(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
Después de varios años de espera y proyectos frustrados, a partir de 2008 Uruguay tendrá su lugar en el espacio. Y será junto a Venezuela y su Sistema Satelital Simón Bolívar.

En el marco de ese proyecto se lanzará el satélite de comunicaciones VENESAT1, que va a circular en una posición orbital uruguaya y en el cual nuestro país tendrá su espacio de uso exclusivo.

El gobierno ha destacado que son muchas las ventajas de contar con un enlace satelital propio, aún incluso si este espacio es compartido.  Sin embargo, en el Parlamento el acuerdo fue cuestionado severamente por la oposición, que no lo votó.

¿Cuáles son las posibilidades que le abre a nuestro país este acuerdo con Venezuela? ¿Cómo se responde a las críticas de blancos y colorados?

Vamos a entrevistar al presidente de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), Leon Lev.

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Señor Lev, el 6 de diciembre la Cámara de Diputados transformó en ley el convenio que se firmó entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela y por el cual Uruguay le cede a ese país una posición orbital que no estábamos utilizando y en la que Venezuela instalará su Venesat 1. A cambio Venezuela le garantiza a Uruguay sin costo el uso de hasta 10% de la capacidad operativa espectral de ese satélite. Eso es un rápido resumen que después me va a gustar desarrollar con usted. Para empezar, ¿qué es una posición orbital?

LEÓN LEV:
La posición orbital significa un ámbito del espacio donde el Uruguay puede posicionar un satélite geoestacionario.

EC – Quién asigna estas posiciones orbitales?

LL – La Unión Internacional de Telecomunicaciones.

EC – Así que la UIT digamos, organiza el espacio.

LL – Efectivamente

EC – ¿Con qué criterios?

LL – En su momento los países solicitaron determinadas redes satelitales. Uruguay previo al 99 había solicitado ocho órbitas satelitales. En el año 2000 cuando la UIT requirió el pago del canon, Uruguay resignó seis órbitas satelitales y reservó 2 la 78 y 75.5, Urusat 3 y Urusat 4. Es más, cuando yo estuve el mes pasado en Turquía en la Conferencia Mundial de Plenipotenciarios (supe que) nosotros tenemos una deuda de más de 150.000 dólares por el impago de esas seis redes satelitales que nosotros resignamos y que todavía estamos tratando de ver si las refinanciamos y le cobramos a las empresas privadas que habían hecho usufructo de las órbitas que nosotros les habíamos concedido.

EC – ¿Uruguay había concedido algunas de esas órbitas a empresas privadas?

LL – Sí, efectivamente. En el año 1999 a la empresa Corporación Funcional de Comunicaciones S.A. le había concedido la posición orbital 78 grado de longitud Oeste, bajo la denominación de la red Urusat 3. Esta concesión que fue otorgada en 1999 fue revocada en febrero de 2004 porque el proyecto fue afectado de tal manera que no fue posible iniciar los trámites de coordinación.

También es oportuno señalar que en el 2001 se autorizó a la empresa Fonecom S.A., un proyecto bastante similar al que pensaba hacer la Corporación Funcional de Comunicaciones. Sin embargo, el incumplimiento de los requerimientos que necesariamente la empresa debe efectuar llevó a que por resolución del Poder Ejecutivo de enero del 2006 se revocara la autorización que se había otorgado a Fonecom S.A.

EC – Entonces, ahora en el acuerdo que se firma con Venezuela se pone en juego la red satelital Urusat 3, esa posición orbital geoestacionaria 78 grados longitud Oeste, una de las que usted mencionaba recién. ¿Qué pasaba con esa posición orbital?

