(Emitido a las 9.09)

JOSÉ IRAZÁBAL:
El uso de la estructura del Estado con fines clientelísticos. Una vieja denuncia que ha hecho el Frente Amplio (FA), una de sus banderas, que hoy, como una especie de boomerang, cambia de rumbo y se le viene encima.

En las últimas horas, la oposición se ha parado en los pedales con este tema. Denuncia que se está llenando de funcionarios nuevamente el Estado, que se está inflando la estructura con fines claramente clientelísticos.

ANDRÉS GIL:
Se señala la creación de nuevas agencias, la más reciente la Agencia Nacional de Vivienda, pero también se acusa al gobierno de hacer llamados `digitados´ y de estar llevando adelante una persecución a funcionarios que fueron nombrados por administraciones anteriores.

JI - Escuchemos, por ejemplo, porque lo hace en términos muy duros además, lo que decía ayer el senador de la lista 15 economista Isaac Alfie, en declaraciones a Índice 810.

(Audio Isaac Alfie)

"Cuando usted mira mucho los llamados a concurso, en especial para algunos cargos más importantes, sólo tiene que conocer un poco más para saber cuál es el nombre y el apellido que va a llenar ese espacio, esa es la verdad.

Preocupa esa masiva tomada de gente en el Estado. Estamos volviendo a las viejas prácticas que tanto se les criticaron a los partidos tradicionales y con razón. Pero exacerbadas y en un momento en que no se precisa gente. Todo el mundo está conteste en que en el Estado sobra gente. Por lo tanto, tomar gente parece un despropósito. Hay que ver los diarios de los domingos para darse cuenta de la enorme cantidad de pedidos de personal que hace el sector público en un acto que termina, como siempre, en clientelismo político, en desempleo encubierto y todas esas malas cosas que se sabe que existen. Y lo peor de todo es que todos terminamos pagando esos sueldos."

(Fin del audio)

JI - El ex ministro de Economía señaló además que, salvo los sorteos, los concursos son de pantalla, no son reales y dan risa.

AG - Con estas y otras declaraciones (todas del mismo tono) como contexto, vamos a ver qué se responde desde el gobierno. El diálogo es con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), contador Daniel Mesa.

***

AG - Para empezar, sin entrar en valoraciones sobre los dichos que llegan desde la oposición, sobre si tienen razón o no, lo cierto es que existe una sensación en la población de que está entrando mucha gente al Estado. ¿A qué atribuye esa sensación?

DANIEL MESA:
Tendríamos que ver cuál es el punto de partida para comprender qué está pasando y quitarle un poco de dramatismo. Porque que se hagan llamados y se presenten decenas de miles de personas, porque consideran que va a haber una selección objetiva, no implica que decenas de miles de personas ingresen al Estado. Los llamados de mayor cantidad han sido para 100, 200 personas y aún se están cubriendo. Que aparezca un aviso en el diario no quiere decir que automáticamente se esté llenando de gente el Estado. Hay normas establecidas en la ley (fundamentalmente en la última Ley de Presupuesto) que establecen la forma en que se deben proveer los ingresos de funcionarios al Estado, se corrigen normas anteriores y se establecen normas que regulan, que son las que se están aplicando.

AG - Recordemos algunos de los llamados que se han hecho en estos casi dos años de administración. Ha habido llamados en Antel, en el Banco de Seguros del Estado, en el Banco de la República, en OSE, en UTE, en la DGI, en las radios del Sodre, en Canal 5. Se crearon la Agencia Nacional de Vivienda, la Agencia de Salud, el Gabinete de la Innovación, el propio Ministerio de Desarrollo Social. Quizás por aquí también esté esa sensación que se está generando.

DM - Cuando hay cambios generales en la estructura del Estado, para recuperarlo, para que deje de estar en silla de ruedas y empiece a caminar, y reubicarlo en nuevas funciones a partir de la recuperación de un concepto de planificación y de que el presupuesto deje de ser un conjunto de números sin significado y pase a ser un instrumento de gestión, lo que implica que cada organismo tiene un plan estratégico cuya realización requiere recursos, surge qué funcionarios precisa y cuáles no. Tarea que se está desarrollando: cambio estructural y de fondo.

