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24.09.2001















Grandes Líneas de Acción Política del Frente Amplio


1.Un país en crisis y un modelo que se agota

El Gobierno de coalición blanca-colorada del Dr. Jorge Batlle.

Desde la salida de la dictadura, para no remontarnos más atrás en el tiempo, se han sucedido gobiernos colorados, blancos, colorados con apoyo blanco, y el gobierno de coalición colorado-blanca. La rotación de los partidos en el gobierno, lejos de significar rotación de políticas económicas y sociales, ha implicado, la continuidad de las políticas basadas en la ortodoxia neoliberal aplicadas cada vez con más fundamentalismo y menor sensibilidad ante la crisis productiva, el desempleo, la marginación y la pobreza. El mecanismo del balotaje electoral introducido en la Constitución de 1996, va dejando en total evidencia lo que hasta ese momento era una afirmación que admitía ser discutida y que hoy es una realidad. El sistema político uruguayo, roto el bipartidismo predominante en los dos siglos anteriores entre blancos y colorados, se dirige hacia un nuevo bipartidismo de modelos y de proyectos de país: uno conservador y defensor del statu quo, y otro progresista defensor de un proyecto nacional integrado al mundo a través de la región.

El gobierno de coalición de blancos y colorados, presidido por Jorge Batlle, representa a los sectores más directamente involucrados en la aplicación de la estrategia neoliberal y es la expresión más clara de la contradicción que significa el nuevo bipartidismo que impera en el Uruguay.

A partir de lo que ya habían hecho los anteriores gobiernos blanquicolorados, el doctor Batlle intensificó el ritmo con que se estaban encarando la apertura indiscriminada de nuestra economía, las privatizaciones y la entrega de patrimonio nacional al capital extranjero.

Al mismo tiempo, a través de una política internacional errática y por momentos improvisada, el Dr. Jorge Batlle parece pretender ser el operador de los intereses económicos transnacionales en la región, reafirmando su conocida posición reticente al MERCOSUR, favorable a la apertura indiscriminada de nuestra economía, y a la negociación bilateral con E.U.A. .

El gobierno descargó todo el peso de la crisis provocada por la aplicación de su modelo y agravada por aspectos coyunturales, sobre las grandes mayorías nacionales: el conjunto del pueblo y distintos sectores ligados a la producción que necesitan y apuestan al desarrollo soberano del país. Al mismo tiempo se optó por favorecer a un sector minoritario de la población. Como expresión de esos sectores asociados al capital financiero transnacional, al comercio de importación, etc. que destruyen el aparato productivo y cuestionan la viabilidad del país como tal, el actual gobierno está conduciendo al Uruguay a la mayor crisis conocida en los últimos tiempos.

El actual gobierno aparece hegemonizado por los sectores partidarios de la versión más radical del planteo neoliberal: la lista 15 liderada por el Dr. Jorge Batlle, y el herrerismo liderado por el Dr. Luis Alberto Lacalle., los principales defensores del impulso privatizador de los 90, que habían resistido al referéndum contra las privatizaciones de 1992 y habían sido derrotados.

En lo político, la disposición de dialogo con la oposición planteada por estos sectores, como actitud general o en torno a temas puntuales como el de la consideración de esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, la lucha contra el contrabando y algunos temas municipales -más allá de los aún limitados resultados obtenidos-, contrasta claramente con la postura asumida por el Foro Batllista y encabezada por el Dr. Julio María Sanguinetti.

Este sector ha asumido una actitud de desconocimiento de los derechos del 40% de los uruguayos que respaldó al Encuentro Progresista - Frente Amplio, en una confrontación permanente que apela a los peores recursos de la derecha uruguaya. Ello configura una postura de neto corte conservador y autoritario, dirigida a la polarización prolongada con nuestra fuerza política en torno a temas que no son relevantes para el país y priorizando la descalificación antes que el intercambio de ideas y la comparación de propuestas. Todo lo cual demuestra su creciente nerviosismo y la debilidad en que se encuentra ante el ascendente respaldo de la ciudadanía a nuestra fuerza política.

La característica del gobierno de coalición en su primer año de gestión reafirma la constatación de una voluntad expresa por esquivar o limitar el intercambio democrático y transparente sobre las orientaciones asumidas.