LL – Nosotros tenemos estas dos posiciones orbítales autorizadas pero no en uso. Es más, prácticamente la órbita Urusat 3, que es la que no estamos utilizando, podemos perderla porque no tenemos un proyecto satelital. Esta que logramos con Venezuela prácticamente llegamos fuera de plazo pero con un proyecto concreto, con denominaciones tecnológicas de cuál sería el satélite que se pondría en marcha a partir de 2008 y comenzamos las coordinaciones con los países con los que nosotros debemos acordar para que se pueda lanzar el satélite. Uno no tiene una órbita satelital y el recurso órbita espectro absolutamente, uno tiene un derecho, tiene que notificar a la UIT y comunicar a todas las administraciones con las que debe coordinar ya sea porque pasa por sus países o ya sea porque tienen satélites contiguos a esa órbita que nosotros tenemos asignada.

EC – ¿Por qué razones Uruguay no ha utilizado estas posiciones orbítales? ¿Porque no ha tenido recursos para financiar el lanzamiento de un satélite y su puesta en funcionamiento? Por eso es que en determinado momento se recurrió a concesiones a privados que no terminaron fructificando y por eso es que ahora el camino que se elige es el de un acuerdo con Venezuela para que sea Venezuela quien haga la inversión. ¿Es así?

LL – Es exactamente así. Prácticamente llegamos al minuto noventa y si no hacíamos este acuerdo teníamos que reiniciar todo el proceso con la particularidad de hacerlo sobre algo ya concedido. Significa coordinar con los países que hasta 1999 habían lanzado satélites, empezar ahora en el 2006 significa coordinar con todos los otros países o empresas que lanzaron satélites entre 1999 y 2006 o sea complica mucho más la coordinación.

EC – ¿Cuánto hay que invertir para poner en órbita un satélite? Esto ha sido imposible para Uruguay hasta ahora. ¿Por qué se resuelve ahora no hacer la inversión directamente?

LL – Bueno, la verdad que en Uruguay es imposible invertir los 300 millones de dólares que significa la confección, lanzamiento y todo lo que es la infraestructura. Por lo tanto Uruguay no está en condiciones.

Yo quiero decir que países como Brasil u otras administraciones también le hacen las concesiones a empresas privadas. Nosotros no estamos... el país como tal lanza su satélite. Argentina acaba de resolver comenzar a fabricar un satélite para lanzarlo dentro de cinco años por primera vez como país, antes era una empresa semi privada, Nahuel Sat.

***

EC – A través de este convenio Uruguay le cedió a Venezuela la red Urusat 3 que ahora pasará a denominarse Venesat 1. Esta es una práctica habitual en países pertenecientes a la UIT. ¿Hay antecedentes de convenios entre países?

LL – Sí, no es una cosa excepcional, China lo ha hecho con otros países. Los países con tecnología espacial son contados con los dedos de las manos. Los países que acceden a lanzar satélites es otra cosa, pero los que tienen capacidad de lanzamiento de tecnología espacial son muy pocos.

EC – ¿Por qué Venezuela no gestionó su propia posición satelital ante la UIT?

LL – No Venezuela tenía en coordinación con la Comunidad Andina el derecho a una órbita satelital. Es público y notorio que Venezuela ha tenido diferencias en la Comunidad Andina y cuando sucedió esta situación es que se lanzó a buscar qué oportunidades. Hay que saber que las órbitas concedidas están en conocimiento de todos los países. Entonces cada país si tiene aspiración va y golpea la puerta del país que tiene concedida la órbita. A nosotros no solo vinieron los venezolanos, hace siete años una empresa italiana viene golpeándonos la puerta, estamos en coordinación pero nunca ha concretado un proyecto financiado. Entonces esta es la situación.

EC – ¿Cómo es el convenio? ¿Qué pone Venezuela qué pone Uruguay

LL – El convenio establece que Venezuela se hará cargo de toda la infraestructura, de los costos de lanzamiento y también de todos los daños emergentes de la puesta en órbita de un satélite, porque la cuestión no es solo lo que significa fabricarlo y ponerlo en funcionamiento, también pueden derivar en acciones jurídicas por daños emergentes. En ese sentido el convenio garantiza que Uruguay no solo no gastará en el lanzamiento y en el mantenimiento, sino que cualquier daño emergente de la puesta en funcionamiento de este satélite quedará a cuenta de la administración venezolana.

