Para tener un panorama claro, hay que repasar ordenadamente los hechos reales y la cadena de errores administrativos y políticos cometidos.

1) Se equivocó al inicio del expediente al imponer la reserva de las actuaciones prevista en la ley de iniciativa privada 17555, norma en la que pretendió ampararse voluntariamente Satenil S.A., que obliga ineludiblemente a realizar un llamado a licitación, en el cual al proponente, luego de cumplir determinadas formalidades, se le asigna algunas ventajas respecto al resto de los oferentes. El llamado a licitación no se hizo porque sorprendentemente se decidió otorgar directamente el negocio a la empresa mencionada.

2) Se equivocó al cambiar durante el proceso de tramitación de marco normativo, tratando de evitar la licitación invocando razones de urgencia al suscribir el contrato pretendiendo ahora no ya Satenil S.A., sino la propia IMM amparase en el art. 33, lit. i del TOCAF.

"Artículo 33.- Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado, y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos.

No obstante podrá contratarse:

1) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de $700.000.00 (pesos uruguayos setecientos mil).

2) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $35.000.00 (pesos uruguayos treinta y cinco mil).

3) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción:

......................

I) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público, o su realización resienta seriamente el servicio;

Acá no existió ningún resentimiento de servicio, es decir argumentar la urgencia para llegar a la temporada estival, pues los plazos previstos para el cumplimiento del contrato, los hechos, las acciones y sobre todo las omisiones, (según Satenil S.A., esta empresa justifica sus flagrantes incumplimientos al contrato en que aparentemente la IMM no le entregó la propuesta oficial de publicidad en tiempo y forma), terminaron por demostrar que la urgencia nunca existió. Lo llamativo es que la mayoría de las exigencias incluidas en el convenio se volvían eventualmente exigibles para después del verano 2005-2006 y hasta el año 2008.

3) Se equivocó al pretender justificar, con el temporal de agosto de 2005, algo que se había acordado meses antes, durante la transición, pues la urgencia por llegar a la temporada estival con Punta del Este en condiciones pudo eventualmente haber sido de recibo si no se hubiera demostrado en los informes a los que accedió la Comisión Investigadora que sólo fueron afectados 3 refugios de paradas de ómnibus en más de 150, además de 7 carteles del nomenclátor, y los daños en la Plaza de Punta del Este fueron solucionados sin mayores problemas, ya que en marzo de este año, es decir pasada la temporada, básicamente sólo se había cambiado el cableado de los artefactos de iluminación y los faroles, así como colocado dos velas con fines ornamentales en esta última, y sustituido muchos de los refugios de las paradas que se encontraban en buen estado, dado que no debe olvidarse que prácticamente ese y solo ese, era el mobiliario urbano en el que se iba a aplicar el convenio. Los lamentables accidentes con pérdidas humanas, las roturas en las redes de servicios públicos dependientes de empresas del Estado (UTE, OSE, ANTEL), los destrozos en las playas o en viviendas y los árboles caídos, nada tienen que ver con los servicios de publicidad que presta Satenil S.A. al Municipio de Maldonado y a particulares.

4) Se equivocó al manejar al principio ante los medios de comunicación que era un negocio de 500000 dólares anuales, pues argumentó que no daba el tiempo para llamar a licitación para el manejo de los espacios públicos del Departamento con fines publicitarios (excepto en las playas), y sin embargo y simultáneamente sí daba el tiempo para confeccionar los pliegos para llamar a licitación para negocios de mucho menor cuantía como son la concesión de algunos paradores municipales ubicados en estas.

5) Se equivocó al, silenciosamente, no dejar en suspenso el contrato en función de los recursos presentados por los afectados, lo cual determinó la nulidad del contrato.

6) Se equivocó al asignarle al Tribunal de Cuentas de la República propósitos conspirativos por hacerle notar los aspectos legales antes reseñados, incluyendo además a compañeros del FA que integran ese Tribunal y a la vez argumentar que el descalabro de las administraciones nacionalistas salientes era incuestionable e inobjetable a partir de los informes sobre el déficit elevados por ese mismo Tribunal con idéntica integración.

7) Se equivocó al utilizar finalmente la figura del convenio de patrocinio prevista en el art. 50 del Decreto 3695, antepenúltimo Presupuesto Quinquenal, que establece expresamente "Facúltase a la Intendencia Municipal a celebrar convenios de patrocinio con entidades privadas. Mediante los mismos, dichas entidades tomarán a su cargo la construcción, refacción y/o mantenimiento de obras y/o espacios públicos a cambio de establecer publicidad en los mismos o alguna actividad propia de su giro.

