(Emitido a las 7.34)

JOSÉ IRAZÁBAL:
Si alguien pensó que el clima político del Frente Amplio (FA) en Maldonado se iba a enfriar después de la sesión de la Junta Departamental del miércoles pasado, se equivocó. La cosa parece estar cada vez más complicada.

ANDRÉS GIL:
El penúltimo episodio en esta novela política del verano se registró el viernes cuando el edil y presidente de la Junta Departamental, Gastón Pereira, integrante de Cabildo 1813, el sector que lidera el diputado Darío Pérez, interrumpió sorpresivamente su licencia para tomar las riendas de la discusión política en el departamento.

JI - El último capítulo ocurrió ayer cuando Pereira convocó sorpresivamente a una sesión extraordinaria de la Junta y logró que se retirara la moción que se había votado en los últimos minutos de aquella sesión del miércoles pasado. En esa moción se resolvió que se volviera a poner a votación en la primera sesión ordinaria del cuerpo el levantamiento del veto que el intendente Óscar de los Santos había interpuesto a una resolución del legislativo comunal que declaraba nulo el contrato firmado por la Intendencia con la empresa Satenil S.A.

AG - Esto es a varios frentes, hay que agregar que ayer se efectivizó la devolución por improcedente del veto al intendente, por lo que empezaron a correr los diez días que la ley establece para que el intendente dé una respuesta y que además estableció el Partido Nacional (PN) para que el intendente rescinda directamente el contrato con Satenil, de lo contrario se vendrá un juicio político y una denuncia penal por abuso innominado de funciones.

JI - Juicio político y denuncia penal, fuerte la posición del PN.

¿Por qué el presidente de la Junta decidió interrumpir su licencia? ¿Por qué quiso evitar la votación del levantamiento del veto? ¿Cuál son los pasos que se vienen? Vamos a conversarlo con el propio edil Gastón Pereira.

***

JI - Pereira, usted estaba en uso de licencia...

GASTÓN PEREIRA:
Permítame antes que nada una precisión: yo no formo parte de Cabildo 1813 ni respondo al diputado Darío Pérez. Sistemáticamente se ha pretendido llevar a un enfrentamiento entre dos personas, yo no pertenezco a ese sector, nunca pertenecí, lo que hubo fue una coalición de fuerzas políticas a nivel departamental y nacional que apoyaron su candidatura.

JI - Usted respaldó la candidatura de Darío Pérez.

GP - Pero no integro Cabildo 1813, integro una agrupación departamental, la 708, que tiene una organización absolutamente separada. Tenemos coincidencias en muchísimos temas, en la mayoría, pero quería hacer la precisión para que tanto la gente como los dirigentes tengan el concepto bien claro de que en esta situación que se está dando no necesariamente está el diputado Darío Pérez detrás.

JI - Usted estaba en uso de licencia el miércoles pasado cuando se discutió este tema en la Junta Departamental; fue sustituido en su cargo por la edila Marlene Chanquet, cuya visión aparentemente no comparte sobre lo que está pasando en Maldonado.

GP - Seguramente no compartimos la visión, pero además tuvimos una diferencia muy importante en cuanto a lo que debe ser el trámite que correspondía darle a este expediente a la luz de lo que había resuelto la Junta Departamental el día 10.

JI - ¿Cuál era la diferencia importante?

GP - Se pretendió incluir en la resolución a ser enviada al intendente un aspecto vinculado exclusivamente con el ámbito interno y administrativo de la Junta como es una solicitud de reconsideración de una moción presentada por un edil. Jamás se le comunican a ningún organismo externo a la Junta las resoluciones de procedimiento interno.

JI - ¿Qué cambia eso?

GP - Cambia mucho, porque lo que resolvió la Junta y quedó firme el día 10 fue devolver por improcedente el veto y mantenía firme la resolución de diciembre por la cual le había requerido al intendente que decretase el cese del contrato con esta empresa. La Junta también resolvió reconsiderar una moción cuyo contenido era levantar o no el veto. Si yo le comunico a la Intendencia que se le devuelve por improcedente el veto, mal puedo comunicarle al intendente que una resolución de carácter interno como era pasar a una comisión de orden del día esa moción sobre si se levantaba o no el veto iba a ser reconsiderada. Pasaron a ser excluyentes o incompatibles a partir del proceso del debate y la resolución de la Junta del día 10.

JI - Usted dice que al comunicarle eso al intendente se lo eximía de ese plazo de 10 días que tenía para pronunciarse con la otra resolución de la Junta.

GP - No creo que en términos jurídicos se lo eximiese, pero daba lugar a tremendas dudas cuando no había ninguna otra posibilidad de volver sobre el punto. Discutir esa moción nuevamente significaba desconocer lo que ya había resuelto la Junta en el trámite de la sesión.

