Compromiso por el cambio para el nuevo siglo. Pautas para el desarrollo ideológico y la elaboración programática.

1. Mundialización de las oportunidades y de los problemas, globalización e integración regional: un nuevo mundo es posible.

Vivimos en un mundo marcado por la mundialización, globalización o internacionalización, entendida como el proceso de acercamiento e integración de culturas, naciones y Estados. Un proceso que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad con distintos grados de intensidad y velocidad. Ese proceso tiene hoy dos características básicas: la extensión y velocidad con que se desarrolla como consecuencia de la revolución científico-técnica y el desarrollo de las comunicaciones; y la relación asimétrica entre dominados y dominadores que lo caracteriza y que ha contribuido a agravar las desigualdades de la sociedad contemporánea.

El incremento sustancial del grado de mundialización se manifiesta en mayor nivel de intercambio comercial, financiero, productivo y tecnológico y en nuevas y más profundas formas de relacionamiento y comunicación Ello se ha caracterizado por las políticas de apertura y liberalización en los países dependientes, para una mayor inserción y expansión del capitalismo central. A nivel económico, el mundo se ha convertido en la principal "unidad operativa" para el capital financiero y las empresas transnacionales, produciendo cuantiosos beneficios injustamente distribuidos. La "globalización financiera"y la falta de regulación permite voluminoso movimientos de capital especulativo en forma instantánea, en desmedro de su orientación hacia la producción y aumentando la vulnerabilidad de nuestras economías nacionales.

El desarrollo de las fuerzas productivas ha llevado al sistema capitalista a una nueva fase de "capitalismo global" en la que se persigue mediante la recomposición de la tasa de plusvalía el alza de la tasa de ganancia mediante la combinación de una profunda reconversión tecnológica, en especial en los países centrales, y un deterioro de las condiciones de trabajo a nivel global, en especial en los países dependientes.

El pensamiento neoliberal se ha apropiado de la globalización a nivel ideológico, imponiendo su modelo, y pretendiendo consagrarlo como el único posible y decretar el "fin de las ideologías" como sentencia de su triunfo ante las ideas alternativas. Comenzado el siglo XXI no ha demostrado más que su carácter esencialmente injusto. Crecientes desigualdades entre países ricos y pobres; concentración del desarrollo económico en escasas áreas del planeta y en pocas manos mientras al mismo tiempo regiones inmensas padecen hambre y carencias sanitarias elementales; enormes diferencias sociales; incapacidad para erradicar la pobreza, la marginalidad y la inseguridad; intolerancia ante las diversidades culturales; imposiciones militares a los más débiles, el drama ecológico producto de la depredación del medio ambiente, y tantas otras injusticias que presenciamos habitualmente, son las características de ese orden de cosas que algunos han dado en llamar nuevo orden mundial, al que nos resistimos y que queremos cambiar.

La liberalización absoluta de las economías, la desregulación, las privatizaciones, la reducción del estado y del rol de la sociedad a su mínima expresión no son, como se pretende, realidades inexorables propias del fenómeno de la globalización, sino una opción ideológica que no compartimos.

Al amparo de esa ideología se ha pretendido entronizar un "nuevo orden mundial" en el que la liberalización total como esquema económico, es acompañada de un ordenamiento geopolítico y un tipo de relacionamiento internacional esencialmente injusto, basado en la desigualdad del intercambio comercial y cultural entre los pueblos, y la injerencia de una nación en los destinos del mundo en el nuevo contexto unipolar construido a partir de la caída del "socialismo real" en 1989. Un pequeño grupo de naciones encabezadas por los Estados Unidos impone su voluntad al resto del mundo, muchas veces por medio de la agresión, el bloqueo y el chantaje. En otras ocasiones, utilizando organizaciones internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio en beneficio de sus intereses.

La dominación de la información mundial y de las telecomunicaciones, en sus normas, programas y contenidos y sobretodo, en los valores que se van gestando, es un elemento central en la estrategia estadounidense para consolidar su influencia sobre todo el planeta.

Hoy surge con claridad que el neoliberalismo conduce a callejones sin salida, y que, por ende, debe ser enfrentado, contenido y derrotado por la lucha unida de los pueblos, por una conjunción de máxima amplitud de la izquierda y de los movimientos populares y sociales.

Ante esta realidad sostenemos que otro mundo es posible y que el desarrollo de las fuerzas productivas y la creatividad humana puede y debe volcarse a favor de la superación del estado actual de cosas. Otro puede y debe ser el rumbo y la orientación del proceso de globalización mundial en curso, que minimice sus impactos negativos y despliegue las enormes oportunidades que el actual desarrollo de la humanidad ha alcanzado en beneficio de las grandes mayorías del planeta.

Luchamos por un nuevo orden internacional más justo reafirmando nuestra clara postura antiimperialista. El propio imperialismo se ha transnacionalizado y modificado. Ya no se trata sólo de la dominación económica y cultural de un Estado sobre otros, sino de un conjunto de multinacionales que a través de la concentración de poder económico y del conocimiento científico-tecnológico, controlan y dominan los mercados mundiales.

