(Emitido a las 8.50)

EMILIANO COTELO:
No es un fenómeno nuevo. Pero, lamentablemente, parece ir en aumento.

Violencia doméstica, violencia familiar. Violencia física, psicológica, sexual... hasta económica. Violencia que, lamentablemente, en los últimos días ha registrado una seguidilla de casos extremos.

El miércoles de la semana pasada, Fernanda, una empleada municipal de 26 años, fue asesinada por su ex pareja, un policía de 43 años que ya la había agredido otras veces y que tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros de ella. El jueves, un hombre hirió de seis puñaladas a su hija, pese a que también la Justicia le había prohibido acercarse a su familia. Y este lunes, el protagonista fue otro policía, que se suicidó cuando venían a arrestarlo, cuando su mujer logró llamar al 911, zafando de sus golpes, y mientras el hombre seguía castigando a una de sus hijas.

¿Qué está pasando? ¿Se está registrando un aumento de casos de violencia doméstica? ¿Por qué no resultan efectivas las herramientas legales votadas hace cinco años para frenar este fenómeno?

Vamos a conversarlo con la senadora Margarita Percovich, de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio, integrante de la denominada Bancada Bicameral Femenina.

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Senadora Percovich, le propongo que tomemos como base el asesinato de Fernanda Rial. Porque, más allá de que es un caso particular, tiene algunas características comunes con otros casos. En particular, en ese episodio se hizo evidente un problema que ha sido denunciado varias veces: la imposibilidad de controlar que se cumplan las llamadas "medidas cautelares" que interponen los jueces ante denuncias reiteradas de violencia doméstica para que el victimario no pueda acercarse a su víctima. ¿Por qué sucede esto?

MARGARITA PERCOVICH:
En primer lugar, a usted que le gusta profundizar en los temas, tenemos que tener claro que la conceptualización de la violencia intrafamiliar como un elemento punible y de responsabilidad del Estado es muy reciente. El otro día oía en el Cabildo un relato que hacía Mario Delgado Aparaín sobre el primer caso de violencia doméstica en la época de la colonia. Si uno hiciera una investigación de prensa de los dramas pasionales, tal como se los denominaba antes en la crónica policial, vería que ahora la visión crítica es distinta porque ha habido una conceptualización que es muy reciente, yo diría a partir de la recuperación democrática, de ver esto como una responsabilidad del Estado. En escasos 20 y pico de años el Estado ha avanzado bastante en este aspecto en las sucesivas administraciones.

EC - ¿Por qué le parece conveniente empezar con esa puntualización?

 

MP - Porque las herramientas que se tienen por parte de todos los actores que están involucrados para tomar medidas de prevención con relación al tema son muy recientes, y además muy resistidas culturalmente. La conceptualización de las relaciones de poder entre personas que tienen relaciones afectivas también es muy reciente desde el punto de vista de la reflexión sociológica, antropológica. Esto, que implica que cada uno de nosotros piense cómo maneja el poder en las relaciones personales, entre adultos y menores, entre adultos y personas viejas, discapacitadas, entre hombres y mujeres, es una reflexión muy reciente en Uruguay. Esto no era motivo de reflexión.

Se ejerció una presión desde la propia Concertación Programática por parte de mujeres de todos los partidos para que esto fuera un tema de Estado. Se fueron logrando hitos desde entonces en cada uno de los gobiernos para que esto fuera siendo asumido por distintas instituciones del Estado. Y también ha sido una batalla por lograr recursos y tener marcos legales.

Primero se definió el delito en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, se le adjudicó al Instituto de la Mujer esta responsabilidad y después se peleó para que hubiera un ámbito específico de este tema. La ley a la que usted se refiere, la ley de lucha contra la violencia familiar, se logra en medio de una denuncia reiterada de casos muy violentos y de muertes, fue una ley que tuvimos que discutir mucho con el propio movimiento de mujeres, porque en ese momento todavía no teníamos aprobado el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia y quisimos traer la Convención de Belem do Pará, que es la convención de la OEA que establece la obligatoriedad de los estados que la han ratificado (Uruguay, por supuesto, la ratificó) de tomar medidas de prevención contra la violencia hacia la mujer. Las legisladoras en ese momento quisimos que atendiera a todos los sujetos vulnerables de la familia y hacer una definición de violencia doméstica para todos los sujetos, fueran viejos, discapacitados, niños, adolescentes o mujeres, en igualdad de condiciones.

