(Emitido a las 9.09)

ANDRÉS GIL:
Abigeato en Uruguay: un problema histórico; endémico; tan antiguo como la actividad pecuaria misma en nuestro país; un flagelo para cuyo combate no parece haber herramientas sobre la mesa.

Porque además, si bien, como decía, es una problemática de larga data, algunos casos escandalosos de robo de ganado sucedidos en los últimos meses parecen evidenciar que faltan soluciones.

"La seguridad en el medio rural", un tema complejo, que involucra a una variedad importante de actores, y que como todo asunto que tiene que ver, de algún modo, con la represión, genera polémica y divergencias a la hora de discutir sobre las medidas a aplicar.

Hoy les proponemos dar una mirada a este drama de la campaña, y para ello el diálogo va a ser con el contador Gonzalo González Piedra, gerente general de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), una agremiación que pisó fuerte en este debate en los últimos tiempos.

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Contador González Piedra, para empezar, vale la pena explicar por qué una institución como la CMPP, fundada en 1891, aparece tan vinculada con un tema que uno naturalmente tendería a asociar con otros grupos, con otras agremiaciones, como la Asociación Rural (ARU), la Federación Rural (FRU), eventualmente el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). ¿Cuál es el vínculo de la CMPP con la actividad pecuaria?

GONZALO GONZÁLEZ PIEDRA:
En los últimos años se ha trabajado bastante en el tema seguridad rural y abigeato, y con el tiempo se fueron incorporando distintas instituciones públicas y privadas que conforman todos los eslabones de una cadena. En la Cámara se nuclean comerciantes, industriales y exportadores de productos del agro en estado natural o con algún proceso de elaboración. En definitiva, el sector agropecuario es el proveedor de los comerciantes industriales y exportadores que después orientan su producción básicamente hacia el exterior.

AG - ¿Qué proporción de la totalidad de socios de la Cámara está vinculada con la actividad agropecuaria?

GGP - La totalidad de los socios de la Cámara, salvo la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, que integra la CMPP y está integrada exclusivamente por productores de leche, que nuclea un volumen muy importante de la remisión de leche diaria, los demás gremios son todos exportadores industriales de productos del agro. Se nuclean comerciantes importadores o exportadores de semillas, de miel, de lana en sus distintos estados, de cuero, molinos harineros, todos los oleaginosos (girasol y soja), trigo, fábricas de raciones balanceadas, todas empresas que miran hacia el mercado interno o hacia el exterior pero cuya fuente de abastecimiento es casi exclusivamente el sector agropecuario. En esa medida, y por suerte, en los últimos años se ha ido solidificando el criterio de cadena y cada vez se trabaja más con gremiales como la ARU o el SUL, por nombrar dos, reconociendo que los intereses son comunes a todos y que para que al sector le vaya bien a todos sus eslabones les tiene que ir bien.

Así, la semana pasada hicimos aquí una conferencia sobre los temas laneros internacionales junto con el SUL, aquí trabajan la Mesa del Trigo y la Mesa de los Oleaginosos, que mañana organiza en Mercedes el primer encuentro nacional sobre girasol, y participan todos los sectores, productores, comerciantes, exportadores, buscando soluciones para toda la cadena.

AG - Antes de ir a la discusión de fondo sobre de las soluciones que se están estudiando para el tema abigeato y sobre los proyectos de ley que están en danza en el Parlamento, vamos a repasar brevemente el diagnóstico que ustedes hacen de la situación. ¿Por dónde pasa la preocupación de la Cámara? Porque ustedes sacaron en el último boletín un comunicado bastante duro sobre el tema, y lo mantienen alto en la agenda. ¿Cuál es el diagnóstico?

GGP - Recibimos en forma semanal o quincenal un parte del Ministerio del Interior (MI) donde figuran todas las denuncias por delitos a la propiedad privada en el ámbito rural, donde se cuantifican los animales o los daños como consecuencia de los delitos y se informa cuántos se han podido aclarar. Está bastante cuantificado el daño que surge a partir de los delitos que son denunciados, aparte de que en estas comisiones se ha reconocido que muchos productores que son objeto de delitos por distintas circunstancias no realizan la denuncia. O sea que estos números que el MI divulga tampoco son absolutos y totales.