Los países desarrollados tienen ante sí la disyuntiva de continuar aferrados a la actual situación, lo que implica agravarla, o asumir el desafío de involucrarse auténticamente en el crecimiento económico, la superación del conjunto de la humanidad y la construcción de un mundo de paz. Esta segunda opción implica modificar las políticas que han puesto la tecnología , las telecomunicaciones, los medios masivos de comunicación y el desarrollo de l comercio exclusivamente a su servicio.

Las respuestas a las inequidades de la globalización hegemonizada por el capital financiero y el pensamiento neoliberal, y a las nuevas formas de la opresión y sujeción que suponen, deben ser nacionales, regionales y mundiales. En ese sentido los movimientos progresistas del mundo deben asumir el desafío de pensar y actuar local y globalmente a la vez, lo que supone la necesidad de proyectar las políticas nacionales a los planos regional y mundial articulando alianzas entre pueblos y gobiernos de países con intereses comunes, y estrechando los vínculos con quienes piensan igual a lo largo y ancho del planeta.

Esta lucha debe promover como aspecto central de esa reorientación para que los pueblos del mundo puedan gobernar la globalización con signo progresista, la mayor participación pública y de la sociedad civil organizada en el proceso, la democratización de los organismos internacionales y de los medios de comunicación, y la regulación de los procesos económicos desatados. Debemos impulsar particularmente la administración democrática del conocimiento, la información y la cultura, y la implementación de mecanismos reguladores del control de los flujos financieros como tasas aplicables a las transacciones de corto plazo de divisas con el objetivo de promover los movimientos de largo plazo y la inversión productiva desalentando la especulación y aumentando la autonomía de las economías nacionales.

A nivel político partidario, debemos practicar y fomentar la coordinación entre movimientos y partidos afines, y a nivel social, vincular los esfuerzos desarrollados en la sociedad civil en tal sentido. Los acentos internacionalistas planteados por los movimientos populares y socialistas desde su origen son un punto de apoyo desde dónde avanzar en este campo. A su vez, la experiencia del Foro de San Pablo desarrollada desde 1990, y la del Foro Social Mundial lanzada en enero de 2001, constituyen experiencias valiosas en esa dirección que nuestra fuerza política ha alentado y asumido con responsabilidad, y en los que debemos seguir avanzando porque aún resta mucho por hacer.

La interrelación de los procesos económicos ha sido acompañada de la consolidación de grandes bloques regionales en torno a la principales potencias económicas del globo, en América del Norte, el Sudeste Asiático y Europa. Los procesos de integración en el resto de las regiones y países para interactuar con ellos desde mejores condiciones, resulta en este contexto necesario y políticamente conveniente.

Debemos enfrentar este mundo de bloques con un relacionamiento basado en la cooperación y en la unidad de América Latina, que permita un relacionamiento de nuevo tipo con los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con las grandes transnacionales, y con la potencia hegemónica en la región, con mayor paridad y sin condicionamientos ni intervencionismos. El Plan Colombia es un claro ejemplo del modo de relacionamiento entre pueblos y países que no compartimos, en tanto supone la intromisión en los asuntos internos de un país hermano que vulnera su soberanía y compromete la seguridad e independencia del conjunto del continente.

La integración de los pueblos latinoamericanos ha sido y es un objetivo histórico fundamental para el Frente Amplio. Concebida con la riqueza y amplitud que el concepto supone, trasciende los acuerdos meramente comerciales con los que se ha pretendido identificar el programa de integración en la región. La verdadera integración debe incluir acuerdos comerciales pero no limitarse a ello en el marco de un proyecto global de mayor aliento. Debe incluir, la coordinación económica y financiera, la complementación productiva, el intercambio tecnológico, la cooperación y el emprendimiento de proyectos comunes de investigación científica, la coordinación de políticas de transporte y comunicaciones, el encare de problemáticas sociales comunes, y el desarrollo de la integración cultural de nuestros pueblos.

En esta perspectiva el proyecto del MERCOSUR emprendido en 1991 por nuestro país, que debiera representar una oportunidad para el Uruguay y la región, aún no ha sido aprovechado en su potencialidad debido a las orientaciones neoliberales que han prevalecido en los gobiernos de los países integrantes del Tratado, lo que ha contribuido al franco deterioro de las condiciones de vida en la región y ha reducido, en los hechos, el proyecto de integración regional provocando su estrechamiento, expresado de alguna manera en su propia denominación, en tanto nuestra región no es solamente un mercado ni puede ser reducida a ello.

Es necesario replantear el MERCOSUR desde una perspectiva de izquierda. Impulsamos un proyecto de integración regional económica, pero también social, política y cultural, para lo cual resulta necesario desplegar nuevos esfuerzos para establecer entendimientos y plataformas comunes con los movimientos progresistas de la región, propiciar la institucionalización, la democratización del proceso, y la mayor participación de la sociedad en él.