Voy por orden. La primera moción fue presentada por el oficialismo que responde al intendente en este tema y consistía en pronunciarse sobre el levantamiento del veto en forma favorable o desfavorable. La Junta votó por 0 voto en 31 el levantamiento del veto. Esa votación tan curiosa se dio porque quienes no querían levantar el veto, quienes respondían a la posición del intendente, votaron negativamente, pero tampoco votaron los que entendían que el veto interpuesto por el intendente era ilegal, en señal de protesta. Esa fue la primera moción votada, que no queda firme hasta tanto no sea reconsiderada.

La segunda moción decía que se le devolvía el veto por improcedente al intendente. Esa moción fue votada por 17 en 31, sale favorable. A renglón seguido se solicita su reconsideración –es la manera en que quedan firmes las resoluciones–, que sale votada negativamente, lo que hace que quede firme, es decir que la Junta resuelve finalmente devolver por improcedente el veto.

A posteriori la Junta solicita reconsiderar la moción inicial del levantamiento del veto y sale votada afirmativamente. Desde el punto de vista jurídico la moción que pretendía levantar o no el veto, que había tenido una votación inicial de 0 en 31, volvió a fojas cero, es como si no hubiera existido.

La conclusión final es: la única moción que quedó firme fue la segunda, la de devolver el veto por improcedente. A la luz de cómo transcurrió la sesión, el efecto jurídico de que la solicitud de reconsideración haya sido votada favorablemente no es volver al fondo del asunto sino simplemente limpiar la votación inicial que no había quedado firme. Las dos mociones son contrapuestas, una quedó firme, la devolución del veto, y otra en teoría quedó a ser discutida pero en la práctica no la podemos discutir porque se votó una moción que dice exactamente lo contrario y que está firme.

AG - Más allá de los vericuetos legales, que son difíciles de comprender, usted dijo que volvió porque las cosas estaban pasando de castaño oscuro en la Junta Departamental. ¿Se refería sólo a lo administrativo o también al clima que se está viviendo?

GP - Me refería a lo administrativo. No le digo que el clima no esté turbio, no esté espeso acá, pero me refería estrictamente a lo administrativo. Yo estaba de licencia, no participé en el debate de este tema ni en diciembre ni el 10 de enero pero cuando vi que se estaba tratando de torcer lo que la Junta resolvió me pareció que tenía que hacer lo que hice, en primer lugar puse en antecedentes a la secretaria administrativa informalmente de que estaban por cometer un error, pero enterado al otro día de que iban a materializar el error porque la vicepresidenta se negaba a corregir el texto de la resolución, tuve que tomar cartas en el asunto.

AG - Sobre el fondo del asunto, ¿entiende que la concesión a Satenil tiene que terminar ya mismo, que no hay espacio para soluciones intermedias negociadas?

GP - Desde luego, en temas de transparencia no hay espacio para los grises.

AG - ¿Cree que hay gente que está promoviendo esos grises?

GP - Con las actitudes que se están tomando lamentablemente sí.

AG - Usted dijo en una columna que publicó en Correo de Punta del Este que "el enrarecimiento del clima político a partir de actitudes de connotados dirigentes al mando de importantísimos cargos de gobierno tiene muchas derivaciones". ¿Cuáles serían esas derivaciones? Habló de la falta de respeto a las resoluciones del Tribunal de Cuentas, por ejemplo.

GP - Por ejemplo.

AG - ¿Por qué?

GP - Cuando hay un Tribunal de Cuentas que está integrado por compañeros, mal podemos estar acusándolo de propósitos conspirativos contra nuestra fuerza política cuando saca resoluciones por amplísima mayoría o incluso unánimes sobre determinados temas. Y mal podemos estar acusando al Tribunal de Cuentas de la República cuando tres o cuatro días antes o dos o tres semanas antes nos golpeamos el pecho porque sus dictámenes anunciaban que la administración nacionalista nos dejó con un déficit de 28, 30, 32 millones de dólares, decimos que es inobjetable porque el Tribunal de Cuentas lo dijo. No puede ser que el Tribunal de Cuentas nos sirva solamente cuando opina favorablemente a nuestros intereses políticos, hay que tener un poco más de perspectiva, más sobriedad, más altura de miras cuando nos referimos a ese tipo de temas. Estamos en el gobierno.

AG - ¿Qué riesgos se corren?

GP - Si no se respeta el ordenamiento jurídico del país, las señales de transparencia empiezan a ser cada vez peores, y cuando la ciudadanía votó a nuestra fuerza política para conducir al país y al departamento estaba apuntando a un cambio. No podemos argumentar cuando nos equivocamos que estamos haciendo las mismas cosas que hacía el PN como si todo valiese. Se votó por un cambio, tenemos que mostrar el cambio. El otro día cuando el presidente de la República le dio de baja a una resolución directa de la Ursec de otorgar las líneas de comunicación a Multicanal en forma directa por razones de transparencia, hizo lo que corresponde que haga un gobernante, velar por los intereses de todos los ciudadanos, por la igualdad de todos los ciudadanos, por la transparencia. Si hay una equivocación hay que corregirla. Un gobernante que ante una equivocación reacciona abroquelándose y tratando de defenderla hasta sus últimas consecuencias se equivoca feo.

