(Emitido a las 9.06)

EMILIANO COTELO:
Como si Uruguay no tuviese suficientes frentes de disputa con Argentina, el viernes se abrió uno nuevo.

Porque Argentina acusó a nuestro país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se señala el papel de Uruguay como "centro financiero offshore" y se agrega que "la ausencia de restricciones al secreto bancario, lo sitúan en una posición vulnerable para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacionales".

El planteo formal, firmado por la ministra de Economía argentina, Felisa Miceli, dispara también dardos contra nuestra legislación societaria que "tampoco provee de una adecuada transparencia" sobre la titularidad y el control de las personas jurídicas.

Miceli estima que "la falta de observancia" por Uruguay de los estándares de esas organizaciones es "extremadamente perjudicial" para los países que, como Argentina, "se esfuerzan por cumplir con los compromisos internacionales".

La denuncia argentina sonó tan fuerte, que el mismo viernes de tarde la Presidencia de la República divulgó un comunicado de respuesta con este encabezamiento: "Uruguay dispone de mecanismos a partir del 2004 que solidifican el sistema financiero y evitan su utilización para operaciones del terrorismo o del lavado de activos proveniente de la droga". Pero además, el gobierno uruguayo expresó "su sorpresa por la contradicción del gobierno argentino quien (recientemente) reconoció avances en esta materia y ahora descalifica al país sin fundamento".

¿Cómo se entiende este entredicho? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo ha trabajado nuestro país para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Vamos a ocuparnos del asunto en los próximos minutos.

Para eso vamos a conversar, en primer lugar, con el doctor Leonardo Costa, abogado, prosecretario de la Presidencia de la República durante el gobierno del doctor Jorge Batlle, ex presidente de Gafisud.

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EC – En dos palabras, ¿qué es Gafisud?

LEONARDO COSTA:
Gafisud es el grupo regional de GAFI. Es decir, el grupo que ubica a los países de Sudamérica que toman los estándares internacionales contra la lucha del lavado de activos y lo que hacen es llevarlos al entorno regional. Es un grupo del estilo GAFI, que forma parte de GAFI y, por lo tanto, toma exactamente las mismas previsiones de base de GAFI.

EC – ¿Uruguay integra Gafisud pero no GAFI?

LC – Al integrar Gafisud también integra GAFI porque todos los países que integran Gafisud indirectamente terminan integrando GAFI. Si bien no directamente, en forma indirecta Uruguay participa de las decisiones de GAFI y básicamente de todas las recomendaciones.

EC – En la carta, el gobierno del presidente Néstor Kirchner muestra preocupación por "la falta de progreso de Uruguay en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI". En el comunicado de respuesta emitido por la Presidencia de la República de nuestro país, más allá de que se rechaza esa acusación, se empieza por destacar como un mojón importante en este proceso la Ley 17.835, aprobada justamente durante el gobierno del doctor Jorge Batlle, en setiembre del 2004 y reglamentada, justo al final de esa administración, en febrero de 2005. Por eso es que lo estamos consultando a usted. Mi pregunta, en primer lugar, es si esa ley se dictó atendiendo recomendaciones del GAFI.

LC – Sí, es básicamente la ley más moderna que tiene la región en la materia. En el año 2002, se nos habían hecho observaciones en la primera ronda de evaluación de Gafisud. Uruguay justamente toma en cuenta muchas de las recomendaciones y hace una modificación que es trascendente porque cambia una serie de elementos en la tipificación del delito de lavado de activos, en lo que es la tipificación del delito de financiamiento al terrorismo que Uruguay no la tenía y que tampoco Argentina hoy la tiene y está incumpliendo con el GAFI en ese aspecto. Incorpora también avances muy importantes en lo que es el levantamiento del secreto bancario ante solicitudes de información de otros países que tengan que ver con estos temas.

Lo que hace la ley de 2004 es hoy por hoy ser la ley, sin lugar a dudas, más moderna en estos temas en la región. Y, de alguna manera, también marcó una política de Estado porque esta ley fue votada por la unanimidad de todos los legisladores, en un tiempo que fue récord. De alguna manera mostró que el Uruguay como comunidad política no estaba dispuesto que en su sistema financiero se canalizaran dineros provenientes de actividades ilícitas en las definiciones que da la propia ley.