El ingreso del país al MERCOSUR fue objeto de un amplio debate al interior de la sociedad uruguaya, producto del intercambio fecundo del conjunto de los actores políticos, y constituye una apuesta estratégica del país que ha significado costos elevados para importantes sectores de uruguayos. Cualquier cambio de esas definiciones o emprendimientos nuevos en materia de integración, entre ellas nuestra relación con el ALCA, deben procesarse con los mayores niveles de transparencia y amplitud democrática sobre la base de la defensa de los intereses nacionales; debe ser encarado sobre la base de la igualdad y reciprocidad de los países, desde dentro del MERCOSUR, y sin aceptar condicionamientos unilaterales que supongan la desprotección de nuestra economía en beneficio de las más desarrolladas sin contrapartidas que beneficien al país.

Por todo esto, ante las nuevas realidades, el Frente Amplio, como hace treinta años, continúa proclamando la necesidad de defender nuestra patria y nuestro lugar en el concierto internacional. Brega por la integración de los pueblos, por la convivencia pacífica entre naciones, y por el intercambio científico y cultural equitativo, desterrando el concepto, tan viejo como equivocado, de que los valores por ser propios son mejores que los de otros pueblos. Estos propósitos, en un mundo globalizado, están más vigente que nunca .

2. Por un Estado activo y regulador a favor del interés común

Los derechos sociales y económicos de la gente y el necesario desarrollo económico para su plena realización requieren de la intervención pública sobre la economía para garantizar su vigencia. La naturaleza, el rol y la gestión del Estado adquiere verdadero sentido en relación a los objetivos perseguidos para una sociedad y por extensión para su modelo económico en un momento determinado.

Concebimos un Estado activo comprometido con la suerte del país y su gente. Queremos un Estado promotor del crecimiento económico en beneficio del desarrollo con justicia social y democracia plena. Un Estado que impulse, oriente y estimule la producción e infraestructura necesaria; que apueste a la innovación y el desarrollo tecnológico, y que regule el mercado. Un Estado con sensibilidad y responsabilidad social, redistributivo, que garantice los servicios básicos para la vida de la población, que desarrolle políticas sociales y ambientales que mejoren la calidad de vida de los uruguayos.

Todo ello supone un nuevo y mejor relacionamiento con la sociedad, con el mercado, con los trabajadores y con cada ciudadano. Asumimos el desafío de reformar el Estado, tanto por compromiso ético como por nuestra convicción en la importancia de su rol como palanca y parte indisoluble de los cambios progresistas. La reforma del Estado no supone la reducción genérica de su tamaño, transciende este aspecto; debe orientarse a su democratización, a su compromiso con los más desposeídos y al saneamiento de toda forma de corrupción, a un nuevo modelo de relacionamiento entre el sector público y la sociedad civil, entre el sector público y los actores económicos, y entre el funcionario público y el ciudadano.

Vivimos en una sociedad donde el mercado juega una papel importante. Propugnamos un mejor Estado y un mejor funcionamiento de los mercados en el marco de nuestro proyecto de país. Impulsamos un proceso de reforma reguladora del mercado que evite sus frecuentes descompensaciones y efectos desigualitarios. Una de las funciones centrales del Estado es evitar las prácticas monopólicas u oligopólicas que muchas de las grandes empresas privadas producen en el mercado para maximizar su ganancia y su poder. Con regulaciones transparentes y habilitando las formas de competencia que hoy impiden dichas prácticas, respaldando a aquellos sectores más débiles como las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales.

El pensamiento neoliberal ha hecho del mercado un fetiche y del consumo la máxima expresión de felicidad. El consumismo exaltado impera hoy en el Uruguay y la ideología del mercado marca todos los aspectos de la vida. El Frente Amplio admitiendo la necesidad del mercado, enfatiza particularmente la atención del mercado interno vinculado a la producción y el trabajo nacional, en forma complementaria al necesario desarrollo exportador del país. Ello supone también estimular la mentalidad necesaria para emprender el ahorro interno orientando el consumo hacia la reactivación del aparato productivo nacional modificando los actuales términos de intercambio Sin ese conjunto de modificaciones el país no podrá salir del endeudamiento externo e interno, reproducirá con más fuerza aún la situación que hoy estamos tratando de superar.

Los distintos gobiernos han puesto sistemáticamente el Estado al servicio del mercado. Esta tendencia se ha agudizado al compás del predominio prácticamente absoluto de una política privatizadora y desreguladora implementada tenazmente por el bloque dominante. En nuestro proyecto el Estado establecerá las regulaciones necesarias al buen funcionamiento de la economía y a la luz de su modelo de desarrollo económico con justicia social definirá las modalidades de intervención estatal en la misma.

En este mundo globalizado, viene haciendo estragos un fundamentalismo de mercado impulsado por las concepciones neoliberales dominantes. Los países desarrollados protegen a sus economías y a sus productores, al tiempo que de la mano de los bloques de poder dominantes, abren las puertas de los países dependientes a los capitales excedentes, a los productos subvencionados en los países desarrollados y se integran directamente al comercio interno, afectando gravemente la producción, el trabajo, el comercio y el empleo en nuestros países. Este fenómeno ha contribuido al desmantelamiento del aparato productivo, a la expulsión de productores de sus tierras, a la precarización de las condiciones de trabajo,al desempleo cada vez mayor de los orientales y a la emigración de los jóvenes.

