(Emitido a las 8.45)

Ayer de tarde cesaron definitivamente sus trasmisiones CX 50 Radio Independencia, Concierto FM de Montevideo y las FM de Punta del Este Radio Punta y Concierto Punta, todas ellas operadas hasta ahora por los hermanos Aram y Berch Rupenián. 
La medida tiene su origen en las investigaciones por defraudación tributaria que la DGI inició en Concierto FM durante la presidencia de Jorge Batlle. Ante la resolución, tomada por el Poder Ejecutivo en marzo, los empresarios presentaron un recurso de revocación e intentaron la suspensión, pero esta fue confirmada la semana pasada por el gobierno.

Pocos antecedentes

Lo que ocurrió ayer no es un episodio frecuente.  En Uruguay las licencias para usufructuar frecuencias de radio y TV son, teóricamente, precarias y revocables, pero en los hechos terminan siendo eternas.  Las autoridades nacionales, si bien tienen potestades para ello, no suelen detenerse a evaluar si los beneficiarios de los permisos están cumpliendo con las condiciones que rigen su actividad, y han sido muy pocos los casos en los que se ha retirado una concesión.  Quizás el antecedente más cercano y resonante se dio hace más de 10 años, en 1994, cuando, luego de los incidentes del Hospital Filtro, el gobierno de Luis Alberto Lacalle sancionó a CX 36 y CX 44 por el tono de sus coberturas durante aquellos hechos de violencia, y luego lisa y llanamente revocó la licencia bajo la cual operaba CX 44, entonces llamada Radio Panamericana, dirigida en aquella época por figuras del MLN.

Lo que dice la normativa

En el caso de las emisoras que dirigían los hermanos Rupenián, el Poder Ejecutivo entiende que los titulares de los permisos ya no tienen ni solvencia moral ni capacidad económica, dos de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El artículo 8° del decreto 734/978 y sus modificaciones indican que los aspirantes a operar frecuencias de radio o televisión deben cumplir con una serie de ocho condiciones, dos de los cuales son "demostrar capacidad económica, de acuerdo con la categoría de la estación que se proyecta instalar" y "solvencia moral, la cual será valorada por el Poder Ejecutivo". 

Según el gobierno, en la situación que estamos comentando la "solvencia moral" de los permisarios se perdió porque esas emisoras fueron clausuradas temporalmente por infracción tributaria (en una decisión de la DGI avalada por un tribunal de apelaciones en lo civil),  y porque sus titulares están procesados en la justicia penal por el delito de "defraudación tributaria".  En cuanto a la "capacidad económica", el Poder Ejecutivo entiende que los permisarios ya no la poseen porque la DGI ha trabado embargo genérico y específico a los hermanos Rupenián y sus empresas.

Mejor esperar

Yo veo como una señal muy positiva que, ante un caso como este, el gobierno haya entendido que no puede permanecer de brazos cruzados y que debe actuar con el máximo rigor. Me parece muy bien que se opte por estudiar muy de cerca los hechos y que esté dispuesto a llegar a la revocación de los permisos.  Hasta allí estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que el Poder Ejecutivo se apuró al disponer en este momento el cierre de estas radios.  Para mí, debió haberse esperado que el juicio en lo penal terminase con una sentencia firme sobre los acusados. 

Cuando opino esto, no estoy defendiendo a los empresarios en la forma que eligieron para facturar la publicidad entre sus emisoras, y que la DGI ha objetado.  Tampoco me alineo con sus denuncias en cuanto a que son objeto de una persecución personal o política.  Y mucho menos creo que la resolución del gobierno ponga en peligro la libertad de expresión.   Para ejercer el derecho a la libertad de expresión no vale todo, y en particular no vale estafar al Estado y/o competir deslealmente, cosa que acá podría haber ocurrido. 

Lo que digo es que, en las actuales circunstancias, el gobierno pudo y debió haber sido más objetivo en la toma de su decisión.  Me explico.