EC – El artículo primero de la ley 17.835 establece que "todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones financieras que involucran activos sobre cuya procedencia exista sospecha de ilicitud". Pero luego, en el artículo segundo, aparece un complemento que es particularmente interesante y es que no están sujetos a esta obligación solamente las instituciones controladas por el Banco Central sino también, por ejemplo, los casinos, las empresas que presentan servicios de transferencia o envíos de fondo, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a compra-venta de antigüedades, etcétera.

LC – Déjeme agregarle una cosa importante porque tiene que ver con las sociedades. Pone como sujetos obligados a aquellas personas que administran por cuenta y orden de terceros sociedades anónimas, que es uno de los temas de preocupación corriente que le hacían a Uruguay. Es decir, si yo administro sociedades para extranjeros y veo alguna actividad sospechosa, voy a tener que también denunciarlo como tal.

Y dice otra cosa más importante aún. La ley dice que el Banco Central podrá intercambiar con sus homónimos información atinente a temas vinculados con investigaciones que estén siendo llevadas a cabo para la prevención de lavados de activos en otras jurisdicciones. Es decir, si se firma un memorando de entendimiento entre dos países en los que se asegura la confidencialidad de ese intercambio, Uruguay puede dar toda la información, restricción que existía previamente a la sanción de esta ley, porque lo prohibía el secreto bancario.

Eso justamente levanta una de las grandes observaciones que siempre se le hizo a Uruguay. Tanto es así que en el año 2000, Uruguay fue objeto de una acusación similar por parte de Brasil y de Argentina en el GAFI, diciendo justamente que la ley uruguaya no permitía intercambio de información. Con esto se levanta ese tema. GAFI ya se pronunció sobre Uruguay en el año 2001 por otra parte, diciendo que Uruguay había hecho fuertes esfuerzos en la mejora de su sistema y que tenía una fuerte voluntad política que lo ubicaba como país que cooperaba con la lucha contra el lavado de activos.

EC – Revisando la carta firmada por la ministra argentina Felicia Micheli veía que aparecen dos puntos neurálgicos. Uno es el que usted ya mencionó: la ausencia de restricciones al secreto bancario. ¿Hay que entender que esto queda completamente descartado a partir de las explicaciones que usted daba?

LC – Totalmente. Tanto es así que en julio del 2006, en Brasilia, la Argentina vota a favor de un informe que evalúa a Uruguay. El informe lo hizo el Fondo Monetario y Gafisud lo toma como propio. Argentina vota a favor diciendo que el sistema tiene cuestiones a mejorar pero básicamente es un sistema que cumple con los estándares internacionales.

Para la audiencia, ese informe completo está en gafisud.org. Ustedes van a poder encontrar todo el informe con el voto unánime de todos los países del Gafisud y además del voto de los países observadores: España, Alemania, Estados Unidos, México y Portugal.

EC – Pero además la carta sostiene que el papel de Uruguay como "centro financiero off shore que ofrece ventajas a los no residentes" sitúa a nuestro país en una posición vulnerable para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacional. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este segundo punto?

LC – Dos cosas: primero que nada en la reforma tributaria se eliminan progresivamente las SAFI (Sociedad Anónima Financiera de Inversión). Es decir que esa observación ya está cayendo y la segunda de las observaciones es que no por ser un centro off shore es un problema. ¿Quiere usted más cosa off shore que lo que es la captación de recursos de los no residentes por parte de Estados Unidos? Y, sin embargo, nadie dice que no lucha contra el lavado de activos.

Es decir, captar ahorros de no residentes no quiere decir que yo no estoy cooperando y eso es una falacia que está planteando el gobierno argentino, fruto básicamente de las restricciones que pone el sistema financiero argentino para mover dinero.

EC – ¿Cuál es su interpretación?

LC – Mi interpretación es que básicamente como son tales las restricciones que el propio sistema argentino ha puesto para el movimiento de capitales, muchas de las restricciones incluso son tributarias otras son restricciones administrativas, naturalmente muchas veces molesta es que existan otros países tengan legislaciones flexibles para la captación de ahorros. Tampoco Uruguay es un centro de captación de ahorro tan importante. Quizá el país que más capta ahorros de Argentina no es Uruguay. Claramente, es Estados Unidos a través de la banca privada o cualquier otro país europeo.

