(Emitido a las 7.40)

EMILIANO COTELO:
Es una realidad que tal vez no es conocida por mucha gente pero está claro que es un problema que afecta de manera muy seria en particular a algunas zonas del país.

"Los empresarios inmobiliarios de la Costa de Oro están rebosantes de alegría después de enterarse que el martes 10 culminó la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley que endurece las sanciones y facilita el trámite de denuncias en caso de ocupación de fincas o terrenos. Según entienden, el cambio en una norma del Código Penal que ahora permitirá castigar con hasta tres años de prisión a los ocupantes, contribuirá a cambiar una situación caótica", informa hoy El Observador.

"Tenemos una incertidumbre impresionante con el sistema que hasta ahora regía, con las normas que hasta ahora estaban vigentes. Por mes, nos avisan que hay entre dos y tres terrenos ocupados por intrusos", dijo a ese matutino María José Varela, propietaria de la inmobiliaria Varela de la Costa de Oro.

Este es un tema que nos afecta directamente porque están ocupando todo tipo de terrenos, algunos son de poco valor pero hay otros que llegan a los 350.0000 dólares con la contribución inmobiliaria y todos los impuestos pagos.

Por su lado, los operadores inmobiliarios de Maldonado también recibieron con beneplácito la sanción de la ley que castiga con prisión a los ocupantes ilegales de viviendas. Estos empresarios dijeron que ahora podrán defender los derechos de sus clientes. "Esto es muy bueno porque además permitirá frenar los asentamientos ilegales", sostuvo el directivo Andrés Hafif que aparece consultado hoy en el diario El País.

Vamos a detenernos en este asunto y para eso el diálogo a esta hora es con el señor Luis Borsari, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado.

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Señor Borsari, supongo que usted también está conforme con esta ley que se aprobó por unanimidad. Ese es un detalle no menor, ¿no?

LUIS BORSARI:
Sí, sin duda alguna. Ya tenía media sanción del año pasado pero faltaba este puntillazo final para que se pudiera poner en vigor la ley y por supuesto que nos viene muy bien. Yo creo que va mucho más allá del beneplácito que tenemos los que estamos directamente involucrados, obviamente los inmobiliarios de las zonas turísticas. Esto creo que le importa al país todo porque el turismo sin duda alguna es algo que beneficia, o no si no hay buena cantidad de visitantes, a la población toda.

En el caso particular de Punta del Este cualquier noticia de esta envergadura trasciende obviamente las fronteras. Por supuesto que cuando las noticias son malas causan daño. No nos tenemos que olvidar que hay asentamientos en la propia Rambla Brava y Roosevelt.

EC – Usted se refiere al caso del asentamiento en el predio Lobos.

LB – Exacto, así se llama. Esto se formó hace bien poco, hace un par de años, una vez que se vendieron tres terrenos en donde se desarrollan  emprendimientos muy importantes: Le Park, Lobos y Tiburón Tres. Allí, aunque parezca mentira, hay terrenos en venta, inclusive. ¡Cómo se van a vender si están ocupados!

Hace dos años todos recordaremos (la ocupación de) una casa en plena península de Punta del Este, una casa importante, propiedad de una persona que reside en los Estados Unidos. Fue todo un lío en el cual tuvo que intervenir la llamada "Bancada Maldonado", los cinco diputados del departamento de Maldonado que forman parte de las tres fuerzas políticas representadas en el Parlamento, para que la Justicia pudiera llevar adelante el desalojo de esa casa que realmente era algo que nos perjudicaba a todos, perjudicaba al país todo porque esa noticia, recordaremos, trascendió y salió publicada en diarios del extranjero.

EC – Ayer entrevistamos En Perspectiva al senador Francisco Gallinal que fue el miembro informante cuando se consideró el proyecto en la cámara alta. Vamos a recordar que se trata de una iniciativa que fue en su momento presentada por diputados blancos de Maldonado precisamente, Federico Casareto y Nelson Rodríguez, que lo que hace es sustituir el artículo 354 del Código Penal por una nueva redacción.

Ahora dice ahora: "Usurpación: Será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría:

1. El que, con fines de apoderamiento, o de ilícito aprovechamiento, ocupare en forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno.

2. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, remueve o altere los mojones que determinan los límites de un inmueble.

3. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, desvíe el curso de las aguas públicas o privadas.

Constituye una circunstancia agravante, el hecho de que la usurpación se cometa en inmuebles ubicados en zonas balnearias, delimitadas por los respectivos Gobiernos Departamentales.
 
Este delito será perseguible de oficio o a instancia de parte, en cuyo caso la denuncia podrá ser presentada por cualquier persona".

Borsari, ¿qué ventajas tiene esta nueva redacción del artículo 354 para atacar este problema?

LB – Justamente que cualquiera puede denunciar. Casi siempre cuando hay una propiedad en una zona turística, detrás de ello hay alguien que representa al propietario si es que el propietario no se radica en el país.
En general ese alguien es un operador inmobiliario. Por lo tanto habilita completamente a que éste pueda llevar adelante cualquier acción judicial. Pero más aún, si nadie lo hiciera, si se da una circunstancia de una ocupación y nadie llevara adelante la denuncia correspondiente, la Justicia puede actuar de oficio. Esto también nos otorga, le otorga al país todo, una tremenda ventaja.

Esto es muy importante, lo comentábamos justamente ante noche cuando veníamos en el avión de Chile con la comitiva encabezada por el presidente de la República. Como todos sabemos había allí un montón de empresarios y varios de ellos presidentes de algunas cámaras y agremiaciones empresariales. El comentario era justamente ese porque se estaba desarrollando en ese momento la aprobación definitiva de esta ley que tanto todos ansiábamos. Nosotros en particular fuimos a Chile a hablar evidentemente de turismo y de inversiones inmobiliarias con la Cámara Nacional de Comercio de Chile y con el Consejo Superior de Turismo y este tema es una preocupación porque ha trascendido fronteras. Si bien no es un tema que está instalado en el turista o el inversor extranjero, había allí un alerta amarilla que no había llegado a roja y que por suerte ahora sin duda se va a transformar en verde.

EC – ¿Qué situaciones están todavía planteadas hoy en el departamento de Maldonado en materia de ocupaciones de este tipo?

LB – Hay unas cuantas. La más visible es la de la Rambla Brava y Roosevelt que es este Asentamiento Lobos. No nos olvidemos de algo ya endémico que es el Asentamiento Kennedy, a media cuadra de lo que es el Club de Golf que tan importante es para el turismo, sobre todo para el turismo por el cual tanto peleamos que es el de todo el año. El Golf atrae gente, como todos sabemos, todo el año y cada vez más porque esta es una actividad que tiene un gran desarrollo a nivel mundial y a nivel regional. Por suerte hay acuerdos entre los distintos clubes de golf de la región, patrocinados inclusive por instituciones bancarias y demás, que ayudan a que estas cosas se desarrollen. Cerca del Club de Golf de Cantegril Country Club de Punta del Este, como todos conocerán está el Asentamiento Kennedy, que creo que tiene 30 o 40 años. Esta es una situación que sin duda va a haber que corregir.

EC – La pregunta es: a partir de esta nueva ley o de esta nueva redacción del artículo 354 del Código Penal, ¿qué se puede hacer con esas ocupaciones que siguen vigentes hoy?

LB – Nosotros entendemos que se puede actuar, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Por supuesto que me dirán que allí hay un barrio más que establecido...

EC – Sí, el caso del barrio Kennedy seguramente es el más complejo porque ya tiene años de instalado y de desarrollado pero el Asentamiento Lobos no. El Asentamiento Lobos quizá sea más sencillo de encarar.

LB – En el Kennedy varias veces se llevaron a cabo desalojos pero con realojamiento de la gente y la cosa funcionó bien. ¿Sabe qué pasaba caa vez que esto ocurría? Inmediatamente atrás del que se iba, venía otra familia a ocupar. Con esta ley, esto se puede evitar. Si los gobiernos correspondientes, nacional o departamental, llevan adelante una circunstancia como la que se ha hecho de realojar a la gente -por supuesto hay que hacerlo, no se puede ir con una aplanadora y tirar las cosas abajo, en eso estamos todos de acuerdo- el que se asienta nuevamente allí, evidentemente que no puede hacerlo. Esta ley le da el arma necesaria a la autoridad para que estas cosas no ocurran.

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Edición: Mauricio Erramuspe