Mientras tanto tenemos una administración pública a la que durante más de 10 años no se permitió el ingreso de funcionarios, una administración pública cuyos funcionarios tienen un promedio de edad cercano a los 50 años, en algunos lugares más y en otros menos. Una administración pública en la que se habían desvirtuado absolutamente todos los procedimientos de ingreso al Estado, se había violado la norma de prohibición a través de contratos de becarios, de pasantías y algunas formas más de satisfacer necesidades de recursos humanos. En esas condiciones no es de extrañar que cuando se recuperan las formas normales de contratación del Estado, con restricciones, a partir de la vigencia de la ley 17.930, la Ley de Presupuesto Nacional, los organismos que por un lado ven funcionarios que se retiran por jubilación o por retiro incentivado, previsto en esa misma ley, se procure cubrir, cumpliendo con las normas, las necesidades de personal.

JI - ¿Se está dando eso a un mismo ritmo? ¿Están ingresando a la función más o menos la misma cantidad de funcionarios que los que se están yendo?

DM – Menos. Porque de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Presupuesto, se cubren las vacantes en razón de una cada dos. Se producen dos vacantes y se cubre una. O sea que en general están entrando menos funcionarios que las vacantes que se generan.

AG - ¿Desde la OPP se puede afirmar que el neto de estos procesos en paralelos está cayendo?

DM - Eso se podrá determinar con precisión cuando los procesos de ingreso de funcionarios que hay en curso culminen, a partir de ahí se podrá examinar.

Por otro lado, los retiros incentivados tienen todo un procedimiento. Los organismos saben qué funcionarios solicitaron retiro pero el trámite para efectivizarlo requiere una serie de controles y demora un poco en el tiempo. O sea que tampoco se puede afirmar con precisión en este momento "la situación es tal". Sin embargo, estimo que en la Oficina de Servicio Civil están los datos y las previsiones para medir esa circunstancia.

JI - ¿Hay cifras aproximadas de cuánta gente ya ha entrado en términos netos durante esta administración?

DM - Debería hacerle esa consulta a la Oficina de Servicio Civil. Me remito a explicar conceptualmente qué normas se aplican para el ingreso y el egreso. Las normas de ingreso son transparentes. En todos los casos implican concursos, en los grandes llamados –a los que se hace referencia– implican concurso de oposición y mérito con todas las garantías para quienes se presenta. Es muy difícil hablar de digitación a esa altura.

AG - A propósito de estos temas, el senador del Partido Nacional Francisco Gallinal incorporaba un cuestionamiento bastante duro.

(Audio Francisco Gallinal)

"No solamente se dio un conjunto de ceses de gente con notoria filiación nacionalista, o que por lo menos no pertenece al gobierno, o que de alguna manera ha sido discriminada, sino que en muchos organismos públicos, tanto en la Administración Central como en entes y servicios, se ha dado el ingreso de funcionarios. El oficialismo señala que han entrado por concurso y nosotros señalamos que han sido concursos de carácter digital, muy modernos por cierto pero que no están de acuerdo con la prédica que se hizo en los tiempos previos a la toma del gobierno."

(Fin del audio)

AG - Usted decía que no comparte para nada una apreciación de este tipo, que lo que ha predominado ha sido la transparencia.

DM - Sin duda. Entiendo las posiciones políticas y el intento – que no comparto– de ganar puntos desprestigiando al adversario. Pero el papel de la oposición en este caso, el papel de fiscalización, de tratar de que las cosas se hagan bien, implica, cuando existe una situación irregular, denunciarla con nombre y apellido, con lugar, con referencia, para que se pueda investigar, examinar y corregir.

JI - Gallinal hablaba de discriminación política. Es una acusación muy seria.

DM - Es muy seria. Creo que no existe, no tengo constancia de ninguna denuncia en ese sentido, de esas con nombre y apellido, que son las que se pueden investigar. Con mucho gusto investigaremos todos los casos que se pongan a nuestra disposición.

AG - A propósito de los llamados a concurso, ¿reconoce que hay casos en los que las especificaciones del cargo llevan a que sean muy pocos los que están en condiciones de ganar?

DM - Es posible. Si llamo a un concurso para porteros –sin desmerecer la tarea de ninguna manera–, que es una tarea poco calificada, las especificaciones son muy amplias, mucha gente se puede presentar. Pero si yo llamo para un cargo de especialista en determinada área, que necesita contar con determinados atributos para desempeñar correctamente la tarea, lógicamente el universo dentro del cual voy a seleccionar va a ser mucho más pequeño. Eso pasa en las empresas privadas, pasa en cualquier selección. Si preciso un armador para un equipo de fútbol, hay pocos armadores y hago la selección entre esos pocos.