Ya teníamos definido el delito de violencia doméstica dentro del marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero en la conceptualización (una conceptualización correcta en Uruguay, que además acompañamos) no se consideraba bueno inflacionar la ley penal, los penalistas o jueces que se encargan de Penal no consideran bueno que las denuncias de este tipo lleguen a lo penal, entonces tratamos de armar una serie de medidas, de darles herramientas a los jueces de Familia, en cuyo ámbito es que después se tiene que tomar la prevención, porque lo que nos importaba era impedir las muertes, más que que fuera todo el mundo preso por el tema.

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EC - En definitiva, ¿usted discrepa en que esté en aumento la violencia doméstica?

MP - No sé si lo puedo probar, por eso relativizo la afirmación. Hay una visualización mucho mayor porque hoy se denuncia, y hay una conciencia mucho mayor de que es necesario denunciar, hasta en los niños. Hoy tenemos una Línea Azul del Instituto de la Niñez y la Adolescencia que los niños usan cuando son maltratados o abusados. Allí hay un crecimiento importante, democrático, uruguayo, en cuanto a los derechos, que también ayuda a que se visualice más. Además los medios de comunicación, como en este caso, toman el tema y lo trasladan con otra preocupación, ya no es aquella cuestión de la crónica policial en que parecía que la culpa siempre era del sujeto que recibía la violencia.

EC - Vayamos a las medidas cautelares. En el artículo 9º de la Ley de Violencia Doméstica se indica: "En toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público, deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. A esos efectos podrá adoptar las siguientes medidas u otras análogas para el cumplimiento de la finalidad cautelar".

Y enumera, entre otras:

1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común.
2) Disponer el reintegro al domicilio de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal.
3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.
4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.
5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder (...). Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego".

Están previstas en la ley pero no está previsto cómo hacerlas efectivas. Entonces, ¿estamos ahora ante el choque entre la teoría y la práctica?

MP - Como toda ley que establece principios generales, esta ley establece el deber ser, después cada uno de los operadores del Estado (la Policía, la Justicia, el Ministerio de Salud Pública -MSP-, el sistema educativo, etcétera) tiene que ver cómo hace para que estas medidas de prevención sean realmente efectivas. Esta ley, que no tiene tantos años, promovió una discusión muy grande, sobre todo desde los operadores del Poder Judicial, que es un poder que se ha visto abrumado por una definición cada vez mayor de delitos y de cuestiones que tiene que dirimir en distintos ámbitos, y por algo de la vida cotidiana que se le introduce. Además, como hacía muchos años que se venía trabajando sobre el tema, hubo una invasión de los juzgados de Familia con denuncias.

EC - Cuando se votó la ley se sabía que el Estado no se encontraba en condiciones de controlar el cumplimiento de estas medidas cautelares.

MP - Exactamente, pero si la ley no existiera tampoco se habrían tomado las medidas por parte del Poder Judicial, del sistema educativo, del MSP, del Ministerio del Interior (MI), no se habría producido la transversalización de la atención, no se habrían establecido las políticas sociales de prevención. Es una vieja discusión que tenemos fundamentalmente con el Poder Judicial, porque el resto de los organismos del Estado ha ido asumiendo pacíficamente sus desafíos tratando de capacitar gente, de crear comisiones específicas sobre el tema. Pero el Poder Judicial, siempre desbordado, siempre sin los recursos necesarios, tiene además una resistencia ideológica a atender estos temas.

EC - ¿Cómo es eso de la resistencia ideológica?

MP - Claro, porque la capacitación en nuestro Derecho Penal fundamentalmente apunta a establecer el debido proceso de defensa del acusado. La conceptualización de la defensa de la víctima todavía no se ha incorporado en la reflexión de nuestro derecho, nos cuesta mucho hacer entender que no se puede establecer el careo, como dice alguna de las medidas cautelares, entre una persona que ha sido agredida, violada, abusada sistemáticamente, con su agresor, porque está en inferioridad de condiciones psicológicas, y además el agresor es una persona con la cual ha tenido o tiene todavía relaciones afectivas. Imaginemos esto en un niño, en un adolescente.