EC – ¿Durante cuántos años?

LL – Se calcula promedialmente una vida útil de 15 años, ello depende del propio satélite, de las condiciones atmosféricas. Hay un conjunto de elementos que no garantizan con exactitud la vida útil de un satélite

EC – Y entonces la construcción del satélite, su lanzamiento, puesta en órbita y su operativa durante ese lapso, más la disposición a enfrentar los eventuales daños y perjuicios que esa máquina produjese, ¿qué inversión implica, de cuánto dinero estamos hablando que asume Venezuela?

LL – Nosotros podemos hablar en toda la etapa inicial con el lanzamiento, la instalación de los telepuertos de alrededor de 300 millones de dólares y podríamos calcular una vida útil de 15 años con todos los factores entre 150 y 200 millones de dólares. Ese es el cálculo aproximado de lo que significaría el mantenimiento de este satélite durante 15 años de vida útil.

EC – Total unos 500 millones de dólares.

LL – Más o menos, 450, 500 millones de dólares.

EC – ¿Y qué es lo que Venezuela le garantiza a Uruguay? Según lo que dice el convenio, garantiza el uso sin costo alguno y contra demanda de hasta 10% de la capacidad operativa espectral total de ese satélite. ¿Para qué nos serviría ese 10%?

LL – Nos serviría para todo lo que son comunicaciones públicas, para telemedicina, para tele educación, para garantizar la conectividad de todos los centros de estudio del país de carácter público, para la seguridad de los bancos oficiales, para lo que es la Dirección General de Loterías, para todo lo que funciona en la órbita pública que en este país no es poco. Además nos permitiría un acceso también a la televisión digital para el sector público, cosa que no es menor tener banda ancha satelital para poder tener acceso a este salto tecnológico.

EC – El acuerdo dice que el satélite se destinará exclusivamente al tráfico de comunicaciones de carácter gubernamental, estoy leyendo de manera textual una de las cláusulas. Entonces, ¿qué quiere decir en los hechos para Uruguay? Usted estuvo detallando recién algunos usos posibles de ese ancho de banda, pero por ejemplo, ¿Antel va a poder usar ese ancho de banda para fines comerciales?

LL – En la medida que la empresa es pública está habilitada, creo que los detalles los tenemos que analizar y creo que el acceso gratuito a banda ancha satelital habilitaría a una reducción en los precios de las comunicaciones en el Uruguay, cosa que tampoco es menor porque es parte de esta sociedad de la información y del conocimiento en la cual nos queremos insertar.

EC – Si usted tiene que resumir dónde y cómo notará el ciudadano uruguayo las ventajas de este acuerdo, ¿qué contesta?

LL – Lo primero es un salto tecnológico en el que accederemos a la investigación aeroespacial y a la formación de recursos humanos que hasta ahora sólo lo teníamos por internet. No se olvide que en el artículo 8º de este tratado, "la República de Venezuela brindará las facilidades para la capacitación de recursos humanos de la República Oriental del Uruguay en las estaciones terrenas vinculadas al programa Venesat 1. Las partes elaborarán conjuntamente los programas de capacitación y detalles de las condiciones que deberá cumplir el personal". Y también en el artículo 7º la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay "establecerán una línea de investigación conjunta en materia aeroespacial que contemple la formación de talento humano. Para ello el Ministerio de Ciencia y Tecnología definirá por la República Bolivariana de Venezuela los centros de investigación a ser incorporados y la Universidad de la República tendrá la responsabilidad equivalente por la República Oriental del Uruguay".

O sea hay dos aspectos. Un aspecto es todo lo que tiene que ver la capacitación de recursos humanos en el área aeroespacial en las estaciones terrenas. En el caso de Venezuela tendrá dos estaciones terrenas nosotros tendremos una que es la de Antel en Manga. El otro aspecto es todo lo que es la investigación conjunta en materia aeroespacial. Fruto de este convenio, yo hablé con la Fuerza Aérea, tuvimos una reunión... Nosotros tenemos una sección en la Fuerza Aérea de recursos de sensores remotos que prácticamente salvo una oportunidad que le dio España, no ha tenido una oportunidad concreta y directa de trabajar en estos temas aeroespaciales. Nos abre una ventana a este mundo satelital al cual lo estábamos observando como cualquier ciudadano mira al firmamento, viendo cómo las estrellas pasan.