De todas maneras, cuando uno analiza el rubro lana, por ejemplo, encuentra que en la década de los noventa se redujo sustancialmente el número de ovinos en el país, y si bien en ese descenso jugaron algunos factores de tipo internacional, como los precios, muy arriba aparecía el abigeato como causa importante de desestímulo para el productor; el SUL tiene estudios muy concretos sobre el tema. Todo eso repercute sobre los eslabones siguientes, porque en la medida que se produce menos los sectores que demandan esos productos ven reducida su propia actividad económica, tendrían que recurrir a importar materia prima porque la capacidad instalada está pronta. No podemos permanecer quietos viendo cómo las fuentes de abastecimiento son amenazadas, desestimuladas. Por eso nos sentimos comprometidos con este tema, entre otros. Porque hay otros, por supuesto, para trabajar, pero en este en particular hemos participado muy activamente desde hace varios años.

AG - Cuando hablamos de seguridad en la campaña, vale aclarar, no nos referimos únicamente al abigeato, al robo de ganado, hay varias formas diferentes de inseguridad en la campaña que a ustedes también les preocupan.

GGP - Sí, ha habido denuncias por copamiento, por ejemplo. Y como los volúmenes de robo son importantes, según las denuncias, evidentemente no se trata de robos de una oveja que realiza una familia para su sustento, para su autoconsumo, hay que pensar que hay toda una cadena en la informalidad que afecta también a los sectores siguientes, porque pretende llegar al consumidor con productos que vienen absolutamente fuera de todo control sanitario, de todo cumplimiento de las normas tributarias, compitiendo deslealmente con las empresas establecidas. Esto afecta al productor y a los eslabones siguientes de toda la cadena hasta llegar al consumo.

AG - Hasta el momento, la norma que regía estas cuestiones de seguridad en el campo era el Código Rural, antiguo, del año 1943, pero que fue actualizado en los últimos años. ¿Cuán desactualizada estaba la normativa?

GGP - Esta comisión tiene un antecedente de hace unos tres o cuatro años, cuando se empezó a trabajar en el SUL con unas pocas instituciones en este tema y se presentó un proyecto, que finalmente se aprobó con solo dos artículos y muy poquitos avances. Una vez asumido el nuevo gobierno, logramos del MI una resolución oficial de abril de 2005 que establecía la creación de una Comisión Honoraria para la Seguridad Rural. Me permito citar las instituciones que la integraban y los cometidos que tenía. Las instituciones que la integran eran la CMPP, la ARU, la FRU, el SUL, Cooperativas Agrarias Federadas, el MI, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a través de Barreras Sanitarias, Dicose, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y se contó con el apoyo y asesoramiento activo de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

AG - Le preguntaba cuán desactualizada está la normativa vigente en Uruguay. ¿Por qué me responde hablándome de esta Comisión Honoraria?

GGP - Porque del estudio de esta comisión y del proyecto que generó surge muy claramente cuáles eran los aspectos en los cuales había que trabajar. Esta comisión trabajó básicamente, como lo pedía la propia resolución del MI, en estudiar la normativa vigente, buscar soluciones a la problemática del delito (abigeato, copamiento y otros) y hacer propuestas en materia de prevención y represión. Pensábamos que no había que ir solo por el lado de las penas a delitos consumados sino que había que encarar también la prevención y la represión.

AG - ¿Desde cuándo y hasta cuándo trabajó esta Comisión Honoraria?

GGP - La comisión se instaló en abril de 2005, trabajó en época del ministro José Díaz muy activamente con reuniones quincenales, mensuales, generalmente en el propio ministerio, a las cuales asistían los jefes de Policía departamentales que compartían su experiencia, los jueces que decían cuáles eran las limitaciones de la normativa vigente. Por ejemplo, uno de los aspectos en el cual hubo que trabajar bastante fue el delito de receptación, la receptación es la comercialización de bienes robados, es el destino final de los robos cuando hay volúmenes importantes. Ahí no había normas que los jueces pudieran aplicar con claridad, incluso para proceder al comiso de los bienes utilizados, por ejemplo de los vehículos utilizados para el robo. Detectada la carencia, se trabajó para buscar una solución.

AG - ¿Qué tipo de falencias en la normativa vigente señaló el diagnóstico de la comisión?

GGP - Llegamos a elaborar el texto del anteproyecto que se presentó a fines del año 2005, se habló de él en la Expo Prado 2005 y finalmente lo presentaron a fines de 2005 en la Cámara de Diputados varios legisladores. Fuimos recibidos en una oportunidad por las comisiones de Ganadería y de Constitución actuando integradamente, después tuvimos algunas comunicaciones sobre el intercambio de ideas a nivel de los legisladores, pero no volvimos a ser recibidos en reuniones.