Le voy a dar un dato más que es interesante. Argentina, si hubiera tenido críticas contra el sistema uruguayo, ni siquiera debió haber utilizado este mecanismo que hizo la señora Micheli. En Vancouver en octubre del año pasado del 2006 se aprobó todo un mecanismo para cuando ocurren dificultades entre dos países por tema de la cooperación. Argentina votó naturalmente ese documento. Y ese documento dice que cuando existan problemas en la cooperación internacional, lo primero que tienen que hacer los países es plantearlo bilateralmente. Si bilateralmente no se llega a un acuerdo, el segundo paso es plantearlo al grupo regional al cual pertenece. Si el grupo regional al cual pertenecen entiende que hay un problema –cosa que no es el caso porque el grupo regional acaba de aprobar un informe donde le dan de alguna manera el visto bueno al Uruguay- lo tiene que elevar al GAFI y ahí recién empieza un mecanismo donde un grupo de expertos ve si hay o no posibilidades de que un país pueda no cooperar.

Es decir, es extemporáneo el planteo, no tiene sustento técnico y claramente responde a otras cuestiones que a las que plantea la carta.

EC – ¿Cuáles serían? ¿Por qué Argentina procede de esta manera según su visión?

LC – Yo creo que esto está totalmente contaminado con el conflicto actual argentino, no tengo la menor duda. Viví durante cinco años las discusiones de este tipo con las autoridades argentinas y nunca se planteó, al menos en forma tan directa, como esta estos temas.

EC – ¿De qué manera una denuncia como esta se encuadra en las distintas disputas que tenemos a partir de la planta de celulosa en Fray Bentos? ¿Qué puede estar buscando Argentina? ¿Mellar la imagen de Uruguay como país que respeta sus obligaciones internacionales?

LC – Sin lugar a dudas, es una estrategia de desprestigio. No tengo la menor duda. Y lo digo con total serenidad y tranquilidad porque existen mecanismos cuando los países tienen dificultades con otros que la propia Argentina votó en Vancouver el año pasado. Luego en Brasilia aprobó a Uruguay. ¿Cómo puede ser que de julio del 2006 a la fecha el gobierno argentino salga con esta carta sin ni siquiera anunciarle a su par uruguayo que tiene una preocupación al respecto? Esto en el marco de un relacionamiento armónico entre dos países, en donde puede haber preocupaciones y donde puede haber incluso dudas acerca del planteo del sistema jurídico de otro país, la única forma que uno puede entenderlo es esta.

Y otra de las causas de esta interpretación que hago yo, es que Argentina hoy por hoy en Berlín -que es donde se plantea esta acusación- estaba siendo observada por el GAFI por no tener una de las herramientas claves contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que es la creación del delito de financiamiento al terrorismo. La legislación argentina no lo incluye y hace más de un año que el Parlamento ha intentado aprobarlo y no lo ha hecho. Argentina ha sido objeto de miramientos por falta de cumplimiento en esa norma.

Entonces, de alguna manera, yo creo que es una cortina de humo a su problema.

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EC - Vamos a incorporar a quien hoy es el coordinador Nacional para Gafisud, el señor Ricardo Gil.

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EC – Señor Gil, yo empezaba con el doctor Costa porque parecería claro que una pieza importante en la coordinación entre nuestro país y el Grupo de Acción Financiera Internacional es la Ley 17.835, que se aprobó justamente al final de la administración Batlle. ¿No sé si a lo que decía el doctor Costa sobre esa ley usted quiere agregar algo?

RG – No, no. Básicamente comparto lo que decía el doctor Costa. Nosotros hemos insistido en destacar la importancia de esa ley y en destacar además que fue aprobada en el período anterior. Eso tiene que ver con una posición de fondo nuestra que es que la voluntad firme de combatir este tipo de delitos pasa por un planteo serio que tienda a una política de Estado. Las eventuales diferencias que pueda haber entre los partidos y entre los gobiernos, tienen que situarse en su verdadero lugar.

