(Emitido a las 7.50)

EMILIANO COTELO:
Como es tradicional los lunes, hoy sesiona el Directorio del Partido Nacional (PN). Y se da como un hecho que el ejecutivo blanco responderá afirmativamente a un planteo del diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini. Se trata de la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los hechos en casinos.

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Senador Gandini, ¿de qué se trata exactamente? ¿Usted promueve una comisión investigadora en la Cámara de Representantes sobre la gestión de la Dirección General de Casinos?

JORGE GANDINI:
Efectivamente, el directorio del partido había formado ya hace algunos meses una comisión de seguimiento del tema casinos integrada por ediles de Montevideo y legisladores, porque el asunto incluye casinos municipales y casinos estatales. La particularidad es que quien fue director de Casinos y sus asesores en la administración municipal pasada tienen ahora bajo su responsabilidad los juegos de azar y los casinos a nivel nacional, el contador Juan Carlos Bengoa y el señor Orestes González, que ahora es director de Loterías y Quinielas.

Venimos siguiendo este tema desde hace un buen tiempo, y en mi calidad de parlamentario vengo haciendo pedidos de informes sobre denuncias que me han llegado sobre la gestión de la Dirección General de Casinos, que tiene a su cargo la administración de los casinos estatales y mixtos de todo el país.

EC - Dejando de lado el debate sobre lo que ocurrió en los casinos municipales y aquellas pérdidas por más de 14 millones de dólares en el período 2000-2005, su inquietud también abarca lo que está ocurriendo en este gobierno a nivel nacional en casinos. ¿Por dónde van esos temas?

JG - Varias cosas. Primero, nuestro foco en este tema surge de que las personas que fueron responsables de aquellas pérdidas son ahora las responsables del mismo tema pero con mayor dimensión, a nivel nacional. Nos han llegado denuncias de los sindicatos, han salido algunas denuncias en la prensa y personalmente también hemos recibido algunas denuncias que venimos estudiando a través de 12 o 13 pedidos de informes que hemos hecho al Ministerio de Economía y al Tribunal de Cuentas.

EC - Usted ya ha recibido respuesta a varios de esos pedidos.

JG - Ya he recibido respuesta a la mayor parte de los pedidos. Por ejemplo, el famoso tema Carmitel, la empresa a la que luego se le rescindió el contrato para el Hotel Casino Carrasco. Durante un tiempo la Intendencia hizo funcionar un casino en el Hotel Oceanía, que no podía tener un casino municipal pero solicitó un permiso a Casinos nacional. Esta fue una de las causas de las pérdidas del Hotel Casino Carrasco, la propia Intendencia le abrió una competencia a pocas cuadras. Cuando llegó la nueva administración ese contrato venció, pero esta administración, con el ministro de Economía, Danilo Astori, a la cabeza, y el señor Juan Carlos Bengoa en la Dirección General de Casinos, conociendo las pérdidas de los casinos municipales, tres veces seguidas renovaron el contrato para el Hotel Oceanía, que era una de las causas fundamentales de las pérdidas. A esa altura esto se hizo irregularmente.

El otro caso, sobre el que hay más documentación, es el del Hotel Quiroga, en Salto, que tenía un casino explotado de manera mixta entre el Estado y el particular. El trámite de rescisión de ese contrato comenzó en la administración anterior y estaba a punto de terminar, con una serie de consecuencias para el privado, que tenía que pagar al Estado por ciertos incumplimientos y devolver un dinero mal cobrado. Pero ni bien llegó la nueva administración, el señor Juan Carlos Bengoa, contra los informes jurídicos de su propio organismo y contra la opinión del Tribunal de Cuentas, rescindió el contrato sin ninguna consecuencia para el particular y a mi juicio con importante daño para el Estado, de varios cientos de miles de dólares. El particular venía con un larguísimo expediente desde el año 2003 y la jurídica de la propia Dirección de Casinos había establecido que por lo menos tenía que pagar 270.000 dólares al Estado, cosa que no hizo.

Y se fueron sumando luego otras circunstancias.

EC - En las respuestas a los pedidos de informe que remitió, ¿no obtuvo aclaraciones satisfactorias?

JG - No, más bien confirman lo que digo, están todos esos documentos. Incluso Tribunal de Cuentas nos informó que la rescisión del contrato se hizo sin cumplir con el requisito legal de remitirlo previamente a la administración, se hizo sin su conocimiento. Si no fuera por mi pedido de informes, el Tribunal de Cuentas no sabría que ese contrato fue rescindido.

EC - ¿Cuándo va a presentar la solicitud de comisión investigadora? ¿Cómo sigue esto?

JG - Hoy vamos a hacerle un informe al directorio del partido, vamos a reunir la comisión de seguimiento esta semana, con los legisladores y los ediles, y seguramente en los próximos días vamos a darle cuenta a la bancada para en el momento adecuado, sobre finales de este mes o principios del que viene, solicitar la preinvestigadora, que es el requisito que exige el reglamento de la Cámara.

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Edición: Mauricio Erramuspe