EC – Pero entonces, como ya quedó dicho al pasar, el espacio de satélite disponible para Uruguay se destinará exclusivamente a tráfico de comunicaciones de carácter estatal.

LL – Público, diríamos, público.

EC – O sea el sector privado continuará subiendo al satélite por otras vías.

LL – Naturalmente como lo está haciendo ahora y como hasta ahora lo está haciendo el sector público. Queremos decir el sector público, Antel, el Sodre, Ancap porque nuestras empresas también usan el recurso satelital... Tenemos que saber que todo eso lo estamos pagando cash moneda extranjera para poder tener acceso al recurso satelital. Estaríamos descargando del sector público este aspecto oneroso.

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EC – Ahora para ver objeciones que han surgido desde la oposición. Este acuerdo con Venezuela en el Parlamento tuvo solamente los votos del Frente Amplio y la oposición manifestó a través de algunos de sus voceros una serie de cuestionamientos en algunos casos fuertes. La oposición, por ejemplo, ha dicho que con esa cesión a Venezuela se está procediendo de manera inconveniente, no solo en términos económicos sino también en cuestiones de soberanía nacional. Le propongo escuchar sobre las críticas en materia económica al diputado nacionalista Jaime Trobo.

(Audio)

"JAIME TROBO:
Nos sorprendió que Uruguay reciba apenas la posibilidad del uso del 10% de la capacidad del satélite cuando en ocasiones anteriores, en las que entidades privadas habían solicitado a Uruguay la posibilidad de lanzar un satélite y ponerlo en órbita en una posición uruguaya, ofrecían un 25% del volumen de las comunicaciones. Tiene que tener en cuenta especialmente que esas comunicaciones van a ser exclusivamente gubernamentales. Para nosotros allí hay una dificultad para el sector privado que sin duda alguna es una disminución de sus capacidades. Se ha dicho que por ejemplo la Universidad de la República va a poder utilizar parte de ese 10% de la capacidad del satélite para comunicaciones vinculadas con su desarrollo. Nosotros planteamos que también debían poderlo hacer las entidades privadas universitarias pero ello no surge del texto del acuerdo que limita las comunicaciones exclusivamente a las de la órbita gubernamental".

¿Cómo responde el Presidente de la URSEC?

LL – Primero quiero decir que dar dos agradecimientos: al doctor Jorge Larrañaga y al doctor Sanguinetti que con su silencio y con algún gesto parlamentario facilitaron que en el Senado esto pudiera salir con la mayor fluidez.

EC – Usted dice que con su "silencio" y "algún gesto parlamentario"...? ¿Qué hicieron los senadores Larrañaga y Sanguinetti?

LL – Larrañaga en el mes de diciembre elevó un pedido de informes a la Unidad Reguladora y había planteado críticas severas. En el mes de marzo, luego de la firma a nivel presidencial del doctor Tabaré Vázquez y Hugo Chávez, nosotros elevamos al Senado para el doctor Larrañaga un informe circunstanciado que además de las respuestas a las preguntas, hubo más de cien páginas de documentación exhaustiva no solo de este proyecto de los dos anteriores proyectos frustrados. Fruto de eso hemos logrado una convivencia civilizada que permitió, aún sin compartir políticamente, facilitar eso. Y en el caso del doctor Sanguinetti, el hecho es puntual de que la Comisión del Senado estaba funcionando al filo del quórum el doctor Sanguinetti no iba a votar pero se quedó en sala para hacer el quórum y poderlo votar. Creo que son dos gestos en este Uruguay que vale la pena significar.

EC – Bueno pero a propósito de las objeciones que planteaba el diputado Trobo...