Objetividad

Lamentablemente, nuestro país carece de una política seria en cuanto a la asignación y la regulación de las frecuencias para operar medios electrónicos.  Podría citar una larga lista de ejemplos, entre ellos: la tendencia a distribuir radios y canales en función del amiguismo o los favores políticos, la convalidación de negocios entre privados en los que se vendían permisos que se habían obtenido en forma gratuita, la forma en que se otorgaron las licencias de TV Cable, sobre todo en Montevideo, o todas las demoras que hubo para habilitar el ingreso de DirecTV.  De estas cosas ya hemos hablado en distintos editoriales En Perspectiva.
Bueno, teniendo en cuenta esa historia, este gobierno, al estar encabezado por un partido que por primera vez accede al poder, tiene la oportunidad de introducir un cambio, despegándose de las desprolijidades y la oscuridad. 
Eso, en un caso como el de Concierto FM, implicaba no sólo disponerse a intervenir sino, además, hacerlo con criterios absolutamente objetivos.  Y yo creo que, si bien no es un antecedente menor que las emisoras hayan sido clausuradas por infracciones tributarias, para que quedara meridianamente nítida la pérdida de la "solvencia moral" no era suficiente que en la justicia penal existiera un procesamiento, sino que hacía falta una condena de la justicia penal.

Dos bibliotecas

Ahora los hermanos Rupenián sólo están procesados y, por lo tanto, son aún inocentes.  Si ellos fuesen hoy aspirantes a un permiso nuevo, esa condición de procesados sin duda pondría en entredicho su solvencia moral y habilitaría al Poder Ejecutivo a descartarlos frente a otros competidores.  Pero acá estamos en otra hipótesis: no se está resolviendo a quién darle o no un permiso nuevo, sino que se está disponiendo el retiro de un permiso entregado hace años.  Y la revocación de un permiso es algo definitivo que implica  consecuencias muy serias. Por eso a mí me parece que hubiese sido mejor que se resolviese la revocación recién cuando se contara con una sentencia firme sobre el delito de defraudación tributaria.

Incluso, si vamos al terreno jurídico, algunos especialistas entienden que la forma en la que procedió el Poder Ejecutivo implica el riesgo de terminar pagando una indemnización por daños y perjuicios.  ¿Qué pasa si después, dentro de un tiempo, la justicia penal absuelve a los hermanos Rupenián?  La sola posibilidad de otro juicio al Estado por daños y perjuicios que tengamos que pagar todos –como ya hemos tenido que pagar tantos otros en el pasado- me causa muy poca gracia.

Es cierto que hay otros expertos que sostienen que ese peligro no existe.  Argumentan que, en realidad, el decreto 734/978 le otorga al gobierno de turno una amplia discrecionalidad para evaluar si se cumplen o no los requisitos personales que deben satisfacer los permisarios. En la práctica, dicen, las autoridades no tienen por qué presentar pruebas que avalen sus criterios.  Y por eso, recuerdan, en el pasado los permisos se han concedido con tan poca transparencia.  Según esta interpretación, entonces, este gobierno está habilitado para revocar un permiso con los elementos que hoy existen en este caso. 
De todos modos, a mí me parece que lo mejor era que el Poder Ejecutivo esperara unos meses, para contar, no sólo con las actuaciones de la DGI, una agencia que está bajo su órbita, sino también con una sentencia inapelable de otro poder, el Poder Judicial, que avalara su conclusión de la pérdida de la solvencia moral.

De esta manera, podía haber demostrado con hechos que en materia de regulación de las telecomunicaciones se está emprendiendo un cambio para mejor.

Más preguntas

Ahora, y ya pasado este caso puntual, queda pendiente saber:

¿Cómo será la nueva política para la asignación y el control de los permisos de radio, televisión y radiocomunicaciones en general?  ¿Se apuntará, realmente, a una política de Estado o una vez más tendremos a unos partidos de acuerdo con ella y otros cuestionándola?

Y , si se fuera por el camino de una política de Estado, ¿qué papel jugará la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones?

¿Cómo se integrará el directorio de la URSEC para que sea representativo de toda la sociedad y dónde debe estar ubicado institucionalmente este organismo?
En especial, ¿tiene sentido que la URSEC continúe supeditada a un ministerio, como ocurre ahora, o debe contar con otro grado de autonomía? 

Son puntos críticos de un debate que los partidos políticos uruguayos han soslayado sistemáticamente hasta ahora.