Simposio sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay

Montevideo, 28 y 29 de noviembre de 2001

Protección de las indicaciones geográficas en América Latina

Documento preparado por Graciela Road D´Imperio
Jefe, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo

INTRODUCCIÓN

A diferencia de otras figuras que integran la propiedad industrial, las indicaciones geográficas son un instituto controvertido, con una complejidad especial. Si bien en el campo de las patentes y las marcas, los conceptos básicos de protección son prácticamente los mismos en todos los países del mundo, respecto a la protección de las indicaciones geográficas, no hay un acercamiento uniforme. Teniendo presente, que en todos los derechos de propiedad industrial, el ámbito espacial tiene una importancia medular, en el caso de las indicaciones geográficas la ubicación geográfica adquiere una especial relevancia, no solo desde el nacimiento del derecho, sino pasando por su ejercicio y su observancia, que siempre necesitará un reconocimiento estatal expreso.

Ello obedece, a que el sistema de protección en cada país, tiene que tener en cuenta las necesidades propias en relación a los productos para los cuales la indicación geográfica es usada. Así, mientras en muchos países se protege mediante indicaciones geográficas productos vinícolas y agrarios, en otros, el interés económico de algunos productos, ha provocado que se protejan productos no agrarios, tales como aguas minerales, cervezas, porcelanas, piedras semipreciosas.

Desde el punto de vista comercial, las indicaciones geográficas, son signos distintivos de "valor agregado", en la medida que proporcionan un nivel de calidad estable y determinado atribuyéndole al producto con ellas vinculado una serie de características cualitativas que hacen que el mismo sea aceptado y distinguido por los consumidores en los mercados internacionales.

Las indicaciones geográficas, forman parte de los objetos de protección de la propiedad industrial, por lo que al igual que las marcas se les aplican los principios de especialidad y territorialidad, es decir, que están protegidas únicamente para el tipo de productos que se utilizan en un territorio determinado. No obstante ello, su alcance territorial puede ampliarse por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Aunque tradicionalmente las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia siguieron caminos independientes, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio(Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se adopta la definición de indicación geográfica, que si bien es comprensiva de ambos términos aún persisten ciertas diferencias.
Si bien el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial (ADPIC), es el instrumento multilateral de mayor alcance, que establece la protección más amplia y concreta para las indicaciones geográficas, su aplicabilidad depende de los medios legales que los países miembros ofrezcan en sus legislaciones, por lo que tales medios pueden comprender sistemas de distinto nivel de formalidad.

SITUACIÓN EN AMERICA LATINA

La protección de las indicaciones geográficas, se caracteriza por la existencia de distintos conceptos jurídicos elaborados por los Estados, en base a diferentes condiciones jurídicas, históricas y económicas de los mismos.
Como regla general podemos decir, que las leyes de propiedad industrial definen la denominación de origen, ya sea tomando como base la definición de denominación de origen que figura en el Arreglo de Lisboa o bien una definición ampliada a indicaciones geográficas tal como está previsto en el Articulo 22.1 del ADPIC.

Las distintas legislaciones marcarias, incluyen una prohibición de registrar como marcas las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, sin perjuicio de que aquellos nombres geográficos que sean originales y distintivos, y no lleven a confusión o error en cuanto al origen, procedencia, cualidades o características del producto al que se aplican, pueden constituirse en marcas.

Debemos tener presente, que los nombres geográficos han estado desde siempre en el deseo del hombre como elemento individualizador de los productos que fabrica o produce, y con ese carácter se emplean en la mayoría de las leyes marcarias, como signos distintivos que distinguen los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.

Varias legislaciones americanas, disponen de un sistema de protección de las indicaciones geográficas bastante estructurado, crean en las oficinas de propiedad industrial, el registro de denominaciones de origen nacionales y extranjeras, estableciendo un procedimiento administrativo similar al de las marcas, siendo la autoridad competente quien otorgue las denominaciones de origen y fije las características que deba reunir el producto para poder ser distinguido con la misma.