Estas prácticas económicas y políticas, vienen destruyendo el planeta: se contamina el medio ambiente, se destruyen los grandes espacios verdes del mundo, especialmente se está atentando contra la Amazonia. Las grandes transnacionales pretenden, cada vez con mayor éxito, apropiarse de los bienes más escasos del planeta: el agua y las grandes napas freáticas. Las políticas de protección se estrellan contra las prácticas de las multinacionales y de los Estados más poderosos que, apoyados en las leyes del mercado, contravienen los grandes intereses de la humanidad. La negativa de los Estados Unidos de América, de firmar los acuerdos de Kioto, es un ejemplo claro de ello.

Ante estas situaciones los Estados deben asumir como una de sus prioridades la protección del planeta, oponiendo el control y la regulación a la liberalización salvaje con la que se vienen explotando los recursos naturales. El Frente Amplio asume la responsabilidad de impulsar políticas de protección ambiental a nivel nacional e internacional.

En el ámbito interno, el Estado debe encarar la obligación de regular el mercado y asumir un papel central en la construcción del país solidario, que ayude a su desarrollo, garantizando además el acceso de la población a servicios públicos básicos, evitando que caigan en manos de monopolios u oligopolios privados. En ese sentido las empresas públicas, aparte de constituir un patrimonio colectivo que debe ser preservado, han de ser gestionadas con eficacia, eficiencia y con los niveles necesarios de control que garanticen su transparencia al conjunto de los ciudadanos, sus únicos propietarios legítimos.

Se ha desarrollado una nueva área de trabajo a nivel de la sociedad que no pertenece a la órbita estatal ni a la de la empresa capitalista, sino a la del conjunto de instituciones y emprendimientos sociales con fines públicos o privados y sin fines de lucro, denominado "tercer sector". Modalidad que en nuestro país se ha expresado, con matices, en mutualistas, cooperativas, clubes deportivos, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), fundaciones, proyectos auspiciados por iglesias, etc. Este sector puede ser concebido como complementario del Estado y de las instituciones regidas por la lógica de la ganancia empresarial, razón por la cual el relacionamiento del Estado con esta área debe ser asumido con creatividad desde una lógica progresista y transformadora.

Hay que generar reglas que permitan el desarrollo del sector social de la economía, incentivando a partir de políticas crediticias, comerciales, tributarias y de capacitación los emprendimientos de carácter asociativo. Nuestro país cuenta con un sector cooperativo muy desarrollado, con capacidad de propuesta y variadas experiencias que es fundamental que cuenten con un marco institucional que propicie su desarrollo.

Cabe esperar también, la aparición de otro tipo de movimientos sociales cuestionadores, como frentes sociales de defensa de la tierra, del trabajo y de la producción nacional, de defensa de la soberanía y las empresas del Estado, que pueden ser esenciales al desarrollo del proyecto democrático.

Debemos enfrentar al burocratismo, al corporativismo, y a la corrupción que tanto daño le ha hecho al funcionamiento del Estado y a la sociedad en su conjunto. Durante años nuestro Estado se fue hipertrofiando y deteriorando debido a las prácticas de amiguismo y clientelismo producto de una política deliberada ambientada desde las direcciones de los partidos tradicionales. El marco global de este proceso también involucró a sectores de funcionarios y ayudó a que se erosionara la imagen del Estado, el valor moral del trabajo y el de los trabajadores.

Nuestro objetivo es lograr la conformación de un Estado que vele por los derechos esenciales de la gente y reasigne recursos para dar cumplimiento a los mismos. Un Estado que gestione y controle los sectores estratégicos de la nación. Un Estado articulador, orientador, coordinador de grupos e iniciativas, técnicamente capacitado para ejercer el liderazgo en los emprendimientos colectivos; que lleve adelante iniciativas que apuntalen el desarrollo económico, social o cultural, y que oriente, promueva o se asocie con el capital privado cuando sea necesario, en función del beneficio del país y el objetivo prioritario de lograr la superación de la calidad de vida de las grandes mayorías de la sociedad. Un Estado regulador de la actividad privada en función de los objetivos nacionales de bienestar general, protección del medio ambiente y el patrimonio nacional.

3. Un acuerdo social por el crecimiento económico y el desarrollo humano desde una perspectiva progresista y democrática.

La lucha por los cambios necesita que se procese una política de acuerdos de todos los sectores sociales afectados por la política económica y social impulsada por el bloque de poder, para enfrentarla con la mayor fuerza posible desde el momento actual.

La vida, por la vía de los hechos, ha ido avanzando en ese sentido: la política económica ha sacado a luz las coincidencias entre distintos sectores sociales que se han venido movilizando por sus distintos intereses y se han encontrado en los caminos de la patria. La defensa de la soberanía, la lucha por una sociedad más justa, el trabajo para todos los orientales, reclaman la consolidación de esos acuerdos que se han estado dibujando, pero que todavía no han tomado una forma concreta, por lo que los frenteamplistas ponemos en el horizonte la necesidad de trabajar empecinadamente para darle, desde ya, una forma y un contenido opositor y que trace claramente nuestra alternativa de futuro.

