(Emitido a las 9.09)

ANDRÉS GIL:
Ayer el gobierno anunció una serie de medidas trascendentes para resguardar el lugar de las mujeres en vida pública del país.

El vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, dijo que se va a presentar un proyecto de ley por el cual el financiamiento a los partidos políticos quedará supeditado a la representación de género en las listas de candidatos.

Nin señaló que con esta iniciativa se sigue de cerca la experiencia internacional en un tema en el cual el país estaba atrasado.

(Audio)

"RODOLFO NIN NOVOA:
No se trata, en definitiva, de hacer una discriminación negativa, sino todo lo contrario; es una discriminación positiva para darles las mismas oportunidades en una sociedad machista, les hemos dado a las mujeres un rol que no condice con los tiempos que corren."

(Fin.)

AG - Las declaraciones fueron hechas en el marco de la presentación del llamado "Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Políticas públicas hacia las mujeres, 2007-2011". Sobre este plan y sobre el proyecto anunciado por Nin Novoa, vamos a conversar con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo Social, licenciada Carmen Beramendi.

***

Licencia Beramendi, Nin dijo que este proyecto de ley que ayer fue presentado en el Consejo de Ministros surgió de una charla que mantuvo con usted. ¿Cuál es el espíritu de la iniciativa de supeditar el financiamiento a la representación de género en las listas de candidatos?

CARMEN BERAMENDI:
La conversación previa con el vicepresidente de la República, al igual que con otros integrantes de otros poderes del Estado y de organismos públicos, tendía a cómo desarrollar medidas concretas para el logro de la participación política más plena de las mujeres.

AG - ¿De qué diagnóstico se partió en lo que al sistema político se refiere?

CB - Uruguay fue pionero en términos de avances en los derechos políticos de las mujeres, reconociendo los derechos políticos y civiles muy tempranamente con relación a la región. En el año 1932 consagró los derechos políticos de las mujeres. Esto fue en aquel momento resultado de la lucha de las mujeres sufragistas, nada de lo que han ganado las mujeres en los espacios públicos ha sido cedido, sino que ha sido muchas veces encontrando sensibilidades de decisores políticos (en aquel momento también), hombres que se hicieron sensibles a planteos que mujeres organizadas habían realizado.

El diagnóstico de partida es que solo 10,8% de los parlamentarios electos en las elecciones nacionales de 2004 fue de mujeres. Si uno piensa en la clasificación mundial que hace de las mujeres en los parlamentos la Unión Interparlamentaria, Uruguay tiene el lugar 92 en 138 países. En materia de participación política de las mujeres estamos con un rezago que el Plan de Igualdades de Derechos reconoce, entonces empezamos a conversar con distintos actores políticos y nos pareció relevante conversar con el vicepresidente de la República. En esa oportunidad estuvimos pensando en caminos para incluir en la ley de partidos políticos o en la ley de financiación distintas opciones para revertir esta tendencia tremendamente negativa.

AG - La realidad no acompañó a la legislación hasta el momento, y seguramente detrás de eso hay un tema de voluntad política.

CB - Esta medida en concreto que se anunció ayer y el plan en su conjunto responden a la convicción de que la discriminación que sufren las mujeres en distintos espacios, porque están discriminadas en la vida política pero también tienen discriminaciones impresionantes en materia de empleo y en la vida privada. Este conjunto de discriminaciones que afecta la vida de la mujeres tiene raíces muy profundas que tienen que ver con sistemas de creencias, con prácticas sociales, con ideas que la sociedad ha ido plasmando y construyendo y que tienen estas expresiones luego de discriminación. La sociedad uruguaya tiene un problema nacional en términos de desigualdad, esto es lo primero que caracteriza, no solo lo colocamos como un título sino que tiene que ver con una convicción profunda, que la desigualdad es un problema en Uruguay. Y lo distinto que tiene a partir de ayer como un hito importante es que esta desigualdad que históricamente ha sido colocada como un tema de agenda, como un tema público por las mujeres, pasa a ser un tema de gobierno, un tema de políticas públicas. Esto es el avance sustantivo que hicimos ayer.