Esto ha sido muy difícil de discutir y de aprobar incluso por parte de nuestros propios compañeros legisladores abogados, y luego con la Justicia. Esta ley tuvo un recurso de inconstitucionalidad que por suerte no admitió la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero inmediatamente surgió la resistencia. Había que crear una materia especializada en violencia doméstica, había que instalar juzgados. Y no es un tema de Montevideo, donde tenemos el privilegio de tener cuatro juzgados especializados con jueces especializados y con equipos multidisciplinarios que asesoran a los jueces, es un tema de todo el país. Lentamente vamos logrando que se vayan creando estos recursos que tiene que tener el Estado, por ejemplo se abrió otro juzgado en Canelones.

Estuvimos sin fiscal mucho tiempo y la Fiscalía es una de las patas del sistema de Justicia, no se puede prescindir de ella. No hemos tenido fiscales especializados en violencia doméstica durante todos estos años, recién ahora empieza a pensarse en la creación de estos cargos y de esta especialización a nivel de la Fiscalía.

En la Ley de Violencia Doméstica habíamos logrado que el Poder Judicial reconociera que había saberes dentro de la sociedad civil que habían venido trabajando estos temas y asumiéndolos sin que los asumiera el Estado, tratando de acompañar a las víctimas, de acompañarlas a los juzgados, a la Policía. Habíamos logrado que los equipos disciplinarios especializados se reconocieran por parte del sistema judicial como peritos que asesoran a los jueces. Pero la resistencia cultural del Poder Judicial modificó esto diciendo, no se aceptó ese artículo de la ley, con lo cual seguimos trabajando con peritos que no tienen la capacitación y que tienden, por ejemplo, a la reconciliación entre el agresor y el agredido. Cuando en estos casos hay que hacer todo un proceso, como establece la ley, de intentar reflexionar sobre esa subjetividad violenta que tiene el agresor hacia una persona que es más débil, establecer un tratamiento, hacer un seguimiento para la prevención de la víctima. Son elementos que tienen que surgir desde la práctica. Tenemos esos saberes y esa gente preparada pero el Poder Judicial no los utiliza. Este es un nudo.

EC - Usted dice que hay un problema con la actitud del Poder Judicial frente a esta ley y su aplicación.

MP - Recién ahora el Centro de Estudios del Poder Judicial (CEPJU), que tiene al frente una persona muy calificada, está siendo sensible para la capacitación. Las legisladoras hemos conseguido donaciones del Banco Mundial, que está gestionando el Instituto Nacional de las Mujeres, para capacitación del Poder Judicial. Fue lo primero que pedimos cuando nos vinieron a ofrecer donaciones del Banco Mundial para algo que tuviera que ver con las mujeres y con los temas generales de discriminación. Recién se había aprobado la ley y dijimos "queremos capacitación para los jueces". Recién ahora, después de tantos años, estamos logrando una cierta flexibilidad, incluso porque tenemos una mujer presidenta en la SCJ, y tenemos una mujer al frente del CEPJU, en la coordinación de los cursos, que está tratando de convocar a los jueces para una capacitación en esto.

Estoy hablando del Poder Judicial, pero también tengo que reconocer que recién en diciembre logramos que el sistema educativo creara una comisión que empiece a visualizar los temas de violencia. Ya lo habíamos logrado con el MSP en administraciones anteriores y hoy tenemos guías, protocolos para que los médicos, los equipos de salud visualicen si hay problemas de violencia e incorporen este problema como un tema de salud. Lo mismo en el sistema educativo.

Recién estamos teniendo resultados, es bueno hacer una visión de todo lo que se ha avanzado, estamos hablando de un cambio cultural en los operadores del Estado, médicos, policías. Quizás el del Interior fue el primer ministerio que empezó, con el Programa de Seguridad Ciudadana, a trabajar en la capacitación de sus integrantes, pero es un área especialmente difícil porque es un área de orden interno, con una ideología que no hace fácil incorporar este tipo de temas.

