Voz radical contra la "mutación total" del gobierno
Dice que el socialismo es la única forma de organizar sustentablemente a la sociedad y reconoce que la izquierda radical está "atomizada". "Es muy difícil pensar en un proyecto alternativo al pensamiento único que sacude a Uruguay", afirma el abogado Gustavo Salle. Sin embargo, no descarta ser candidato. "Sería hipócrita decir que mi actuación jurisdiccional no se proyecta en lo político", sentenció.
(Emitido a las 9.11)
EMILIANO COTELO:
Más integrantes de grupos radicales deberán declarar en los próximos días ante la jueza en lo Penal Aída Vera Barreto por la marcha durante la cual se quemaron banderas de Estados Unidos.
Según el diario Últimas Noticias, la magistrada aguarda interrogar en el correr de los próximos días a otros participantes en esa movilización que se desarrolló el jueves pasado en reclamo de la liberación del joven que fue procesado por el delito de sedición a raíz de la marcha del 9 de marzo contra la presencia de Bush en Uruguay.
Hasta el momento han sido interrogados por estos hechos del jueves, en calidad de indagados, Washington Muñiz, que fue el único detenido por la Policía durante la marcha por la quema de banderas estadounidenses, la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, su compañero, Ruben Hornos, y el ex candidato por el Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández.
Las fuentes que cita Últimas Noticias dicen que la jueza Vera Barreto solicitó a la Policía la identificación de otros militantes, así como también requirió las grabaciones a otros medios de comunicación para obtener imágenes de la marcha desde distintos ángulos. La intención de la Justicia es volver a citar a Muñiz, a Leites, a Hornos y a Fernández, una vez haya interrogado a los otros testigos y tenga en su poder las nuevas imágenes.
La jueza, junto con la fiscal Mónica Ferrero, busca establecer si estas personas incurrieron en delitos tales como vilipendio de emblemas extranjeros o instigación a delinquir.
Estamos en diálogo con el doctor Gustavo Salle, abogado penalista, de 49 años, que viene actuando como defensor de algunas de estas personas que están siendo citadas a declarar.
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Doctor Salle, usted ayer le solicitó a la jueza Vera Barreto que tome testimonio por este caso a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, antes de que se produzca el pronunciamiento de la fiscal. ¿Por qué?
GUSTAVO SALLE:
Efectivamente. Usted debe tener presente que en cualquier figura delictiva tenemos dos ámbitos de importante ponderación a la hora de juzgar conductas con apariencia delictiva. Uno es el ámbito externo, fenoménico, objetivo, vale decir la conducta que plasma una modificación en el mundo real. Pero por otro lado tenemos el aspecto subjetivo, interno, intelectual, psíquico del reato, vale decir cuál era el estado anímico, cuál era la posición psíquica del sujeto activo de la conducta sujeta a investigación o bajo investigación judicial.
Nosotros entendemos que es muy importante la declaración de la señora ministra Marina Arismendi porque nos va a permitir evaluar cuál es la posición intelectual, espiritual, anímica, de un militante de izquierda frente a la presencia del presidente George Bush, lo que ella representa, lo que ella implica, sobre todo por su política exterior. Y no olvidemos que la ministra, en el ejercicio de su cargo jerárquico dentro del Poder Ejecutivo, profiere calificativos como "execrable", "asesino", "belicista".
EC - ¿Qué importancia tiene aquella declaración que hizo la ministra Marina Arismendi a los efectos de este caso?
GS - Precisamente, nos va a ilustrar, bajo el interrogatorio que proponemos, cuál es su estado anímico, y eso nos permitirá, a quienes intervenimos en esta otra investigación, también ponernos en el lugar, en el estado espiritual que experimenta un militante de izquierda bajo la presencia del presidente George Bush, que acude al país invitado por un presidente que a su vez llega a ese encumbrado cargo en función de una militancia política que fue durante mucho tiempo objeto de severa represión originada en una doctrina persecutoria que tiene su origen nada menos que en Estados Unidos.
El interrogatorio atiende fundamentalmente a poner de manifiesto cuál es la espiritualidad, cuál es el estado psíquico del militante de izquierda frente a la presencia de George Bush, nada menos que invitado por un presidente que se autoproclama progresista y que llega al gobierno en función del sacrificio militante de los compañeros de izquierda.
EC - ¿Usted busca que a partir de esas declaraciones de la ministra Marina Arismendi la jueza entienda por qué se puede llegar a quemar banderas de Estados Unidos, por ejemplo?