AG - Hablemos del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, Políticas Públicas hacia las Mujeres 2007-2011. El marco legal de este plan es la ley 18.104 llamada "Para la Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres".

CB - Exactamente, ese es el marco legal. No solo establece un marco legal, al mismo tiempo genera la posibilidad de construir políticas de Estado.

AG - Fue aprobada el 6 de marzo de este año. ¿A qué compromete esa ley?

CB - Nos compromete a reconocer una serie de derechos que deben estar reconocidos en acciones que haga el Estado uruguayo. Establece un marco de derechos humanos como garantía de respeto de los derechos humanos. Establece el objetivo, muy importante en todo lo que tuvo que ver con la construcción del plan, de promover la ciudadanía de manera más plena. Estamos acostumbrados a asociar la idea de ciudadanía con el ejercicio del voto, y esto es tremendamente importante, es un momento muy alto en la construcción democrática, pero la ciudadanía más plena tiene que ver también con nociones como la de incluir desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural a las mujeres y permitirles participar de manera más activa en todos los procesos de la vida del país. Esto también se establece como un objetivo de la ley. Se establece también cómo contribuir a la creación de cambios culturales, como aquel al que hacíamos referencia, que tiene que ver con cómo compartir condiciones de igualdad en el trabajo productivo y el reproductivo. Esto también sigue siendo un eje impresionante en Uruguay, las mujeres ocupamos 67% de nuestro tiempo en tareas no remuneradas y 33% en las remuneradas, mientras los hombres ocupan 61% en tareas remuneradas, la relación prácticamente se invierte. Esto genera una gran asimetría, una gran desigualdad a la hora de la posibilidad de incorporación plena de las mujeres a aportar lo que pueden aportar en el proceso que Uruguay está empeñado en revertir, que es dejar de ser un país en el que se perdieron muchos brazos, muchas cabezas y muchas capacidades, se los fue perdiendo, entonces tratar de incluir a muchas uruguayas y muchos uruguayos que hoy no están incluidos en el proceso productivo y social.

AG - La ley 18.104 en su artículo 3º exige que en un plazo perentorio se apruebe este Plan de Igualdad que ayer se presentó pero que había sido aprobado el 15 de mayo por el Poder Ejecutivo, en el cual ustedes venían trabajando desde hace un buen tiempo en el marco de una comisión interpartidaria. ¿Cómo se desarrolló ese trabajo?

CB - El tiempo en el que aprobamos el plan, desde la promulgación de la ley hasta la aprobación del plan por el gabinete de gobierno, fue muy corto. Pero vinimos desarrollando un trabajo muy importante desde el año pasado en consultas de carácter sectorial. Consultamos a las organizaciones sociales de más diverso tipo, consultamos a organizaciones sociales históricas que habían trabajado, empezando por las feministas que fueron las que colocaron estos temas en la agenda pública en un trabajo denodado de años buscando que esto formara parte de políticas públicas. Consultamos a las organizaciones de mujeres más diversas, las del movimiento sindical, las cooperativistas, mujeres empresarias, hicimos consultas con mujeres de todos los partidos políticos, con mujeres que están en el aparato del Estado en general, con funcionarias públicas. Al mismo tiempo hicimos mesas de trabajo y seminarios de opinión.