En este aspecto nosotros recibimos un marco legal que entendemos básicamente adecuado y nuestra obligación es aplicarlo. Puede haber y seguramente surgirán y ya surgieron, algunos elementos para mejorar. Pero si nosotros no aplicamos lo que tenemos no tiene sentido hablar de que estamos trabajando en serio.

La ley es razonablemente buena, el decreto reglamentario también y en esa línea estamos trabajando en una coordinación también, que consideramos muy valiosa, con quienes estuvieron anteriormente trabajando en este tema por el Partido Colorado.

EC – ¿Hubo coordinación, por ejemplo, con el doctor Leonardo Costa?

RG – Hubo intercambio con el doctor Costa y con el doctor Alejandro Montes de Oca que hoy es el secretario ejecutivo de Gafisud y que realmente nos hizo una transferencia de mando en este tema que fue muy buena, muy rica y con una gran voluntad de su parte.

EC – Doctor Costa, ¿algo que usted quiera agregar sobre la coordinación que ha continuado también con el gobierno actual?

LC – Parece claro que el Estado uruguayo en estos temas, y digo el Estado uruguayo porque está por encima de los partidos, ha actuado de una manera seria y no tengo más que compartir. Yo comparto incluso lo que está haciendo el gobierno actualmente profundizando y combatiendo una serie de falencias que existen y que siempre van a existir. Además la acción que el año pasado tomó el gobierno o mejor dicho cuando se desbarató una banda de lavado de activos muy importante fue gracias a una voluntad política que existía. O sea que en ese sentido creo que Uruguay ha marcado una seriedad que es para destacar a nivel internacional.

EC – Esta ley 17.835 está concretamente centrada en la prevención y el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero parece claro que las preocupaciones argentinas van más allá de ese marco. En su carta del viernes, la ministra Miceli también alerta sobre "las jurisdicciones con regulaciones insuficientes o control ineficiente que implican un efecto de atracción de los flujos financieros ilegales y asociados a la fuga de capitales y a cuestiones tributarias". Pienso si esto no tiene que ver con un reclamo que más de una vez ha venido desde Argentina para que el Estado uruguayo colaborara en la identificación de las propiedades y otras inversiones que ciudadanos argentinos tienen en nuestro país.

RG – Puede tener que ver pero me parece que ahí tenemos que ubicar este planteo en sus términos justos.

A la evaluación que se realizó sobre Uruguay en julio del año pasado, hay que agregar que Uruguay al igual que todos los países que fueron evaluados en un nuevo esquema definido por GAFI y Gafisud, está en un seguimiento que se denomina intensivo y cada seis meses tiene que presentar un informe. Nosotros lo presentamos como correspondía en diciembre en Buenos Aires en la última reunión del GAFI.

Lo interesante es que el acta de esa reunión dice que el pleno analizó con agrado los avances realizados por Uruguay.  Esa fue la posición unánime de los países en ese momento, incluyendo a Argentina. Eso es lo que figura en un acta que Argentina no objetó para nada, por lo que yo tengo que concluir que desde el punto de vista específico del lavado y de los planes que está implementando Uruguay, no había hasta hace dos meses, ninguna observación especial para hacer sino que por el contrario tanto en Brasilia en julio como en diciembre en Buenos Aires el delegado argentino fue uno de los que habló, no todos los delegados toman la palabra, y habló expresamente para decir "bien por Uruguay y la forma en que está trabajando".

Entonces, yo no puedo hacer un análisis hoy de la carta en términos de ver cómo analizamos nosotros nuestro trabajo y cómo lo analizan ellos. Tengo que coincidir con que esto responde sin duda a otras motivaciones.

EC – ¿Cuáles son para usted las motivaciones? Recién el doctor Costa daba su visión, su interpretación.

RG – Yo creo que no es básicamente mi función analizar las motivaciones políticas cuando digo no tiene que ver con el lavado. Mi función es lo que tiene que ver con el lavado. Creo que sin duda la interpretación que ha esbozado el doctor Costa no parece demasiado traída de los pelos.

EC – Sobre el otro punto, ese reclamo argentino de colaboración entre las DGI de los dos países, ¿cómo analiza usted el grado de cooperación que Uruguay ha mostrado?