EC - Es interesante el panorama que usted traza de la complejidad de la creación de una cultura para prevenir y enfrentar la violencia doméstica en Uruguay. Usted ha ido señalando algunas áreas críticas, el Poder Judicial mismo, ha hablado de educación, de Salud Pública, pero me gustaría que regresáramos al instrumento de las medidas cautelares. Allí hay un punto crítico, porque si una mujer agredida cree, conociendo la ley, que al denunciar va a estar después protegida, que va a tener un resguardo, que puede denunciar sin que luego su esposo o su concubino tome represalias contra ella, y en la realidad lo que se verifica es que esas instancias de protección no andan, que nadie las controla, que el agresor vuelve, que vuelve a pegarle o directamente termina matándola, puede haber un freno a la decisión de denunciar, puede haber un inconveniente serio en lo que usted marca como un proceso de mejora. ¿Qué está pensando usted, qué están pensando los legisladores, los operadores en materia de violencia familiar, para que las medidas cautelares sean reales?

MP - La Bancada Bicameral Femenina ha creado en el Parlamento un observatorio para poder alcanzar (cosa que hacemos sistemáticamente cada tanto tiempo) a la SCJ, con el debido respeto a la separación de poderes, casos certificados de mala actuación de los jueces.

Voy a citar algo muy claro, el sistema penal muchas veces no actúa. En los casos sucedidos la semana pasada hubo amenazas que eran delitos en los que tenía que actuar la justicia penal. Se baleó la casa, en otro caso se la quiso incendiar.

EC - Ese es un punto importante, no sólo había habido amenazas a Fernanda en varias ocasiones, no sólo había habido golpes, el 24 de diciembre del año pasado este hombre llegó a balear la casa de la madre donde ella se había refugiado. Debió haber actuado la justicia penal.

MP - Claro, hay un porcentaje muy grande de casos en que las denuncias ya existían y no se tomaron medidas.

EC - Si entiendo bien, en este caso concreto, en función de los antecedentes, de haber actuado la justicia penal, este hombre debió haber sido procesado con prisión.

MP - Exactamente, o por lo menos se debió haber tomado otro tipo de medidas mucho más fuertes para evitar que esto se repitiera, porque había antecedentes. Por eso insisto en el tema cultural, algo que no pasa a ser delito. En la Ley de Violencia Doméstica el artículo que establece que se tienen que comunicar el juez de Familia con el juez Penal es todo un tema en la cultura, porque los jueces penales no consideran que los jueces de Familia estén tratando temas de la importancia de los que ellos están tratando. No lo dice en ningún lado ninguno de los códigos pero es una cultura que existe. Cuando a un juez que está en Penal y se lo pasa a Familia, se considera que está degradado. Es un tema cultural muy importante de relación entre las distintas especialidades y materias del sistema judicial. Como tuvimos esas leyendas, esas rutinas que se trasladan dentro de los sistemas del Estado, discutir con la Policía, con todo el instrumento policial.

Recuerdo perfectamente un curso que se dio en la legislatura pasada por parte de la Fiscalía, cuando el doctor Peri todavía era el fiscal, la jefa de la Comisaría de la Mujer decía que los policías, que son los que mayormente reciben las denuncias en las comisarías, no podían hablar con el juez de Familia. Esto no existe en ningún lugar, en ningún manual, por lo tanto uno de los avances es que en el Código de Procedimiento Policial que todavía se está discutiendo en la Cámara de Representantes y que ya aprobamos en el Senado, y en los manuales de acción de Policía, que todavía no han venido del MI porque se están elaborando, estas cosas van a quedar claramente establecidas.

EC - Pero vuelvo a mi pregunta. Supongamos que el juez de Familia dicta una medida cautelar: que el esposo agresor no puede acercarse a menos de 300 metros de la casa donde vive su mujer. ¿A quién le corresponde controlar eso?

MP - Le corresponde a la Policía, por lo tanto el MI tiene que tener recursos para que eso se cumpla permanentemente. Además tiene que haber una actitud ciudadana, como ocurre en otros países de América Latina, me consta, de denuncia permanente y de vigilancia de esa mujer. Como los testigos protegidos que a veces vemos en las películas, esas mujeres tienen que tener una cierta protección social para no ser agredidas.