Dentro de este sistema de protección se encuentra la ley uruguaya. La solicitud de registro de una denominación de origen en nuestro país se realiza ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por los interesados que tengan su establecimiento en la región o localidad a la cual corresponde el uso de la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio.

Cuando se solicite la inscripción de una denominación de origen uruguaya, debe agregarse una constancia que acredite su otorgamiento por parte del organismo competente en la materia.

En materia vitivinícola nacional, la constancia referida, debe ser expedida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Asimismo los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen que les correspondan, conforme a los Tratados internacionales suscritos por la República, debiéndose acreditar al realizarse la solicitud su reconocimiento en el país de origen.

Una vez publicada la solicitud de registro de la denominación de origen sino se deducen oposiciones por quienes detenten un interés legítimo, se concede su registro, en caso de formularse aquellas, por no adecuarse la solicitud a las previsiones legales, se da traslado al solicitante, resolviendo en definitiva la Oficina de Propiedad Industrial.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) es el organismo especializado en materia vitivinícola que controla a nivel interno el cumplimiento de los requisitos técnicos-jurídicos que permiten acceder a determinados productores a la protección de una indicación geográfica, y además, para aquellos productos que pretenden comercializarse en el país fiscaliza la veracidad de las indicaciones y denominaciones de origen que surgen de sus etiquetas, garantizándose de este modo el comercio leal y la protección del consumidor.

Otro planteamiento ofrece la legislación mexicana, que estableciendo una definición de la denominación de origen basada en el Acuerdo de Lisboa inicia su protección con la declaración que al efecto emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial(IMPI). La protección se declara a travès de un acto administrativo, luego de un procedimiento donde se estudian los documentos aportados por las personas físicas o jurídicas que demuestren tener un interés jurídico.

Como consecuencia del procedimiento administrativo, la denominación protegida es reconocida, señalándose los vínculos entre denominación, producto y territorio. El régimen legal de protección señalado, se completa con la autorización de uso de una denominación de origen protegida otorgada por el INPI a quienes acrediten los requisitos correspondientes, teniéndose presente que el Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen.

La Comunidad Andina, a través de la Decisión 486, establece un sistema en donde la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hace ante la oficina nacional competente, quien a su vez, podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes.

Asimismo las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país miembro, cuando la solicitud sea formulada por quienes tengan interés legitimo y aquella halla sido declarada como tal en su país de origen. Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el país Miembro sea parte y por supuesto las mismas deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Otros países de América Latina, prevén un sistema relativamente informal, en donde la protección de las indicaciones geográficas está contemplada en las leyes de lealtad comercial y de protección al consumidor, tomando de base para ello la norma básica internacional en lo relativo a la protección de la competencia desleal (Artículo 10bis del Convenio de París). Si bien en estos países, la protección contra la competencia desleal se desarrolla de distinta manera, todos tienen un denominador común: brindar a quienes realizan actividades comerciales, un recurso eficaz e idóneo contra las prácticas comerciales ilícitas y fraudulentas de sus competidores.

CONCLUSIÓN

Las denominaciones de origen como dice López Benítez, se encuentran fuertemente enraizadas sobre un territorio y como exteriorización del comercio, tienden a romper fronteras y a proyectarse hacia el exterior.
Ellas reflejan la vinculación existente entre un lugar y un producto, cuya característica de calidad se conecta al medio geográfico en que se produce. Los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad y origen de los distintos productos que adquieren en la medida que tales características los tornan más confiables y atrayentes que los demás que ofrece el mercado. A su vez, tal exigencia va concientizando a los productores de la necesidad de proteger sus productos contra las imitaciones de los mismos.

Siendo la denominación geográfica un signo que desempeña una especifica función en el mercado: de protección no solo al consumidor, sino también al productor, y de garantía de calidad inherente al producto amparado por ésta, es acertado instrumentar una política eficaz de protección del origen geográfico de los productos, ya que ello generará ventajas competitivas que permitirán acceder a un mercado especial.