El retroceso del Estado, la vulnerabilidad de la economía nacional, el desmantelamiento del aparato productivo y la crisis de participación han ambientado el debilitamiento cada vez mayor de las redes solidarias, de seguridad y equilibrio social. Se destaca entre estos el fenómeno de la concentración de la pobreza en los sectores más jóvenes de la sociedad lo que anuncia, de no ser abordado urgentemente, una polarización de la sociedad uruguaya de imprevisibles consecuencias.

Se trata de construir un modelo de crecimiento sustentado en amplios consensos sociales aún hoy no suficientemente desarrollados.

El acuerdo social tras un modelo de desarrollo justo y con futuro implica dar cuenta de estos fenómenos, saber que si bien el modelo de la derecha tiene todavía margen de aplicación, no puede dar más, a no ser aumentar la deuda social y productiva. Se le agota cada vez más rápidamente la capacidad de generar consensos activos en torno a sus políticas. La izquierda es la única fuerza política que puede y quiere concretar el amplio acuerdo social que el país necesita.

Los desafíos del crecimiento sustentable, de la superación de las desigualdades, de la profundización democrática con el fin de ampliar y profundizar la creación de ciudadanía deben ser recogidos por un proyecto de país, que al principios del nuevo milenio le de a las grandes mayorías esperanzas, horizontes de realización individual y colectiva; que revierta la postergación de los más débiles generando una amplia redistribución de la riqueza, que involucre a las organizaciones de trabajadores, de productores y empresarios con voluntad de acuerdo. Desde nuestro punto de vista la construcción de este proyecto nacional pasa por la convocatoria a un Acuerdo Social por el crecimiento económico con progreso humano y justicia social en un modelo de desarrollo sustentable.

Este Acuerdo Social sólo será posible si persistimos en el camino ya emprendido de consolidar un amplio bloque social y político que exprese a todos aquellos que son víctimas del actual modelo neoliberal y que estén dispuestos a coincidir en la oposición y la propuesta.

El gobierno progresista apoyado en el acuerdo entre todas las fuerzas que conforman la base social del Frente Amplio y en la necesidad de profundizar la democratización y el involucramiento de todos los sectores que apuestan al progreso y al crecimiento con justicia, ampliará la convocatoria al rico tejido social de organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras comprometidas con el desarrollo soberano del país.

Se trata de una convocatoria amplia en la que cada sector deberá contribuir a los objetivos planteados.

El proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos no se puede agotar en los temas económicos sino que tiene que incluir a aquellos derechos sociales, políticos y culturales que construyen ciudadanía, los que pueden dotar de sentido de desarrollo integral al crecimiento productivo.

4. Profundización de la democracia y de la ciudadanía

La profundización y la extensión de la democracia configuran en sí mismas un objetivo fundamental para la izquierda. La defensa de las instituciones democráticas y de los derechos que implica ha sido y es parte esencial de nuestra propuesta, tal como ha mostrado la historia reciente con el esfuerzo y el sacrificio que miles de frenteamplistas brindaron para obtener su recuperación y consolidación. El sufragio universal, el pluripartidismo, las libertades de expresión, reunión y asociación; las garantías de los derechos humanos, el respeto a la libertad religiosa, el estado de derecho, el gobierno de las mayorías y el control de las minorías, han sido sostenidas a lo largo de toda nuestra vida política.

La democracia que surge después del período dictatorial bajo conducción neoliberal se ha caracterizado por una tendencia a la concentración del poder y al verticalismo del Poder Ejecutivo, al debilitamiento de la acción de los organismos de contralor y a una disminución global de atribuciones de los órganos electivos y de representación ciudadana como el Parlamento. La opacidad del funcionamiento y de las decisiones estatales y el control y manipulación de la información son limitaciones sustantivas a los derechos democráticos.

El ocultamiento de la verdad histórica sobre los ciudadanos detenidos desaparecidos y los asesinados durante la dictadura cívico-militar y la impunidad de los responsables de tales hechos, son heridas abiertas en nuestra democracia que han dificultado su consolidación y profundización.

Para el fortalecimiento del sistema democrático, constituyen pilares fundamentales: la ampliación de los canales de participación y los mecanismos de incidencia efectiva de los ciudadanos descentralizando el poder; la mayor democratización de los medios de comunicación masivos, garantizando el acceso efectivo a todos los sectores e individuos que quieran utilizarlos para expresar sus ideas, y no sólo a aquellos que tienen poder de compra de los espacios o los medios; la democratización de la economía, entendida como la búsqueda de una mayor igualdad en la distribución de la riqueza y en el poder de decisión que ello implica.

La democratización del conocimiento y de la educación es un capítulo fundamental de nuestra propuesta. La inteligencia humana y el conocimiento son en última instancia las claves determinantes de todo progreso. Por ello promovemos una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo la consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos aplicables a toda la vida humana. Hoy más que nunca importa que los jóvenes aprendan y obtengan capacidades que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que los prepare para hacer frente a los nuevos desafíos que un mundo en permanente transformación les depara, para asumir plenamente sus derechos y responsabilidades ciudadanas.

Reivindicamos la política como el ámbito de resolución de los asuntos públicos que conciernen a la sociedad en su conjunto, como espacio de acción colectiva y de servicio. Quienes detentan mayor poder económico y el poder político desde un punto de vista conservador, devalúan la política como campo de acción e incentivan la despolitización de la sociedad, porque ello les permite afirmarse en su poder.