GS - Efectivamente, por qué se puede llegar a quemar banderas de Estados Unidos, y además la intensidad emotiva que lleva a una ministra de Estado a desatender la estrategia gubernamental, que es de acercamiento a Estados Unidos, y proferir epítetos y calificativos que eventualmente pudieron generar una situación altamente inconveniente para nuestro Poder Ejecutivo frente a la presencia de Bush.
EC - ¿Qué piensa usted de la actuación de la jueza Vera Barreto en estos episodios?
GS - Voy a establecer una diferencia. Una cosa es la actuación de la jueza Aída Vera Barreto en el decurso de la investigación presumarial (en ese sentido voy a poner de manifiesto que como defensor nos ha brindado hasta el momento todas las garantías del debido proceso) y otra cosa es la actuación de la jueza Aída Vera Barreto en cuanto a la labor previa, esa labor concertada que existió entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en función del tenor de la convocatoria a la marcha.
EC - ¿Usted cuestiona esa concertación entre la jueza y la Policía en los momentos previos a la marcha?
GS - La cuestiono severamente.
EC - La jueza destaca que sobre la base de la información que los organizadores de la marcha difundieron antes de la manifestación del jueves, cuando anunciaron que iban a quemar banderas de Estados Unidos, ante la posibilidad de que se incurriera en delitos, solicitó a la Policía que realizara las filmaciones correspondientes. Esa es la puntualización que ha hecho.
GS - Efectivamente. Eso nos permite inferir sin ningún inconveniente que efectivamente hubo una concertación, por mínima que fuera pero concertación al fin, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para monitorear una marcha en la que se iba a expresar el pensamiento con respecto a una actuación de carácter jurisdiccional, pero también proyectando sus consecuencias al ámbito político, como es también el caso del procesamiento, bajo la imputación de sedición, al joven Fernando Masseilot.
Además, la metodología que implementa el Poder Ejecutivo a nuestro juicio es verdaderamente detestable, por cuanto recuerda a la metodología propia de los años de la más cruenta represión de la expresión del pensamiento en nuestro país. Nos estamos refiriendo a la presencia de "tiras" infiltrados en la manifestación con los debidos artefactos para la preconstitución de la prueba, es decir, todo el ensamblaje de un procedimiento que en definitiva busca monitorear a una serie de organizaciones sociales que están en franco desacuerdo y confrontación político-ideológica en función de la transformación, de la mutación total, que el gobierno del Frente Amplio (FA) ha experimentado en esos ángulos.
EC - Pero los delitos que la jueza quiere investigar están vigentes: vilipendio de emblemas extranjeros, instigación a delinquir, por mencionar nada más que dos. ¿Por qué entiende que la forma de obrar de la jueza, esa coordinación con la Policía, no cabía?
GS - Para la tipificación del delito en nuestro Derecho Penal es de fundamental importancia la valoración del aspecto subjetivo, es decir, la intencionalidad, el dolo que pueda existir en la conducta plasmada en el mundo fenoménico. En ese sentido es muy importante tener presentes las declaraciones que realizan los militantes sociales y políticos que fueron detenidos e investigados. La quema de la bandera de Estados Unidos no representa un ataque al pueblo de Estados Unidos, no representa un ataque a todos los elementos emblemáticos o simbológicos de Estados Unidos, es un ataque directo, puntual, concreto, a la administración mafiosa republicana. Y por lo tanto es ese aspecto lo que tienen que valorar los jueces uruguayos. En todo el mundo, en todos los países periféricos donde hay protestas contra la política exterior de Estados Unidos, la bandera simboliza precisamente esa política exterior altamente censurable por su contenido profundamente desnaturalizado y criminal.
EC - ¿Usted comparte la quema de banderas de Estados Unidos?
GS - Absolutamente.
EC - ¿Usted lo ha hecho?
GS - No, en este momento no. En este momento, en mi función de defensor más vale que proteja también mi situación procesal, si no, por ahí vamos a tener que buscar a algún otro defensor que defienda a quien está hablando.
Pero a nivel del mundo no se quema la bandera de un país indiferente ante el resto de la humanidad, quiero que comprenda (usted lo comprende, lo digo con ese giro terminológico para la opinión pública) que el presidente George Bush promulgó una ley por la cual considera que todo el espacio cósmico es área estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos. A tal punto que tiene un conflicto diplomático con China porque China ha enviado satélites al espacio y Bush considera que ha vulnerado la seguridad nacional de Estados Unidos. Fíjese hasta dónde llega el espíritu imperialista de la administración republicana, al punto de que el espacio cósmico es zona estratégica para la seguridad de Estados Unidos.