RG – El tema que Argentina no manifiesta en la carta como no manifiesta otras cosas, es que de acuerdo a los estándares internacionales, la evasión tributaria no es delito procedente del lavado. O sea la evasión tributaria hoy, a diferencia de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, etcétera, no es de los delitos que el GAFI dice que tienen que ser generadores de otro delito que es el lavado. Entonces, plantear ese aspecto en el GAFI es absolutamente improcedente, más allá de si se está trabajando bien o mal en el plano tributario. Está claro que en mi función desde el punto de vista del lavado y el financiamiento del terrorismo, el tema tributario no puede ser un elemento determinante porque no es un delito presente ni en esta ley que estamos hablando de Uruguay que es de avanzada ni en las exigencias que internacionalmente está poniendo el GAFI.

Me parece que ahí la conclusión es la misma. O sea, es una carta donde se mezclan muchas cosas. Se dice por ejemplo que en el plenario de Gafisud de diciembre se observó la falta de progreso en la implementación y cumplimiento por parte de Uruguay cuando yo le acabo de decir lo que dice el acta. Dice exactamente lo contrario. Se habla de las SAFI cuando en los últimos dos informes Uruguay manifestó cuál era la perspectiva de estas sociedades según la reforma tributaria que fue efectivamente aprobada, o sea que no quedó en una mera declaración.

Creo que el gran riesgo de parte nuestra, y yo en esto quiero ser muy claro, es que frente a un planteo como este uno puede hacer dos cosas. Si quiere jugar para la tribuna entra en la misma y ensucia la cancha. Nosotros no queremos jugar para la tribuna. Queremos jugar para los resultados, el resultado acá es erradicar este tipo de delitos.

Venimos trabajando de una manera progresiva pero me parece que el riesgo de una reacción frente al planteo argentino es decir: "Argentina dice que estamos mal, en realidad está todo bien". No es nuestra posición.

Creo que lo bueno del planteo argentino es que nos da una mayor posibilidad de trasmitir a la sociedad uruguaya que en el Uruguay se lava. Mucho, poco, regular... eso es difícil de estimar, pero se lava. Además, tenemos ciertas carencias. Las teníamos hace cinco años, las tenemos hace dos años y las seguimos teniendo hoy. Tenemos menos ahora pero seguimos teniendo carencias. Seguimos teniendo sociedades difíciles de controlar, registro de propiedades que no dan la información que necesitamos, estructuras débiles para atacar este tipo de delitos. Entonces a mi me preocupa no pasarnos para el otro lado y decir "está todo bien". No, no está todo bien, pero justamente por eso queremos seguir trabajando en serio.

La gran diferencia me parece además es que cuando se insiste en el tema off shore, etcétera, es que está claro que si mi proyecto de país es que Uruguay sea una plaza financiera, donde les digo a los señores inversores de todo el mundo que traigan su dinero que no va a haber ningún problema, no le vamos a preguntar nada, no todo lo que venga será lavado pero estoy creando condiciones favorables para el lavado. No es esa la situación actual del Uruguay. Nosotros no estamos planteando eso, no es eso nuestro proyecto de país y estamos tomando una serie de medidas, progresivas, capaz que más lentas de lo que a mí me gustaría pero que tienden a justamente sanear el tipo de negocios que estamos admitiendo y a la vez crear un mecanismo de prevención y de represión que sea eficaz. Es nuestra obligación a partir de que digamos que el marco legal no es hoy la gran carencia, la ley actual nos deja hacer un montón de cosas que antes no se podían y ahora se pueden.

Está claro que en la legislación actual plantear que para la investigación sobre delitos de lavado el secreto bancario es una traba es absolutamente falso, el secreto bancario hoy no representa una traba. Dependerá de nosotros trabajar bien o mal y capaz que somos un desastre, pero ese es el problema y no que la legislación, como sucedía hace unos cuantos años atrás cuando realmente no permitía hacer nada, hoy permite.

EC – ¿Cómo se está trabajando con respecto a esto que evidentemente al gobierno argentino le irrita que es el convencimiento de que Uruguay se beneficia de capitales que están evadiendo impuestos en la República Argentina y que vienen acá a concretar inversiones tanto en el plano inmobiliario? ¿De qué manera lo considera?