Las actividades publicitarias o comerciales que se realicen en dichos espacios bajo este régimen, estarán exoneradas de los respectivos tributos municipales, sin perjuicio de su adecuación a las ordenanzas respectivas".

Es decir por ejemplo, en Montevideo se permite colocar mesas en la plaza a un local gastronómico a cambio que el propietario de ese local se encargue del mantenimiento del parque de la plaza, pero jamás se permite, que por ello ponga mesas en todos los canteros o veredas de las Avenidas de la capital de la República. Aquí en Maldonado a partir de este contrato, basta que exista el marco vacío en el que se coloca un cartel de publicidad, para que se considere "territorio liberado" a favor de una empresa privada, aunque no se le preste un solo servicio a la comunidad. Y a veces si no hay cartel por las dudas también se ha instruido desde la IMM a particulares o empresas a pedir permiso o negociar con Satenil S.A., y lo peor y mucho más grave, cuando hay carteles de propaganda en algún predio particular se les "avisa", desde las más altas jerarquías, seguramente ignorando el origen de la propiedad donde están ubicados, para que regularicen lo que no tienen por qué.

8) Se equivocó al eximir en los hechos, del cumplimiento de la Ordenanza Departamental de Carteles, haciendo además incurrir a la administración en el gasto generado por el consumo de energía eléctrica de esa empresa que obviamente no es un tributo municipal pero que además significa un egreso para la administración, contraviniendo nuevamente el 33 del Tocaf.

9) Se equivocó, cuando conocidas y demostradas públicamente las irregularidades, pretendió justificarlas con otras posibles, mayores o menores, cometidas por otro Partido desde el Gobierno, en otros convenios o contratos, olvidando que precisamente una de las razones por las cuales se logró llegar al mismo y desalojarlo del poder, fue por denunciar y prometer no cometer este tipo de irregularidades desde él.

10) Se equivocó al no solidarizarse con la Junta Departamental frente al desaire que este proveedor le hizo, desconociendo casi sistemáticamente a la misma y alimentando tácitamente esa actitud con un silencio cómplice que no se puede compartir ni comprender.

11) Se equivoca al pretender observar un decreto de la Junta, también responsable de velar por los intereses de la comunidad, en este caso por la administración de los espacios públicos incluidos en el territorio departamental, pues de su lectura, surge que más allá de la prolijidad jurídica, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y de contralor, levanta su voz y no hace más que recoger y manifestar como pudo, la necesidad imperiosa de cesar de inmediato este convenio para no incurrir en mayores responsabilidades que van en detrimento de los intereses generales.

No voy a analizar si el Intendente puede observar o no las resoluciones de las Juntas Departamentales tomadas por vía de contralor según lo que establece el Art. 26, inc. A de la Ley Orgánica Municipal, es obvio que sí encuadraría su espíritu, pues está más que claro que como consecuencia de la información recabada durante 8 meses por una Comisión Investigadora de acuerdo a lo establecido en el art. 286 de la Constitución, a la que el Plenario de la Junta le encomendó que controlara los aspectos legales y la conveniencia del contrato entre Satenil S.A. y la IMM; finalmente se ha expresado en una resolución , verbo más verbo menos, tilde más o tilde menos, letra A más o letra E menos, para que el Intendente se haga eco y materialice el cese de una buena vez de la vigencia de un contrato cuya tramitación ha estado viciada por irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas de la República y una Junta Departamental independiente del Ejecutivo Comunal al que tiene el mandato constitucional de controlar.

12) Se equivoca nuevamente entonces, porque si la Junta no estuviera facultada para decirle que haga caer un contrato suscrito por la IMM, entonces ni siquiera debiera observarlo. Se acaba de meter en un berenjenal jurídico de antología.

13) Se equivoca al pretender hacer leña de un arbolito representado por las eventuales facultades de la Junta para tomar una resolución como la que tomó, ya que en los hechos, ello en todo caso procura sin lograrlo, distraer la atención de lo principal y lo grave, ya que no se puede ocultar el humo de un bosque en llamas representado por las irregularidades constitucionales, legales y normativas que impregnan el expediente.

14) Se equivoca finalmente con lo más grave y de consecuencias impredecibles, que es el desacatamiento a la voz de la mayoría de la Junta Departamental y un llamativo empecinamiento en pretender llevarse por delante todos los órganos de contralor para que esta empresa continúe con este negocio de espíritu monopólico.

Cuáles son las salidas o consecuencias de esta situación?