Frente a una política exterior de esa naturaleza, verdaderamente demencial, evidentemente la humanidad entera tiene el derecho, a mi juicio, a reaccionar y expresar libremente el pensamiento, sin que normas del ordenamiento nacional constriñan o limiten esa libre expresión del pensamiento, porque es tan grande la afrenta a la humanidad realizada por Estados Unidos que las manifestaciones en su contra, en su rechazo, siempre son muy pero muy pequeñas.
EC - ¿Por qué entiende que la justicia uruguaya se ha puesto tan dura últimamente con las marchas de grupos radicales de izquierda? ¿Por qué se ha dado el comportamiento de la jueza Vera Barreto a partir de la marcha del jueves pasado? ¿Por qué se han dado las actuaciones que se han dado luego de la marcha del 9 marzo? ¿Por qué este endurecimiento?
GS - Yo no tengo la visión de un Poder Judicial totalmente independiente, no tengo la visión de una división absoluta y total entre los poderes del Estado, más bien enfoco la política con el concepto de sistema, y por lo tanto entiendo que en ese sentido la justicia ha adecuado los criterios interpretativos de la norma penal al proyecto político y a la evolución política de este gobierno, que francamente incurre en una verdadera transformación, en una mutación ideológico-política, porque es absolutamente claro que el señor presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas han llevado adelante una política de, primero, implantación ortodoxa de un modelo neoliberal tal cual lo aconseja el Consenso de Washington; y, en segundo lugar, un acercamiento directo muy importante con la política de Estados Unidos.
EC - ¿Qué interpreta usted? ¿Que la justicia, o por lo menos algunos jueces y fiscales, está procurando facilitarle las cosas a un gobierno que lleva adelante una política como la que usted describe y que es criticado, cuestionado por este tipo de grupos radicales que usted integra?
GS - Además de compartir el enfoque que usted acaba de describir, agregaría...
EC - ¿Es esa la lectura?
GS - Comparto la lectura que usted me endilga.
EC - Yo le preguntaba si esa era la lectura.
GS - Es como usted acaba de decir, interpreto que el Poder Judicial, con la interpretación que está haciendo de las normas jurídicas en cuestión, efectivamente le facilita al gobierno la severización de la protesta para tener un pueblo intimidado y desmovilizado.
Eso se complementa con otra política importante llevada adelante por el gobierno, que es, ni más ni menos, la receta que proviene del Banco Mundial, cuyo presidente es Paul Wolfowitz, de instrumentar mecanismos de asistencialismo, por lo cual aquella población que está en situación de indigencia o pobreza recibe dádivas del Estado, que de esa manera genera una situación de sujeción y la convierte en una población absolutamente inocua desde el punto de vista político para cualquier protesta, porque está coaccionada o condicionada por el subsidio que recibe.
A la que se moviliza, a la que protesta, a la que tiene conciencia de clase, a la que tiene conciencia de una política proligárquica y proimperialista llevada adelante por este gobierno, simplemente la severiza en el castigo, la intimida, la amenaza, la infiltra, la espía, con un ánimo de amedrentamiento.
EC - Es curioso, si esa es la interpretación tal vez haya salido el tiro por la culata, porque de hecho, Plenaria, Memoria y Justicia y los otros grupos radicales que han organizado estas manifestaciones están teniendo, a partir de estas actuaciones de la justicia, una visibilidad que de otro modo no tendrían. Esa ubicación en el papel de víctima las termina favoreciendo, teniendo en cuenta que son grupos muy minoritarios y que sin embargo aparecen realizando estas denuncias y teniendo este protagonismo en el debate público.
GS - Es cierto, desde el punto de vista propagandístico toman estado público su existencia, sus reivindicaciones; no en balde usted está hablando con un abogado que de alguna manera también tiene un discurso de carácter político o hace proposiciones de carácter político.
EC - Esa dureza judicial está siendo funcional a los objetivos de los grupos que usted integra.
GS - Comparto parcialmente esa lectura. Tenga en cuenta que hoy está preso, en calidad de procesado y bajo prisión preventiva nada menos que por un delito inexcarcelable, un joven por romper vidrios. En nuestro país, en el Siglo XXI y bajo un gobierno que se autoproclama progresista, usted enfrenta por la rotura de vidrios nada menos que una pena no inferior a dos años de penitenciaría. Yo pregunto: ¿no es un elemento intimidatorio? De aquí en más los manifestantes, por más que lleven adelante la expresión de su pensamiento de confrontación con este gobierno, ¿no tendrán en cuenta la severización del castigo que la justicia está imponiendo?
EC - ¿Para usted corresponde romper vidrios, romper vidrieras en una manifestación?
GS - Del mismo modo que no corresponde romper vidrieras...
EC - Usted mismo ha contado que participó en esa marcha del 9 de marzo y que discrepó con quienes emprendían ese camino de ir a destrozar vidrieras de algunos locales, por ejemplo de McDonalds.