La táctica asumida por el conjunto de la coalición ha sido gobernar mediante leyes de urgencia, que conforman paquetes heterogéneos que incluyen reformas estructurales, privatizaciones de áreas claves, junto con un conjunto abigarrado de disposiciones. De esta forma el gobierno mantiene la iniciativa política y genera confusión en la opinión pública, evitando un debate serio sobre los temas de fondo , enmascarados en conglomerados de temas de muy diversa entidad. No hay visualización clara de la población sobre los debates parlamentarios. El propio Parlamento es retaceado en sus facultades mediante esta forma de gobierno que minimiza su papel, lo que llegó a límites inaceptables en el trámite del Presupuesto Nacional, en el que se incluyó en forma inconstitucional la venta del 40% de Ancel. Al mismo tiempo desde la presidencia se arrojan permanentemente temas al escenario público, en una política articulada estrechamente con los grandes medios de comunicación, para centralizar la atención de la población. El Dr. Jorge Batlle responde a la crisis y su incapacidad de brindar soluciones, recurriendo a la política gestual, que maneja con mucha habilidad: manipulación de los temas en consideración en la opinión pública, que desorienta a la población, escamoteando los verdaderos debates. Una táctica deliberada para desvincular la política de la situación económica y social que se agrava, fragmentando a los actores sociales que la padecen, y dificultando la acción colectiva para resistirla.


Crisis económica y emergencia social.

La política económica aplicada por los últimos gobiernos y ratificada por el actual, ha conducido al país por un camino que sólo puede llevar al agravamiento de la crisis. El deterioro productivo es cada vez más fuerte, al punto que ya no debe hablarse de recesión, sino de crisis, porque ha llevado al desmantelamiento del aparato productivo y a una situación de emergencia nacional.

La crisis se deriva precisamente del mantenimiento de la estructura económica vigente y del modelo económico aplicado para su conservación y afirmación. El continuismo, con mayor aceleración del ritmo, augura situaciones mucho más difíciles.

El Uruguay fue ajustando el patrón de apertura económica, comercial y financiera, insertando al país en la región y el mundo bajo modalidades de desarrollo capitalista, hegemónicas hoy día a escala planetaria. Dicho patrón de desarrollo redundó en economías exportadoras de productos tradicionales, de consumo interno importado, financiados por el capital extranjero. La deuda externa financia hoy el presupuesto estatal, el déficit comercial, la inversión, el consumo interno y el atraso cambiario. Sus consecuencias son claras: en el 2000 bajó el nivel de producción con respecto al año anterior, y ello arrastró a los principales sectores productivos(agro, industria, construcción, comercio, servicios de electricidad, agua y gas), se redujo la inversión pública y privada y disminuyó el consumo interno.

El ajuste estructural ha sido instalado en el país e intenta profundizarse. De nosotros depende transformar las condiciones sociales y políticas actuales a efectos de frenar ese ajuste y detener su profundización.

El desempleo actual que trepó a guarismos históricos en torno al 16%, así como la rebaja en el nivel de vida de los uruguayos, no es una consecuencia secundaria de la política económica impulsada por el gobierno. Por el contrario, forman parte esencial de la política económica. Son instrumentos fundamentales utilizados para la rebaja del llamado "costo país" en la que tanto insisten Batlle, Bensión y Davrieux.

Sus consecuencias son trágicas para el conjunto de la sociedad: se ha desmantelado gran parte de la industria y el comercio, han sido expulsado miles de productores rurales de la tierra en un proceso que todavía no ha terminado, y sobre todo se elevó la cifra de desempleo, subempleo y empleo precario e informal colocando a más de 600.000 uruguayos con serios problemas de trabajo.

Quedaron por el camino las grandes concentraciones fabriles, contribuyendo así a desestructurar el tejido social y laboral. Simultáneamente fue creciendo un sector de servicios y de economía informal en el que se perciben bajísimos ingresos, se trabaja en negro o mediante formas tercerizadas. Se desarrolló la práctica de la producción a façon a un nivel muy superior al que siempre existió en nuestro país, y ello redundó en una nueva forma de flexibilización y desregulación productiva.

Nunca como ahora se cuestionaron tanto los logros obtenidos por los trabajadores. Se están produciendo violaciones a las normas de trabajo establecidas en el país que tienen un carácter alarmante.

Todo ello se sostiene a partir de la situación de desempleo que el mismo gobierno creó con su política económica, social, laboral y salarial, y que ambientan la impunidad de algunas patronales. El desempleo y la inseguridad son las condiciones necesarias para la aplicación del modelo actual.

Son alarmantes también las consecuencias para el resto de la sociedad: la transformación de la desocupación en marginación y exclusión social; la infantilización de la pobreza, que ha alcanzado al 50% de los niños de nuestro país; la privación de seguridad social para sectores crecientes de la población; el profundo deterioro de la salud y la educación pública; la precarización de la vivienda y el desarrollo de los llamados "asentamientos irregulares",

2. Oposición y Propuesta.

Plan de Emergencia y Construcción del Frente Social Alternativo.