En ese marco promovemos la transparencia financiera de los partidos políticos a través de la publicación periódica de sus ingresos y egresos, detallando sus gastos, particularmente los de publicidad, y la prohibición de las donaciones anónimas altas. Paralelamente a ello, el control de los actos del Estado no sólo en cuanto a su forma o legalidad, sino también en cuanto a su contenido, así como el establecimiento del derecho de acceso a sus expedientes: "habeas data".

Asumimos la ciudadanía como objeto y sujeto de la acción política. En esa doble condición debemos fortalecerla renovando las bases democráticas de la sociedad y promoviendo mecanismos que acerquen más la política a la gente; que permitan su mayor protagonismo en forma organizada e individual.

Las formas de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, el contrapeso de los poderes, tanto los clásicos como el de los medios de comunicación, así como la transparencia de todo acto que incida sobre la ciudadanía y, especialmente, la mejora de los mecanismos de representación y participación popular, merecen una atención jerarquizada de nuestra parte. En las políticas de izquierda del mundo actual cobran cada vez mayor importancia las políticas fundadas en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en tanto que tales, protagonizados en forma individual o colectiva; desde las audiencias públicas por problemas ambientales u otros, a los boicots de los consumidores, la llamada "desobediencia civil" en distintas cuestiones, y las experiencias más innovadoras en materia de reclamos de acceso a la información o de protección frente a la burocracia, la lucha contra la discriminación por sexo, raza, religión u orientación sexual.

Promovemos la descentralización y la jerarquización adecuada del ámbito local en tanto expresión cercana y directa de lo que es la sociedad civil. La acción municipal, por su proximidad a los ciudadanos, es tal vez el campo más fértil para el desarrollo de una acción política innovadora, transparente y progresista. Un campo en el que hemos hecho mucho y en el que aún tenemos mucho más por hacer. Sobre todo en el plano de la transferencia de capacidad de decisión a los trabajadores y a la comunidad.

La democracia que propugnamos supone también la aplicación de una concepción de la defensa nacional basada en la modificación sustancial de las normas legales sobre el tema y el cambio hacia una doctrina de formación sólidamente fundamentada en los postulados democráticos, el respeto a los derechos humanos en sustitución de la doctrina de la seguridad nacional, y la subordinación al poder político establecido en la Constitución de la Repúblicca.

5. El trabajo en todas sus formas, columna vertebral de nuestro proyecto

Nuestro proyecto político reconoce en el trabajo su principal referencia. El valor de la creación productiva, del esfuerzo innovador, son insustituibles no como componentes del crecimiento económico sino como cimientos de un modelo de desarrollo integral. Construir una sociedad en la que el trabajo, en sus múltiples expresiones, sea la principal preocupación colectiva es nuestro gran desafío.

El trabajo estuvo en el origen del ser humano, en la base de la organización social y por lo tanto en la base del desarrollo de las sociedades.

No ha habido desarrollo del valor creciente del individuo y del ser social al margen de la historia de la organización del trabajo y la distribución de sus frutos.

Las ideas de libertad, democracia y participación estuvieron siempre unidas al papel de mujeres y hombres en la organización del trabajo.

El trabajo, en definitiva, es un valor sobre el que deben levantarse todos los demás valores. Y por esta razón, está en la base de las tareas del Frente Amplio tendientes al rescate y la actualización de los valores ideológicos sobre los que se asentó toda su práctica, desde sus orígenes y sus antecedentes a la actualidad y los tiempos de cambio y de transformaciones que se avecinan y que protagonizarán los frenteamplistas para realzar el destino de los orientales.

Ello va unido, indudablemente, a la lucha por seguir enalteciendo el valor del trabajo y la dignidad de los trabajadores.

En la época actual amplios sectores de nuestra población son condenados a vivir sin trabajo, sin seguridad social o sin ingreso suficiente para sus necesidades vitales y las de su familia. La primacía absoluta del capital sobre el trabajo, y del capital especulativo sobre el capital productivo, es absolutamente irracional y antihumana.

La legislación laboral debe ser actualizada de acuerdo con las realidades económicas y sociales de nuestro tiempo y en tal sentido se requieren urgentemente normas revitalizadas sobre consejos de salarios, convenios colectivos, fuero sindical, seguros, estímulo a la sindicalización y protección a los trabajadores no organizados.

La creación de fuentes de trabajo estable y con salario digno es la prioridad absoluta y solamente es posible con un apoyo sistemático y sostenido al sector productivo que es el único que puede crearlos en las cantidades requeridas.

La seguridad social que ha de cubrir en forma justa las necesidades vitales del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, no debe ser objeto de negocio ni de especulación por parte de empresas privadas.La irresponsabilidad con que se han conducido los diversos gobiernos de los partidos tradicionales, están poniendo en riesgo la atención de la seguridad social y llevando angustia a los jubilados. Es preciso analizar profundamente la problemática de la seguridad social, el funcionamiento y la cristalinidad en la aplicación del nuevo sistema.