EC - ¿A qué instrumento concreto se refiere? ¿Cómo funcionaría esa protección social?

MP - En otros países de América Latina hay, en las descentralizaciones ciudadanas del Estado, organismos, personas, grupos, consejos especializados que tratan estos temas. La Ley de Violencia Doméstica creó el Consejo Consultivo Honorario, que es el encargado de la aplicación del Plan Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica. Cada uno de los organismos del Estado tiene que jugar un rol en organismos descentralizados en todos los departamentos, que tienen que integrarse con gente que a su vez culturalmente está atenta al tema.

EC - ¿Ese consejo está funcionando?

MP - Está funcionando, se instaló muy bien en la administración pasada, elaboró rápidamente un excelente Plan de Prevención de Violencia Doméstica, lo preside el Instituto Nacional de las Mujeres, y se volvió a instalar en esta administración pero tuvimos que empezar de nuevo a discutir las delegaciones que hacía cada uno de los ministerios o de los organismos del Estado, las personas que mandaban a ese Consejo, porque en muchos casos no se le dio importancia y tuvimos que dar una batalla. Las legisladoras damos una batalla diaria por el cambio cultural del propio Estado, sobre todo las que somos del gobierno. Estas cosas se están llevando a cabo. Se requieren múltiples estrategias para prevenir, sobre todo es importante la separación del agresor de la casa, había toda una tradición de que era la mujer la que se iba y el dueño de casa se quedaba. Esto se cambia notoriamente y no es fácil de aplicar por todos los operadores del Estado.

EC - La Policía tiene un papel fundamental a cumplir a la hora de hacer efectivas las medidas cautelares. Y ahora al frente de la Policía está la antes diputada Daisy Tourné, que también tuvo participación activa en el impulso de esta Ley de Violencia Doméstica.

MP - Lo cual mucho nos alegra, porque ella está mirando con ojos de mujer y de mujer especializada las medidas que tiene que reforzar dentro del MI.

EC - Ustedes se reunieron con ella. ¿Qué les dijo sobre los recursos con que la Policía puede contar para apoyar a la Justicia en la protección de las denunciantes?

MP - Lamentablemente se había desarmado un poco dentro del MI toda la parte de prevención de este tema, que tenía un aparato ya instrumentado y que había que seguir dotando de recursos y de gente especializada. Mucha de esa gente fue para otros lados y hoy está cumpliendo otras funciones. Entonces esto, en lo que se había invertido plata desde el Programa de Seguridad Ciudadana, además de fondos externos que se habían invertido en capacitación, quedó como desarmado. Hay que tratar de juntarlo y de eso se va a encargar la ministra Tourné.

Otra cosa muy importante es la capacitación de gente en todas las seccionales de Policía de todo el país, que no haya esa cultura difícil que tiene un organismo que se tiene que dedicar al control del delito y que no ve las particularidades de la denuncia en este tema.

Por otra parte, es muy preocupante en el MI la cantidad de agentes de Policía que ejercen violencia sobre su familia y están en posesión de un arma. De ese tema se está encargando la ministra Tourné.

EC - En los casos de la semana pasada se puso de manifiesto que falta cómo manejar ese tema desde el propio MI.

MP - Exactamente, por eso insisto en que es un problema cultural. No son temas fáciles porque que el hombre adulto "poseedor" de otros sujetos que tienen menos poder, que tienen menos fuerza es una cultura muy de fondo que hay que cambiar. Además, ha sido educado en el poder del ejercicio de un arma porque tiene que reprimir el delito, es una reconstrucción cultural bastante más complicada.

Eso se está encarando, estoy segura de que la ministra Tourné, que se ha comprometido siempre, no desde ahora, va a encararlo con profundidad para que dentro de unos años (porque estas cosas no se hacen de un día para otro) la conciencia que hemos logrado en la denuncia de estos temas por parte de hombres, mujeres, niños, etcétera, y distintos operadores del Estado, tenga mejor respuesta por parte de quienes tienen que darlas.

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Edición: Mauricio Erramuspe