Por eso fue ahora una sorpresa ver que finalmente se aprobó un proyecto en las comisiones que pasa al plenario y que difiere de manera importante del anteproyecto presentado. Nosotros no pretendíamos legislar, son los legisladores quienes tienen esas facultades, esas competencias, pero el anteproyecto tenía muy buena base por haber participado en su elaboración todos los sectores que tienen que ver con el tema aportando su experiencia. Habríamos pretendido ser recibidos una vez más y recibir explicaciones sobre por qué se apartaron del anteproyecto y quedamos otra vez con una medida tímida, que significa algún avance respecto de la normativa vigente hoy pero que no va a atacar en forma definitiva el tema, que lamentablemente se ha agudizado en los últimos tiempos.

AG - El 24 de mayo de este 2007 la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, integrada con la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, aprobó un proyecto de ley para atacar el tema abigeato y seguridad en el campo. Ustedes señalan que el proyecto aprobado difiere sustancialmente de lo que se pretendía y del anteproyecto en el que se trabajó, pero entienden que es un paso adelante. ¿Cuáles son las objeciones?

GGP - Con relación a las normas que pretendíamos y que finalmente no fueron aprobadas, distinguiría dos ámbitos, el de las relativas a la prevención, y el de las relativas a la represión del delito una vez ocurrido.

En cuanto al primer ámbito, no se aprobó la norma que mejoraba la legislación respecto de la penetración ilegítima en el fundo ajeno, los delitos contra la propiedad. Se preveía la posibilidad de aplicar no solo multas sino otras sanciones penales a quien maliciosamente dañara un cerco, cortara alambres, destruyera postes, cadenas, cerrojos de porteras.

Se eliminó también la modificación que preveía la posibilidad de que la Policía no permitiera en rutas nacionales, en caminos públicos, el establecimiento de construcciones precarias (carpas y similares) que pudieran generar la parte anterior a lo que finalmente puede ser un delito.

Tampoco se aprobó la modificación en cuanto a sancionar con incautación de armas y vehículos de transporte a aquel que entrara a cazar o a pescar en un sitio cerrado con prohibición o voluntad expresa de su ocupante legítimo, es decir, que el legítimo tenedor del campo tuviera que autorizar en forma expresa para que alguien pudiera entrar a su campo, recorrerlo.

Se eliminó también la norma que propuso Dicose relativa al control de documentos y guías de propiedad y de tránsito de los animales que circulan por caminos, calles y rutas departamentales.

Y por último, tampoco se aprobó la norma que pretendía colmar un vacío existente en el caso de abigeato regulando el procedimiento y el comiso de todo elemento que directa o indirectamente fuera empleado en la comisión del delito.

Todas estas normas tenían que ver con la prevención y no están contenidas en lo finalmente se aprobó.

AG - Tampoco quedaron incluidas las medidas relacionadas con la represión del delito en el medio rural.

GGP - Exactamente, se rechazó la extensión del área de aplicación de la presunción de legítima defensa a las dependencias de una casa de campo. Tomamos casa de campo en sentido amplio, galpones, instalaciones, carnicerías, criaderos, tambos, área de tambos, nuestro proyecto planteaba que se presumiera legítima defensa cuando hubiera intrusos en esas áreas.

Y se preveía como agravante del delito de receptación que el mismo se efectuara sobre bienes como ganado vacuno, equino, ovino, caprino, colmenas, cueros, lanas, cerdas, granos, productos forestales. Se ampliaba el alcance del artículo 258 del Código Rural.

Me detendría a definir el delito de receptación.

AG - Ese delito ya existe en el Código Penal.

GGP - Sí, el artículo 350 del Código Penal lo prevé, y se refiere a quien adquiere, recabe u oculte dinero o efectos provenientes de un delito o que de cualquier manera intervenga en su adquisición, con provecho para sí o para un tercero, sin que exista concierto previo con los autores o cómplices del delito.

AG - Con esto buscaban aterrizar el delito a la consideración del medio rural.

GGP - Exacto, la CMPP hizo mucho hincapié en esto, para nosotros era de capital importancia, habíamos dicho que quien recibe, oculta o comercializa ganado o productos derivados del abigeato o se aprovecha de ellos es el verdadero y gran culpable, porque con su conducta origina y estimula el delito al ser el canal de comercialización de volúmenes importantes. En definitiva termina compitiendo deslealmente con las empresas que están instaladas formalmente, que cumplen con sus obligaciones formales de todo tipo.

También se eliminó una disposición importante que preveía que el delito de abigeato en circunstancias muy especialmente agravadas fuese inexcarcelable.

(Vea el informe de los asesores de la Cámara Mercantil de Productos del País sobre el anteproyecto aprobado en comisión)

AG - Ustedes entienden que se llegó a un proyecto de ley que es un avance pero tibio respecto de lo que ya existía y que no responde a una cantidad de aportes que había hecho la Comisión Asesora y que había aprobado por unanimidad. ¿Por qué el criterio de la Comisión Asesora y sus aportes no fueron considerados en el Parlamento y finalmente se aprobó un proyecto diferente?