LL – La primera cuestión es que creo que el diputado Trobo tiene un error de apreciación. Yo acá tengo la documentación y la di en la Cámara de Senadores en el distribuido 1179/2006 en la cual se establecía que cuando el 19 de octubre de 1999 por resolución 924/99 del Poder Ejecutivo en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas se firmó la concesión a la Corporación Funcional de Comunicaciones, en el séptimo punto de la resolución, el señor presidente de la República que en ese momento era el doctor Sanguinetti y el ministro de Defensa era el doctor Storace dice: "acéptase el ofrecimiento gratuito de la utilización del recurso satelital por parte de la administración uruguaya destinada a la transmisión de señales digitales de voz, datos y videos de hasta un máximo de 12 megahertz". Primera concesión, 12, estamos hablando de ochenta en esta.

La segunda, se firma el 11 de abril del 2001 estando en ejercicio el gobierno que ingresa en el año 2000 y en acuerdo del señor presidente de la República también con los ministros de Defensa y Economía, en el punto séptimo prácticamente el texto es equivalente al anterior y dice: "acéptase el ofrecimiento gratuito de la utilización del recurso satelital por parte de la administración de señales digitales de voz, datos y videos de setenta y dos megahertz como máximo recurso que será gestionado por la DMC".

EC – ¿Y en ese caso del 72 sobre cuánto?

LL – No sé el porcentaje, se ve que eran satélites más pequeños. Pero en ambos casos comparado con lo que nosotros vamos a tener acceso eran inferiores uno prácticamente ocho veces inferior y otro un 10% menor. O sea que en el ancho de banda este convenio es el más favorable a los intereses del Uruguay.

EC – ¿Y en cuanto a la posibilidad de que no solamente tengan acceso a este satélite instituciones públicas sino también algunas del sector privado por ejemplo a nivel universitario?

LL – Se puede explorar.

EC – Lo que el diputado Trobo marca es que en el convenio eso no está reconocido

LL – Y sí, yo quisiera la chancha y los cuatro reales y los chanchitos. Ahora si no puedo... ¿qué quiero? ¿Me quedo sin convenio? Yo puedo pedir lo máximo, ahora la contraparte es la que financia y me pone condiciones. ¿Me sirve o no me sirve? Esta es la pregunta. Nosotros no impusimos ese tipo de restricciones, las aceptamos y exploraremos porque a nivel universitario hay coordinación a nivel de la universidad pública con las universidades privadas, hay aspectos científicos que se podrán trabajar conjuntamente, abrimos un espacio que tendremos que explorar.

EC – Vamos a un segundo tipo de objeciones que plantea el diputado Jaime Trobo en razones vinculadas a la soberanía uruguaya.

(Audio)

"JT - En primer lugar, Uruguay no tiene las garantías que nosotros creemos que debería tener en cuanto a para qué va a ser utilizado ese satélite. Como dice el tratado se va a poner en práctica exclusivamente para comunicaciones gubernamentales. Incluye, por tanto, las comunicaciones militares y no creemos que Venezuela hoy en lo que respecta a su relación con terceros países ofrezca garantías de utilizar con fines exclusivamente pacíficos este satélite que va a ser ubicado en una posición orbital que le ha sido concedida por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones a Uruguay que por tanto es responsabilidad de Uruguay".

¿Qué dice sobre ese punto?

LL – Yo creo que él incursiona en una valoración política que a mi no me corresponde. Yo voy a dar todas las garantías sobre el convenio, sobre los aspectos que contiene y darle garantía del control. Es más, si en el convenio se dice que hay discrepancias entre ambas administraciones, hay un método para finalizar la situación. O sea que el objetivo hoy tiene carácter pacífico, científico y tecnológico, ese es el objetivo. Y el Uruguay mantiene plenamente la soberanía.

EC – En materia de soberanía había una segunda preocupación del Diputado Trobo.