Consideramos que los sindicatos han sido el instrumento principal que han tenido los trabajadores en la larga y difícil lucha por sus derechos y, en particular, creemos que la constitución de la central única es el mayor logro en la historia sindical de nuestro país.

El Frente Amplio trata de expresar a todos los orientales vinculados al mundo del trabajo y que forman la mayoría de la población.

En su lucha por un país productivo y solidario, el principal objetivo del Frente Amplio es la construcción de una nueva organización del trabajo, sobre bases solidarias y en las que se resalte la cooperación y la exaltación de las relaciones de iguales entre sus iguales.

El pleno ejercicio del derecho al trabajo y su dignidad para el desarrollo integral del ser humano, para su liberación de las necesidades materiales básicas y el ejercicio del derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre, constituye un objetivo central de nuestro proyecto y motivo permanente de nuestra tarea.

Es imprescindible encarar con más fuerza la articulación entre el gobierno, los trabajadores y la comunidad; tanto en el plano departamental como en el ámbito nacional. La participación de trabajadores y usuarios en la conducción, definición y ejecución de políticas, y el contralor de la gestión pública, es una forma de transformar positivamente el relacionamiento del Estado y la sociedad civil. Todo lo cual, debe ir de la mano de la necesaria recuperación de los mejores valores éticos del trabajo y de los trabajadores, de la reafirmación de los principios de solidaridad y responsabilidad del trabajo, del respeto real a los fueros sindicales que no deben ser nunca privilegios al margen de las necesidades colectivas.

La defensa de las libertades y derechos sociales y sindicales es un elemento fundamental de la democracia. No debe seguir siendo avasallados tal como sucede hoy para la mayoría de los trabajadores.

A la hora de la actualización ideológica, los frenteamplistas sentimos el imperativo moral de preservar las mejores tradiciones de los compañeros que nos antecedieron y proyectarlas en una propuesta que abra nuevos horizontes al país y su gente.

6. El Frente Amplio una fuerza política al servicio de los uruguayos

El Frente Amplio es una fuerza política profundamente arraigada en el colectivo social, una herramienta de cambio y para los cambios progresistas al servicio del pueblo uruguayo. No nos conformamos con administrar el futuro sino que pretendemos liderarlo, construirlo colectivamente, entre todos, aportando nuestros valores, principios, experiencias y esperanzas como contribución a la superación de la sociedad uruguaya y el mejoramiento del país.

Una fuerza política esencialmente pluralista en que confluyen organizaciones y personas progresistas de distintos orígenes filosóficos, ideológicos y sociales, convencidos de la necesidad de promover e instrumentar cambios en la sociedad uruguaya que mejoren la vida de sus gente, recogiendo de la tradición y del ideario artiguista buena parte de su propuesta y su vocación de lucha transformadora.

Una fuerza política unitaria. La unidad sin exclusiones de la izquierda en torno a un programa y la construcción de una estructura para el trabajo común en función del objetivo compartido, es una experiencia histórica destacada y la razón última del crecimiento y el protagonismo adquirido por el Frente Amplio en el Uruguay a lo largo de sus treinta años de historia. La unidad en la diversidad ha sido un pilar fundamental en su desarrollo. Reafirmamos enérgicamente el original carácter de coalición y movimiento que es señal de identidad del FA desde su nacimiento. La vida ha confirmado muchas veces la eficacia de esta estructura aunque es preciso hacer de ella el análisis crítico que permita superar insuficiencias en aras del despliegue de toda su potencialidad. Es preciso destacar, una vez más, que esta estructura que es síntesis de vertientes diferentes, no sólo desde el punto de vista de los partidos que la integran sino desde el punto de vista de la participación ciudadana.

El Frente Amplio es una fuerza política con experiencia y vocación de gobierno al servicio de los cambios. A partir de 1989 la ciudadanía nos confió el gobierno municipal en la capital del país; responsabilidad y distinción refrendada consecutivamente en los próximos actos electorales por un número creciente de montevideanos. Así lo quiso en el año 1989 el 34 %, en el año 1994 el 44%, y en el año 2000 el 58% de los ciudadanos montevideanos.

El Frente Amplio en la Intendencia Municipal de Montevideo ha demostrado a lo largo de una década que hay otra forma de gobernar. Se ha transformado radicalmente el departamento a través de la implementación de tres líneas rectoras del programa presentado a la ciudadanía: la descentralización política y administrativa abriendo la participación social y política a los montevideanos con la intención manifiesta de compartir el poder con la sociedad y acercar la gestión pública al ciudadano; la implementación de un plan ambicioso de políticas sociales dirigidas a aquellos sectores que más lo necesitan con protagonismo de la población involucrada y articulando la experiencia acumulada en la sociedad sobre el enfoque integral de las mismas; y la aplicación de un plan de obras de fuerte impacto en la calidad de vida de los montevideanos, dentro del cual se destaca la extensión del servicio de saneamiento a prácticamente la mitad de la población del departamento que carecía de este servicio de salubridad e higiene ambiental básico.