GGP - Reconocemos que es un paso respecto de la normativa vigente, pero es una lástima que no se hayan recogido más iniciativas que planteamos en el anteproyecto, dada la integración multidisciplinaria de la comisión había sido muy interesante cómo se daba el aporte de los productores por la vía de las instituciones, del INAC en cuanto a los controles, de Barreras Sanitarias, de los magistrados, de las empresas que adquieren los productos del agro, todos habían compartido su experiencia, su opinión y habíamos intentado hacer un anteproyecto bueno.

Quizás los legisladores tuvieron precauciones de otra naturaleza. Por ejemplo, sé que en el tema legítima defensa no quisieron extender el área fuera de la casa de la persona para evitar situaciones, se habló de limitar la posibilidad del tiro fácil.

AG - Algunas de las fuentes oficialistas que consultamos ayer nos decían: "lo que pasa es que ahí tenés a los actores más reaccionarios, que si les cortan un alambrado ya quieren empezar a los balazos". ¿Ese fue el espíritu que predominó en la comisión?

GGP - Quizás haya sido una actitud de prudencia que no negamos que es válida, los legisladores tienen su experiencia, están muy capacitados para crear leyes y conocen las consecuencias de las mismas. Quizás podríamos haber tenido alguna oportunidad más de participar en la discusión y entender mejor las causas de las modificaciones que se introdujeron, incluso con un poco más de agilidad, porque estamos a mediados de 2007 y este proyecto hacía un año y medio que estaba en comisiones. Recién pasa al plenario de la primera cámara.

AG - Usted señalaba que integrantes de la Comisión Asesora que había trabajado en el tema no fueron convocados por la comisión del Parlamento, y además se resolvió de una forma bastante ejecutiva.

GGP - Sí, muy ejecutiva, se presentó un proyecto sustitutivo directamente en una reunión de comisión y fue aprobado allí, no entró a la comisión ni tuvo varias reuniones de análisis y de difusión de los contenidos. Fue una cosa bastante rápida.

AG - ¿Entienden que todavía tienen chances de incidir? Porque en julio va a ir al plenario de la Cámara de Diputados. ¿Tienen expectativas en ese sentido? ¿Qué mecanismos pretenden accionar?

GGP - En una reunión de la comisión que se realizó en la sede del MI en la misma semana en que fue aprobado este proyecto en las comisiones, cuando recién se había tomado conocimiento del tema, se resolvió insistir con una solicitud de audiencia a la ministra Daisy Tourné. Todavía no se definió el accionar, quedaron para una próxima reunión, una vez que cada institución haya estudiado el proyecto, las gestiones que hagamos directamente con los legisladores. Sin duda lo vamos a hacer previo al plenario en Diputados y en la comisión del Senado también. Queremos una norma buena y que se apruebe con rapidez, porque los problemas ya existen y se van acentuando.

AG - ¿Cuál es la posición predominante en el Poder Ejecutivo? Porque en alguna medida encontramos un choque entre una iniciativa del Poder Ejecutivo, la creación de la Comisión Asesora Honoraria, un producido de ese trabajo y la postura de los legisladores, en este caso los oficialistas. Termina habiendo un proyecto que no se ajusta al original de la Comisión Asesora. ¿Cuál es la posición del Poder Ejecutivo? Incluyo al MI y al MGAP.

GGP - El MI estuvo más directamente involucrado en este tema que el MGAP, que participaba a través de Barreras Sanitarias y del INAC, que no es un organismo directamente vinculado. El MI sí, pero toda la acción básica de esta comisión fue durante el ejercicio del ministro José Díaz, que lo siguió muy de cerca, participaba, no en todas las reuniones pero muy asiduamente, conoció muy bien el proyecto y nos apoyó mucho en su presentación.

Hace unos meses hubo un cambio de ministro y todavía no hemos tenido una reunión con Daisy Tourné, por lo cual no sabemos si la ministra coincide plenamente con los aspectos del anteproyecto o, quizás, con algunos recortes que se le hicieron en el Parlamento.

AG - Quizás sea decisiva esa opinión para saber qué posibilidades hay de incidir sobre el tema.

GGP - El MI siempre reconoció su participación en esta comisión aportando su experiencia, su casuística. Nos convocaba, las reuniones se hacían allí, pero el MI no puede imponer un proyecto al Parlamento, eso estaba muy claro.

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Edición: Mauricio Erramuspe