Pero hubo un punto muy alto en la construcción y el diseño de este plan. Es una voluntad de este gobierno que los diseños de las políticas se construyan de manera descentralizada, la reforma del Estado que hoy está impulsando el gobierno tiene un sentido profundamente descentralizador y nos pareció muy importante hacerlo desde la propia construcción de la política. Nos recorrimos los 19 departamentos en pocos meses, desde setiembre del año pasado a diciembre, y participaron más de 3.000 mujeres en toda esta consulta, en las asambleas departamentales de todos los departamentos, que buscamos que integraran autoridades locales, allí los coordinadores territoriales del Mides jugaron un rol determinante en lograr la inclusión y la participación en este proceso. Jugaron un rol muy importante los espacios de género a nivel municipal. Hicimos asambleas en las que autoridades departamentales locales junto con las autoridades nacionales que estábamos impulsando el documento y la discusión se encontraron con mujeres de todas las localidades. Compartimos ayer una experiencia que nos ocurrió en la Asamblea Nacional de Mujeres que tuvimos en Paso de los Toros, en la que participaron cerca de 3.000 mujeres el 16 de diciembre del año pasado. Una experiencia de una mujer que viniendo de una población muy pequeña, de unos 2.000 habitantes, hacía más de 12 años que no salía de su lugar y pasaba a vivir una asamblea con 3.000 mujeres en una cuestión que era profundamente conmovedora. Fue todo el proceso de construcción, además de buscar la participación directa de las mujeres que no están organizadas para que se organizaran, para que se estimularan a encontrarse, tuvo también una cuestión de apropiación de ellas de una política. Esto lo expresaron en varias asambleas de distinta manera. Recuerdo una mujer joven en Salto que dijo "me acaba de caer la ficha, es la primera vez que estoy pensando en términos de país". Otra mujer en Bella Unión decía "un día se acordaron de mí cuando me vinieron a buscar para el Ingreso Ciudadano, luego pude demostrar con Trabajo por Uruguay que yo podía hacer cosas; ahora me están convocando como mujer y de esta no me bajo más". Esto fue dicho casi textual. Esta expresión de ella "de esta no me bajo más", en tanto reconocimiento de ella como mujer sintetiza lo que es la construcción de una apropiación de una idea de ciudadanía muy importante, de cómo ella fue integrando que era ciudadana en tanto también constructora de política.

AG - En cuanto al proceso que se siguió para el desarrollo del plan, ¿hay que entender que tiene el consenso y el compromiso de todos los partidos políticos?

CB - Eso fue el esfuerzo importante que realizamos, escuchar las voces de todos los partidos políticos. Lo hicimos a través de las mujeres de todos los partidos políticos. Una parte importante en todo el proceso de instrumentación, que tenemos planteado entre las primeras cuestiones que vamos a realizar, son entrevistas con los directorios de todos los partidos, con las autoridades máximas de todos los partidos pensando en la aplicación y la adecuación del plan a una estrategia anual. El plan prevé mecanismos que se fueron generando a lo largo del proceso a nivel de los organismos públicos. La idea es que esto luego tenga un espacio de coordinación que va a ser muy importante, la propia ley lo plantea, un consejo rector de las políticas de igualdad de oportunidades y derechos que esté integrado por los tres poderes del Estado y que luego rinda cuentas frente al Poder Legislativo. Esto también va a ser un punto importante de control de la ciudadanía y del gobierno en su conjunto.

AG - Algo curioso es que se trata de un plan 2007–2011, un horizonte temporal que trasciende el actual período de gobierno. ¿Por qué?

CB - Porque queremos empezar a construir políticas de Estado. Tenemos que dar señales muy contundentes de que las políticas de Estado no se construyen en un período de gobierno. En este sentido, colocar como metas y resultados esperados a 2011 compromete acciones más allá de nuestra permanencia en los organismos. Hoy hay una voluntad de un gobierno, una voluntad a partir de ayer inequívoca con relación a transformar la desigualdad de las mujeres y construir una sociedad más igualitaria. Esto tiene luego que generar mecanismos que permitan trascender este período de gobierno, que más allá de quienes estamos hoy al frente de estas políticas luego puedan sostenerse. Esta fue la idea, trascender el período de gobierno y fijarnos metas y resultados que comprometan más allá de quienes estamos hoy. Esto también hace a la construcción de políticas de Estado, políticas que en otras esferas de la vida del país, como lo que ha tenido que ver con las políticas que Uruguay ha establecido en materia de relacionamiento y posicionamiento internacional, han tenido ejemplos muy contundentes que han sido muy positivos para la vida del país.