(Audio)

"JT - En segundo lugar el acuerdo establece una cláusula de absoluta confidencialidad de todos los aspectos vinculados con el desarrollo del mismo lo que sustrae del Parlamento la posibilidad de controlar de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, todas las acciones de gobierno, sea mediante pedidos de informes, sea mediante llamado a sala de ministros. Es una información que parece elemental que reciba el Parlamento respecto de un tema de bastante importancia".

¿Qué responde usted sobre esta cuestión de la confidencialidad?

LL – Yo creo que hay un error de apreciación severo. Este tema de la confidencialidad es la copia textual de los dos anteriores acuerdos hechos con las empresas privadas, primera cuestión. Segunda cuestión: todo lo que significa la coordinación tiene aspectos técnicos, la cantidad de canales y frecuencias dependerá del acuerdo que hagamos con otras administraciones con las que nosotros tenemos que coordinar. Usted y los oyentes deben saber que la oficina de radiocomunicaciones de la UIT que publicó los cálculos interferentes determina que podrá efectuarse la coordinación técnica de rigor con las administraciones de Argentina, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Indonesia, Luxemburgo, Malasia, México y Reino Unido. Luego de todas estas coordinaciones es que se tendrá una idea exacta y cabal de cuál es el satélite que se lanzará al espacio. Como comprenderá las informaciones técnicas tienen un alto valor comercial. El Parlamento siempre estará en condiciones de hacer preguntas que estén al alcance para eso están los ministros, esa es la responsabilidad política. Es más, este convenio tiene el carácter de ley, tuvo una transparencia total y siempre habrá disposición para dar todo tipo de información, la confidencialidad tiene que ver con los aspectos comerciales, con los aspectos técnicos hasta que se logre definir cuál es el satélite, cuántos son los canales y las frecuencias.

EC – ¿Qué es lo que se puede estimar en cuánto a tiempos, cuándo estará operativo efectivamente este satélite y por lo tanto disponible para Uruguay?

LL – Yo diría si todas las cosas marchan bien, para el año 2008. Dentro de dos años estaríamos en condiciones.

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EC - Señor Lev, seguramente en el comienzo del año que viene, estaremos en contacto sobre otros temas que refieren a la unidad que usted preside.

LL - Antes de finalizar quisiera decir una cosa en esta radio. En los últimos meses he estado trabajando en contacto con la Dirección de la radio y prácticamente puedo garantizar que la interferencia que tenemos con la radio cordobesa ha sido solucionada...

EC - Es interesante esa noticia porque es un problema que a la audiencia de El Espectador le ha preocupado, sobre todo la del litoral del país...

LL - En conversación con mi amigo el director del Confer y con el secretario de la Comunicaciones de Argentina, ellos me han confirmado que esta radio cambiará de canal próximamente y se eliminarán las interferencias

EC - Va a cambiar de canal la emisora Mitre de Córdoba que era la que estaba generando esa interferencia. No va a transmitir más en la 810 de Argentina.

LL - Eso (se ha conseguido) sin ruidos, sin escándalos, como tienen que trabajarse las cosas de este tipo a nivel internacional.

EC - Francamente nos alegramos porque en algún momento temimos que esta interferencia de una emisora colega de la República Argentina, terminara involucrada como problema en todo el diferendo que tenemos por otras cuestiones con el gobierno de Néstor Kirchner.

LL - Quiero garantizarle que tenemos buenos puentes tendidos con la administración argentina y con la administración brasileña para resolver este problema de las interferencias. Es más, un senador del Partido Nacional me llamó diciendo que amigos suyos querían poner una radio en el canal 810 en Porto Alegre. Yo le dije a este senador amigo que con mucho gusto lo recibía pero que ya le garantizaba que no íbamos a coordinar ninguna frecuencia AM810 para una radio brasileña de Porto Alegre.

EC - Son las coordinaciones elementales que establece la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones.

LL - Y en eso somos celosos, trabajamos en el grupo SCGT 1 del Mercosur y lo principal es que tenemos muy buenas relaciones que hay que cultivar, construir y regar permanentemente.

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Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Alexandra Hahn