC - ¿Usted ha podido recorrer esta cárcel?

AG - No he ido, he hablado el tema con el ministro del Interior, está planteada la idea de recorrer el establecimiento. Entiendo que previo a cualquier inspección que haga el comisionado parlamentario tienen que ir los asesores en materia de seguridad de la propia DNC.

EC - Se lo pregunto porque esta cárcel nueva da lugar a mucha fantasía en la medida que, por ahora, no se ha autorizado a la prensa, por ejemplo, a visitarla. Los periodistas que acompañaron el lunes pasado al presidente Tabaré Vázquez cuando fue a hacer su recorrida tuvieron que quedarse fuera, no pudieron acceder. ¿A usted le ofrecieron ir a conocerla?

AG - Hablamos el tema con el ministro del Interior y lo conversado es que no hay ningún tipo de problema en que accediéramos a la obra. Pero no hemos fijado fecha.

EC - ¿Podría ser una cárcel inconstitucional?

AG - Podría lesionar el principio de igualdad, que tiene raíz constitucional y en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

EC - Para que eso no ocurra esta cárcel tendría que albergar no sólo a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos, sino también a otros presos que tengan eventuales problemas en su seguridad durante la reclusión. Y por otro lado tiene que ser una cárcel que no implique un privilegio en sus características edilicias, en los servicios.

EC - Un escenario posible de igualdad es quiénes vayan, puede darse perfectamente el caso de que sólo vayan quienes están alojados hoy en Cárcel Central, eso en sí no vulnera el principio de igualdad. Desde el punto de vista de las actuales condiciones no hay un trato preferencial en Cárcel Central, no ha habido quejas en ese sentido, no las hemos recibido.

Es más, en su momento cuando se preveía como más que posible, inminente, una serie de procesamientos, hablamos con el jefe de Policía de Montevideo, inspector Bernal, y le preguntamos qué se preveía para el caso de que la justicia dispusiera estos procesamientos. La respuesta fue que en la medida que el lugar iba a estar acondicionado y no iba a haber ningún tipo de problema. En esa oportunidad no recuerdo haber hablado del carácter definitivo que podía tener la presencia de estos ciudadanos allí, no hice la pregunta porque suponía que la permanencia iba a ser por todo el tiempo que durara la privación de libertad, no se había planteado públicamente la posibilidad de construcción de un establecimiento especial.

Cuando se planteó el tema lo conocimos por la prensa y para mí significó una sorpresa. Nuestro planteo en ese caso -una actitud constructiva- fue que debía ser definido por el Poder Ejecutivo, Presidencia, MI, MDN, y que el comisionado en ese sentido no iba a tomar -no corresponde- ningún tipo de iniciativa. En su momento la Comisión de Seguimiento del Sistema Penitenciario, presidida por el senador Vaillant, debatió este tema y nos preguntó qué opinión teníamos con relación al punto; contestamos que en la medida que esta cárcel estuviera claramente asignada al MI y que el trato fuera razonablemente igual al que reciben los demás privados de libertad no había inconvenientes desde el punto de vista técnico.

***

EC - A partir de su advertencia, ¿no tenemos de hecho hoy, ya, condiciones privilegiadas para algunos reclusos dentro del sistema carcelario?

AG - Sí, tenemos que analizar si son privilegios legítimos o ilegítimos.

EC - Cárcel Central, concretamente, ¿no es una cárcel VIP en Uruguay?

AG - No.

EC - ¿Qué justificación tiene un alojamiento allí?

AG - A partir de este año un decreto reglamentario establece claramente las condiciones de acceso y permanencia en Cárcel Central. Me pareció una cosa muy saludable y así lo vamos a establecer en el informe que presentaremos a la Asamblea General el próximo viernes. Es bueno que se establezcan de modo objetivo, público y cognoscible los criterios para la asignación de plazas en Cárcel Central, que es de las pocas cárceles en nuestro país que respetan plenamente la normativa internacional en materia de derechos humanos.

Hay privilegios que son legítimos, por ejemplo si alguien ha cometido un delito y tiene una buena conducta objetivamente comprobada a lo largo de un proceso de seguimiento, de acuerdo con la ley penitenciaria existe el principio de la progresividad, es decir, que aquel que hace bien las cosas va progresando hacia un régimen más abierto de reclusión, y es lógico o, por lo menos, conforme a derecho que esa persona que tiene una buena conducta intracarcelaria pueda acceder a un régimen abierto, que pueda estar, por ejemplo, en el Tacoma o en una colonia agrícola en el interior del país rodeada por un alambrado, no por guardias. Esos son los privilegios legítimos, justos, dentro del derecho.

Si se establece un privilegio indebido por el nombre, por la condición profesional, por amistad o por cualquier otra consideración que va más allá de la ley, evidentemente es injusto. Por lo tanto no está mal que existan privilegios en el sistema penitenciario, pero tienen que ser de acuerdo con la ley.

EC - ¿Qué tipo de anotaciones va a realizar en el informe a propósito de la situación en el sistema carcelario que, por la función que desempeña, tiene que entregar al Poder Legislativo el viernes? Estos temas que hemos conversado van a estar.

AG - Están todos presentes. Es un informe de casi 250 páginas, hacemos prácticamente 30 recomendaciones de carácter general, cuyo contenido no me corresponde adelantar en la medida que ingresará al Plenario de la Asamblea General el próximo viernes a las 11 de la mañana. A las 12, una vez concluida la reunión de la Asamblea General, estaremos haciendo la presentación pública.

EC - ¿Puede anticipar algo a grandes rasgos?

AG - Desde luego que tomamos en cuenta aspectos institucionales, aspectos que tienen que ver con la atención de la salud, con la promoción de oportunidades de trabajo y de estudio, hacemos especial énfasis en lo que tiene que ver con la rehabilitación y sobre todo proponemos medidas concretas, a nuestro juicio realizables. No estamos descargando sobre la administración un paquete de 200 recomendaciones irrealizables sino que hemos priorizado los temas más urgentes y hacemos planteos que en una perspectiva que necesariamente tiene que ser gradualista se pueden empezar a cumplir a partir del próximo año.

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Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Alexandra Hahn