JI - Tal vez convendría hilar un poco más fino en esta discusión de fondo sobre el contrato de Satenil. Usted dice que cuando uno se equivoca tiene que corregir, pero también habló de socios ocultos de la empresa Satenil. Eso agrega un elemento que pone otro énfasis en el negocio en sí más allá de una equivocación.

GP - Sí, lo digo porque es sorprende la situación que se ha dado con esta empresa, que sistemáticamente visita a los jerarcas del municipio para instrumentar parte del contrato, porque hay una parte del contrato que curiosamente no ha sido instrumentada todavía, y aparentemente acusa al municipio de no entregarle las pautas para ejecutar la política comunicacional. Es sorprende que esta empresa se relacione exclusivamente con el 50% del gobierno y se niegue a concurrir a extremos insólitos cuando la convoca el otro 50% del gobierno que la está investigando. Esa gente fue convocada en la segunda reunión de la comisión investigadora, llegó a las 8.35, estábamos aprobando el acta, y a las 8.55 se fue, dijo que no podía esperar y nunca más apareció.

AG - Entonces usted sabe quiénes son, esos representantes fueron. Porque uno de los misterios son los nombres que están detrás de la empresa. Cuesta creer que en Maldonado no se pueda saber quiénes están detrás de una empresa que ganó una concesión.

GP - En estas cosas uno sabe quién es el representante legal, quién es el que está registrado en el BPS y en la DGI, pero en una sociedad anónima puede haber muchos socios que aportan o sacan dividendos que no sabemos quiénes son.

AG - Ustedes no saben quiénes son.

GP - Desde luego.

JI - ¿Para usted hay algo turbio en este negocio?

GP - Cuando se insiste tanto en una situación de estas características, en defender un negocio con espíritu monopólico como este que nos han instaurado en Maldonado, una empresa privada que se queda con el manejo de todos los espacios públicos sin licitación, un negocio de cientos de miles de dólares, argumentando razones de urgencia que no existen porque un año y pico después el propio municipio ni siquiera le ha comunicado la totalidad de las políticas que quiere llevar adelante en materia de comunicación, la urgencia evidentemente no existió, se argumentó el temporal como causa de la urgencia pero los informes que surgen de la comisión investigadora indican que se habían roto sólo tres refugios en más de 150, no creo que en tres meses que mediaban entre agosto y diciembre el municipio no pudiera arreglarlos. Quedó demostrado que la urgencia de la que tanto se habló como argumento para contratar directamente no existía. Hay algo que no cierra, hemos tratado de trasmitir por todos los medios a nuestros compañeros que corrijan esta situación pero se niegan sistemáticamente.

AG - A la vista de todo esto que señalaba recién, ¿acompañaría la iniciativa que promueve el PN? Se habla de juicio político, de una denuncia penal por abuso innominado de funciones en caso de que el intendente no rescinda el contrato con Satenil.

GP - No me lo he cuestionado porque lo que vislumbré hace un mes o un mes y medio cuando escribí un par de cartas, porque estaba alejado de la actividad política, fue que era el escenario que se nos iba a presentar si en forma tozuda se seguía insistiendo con una esta situación incontrolada y descontrolable. Desde que el PN cuenta con 11 votos para hacer un juicio político es una situación incontrolable para nosotros desde el punto de vista del juego de mayorías y minorías. E incontrolada porque teníamos al intendente topando sistemáticamente no contra una sino contra dos resoluciones del Tribunal de Cuentas de la República que dicen que el contrato es nulo, que debe caer, ambas con votos frenteamplistas, y topando ahora con la mayoría de la Junta Departamental que le está diciendo que cese el contrato. Si la Junta no controla al intendente, es brava la cosa.

JI - ¿Cree que el presidente debería intervenir en este caso?

GP - El presidente de la República intervino en el tema Ursec, Multicanal, del Grupo Clarín, corrigió con un decreto presidencial en el que hace especial hincapié en los temas de transparencia. Estoy cien por ciento de acuerdo con el presidente de la República, que es la autoridad máxima, cuando toma decisiones de esas características.

AG - La Ursec es una dependencia del Poder Ejecutivo, de la Presidencia; esto está en otra órbita.

GP - No descuento que se haga alguna movida de la misma manera que se movieron resortes políticos para que una comisión tratara de mediar a nivel de presidencia del FA y cabezas de lista del Senado. Más allá de que puede doler un poco que las autoridades departamentales no nos podamos poner de acuerdo.

-----------
Edición: Mauricio Erramuspe