RG – Nosotros consideramos efectivamente que hay sectores como el sector inmobiliario donde nuestra barrera de protección sigue siendo débil. La nueva ley incorporó, como ustedes mencionaban hace un rato, un conjunto de nuevos sectores obligados a reportar, obligados a tomar una serie de previsiones. El sector financiero ya era una situación anterior.

Entonces, nosotros consideramos que en el sector inmobiliario es donde no hemos avanzado lo suficiente y es la idea de avanzar en este año con todas las dificultades que eso implica en la medida en que no queremos ni afectar los negocios legítimos y sabemos que además nos vamos a encontrar con un grado de informalidad en la actividad que va a dificultar nuestro trabajo. Pero esa es la realidad.

Para el gobierno uruguayo es una zona importante de preocupación pero en la misma línea que veníamos planteando: ¿cómo se resuelve? ¿Saliendo a cazar brujas? No, se resuelve con un plan serio y sistemático que nos permita dentro de dos, tres años decirle que sigue habiendo riesgo de lavado -porque es un delito que nadie va a erradicar totalmente- pero hoy estamos más tranquilos.

EC – ¿Estamos hablando necesariamente de lavado cuando de lo que se trata es de evasión fiscal en la República Argentina?

RG – No, no. Ya le digo: no estamos hablando necesariamente de lavado. Lo que yo le digo es que el tema de Uruguay, el tema de Gafisud y el tema de GAFI, es lavado. Entonces, si lo planteo en el GAFI debería ser tema de lavado. Estamos de acuerdo también que el planteo en el GAFI desde el punto de vista del procedimiento es erróneo y creo que realmente el efecto en los sectores específicamente destinados a la lucha contra el lavado va a ser mínimo porque está claro que está fuera de lugar. Está claro que no se corresponde con la realidad que evaluó el GAFI hace solamente dos meses en la reunión de Gafisud y está claro además que el paso inmediato que va a tener todo esto es que GAFI lo va a derivar a Gafisud y cuando lo derive a Gafisud los mismos países que nos reunimos en diciembre y donde todo el mundo dijo que Uruguay está avanzando bien y que sigamos trabajando, van a decir: "¿qué hay de nuevo para que Argentina haga este planteo?" No hay nada nuevo.

Entonces, creo que del punto de vista de los sectores que profesionalmente trabajan en esto, los sectores más directamente vinculados a esta problemática, esto va a tener la misma lectura que le hacemos nosotros. Sí queda y es un elemento negativo para el país, la difusión internacional del cable hablando de que Uruguay no cumple, etcétera, etcétera, que con la misma sobriedad con que hemos encarado todo esto vamos a tratar de neutralizarlo, pero también de vuelta jugando para el resultado y no para la tribuna. Lo que nos preocupa es que hay lavado y no queremos que haya. Todo lo demás es charamusca.

EC – Doctor Leonardo Costa vuelvo a usted para consultarle sobre este punto, que es más allá de lo que implica el ámbito de acción del GAFI, la preocupación que por lo visto está en esa carta del gobierno argentino sobre una cooperación uruguaya con la Dirección de Rentas, con la DGI, para evitar que vengan a nuestro país capitales que están evadiendo impuestos en Argentina.

LC – Mire eso naturalmente no tiene nada que ver como decía muy bien el señor Ricardo Gil con el tema lavado. Eso tiene que ver con otros temas que son las prácticas fiscales nocivas, tema en el cual en el ámbito de la OCDE no se ha llegado a un acuerdo porque los principales países que tienen prácticas fiscales nocivas son los países centrales que captan ahorro, llámese la exoneración de intereses de no residentes en Estados Unidos, llámese las exoneraciones para no residentes que tiene España, llámese las que tiene Suiza, las que tiene Luxemburgo, las que tiene Bélgica, las que tienen un montón de países. ¿Por qué? Porque los capitales son esencialmente móviles y eso no hay forma salvo una administración tributaria que no grave en exceso determinado flujo de capital, que puedan evitarlo. Y si usted me dice que esto es lo que está pasando en Argentina... Con un 20% de detracciones al agro, ¿qué quiere que pase? Que la gente busque naturalmente su ventaja tributaria. Esto no tiene nada que ver con el lavado esto tiene que ver con las ineficiencias de los sistemas tributarios.

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Edición: Mauricio Erramuspe