En estas encrucijadas por las que los Gobiernos muchas veces lamentablemente deben transitar, se avizoran tres posibilidades en el horizonte, aunque a mi entender sólo uno comienza a resolver el problema rápidamente, evitando desangrar a las instituciones Intendente y Junta Departamental, o sea al Gobierno Departamental, y esa salida es que la IMM lea correctamente el contenido del llamado de atención que le hace la Junta Departamental, más allá de la forma jurídica que utiliza para avisarle. Hay una señal muy clara que el Legislativo Departamental envía al Intendente, y ella es que disponga el cese del contrato.

De no ser así, para los casos en que la situación se vuelve descontrolada o incontrolable, puede existir otras dos consecuencias que a nadie agrada recorrer porque entre otras consideraciones hieren al sistema político, una es la prevista en el art.296 de la Constitución si se verificase que no se ha cumplido con los extremos previstos en el art.275, inc.1, y que algunos estén especulando con el cajoneo y la otra, la del traslado de los antecedentes o hechos denunciados al otro poder del Estado.

Y no es sano andar distrayendo la atención de legisladores, jueces y fiscales. Hay mucho para hacer en Maldonado antes que embarcar a todo el sistema político departamental en un Titanic, basta con mirar los hechos recientes ocurridos en el Departamento de Florida.

Se resiente entonces la imagen del gobierno o del FA en Maldonado?

Quienes confiaron en nuestra fuerza política para administrar el Gobierno Departamental y también los que no lo hicieron, no merecen que permanentemente se esté desafiando su inteligencia tratando de atribuir nuestros errores a intencionalidades políticas desde dentro o fuera de nuestro propio Partido.

El incendio de un bosque ya no se apaga con ese burdo extintor, el gobierno es algo más serio. No se puede vivir en esa lógica perversa que sistemáticamente consiste en culpar de todo al diablo Darío Pérez como si así desaparecieran nuestras responsabilidades.

Habrá gente o dirigentes que después de tanta improvisación, incompetencia y confusión todavía cree esa mentira? Sorprendería realmente.

Debemos ser transparentes pero además parecerlo.

La crisis que el Gobierno enfrenta en Maldonado es mucho más seria, profunda y compleja que esa visión maniquea y simplista de la realidad que pretende presentar dentro y fuera de fronteras departamentales, buscando destruir a un compañero y polarizar en lugar de unir.

Lo digo desde mi más absoluta independencia de pensamiento, consciente que los postulados del FA son mucho más que quienes circunstancialmente ocupamos cargos en el Gobierno.

Pero mucho más serio es aún, jugar con la esperanza de tantos miles de ciudadanos. Hay un sinnúmero de problemas más importantes que resolver, pero hay uno en el que todos debiéramos coincidir y es fundamental para sentar las bases de las soluciones de esos problemas, y es que no nos podemos andar quejando de las trabas que existen en nuestro sistema político si permanentemente nos dedicamos a dinamitar los puentes que hay que atravesar para destrabarlo.

La soberbia es mala consejera. Cualquiera que esté medianamente informado y haya observado la consecuencia que tuvo en los últimos gobiernos que hubo en este departamento, sabe que es así.

Es preocupante que se diga que bailamos al son de la música de la oposición, pero no somos capaces de darnos cuenta que con nuestros errores completamos la obra poniéndole la letra. Y que quede claro que la letra no es reconocer los errores sino justificarlos culpando a los de afuera o los de adentro, y sobre todo, cometerlos.

Nos falta mucha autocrítica, debemos asumir que hay veces que es preferible dar un paso atrás o al costado para poder analizar, meditar en el silencio de la intimidad y tomar impulso para dialogar, para construir, y corregir renunciando a intereses mezquinos.

Maldonado merece por lo menos, un gobierno capaz de asumir y reconocer que si es verdad que se está en un proceso de aprendizaje, (un lujo que un gobernante a esta altura no se podría dar), a veces se cometen errores, y los gobernantes debemos hacer el esfuerzo para corregirlos y poder dedicarnos a cosas más importantes.

Aclaro para los que no me conocen que jamás escribo mandado por nadie, pero sentí que debía romper el silencio al que me había llamado por otras circunstancias de la vida, pues tanta superficialidad para abordar los problemas, por parte de gente a la que se le paga para eso, francamente indigna y causa perplejidad.

Discrepo fraternalmente con quienes defienden a esta empresa y esta forma de administrar la cosa pública hasta límites a esta altura inadmisibles, como si fuera un tema de Estado.