Ante esta situación el Frente Amplio debe continuar desarrollando una estrategia que apueste al fortalecimiento de la lucha social y política, en torno a propuestas alternativas que permitan concretar la reactivación productiva que el país necesita y la superación de la emergencia social. Es necesaria una fuerte orientación de diálogo, de intercambio, de apoyo y elaboración conjunta con las organizaciones sociales nuevas y viejas. Requiere capacidad de escuchar y una actitud atenta frente a las nuevas realidades. La gestación de esos vínculos cada vez más profundos es una condición fundamental para la acción política de la izquierda, desde la oposición y desde el gobierno. Por allí, la confrontación política y programática con la derecha tiene un cauce para ensancharse. En la continuidad y contundencia de los esfuerzos que realicemos en este plano se juega el éxito de la estrategia de crecimiento del Encuentro Progresista-Frente Amplio, y su arraigo creciente en la población.

Uno de los ejes principales de acción en esta etapa, es el aislamiento tanto social como político del gobierno, para imponer cambios en su política económica. Ello se viabiliza impulsando, profundizando y difundiendo nuestro "Plan de emergencia", y promoviendo la conformación de mecanismos permanentes de diálogo a nivel intersocial, con o sin intervención de los sectores políticos, para coordinar acciones y concertar un conjunto básico de planteos para una nueva Política Económica.

Como frenteamplistas, profundamente comprometidos con la situación del Uruguay y su gente sentimos la imperiosa necesidad de buscar y encontrar soluciones a los problemas inmediatos de los uruguayos -especialmente de aquellos más postergados, marginados y excluidos, y todos los que no pueden esperar para superar su situación.

Reivindicamos, por lo tanto, nuestros planteos realizados sobre la emergencia social ,que debemos impulsar a partir de la organización de los mismos interesados, comprometiendo nuestros esfuerzos -desde la dirección a los comités de base- para reclamar soluciones a sus principales urgencias.

En ese sentido, el IV Congreso del Frente Amplio ratifica en todos sus términos, el contenido del Plan de Contingencia Social contenido en el Plan de Emergencia.

Al mismo tiempo, es necesario intensificar las acciones del Frente Amplio junto a la lucha emprendida por importantes sectores de trabajadores para mantener sus fuentes de trabajo y sus puestos de empleo, la lucha por el salario y por mejores condiciones de trabajo, y contra los abusos que cada vez más se cometen contra los trabajadores.

Pero no habrá superación profunda de la situación social si no hay una modificación sustancial e inmediata de la política económica que genere la reactivación productiva imprescindible para ello.

Constatamos el agotamiento de un modelo de política económica, que sólo pudo mantenerse en el marco de condiciones externas muy favorables. Retiradas éstas, la realidad nos muestra las adversas consecuencias que tuvo para el país su prolongada y empecinada aplicación. Sin embargo, observamos con inquietud que se buscan soluciones insistiendo en el mismo modelo. Asimismo, que se han desmantelado los canales de diálogo del gobierno con la mayoría de los sectores productivos, cuando la búsqueda de un entendimiento nacional es clave para encontrar salidas. Ha quedado demostrado que el camino transitado termina en la inviabilidad del país para dar empleo digno a su población. Por lo tanto proponemos que se reconozca la necesidad de avanzar en otro sentido. Dentro del modelo y mucho menos profundizándolo, no existen respuestas para la emergencia económica ni para la emergencia social.

Nuestra fuerza política, de cara a la superación de esta situación, presentó a los sectores sociales y a los actores con responsabilidad política, un conjunto de medidas concretas para la reactivación productiva, contenidas en nuestro Plan de Emergencia que el IV Congreso del FA ratifica en todos sus término.

Nuestra respuesta frente al dogmatismo neoliberal fue responsable, al punto de considerar todas las limitaciones que, a nuestro pesar, existen a la hora de buscar soluciones.

Estas medidas sirven para nuestra política de relacionamiento con la sociedad -como lo demostró la presentación pública de la propuesta el pasado 18 de julio-, y serán la base para construir, fortalecer y desarrollar el frente social opositor a la política económica y social del gobierno de coalición.

En la coyuntura a su vez, y considerando las perspectivas económicas, resulta indispensable favorecer los intereses de los desempleados, de los trabajadores amenazados con perder su empleo a menos que reduzcan su salario, de los pequeños productores y comerciantes y, en general, de los sectores de la producción nacional que son generadores de empleo genuino y que actualmente se encuentran afectados por la falta total de protección con respecto a los competidores del exterior.

La construcción del frente social, por lo tanto, pasa a ser uno de los principales ejes estratégicos del FA. Ello tiene que ser asumido por el conjunto de los frenteamplistas, en el entendido que ello trasciende la práctica parlamentaria y el accionar desde la dirección del FA.

También se requiere seguir desarrollando la política de relacionamiento y de acuerdos con las organizaciones sociales, especialmente con el PIT-CNT, en la búsqueda de una plataforma común y, sobre todo, de una mayor coordinación en las prácticas a desarrollar.