GS - Lo traté de evitar al grito de "les van a imputar sedición, les van a imputar sedición", a lo cual se me contestó "callate, alcahuete del imperio", y después terminó con la imputación de sedición. Por lo tanto usted comprenderá que no estoy de acuerdo con la rotura de vidrios.
Pero quiero hacer una reflexión. Romper un vidrio está mal, afecta un bien material que es fácilmente reponible. ¿Pero sabe qué? Se lo digo plenamente convencido, esto no es propaganda ni demagogia: mucho peores fueron las pedradas al alma que arrojó el presidente de la República a través de sus palabras reconociendo que este genocida de George Bush es un hombre que se preocupa por la libertad, por la democracia y por el bienestar de la gente. Nuestra gente reconoció que este execrable criminal, como bien lo catalogó la ministra Marina Arismendi, es el encargado de más de 100.000 homicidios, crímenes cometidos por petróleo en Irak, entre otros tantos. O, por ejemplo, el hombre que legalizó como válida y moral, jurídica y éticamente aceptable, la tortura como método de interrogación. El hombre que admite tener presos en Guantánamo durante años sin el debido proceso. El hombre que se arroga ser el dueño del espacio cósmico.
Entonces yo digo: ¿cómo habrán recibido las madres de los caídos, de los desaparecidos, de los torturados, esos conceptos, nada menos que del jefe de una administración que tiene en su interior a Dick Chenney, a Rumsfeld, a Negroponte, a Otto Reich, individuos que formaron parte de la operativa de creación del plan de exterminio de los izquierdistas de América Latina, como el Plan Cóndor y el Plan Calipso (y por eso estoy pidiendo la extradición de Henry Kissinger), o como Negroponte, que generó en Guatemala el Batallón 316, encargado de violar y matar guatemaltecos, suecos, franceses y gente de Estados Unidos?
EC - Eso no es una respuesta, es un discurso.
GS - Tómelo como quiera.
EC - Un poco larga, para empezar, la respuesta.
***
EC - Quiero terminar el reportaje con algo que quedaba de manifiesto con sus últimas respuestas. Algo que usted mismo admite: usted es algo más que un abogado, es un militante político, es de hecho un vocero de algunos de estos grupos radicales de izquierda que han organizado, por ejemplo, las manifestaciones anti-Bush. Entonces, dos o tres preguntas para completar esta conversación. ¿Cómo se define políticamente? ¿En qué sector milita?
GS - Soy un hombre de izquierda, socialista.
EC - ¿Pero en qué sector milita?
GS - No pertenezco a ningún sector, soy absolutamente independiente, librepensador.
EC - ¿Se considera todavía un integrante del FA?
GS - No, de este FA no. Soy fundador del Comité Paz para Todos, de la calle Clara y Bell, y miro aquellas épocas con verdadera nostalgia.
EC - ¿Votó al FA en la última elección?
GS - No, pagué la multa. Serie B 00956 es el recibo de la multa. 500 pesos por ser profesional.
EC - Y a partir del protagonismo que ha tenido en los últimos meses, ¿tiene pensado dedicarse a la política?
GS - No lo descarto, para ser honesto.
EC - O sea que esta actividad suya como abogado de estos militantes que están siendo interrogados tiene al mismo tiempo, quizás, otra función: está catapultándose, obteniendo mayor visibilidad para un proyecto político... ¿Es un proyecto propio? ¿De grupo? ¿Cómo lo maneja?
GS - La izquierda radical tiene el problema de estar profundamente atomizada, dividida en pequeños grupos, cada uno con su concepción, cada uno con sus verdades, que además son muy difíciles de articular. Por lo tanto es muy difícil pensar en un proyecto político alternativo a este pensamiento único que hoy sacude a Uruguay o que está instalado mayoritariamente en Uruguay.
De todas maneras, pese a las dificultades enormes, no lo descarto. Y efectivamente, sería verdaderamente hipócrita (cosa que pienso no ser, junto con la demagogia la hipocresía es uno de los peores defectos) decirle que mi actuación jurisdiccional no se proyecta en el plano político como una forma de dar a conocer mis posiciones respecto de la situación política del país. Entiendo que esto es absolutamente acorde con la ética, acorde con el derecho, no es censurable.
EC - ¿Llega a manejar la posibilidad de ser candidato?
GS - No lo descarto, aunque sé que mi postura ideológico-política hoy por hoy en el país es francamente minoritaria. Ya hay muy pocos que entiendan que el socialismo es la única forma de organizar sustentable, equitativa, honestamente la sociedad de los seres humanos.
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Edición: Mauricio Erramuspe