JI - Volviendo al plan del gobierno hasta el cierre de esta administración, ¿han manejado algún porcentaje de reducción de la plantilla del Estado como ideal, óptimo? ¿Qué calificación hacen?

DM - El tema pasa por examinar qué quieren decir los términos. Cuando se dice "el Estado es demasiado grande" o "el Estado es demasiado chico", ¿con referencia a qué?, ¿comparado con qué es demasiado grande o es demasiado chico? Tengo que determinar primero con claridad qué es lo que quiero que el Estado haga, y en función de eso serán los recursos que precise. Eso es un cambio estructural, profundo, que es lo que estamos haciendo. Si queremos un Estado que lidere el desarrollo económico nacional, que sea cada vez más democrático, que tenga los recursos que precisa para cumplir con sus funciones, es necesario procesar una serie de cambios que nos acerquen a ese Estado. No sólo en tamaño, tamaño referido a lo que tiene que hacer, pero también en composición, con los funcionarios adecuados para cumplir las tareas que es necesario desarrollar.

Ese trabajo, que se está desarrollando, implica comenzar por la reestructura de todos los organismos de la Administración Central, que es lo que se establece en el artículo 6º la Ley de Presupuesto aprobada en 2005. Eso significa arrancar desde el plan estratégico de cada organismo, verificar qué tareas tiene que realizar, qué procesos de producción para alcanzar aquellos productos que cumplan con las metas del plan, y en función de eso determinar qué estructura orgánica es la mejor y cuáles son los puestos de trabajo que se necesitan. A partir de ahí ver cuáles son las especificaciones de cada uno de esos cargos y generar lo que sería una planilla ideal. Después vendrá un proceso de transición entre la realidad que hoy tenemos y esa planilla ideal. Es un cambio estructural, un cambio de fondo que en 174 años no se hizo. Es lo que estamos tratando de hacer ahora, se está desplegando esa tarea en todos los incisos de la Administración Central.

***

AG - ¿Cuáles son los mecanismos que debe transitar un ministerio, un ente público o cualquier repartición del Estado en caso que estime necesario aumentar su personal? Se lo pregunto con el objetivo de intentar ver cuáles son las barreras de contención a un jerarca que pueda estar fuera de la línea estratégica del gobierno y esté intentando hacer un uso clientelístico de su orden jerárquico.

DM - En la Ley de Presupuesto, artículo 11, se recupera, se mejora, se modifica el procedimiento para hacer un llamado para cubrir cargos para todos los organismos. El mecanismo pasa, primero, por identificar cuál es el cargo y las especificaciones del mismo, comunicar eso a la Oficina de Servicio Civil para que se expida, a ver si tiene funcionarios en su registro de funcionarios a redistribuir que cumplan con las condiciones del llamado. Si es así, hay que cubrir el llamado con esos funcionarios. Si la Oficina de Servicio Civil comunica que no tiene los funcionarios que se le piden, habilita al organismo a hacer un llamado público. Esa es la norma general de contratación, un llamado a personas que no sean funcionarias públicas, o sea abierto, a razón –dice la ley– de una designación por cada dos vacantes generadas a partir del 31 de diciembre de 2005, requiriendo informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un control previo en cuanto al tamaño. Hay una norma a aplicar en cuanto a la forma de designación y hay un procedimiento que tratar de cubrir el Estado con sus propios recursos.

AG - ¿Quién fija cuánto va a ganar esa persona? Se lo pregunto porque han llegado algunos mensajes de la audiencia que apuntan a casos puntuales, empleados públicos que han visto cómo personas ingresan a la estructura del ente o del órgano en el que están trabajando, y esas personas entran con sueldos que superan en forma importante lo que ganan funcionarios que están desde hace varios años cumpliendo esa función dentro del organismo.

DM - Habría que ver los casos concretos. Pero siguiendo con la normativa general, cada cargo tiene asignado un salario y un conjunto de compensaciones según qué cargo sea y en qué ministerio. Como lo que se cubre es esa vacante, está preasignado el salario.

AG - No hay margen para la discrecionalidad.

DM - No, no hay margen. Para poder generar un lugar de empleo son necesarias dos cosas: que esté creado el cargo o la función (y eso requiere norma presupuestal) y en segundo lugar que exista crédito presupuestal para pagarle. Siempre hay un control previo del Parlamento. Hay una norma general que permite que se generen un determinado puesto de trabajo y que se cubra.