Junto a ello, la justicia tributaria; la revalorización del espacio público; las políticas de viviendas con oferta de predios para su construcción mayoritariamente por la modalidad cooperativa; la preservación ambiental; el apoyo a la producción en el Montevideo Rural y el Mercado Modelo; la reforma de la gestión municipal a través de su informatización y nuevas modalidades de gestión de los recursos humanos y materiales; la cooperación internacional y la apuesta al desarrollo cultural y a la construcción de un imaginario colectivo de contenido progresista.

Hemos demostrado en los hechos que hay otra manera de hacer política y de gobernar. El ejercicio del diálogo y la articulación de las diversas realidades e intereses en beneficio del interés general, así como la transparencia en la gestión a través de un manejo del manejo de recursos, diversos mecanismos de control institucional y social, y la elaboración participativa del presupuesto; son señas de identidad de su experiencia de gobierno, que se diferencia claramente de los estilos de gobiernos practicados con anterioridad en el país.

El Frente Amplio es en definitiva una fuerza política que encarna una esperanza. Expresa el anhelo creciente de los uruguayos por construir un país más justo y solidario con oportunidades para todos.

Es por eso una fuerza política profundamente comprometida con la paz, la libertad, la democracia y la justicia, que convoca a recorrer juntos, el camino del cambio a la uruguaya y la transformación nacional.

7.Una causa común para todos los progresistas uruguayos
por un mejor país para un nuevo siglo

Somos una fuerza joven tenemos más sueños que recuerdos. Queremos hacer realidad nuestros sueños y sabemos que ello sólo será posible sobre bases de amplios y sólidos consensos políticos.

Hay una mayoría social que cree que es posible un Uruguay mejor y que vale la pena trabajar para construirlo. Paradójicamente, la aplicación dogmática del modelo neoliberal conservador y los gravísimos niveles de deterioro que han provocado en la estructura económica y social del Uruguay, han generado las condiciones para la concreción de acuerdos amplios para su derrota y superación. Ha crecido drásticamente el número de uruguayos afectados por la pobreza que a su vez afecta con más fuerza a jóvenes y niños.

Los trabajadores han sumado al problema de la reducción de sus ingresos, del salario real, problemas nuevos como el subempleo, el empleo precario sin prestaciones sociales básicas, y el crecimiento a niveles históricos del desempleo como problema central de nuestro tiempo.

Las capas medias vinculados a la industria, el agro y el comercio, las actividades del sector público y la educación, se han debilitado enormemente. La desarticulación del aparato productivo del país, la crisis por la que atraviesan esos los sectores mencionados, han aumentado la disconformidad con las políticas aplicadas durante los últimos años. Así mismo el deterioro del desarrollo del conocimiento y la investigación científica, han perjudicado a los sectores de intelectuales y profesionales de la educación. Al mismo tiempo, la carencia de políticas que afronten la superación de esos aspectos y de la nuevas problemáticas vinculadas a la ecológica y el deterioro del medio ambiente, la discriminación de género, étnica o sexual, los perjuicios que afectan a los consumidores, etc., han generado el surgimiento de nuevos actores en la sociedad civil que se nuclean en organizaciones no gubernamentales y de distinto tipo demandando soluciones y acciones concertadas ante esta realidad. El gran desafío es concretar la expresión política de la creciente voluntad de cambio en nuestra sociedad en torno a un programa de transformaciones.

Creemos en la necesidad de agrupar a todos los progresistas uruguayos en torno a esa causa común. La construcción del Encuentro Progresista como alternativa real, conformado por la confluencia de personas y sectores provenientes de las diversas tradiciones políticas e ideológicas del país, constituye una experiencia en ese sentido, y un camino a seguir.

La unidad de todos los sectores progresistas de nuestra sociedad en torno a un programa común para cambiar el país a favor del pueblo es la mayor conquista política de la izquierda uruguaya y un avance revolucionario hacia los cambios.

Esa unidad política en el marco de un pluralismo democrático a la interna y a la externa, por encima de ideologías y tradiciones, se articula en torno a los ejes programáticos prioritarios definidos claramente en el "Otro Programa" presentado a la ciudadanía en el marco de la campaña electoral de 1999:
· la justicia social, a través del desarrollo de políticas sociales integradas, de salud, educación, vivienda y seguridad social, articuladas en torno al objetivo de corregir las gravísimas e intolerables desigualdades de nuestra sociedad.
· El país productivo, mediante la implementación de políticas económicas (tributos, producción, comercio, inversión, investigación y tecnología) orientadas hacia el objetivo de apoyar al sector productivo a fin de crear fuentes de trabajo estables.
· La democratización de la sociedad y del Estado, con políticas hacia la cultura, seguridad, comunicaciones, medio ambiente, gestión estatal, que profundicen la democracia dentro del país con la mayor participación popular, y la política internacional orientada hacia la consecución de un orden mundial más justo.

Convocamos a la unidad de los progresistas en base a un programa de cambios cada vez más necesario para el país y los uruguayos, desde nuestra experiencia de trabajo junto a los uruguayos para ello, y en torno al compromiso con los valores esenciales de la justicia, la libertad la solidaridad y la búsqueda del progreso de nuestra gente.
Estamos convencidos de que otro mundo es posible, y de la necesidad de la unión de todos los progresistas para lograr un mejor país para el nuevo siglo.

Montevideo, setiembre de 2001.