DECLARACION PUBLICA

MONTEVIDEO, MAYO DE 2007.

Ante la situación política acaecida en Venezuela a partir del vencimiento de la licencia de transmisión al grupo Radio Caracas Televisión ( RCTV) a fines de mayo de 2007 y el escenario internacional de confusión y desinformación que deliberadamente intentan instaurar las fuerzas reaccionarias del continente y la oligarquía venezolana, quienes suscribimos esta declaración pública, consecuentes con el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la libertad de expresión, entendemos necesario realizar las siguientes aclaraciones:  

1. R.C.T.V es un poderoso grupo económico privado que ha sido usufructuario por 53 años de la privatización del espectro radioeléctrico.

Conjuntamente con los principales medios de comunicación masivos, R.C.T.V compone un latifundio mediático que ha dedicado todos sus esfuerzos a hostigar sistemáticamente  el proceso de fortalecimiento popular y democrático, desarrollando una política comunicacional férreamente oligárquica y proimperialista, siendo uno de los principales actores en la puesta en marcha del fallido golpe de estado en abril de 2002, y el paro patronal y petrolero que asedió duramente al pueblo que logró vencerlo. 

2. En consulta con organizaciones populares Venezolanas queda claro que gran parte de la campaña de embaucamiento político en curso, oculta que la situación    de  R.C.T.V no es de rescisión unilateral sino de un natural vencimiento contractual de la licencia. La determinación de no renovación del permiso de transmisión a R.C.T.V se encuentra en el marco de la más absoluta legitimidad política y jurídica del gobierno de Venezuela, realizándose en armonía con toda la normativa internacional
La no renovación de la licencia a R.C.T.V es consistente con un proyecto de democratización de los medios de comunicación. Se trata de una medida que cuenta con el más amplio apoyo popular, impulsado y defendido por quienes se han comprometido con la comunicación popular a través de los medios de comunicación comunitarios.

3. Se ha planteado que la no renovación de la licencia de R.C.T.V es una violación a la libertad de expresión. Paradójicamente estas declaraciones vienen de sectores del poder dominante más interesados en desestabilizar los proyectos de cambio que en el provecho social y el desarrollo cultural de los pueblos.

El montaje político impulsado por esos sectores, consistente en aducir que esta medida representa una amenaza a la democracia, viene de la mano con una tergiversación conceptual de fondo. La libertad de expresión es un derecho que frecuentemente se lo vincula a la libertad de empresa, manipulando de esta forma el verdadero significado y ejercicio de ese derecho. La libertad de expresión esta íntimamente relacionada con la democratización de los medios de comunicación y la restitución de la condición de bien público del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad, y ha sido históricamente arrebatado por los sectores dominantes para ponerlo al servicio del capital y no de los pueblos.

Por lo antedicho, es que rechazamos rotundamente la fraudulenta vinculación de esta legitima decisión con  la violación a la libertad de expresión, ya que a partir del 27 de mayo no será un grupo económico sino el pueblo venezolano en pleno quién se expresará de ahora en más a través de esa señal.