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AG - Vayamos a los contenidos del plan. ¿Cuáles son las principales líneas de acción concreta?

CB - El plan tiene tres líneas que lo atraviesan de manera transversal, que son el enfoque de derechos, el enfoque de género y una línea muy importante de adecuación de la administración pública a la igualdad de oportunidades y derechos. Esto tiene que ver con cómo damos señales muy contundentes, empezando por casa, lo que no quiere decir que no hagamos cosas también hacia fuera. Todo el plan coloca un énfasis muy importante en las acciones que se hacen desde el propio Estado.

AG - De la lectura del documento da la impresión de que como "primer plan" está orientado a acciones en la esfera pública, supongo que con la intención de que esto vaya derramándose hacia toda la sociedad.

CB - Efectivamente, esa es la orientación del plan más importante. Aunque hay un conjunto de medidas que se van a desarrollar y que seguramente van a tener impacto sobre otros aspectos de la vida. En la medida que está atravesado por un enfoque de género que integra cómo revertir estas tendencias a desigualdades a la interna de la vida privada, tiene un conjunto de acciones a la interna de la vida doméstica, a la vida de relación, que va a intentar promover un ejercicio distinto de los repartos de roles a la interna de la vida de la familia, promover la participación más responsable de los hombres con relación a la paternidad, cómo hacer más compatible la vida familiar con la vida laboral. Hay un conjunto de medidas que van a tener otros impactos, pero es cierto que está fundamentalmente orientado a la administración pública.

AG - ¿El documento presentado ayer incluye medidas concretas, líneas de acción precisas? Porque ayer mismo varios ministros hicieron anuncios importantes referentes a sus carteras sobre cuestiones concretas. ¿Eso queda librado a los planteos de las diferentes reparticiones del Estado, o ya hay medidas que se exigen desde el propio plan?

CB - El propio plan tiene algunos planteos. Hemos jugado con las palabras, la LEI es líneas estratégicas de igualdad. Estas líneas estratégicas de igualdad son luego traducidas en términos de acciones. Las acciones son muy concretas y están comprometidas, hay organismos definidos en el plan como responsables de llevar adelante estas acciones. El plan establece cuáles son estos organismos. Y luego organismos asociados, en la medida que este fue un plan construido con participación ciudadana pero desde el Poder Ejecutivo, hay organismos que el Ejecutivo no puede obligar, entonces plantea la asociación para poder avanzar en estas líneas concretas.

AG - ¿Podemos manejar algún ejemplo de esas líneas concretas?

CB - Por ejemplo, hay una línea concreta que tiene que ver con cómo capacitar de manera continua a todo el funcionariado público para poder hacer efectiva la aplicación de los derechos humanos de las mujeres, cómo identificar líneas de trabajo en esto. En este sentido cómo se van a empezar a aplicar los presupuestos sensibles al género, que es una herramienta muy importante, que el propio presupuesto nacional desarrolle e integre metas en los incisos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, que identifique entre los destinatarios a las mujeres y a los hombres, cosa que hoy no ocurre, y que vaya colocando metas concretas de igualdad. Ayer uno de los anuncios realizados fue cómo reforzar la lucha contra la violencia doméstica, que está prevista en el plan, cómo reforzar con recursos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud Pública en materia del cumplimiento de estas metas.

Luego hay otras acciones. Una fue anunciada a través de un mensaje del presidente de Ancap, comenzar un proceso de certificación de calidad vinculado con la igualdad de oportunidades y derechos en las empresas públicas, y luego pretendemos extenderlo a las empresas privadas. Será un sello de certificación, un sello que se coloque a las empresas que efectivamente realizan un proceso en torno a la igualdad de oportunidades y derechos. Esto será una acción concreta que vamos a desarrollar. Además es una práctica bastante innovadora que puede estimular por la positiva a ver la importancia de empezar en los sistemas de organización de las empresas a distribuir mejor las relaciones entre los géneros.