JI - Hay una polémica instalada desde hace un buen tiempo en el Estado uruguayo, a igual función no hay igual salario si nos estamos moviendo dentro de los mismos organismos. De repente un portero de un banco puede ganar cuatro veces lo que gana un maestro.

DM – Sí. Eso es parte del caos total con que nos encontramos. Ya sabíamos que íbamos a encontrar esa situación. Es mucho peor de lo que usted dice. Porque no es sólo que un portero de un banco oficial gane más que un funcionario de más jerarquía de la Administración Central, sino que esa diferencia también se produce dentro de un mismo ministerio o de una misma unidad ejecutora.

¿Cómo arreglamos este lío? Vamos al análisis de las estructuras orgánicas de cada ministerio para determinar cuáles son los puestos de trabajo que precisa, les damos un valor a esos puestos de trabajo para determinar su remuneración. Hay distintos criterios para hacerlo, un criterio puede ser comparar con el mercado, ver cuánto se paga por un trabajo en la actividad privada, en los demás lugares, etcétera. Eso implica configurar nuevos escalafones, nuevos grados con nuevas remuneraciones. Esa tarea se está desarrollando en paralelo a la reestructura que se está haciendo de cada organismo. La Oficina de Servicio Civil está trabajando en un sistema integrado de remuneraciones y ocupaciones que establece el modelo en el que ubicar a cada uno de esos cargos.

JI - Pero este grueso de gente que está entrando, está entrando con las reglas de juego viejas.

DM - Claro, pero ese grueso de gente que está entrando, con relación al total de funcionarios del Estado es una parte ínfima. Está entrando lo que coyunturalmente hoy es necesario para que el Estado no quede paralizado.

JI - Va a seguir entrando gente.

DM - Va a seguir entrando gente en la medida que se cumpla con las normas y las necesidades lo exijan.

AG - ¿Cómo se engarza este proceso con el otro, el anunciado, la madre de todas las reformas, la reforma del Estado?

DM - Es parte.

AG - ¿Es la reforma en curso ya?

DM - Este proceso es parte de la `madre de las reformas´ como dice nuestro presidente. Uno de los procesos de la reforma es la reestructura organizativa de toda la administración, de todo el Estado, y también la normalización de los salarios. Hoy hay 200 y pico de objetos de gasto de salarios en la Administración Central, en la Rendición de Cuentas esperamos reducir esa cantidad a no más de seis o siete.

AG - Para centralizar un poco.

DM - Para empezar a tener elementos más medibles que nos permitan, en un proceso, llegar a aquello de a igual función igual remuneración.

JI - Leo algunos mensajes de oyentes.

Rolando, de Sayago: "Creo que el gran empleador ahora es el Estado y no el privado, contrata más empleados en lugar de utilizar de mejor forma los que ya tiene, y eso lo pagamos todos".

Carina, de Malvín: "Estoy indignada. Ahora que dan la oportunidad de ser transparente, con llamados públicos, es una vergüenza el argumento que utiliza el senador Alfie".

Antonio, de Parque Rodó: "La cantidad de funcionarios públicos es de 200.000, más que en cualquier país de América Latina en proporción con su población".

DM - Son todos argumentos que todos manejamos. Muchos años de no preocuparse por el tema, muchos años de tratar como política implícita de que el Estado hiciera lo menos posible, muchos años de seguir aquel principio "ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago", tienen esta consecuencia que estamos tratando de solucionar ahora.

JI - Como contador, como un ciudadano más, ¿qué lectura hace de que haya una especie de `cultura del funcionario público´ y cuando se hace un llamado de estas características para ocupar cualquier puesto en un organismo del Estado se presentan miles y miles de personas porque es quedar al cubierto, tener cierta seguridad laboral que en el ámbito privado no se consigue? ¿Qué reflexión le cabe a usted como ciudadano sobre eso?

DM - Es una cultura a cambiar. Y como todo cambio de cultura es un cambio muy profundo, que requiere convicción, comprender los problemas, participación de la gente. Esa es la esencia de la madre de todas las reformas, pasa por un cambio de cultura respecto de qué tenemos que hacer de la relación con el Estado, de cada uno de los funcionarios, de los gobernantes, de la oposición y de la población en general.