AG - Otro elemento que me llamó la atención fue esta apuesta a hacer visible el trabajo no remunerado que realiza gran parte de las mujeres y que no es reconocido dentro de la producción nacional. ¿Por dónde viene esta preocupación? Es una reivindicación cultural muy fuerte.

CB - Es muy fuerte. Por un lado, una cosa que ayer decía el ministro de Economía, que nos pareció muy importante, cómo hacer visible y cuantificable el aporte económico que hacen las mujeres. Alentó la posibilidad de hacer una investigación que permita visualizar lo que significa para el producto bruto interno (PBI) de una nación el aporte que hacen las mujeres que muchas veces no se cuantifica.

AG - Habló de incorporar a la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) algunos módulos para calcular el aporte exacto de la carga total de trabajo remunerado y no remunerado por sexo, y al mismo tiempo incorporar variables a la medición del PBI sobre este trabajo no remunerado. Es interesante el aporte.

CB - Esto está propuesto en el plan. Es una cuestión que venimos articulando y trabajando fuertemente con el INE, con la directora, Alicia Melgar. Esto va a tener un avance concreto este año en la Encuesta Continua de Hogares. No es lo mismo que lo digamos desde un espacio de las mujeres que que los organismos responsables de los sistemas de información en el país, como el INE, que depende del Ministerio de Economía, sean portavoces de esta cuestión.

AG - Hablamos mucho del ministro Astori, y siempre cuando hablamos de intenciones que parecen buenas caemos en la misma pregunta: ¿hay recursos destinados a cumplir con todos esos objetivos que se plantean en el plan?

CB - En la medida que los objetivos van a estar distribuidos y con responsabilidades en distintos organismos del Estado estamos haciendo un camino. No es posible pasar de un Uruguay que no tenía en esto políticas a tener políticas que se sostengan pegando saltos mágicos. El plan tiene una aplicación gradual, no puede ser de otra manera. Comienza por el desarrollo de medidas que están comprometiendo recursos, por ejemplo del Ministerio del Interior, donde hemos desarrollado un trabajo muy importante con el Espacio Referencial de Género, con el Ministerio de Vivienda para mujeres en situación de vulnerabilidad social extrema. Hay medidas en diversas instituciones con recursos comprometidos de su propio presupuesto. Efectivamente, luego, en la medida que vayamos concretando y ejecutando estos recursos, seguramente generaremos condiciones para que en el año próximo y los siguientes se destinen recursos más específicos para esto.

AG - ¿Cómo se monitorea? Porque estamos hablando de objetivos, de asignar recursos, ¿pero cómo sabe la ciudadanía si se está dando cumplimiento y si esos recursos se están aplicando efectivamente?

CB - Tenemos la responsabilidad de construir un mecanismo de evaluación y monitoreo, un sistema de evaluación y monitoreo que permita fijar indicadores de cumplimiento del plan. Pero al mismo tiempo la propia ley establece la obligación de construir un sistema de rendición de cuentas anual ante la Asamblea General respecto de los avances en la ejecución del plan. Estamos construyendo un mecanismo que permita que cada uno de los organismos públicos (lo haremos de manera conjunto) pueda establecer procedimientos que en su plan operativo anual que determinen las necesidades tanto de recursos humanos como presupuestario para el cumplimiento de las metas y luego establecer en el formulario una recopilación de lo que se ha avanzado, de los obstáculos, de los logros. Este formulario va a ser llenado por todas las instituciones que van a implementar el plan, nosotros lo procesaremos y eso permitirá una rendición de cuentas.

Es muy importante lo que tú preguntás, porque hoy es un instrumento de control de la función pública colocado en manos de la ciudadanía, entonces queremos que los mecanismos de control también estén en manos de la ciudadanía en su conjunto.

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Edición: Mauricio Erramuspe