En la búsqueda de acciones comunes, el Consejo Nacional de Economía, es un instrumento idóneo para desarrollar acuerdos tendientes a modificar la política económica, y en ese sentido ha sido propuesto por nuestra fuerza política y diversas organizaciones sociales.

Un cambio en las políticas económicas y sociales sin embargo, va más allá de medidas de corto plazo como las que proponemos en nuestro Plan de Emergencia. Requiere transformaciones de fondo que privilegien el interés, la producción y el trabajo nacional. Requiere inversiones públicas y privadas, para lo cual hay que afianzar la estabilidad, y mejorar la rentabilidad, a partir de la inversión tecnológica, una nueva política crediticia y mejores condiciones de comercialización en función del interés general.

En este contexto, al Sector Público no sólo le asignamos la responsabilidad de la conducción de la economía a través del diseño de políticas, sino la de asumir su rol de único agente capaz de iniciar y dinamizar el proceso de inversión, que permita la recuperación, el crecimiento y el desarrollo.

El cambio en las políticas también se debe reflejar en la actitud hacia el MERCOSUR como instrumento ya aprobado de una estrategia más amplia de integración regional. En el mundo actual caracterizado por la acción global del capital financiero, por la presencia directa en casi todos los países del mundo de empresas trasnacionales que buscan rentabilidad y mano de obra barata, por la coexistencia y competencia de grandes bloques económicos mundiales, un país como Uruguay debe propiciar la integración a un espacio económico mayor, implementando desde allí su relación con el mundo. Por eso serán necesarias políticas más decididas de fortalecimiento del MERCOSUR, sin dudas, con iniciativas políticas, defendiendo al mismo tiempo la producción nacional y la inserción y fortalecimiento regional. Para ello será necesario el fortalecimiento de espacios de coordinación supranacional de políticas económicas y sociales y su ampliación hacia otros países de la región que impidan que el peso de Brasil y Argentina y, sus acuerdos bilaterales desnaturalicen el proceso.


Defensa del Patrimonio Nacional y campaña de Referéndum por ANTEL.

La entrega de riquezas nacionales y de patrimonio, es uno de los aspectos centrales de la política económica del gobierno de coalición: el pueblo oriental, desde 1992 a la fecha y con variado éxito, ha venido dando dura batalla contra esa entrega. Hemos alcanzado importantes victorias y sufrido importantes derrotas. El gobierno, por su parte, ha buscado y encontrado las formas de atenuar sus derrotas, buscando nuevas formas de privatizar: tercerizaciones, asociaciones, cesión de servicios... y ello ha influido negativamente en la población que siente que, más allá de los pronunciamientos populares sobre el tema, las privatizaciones se extienden cada vez más, lo que se está agravando en la actualidad, pues el gobierno ha incrementado y acelerado el ritmo de las mismas.-

En este marco es imprescindible redoblar los esfuerzos en la defensa del patrimonio nacional y fijar claramente la táctica y la estrategia. Pensamos que hay que tomar en cuenta tres aspectos distintos y complementarios: la movilización popular; la acción parlamentaria, y el ejercicio de la democracia directa. Esta última, prevee la utilización de tres mecanismos: el referéndum, la iniciativa popular y la reforma constitucional. No renunciamos a utilizar ninguno de los tres quedando en el ámbito del Plenario Nacional y la Mesa Política el momento, la forma y el contenido en los que se podrán promover.

En el corto plazo, estamos comprometidos con la puesta en práctica de la iniciativa popular, y en lo inmediato, estamos trabajando por la derogación de los artículos 612 y 613 del Presupuesto Nacional, que es el desafío y la tarea central de todos los frenteamplistas .

La detención de la enajenación o transferencia del Patrimonio Nacional y defensa en general de las Empresas Públicas es uno de nuestros ejes políticos fundamentales. Y en esta etapa ello se manifiesta básicamente en la recolección de firmas por ANTEL en la medida que se ha convertido prácticamente en la oportunidad de dar un "parate" a la ofensiva privatizadora-desmonopolizadora que sobre dichos Entes ha desatado el actual gobierno.

En relación a la Iniciativa Popular, la Comisión Integrada de Programa del Encuentro Progresista - Frente Amplio está elaborando una propuesta sobre la base de 4 capítulos: Defensa del patrimonio nacional; Defensa de la Producción Nacional; Defensa del empleo y el Ingreso Familiar; y Políticas sociales, lo que constituye una base para continuar trabajando, no sólo en la elaboración, sino sobre todo en la tarea de tejer una extensa red social de respaldo a la misma.

Es imprescindible seguir desarrollando nuestra posición ante el sistema financiero y, particularmente, reelaborar las políticas hacia la banca estatal y privada en beneficio de la mayor transparencia del sistema y del desarrollo productivo del país.

Cada vez corre más riesgo el futuro del Banco República al que pretenden descapitalizar y dividir erosionando su capacidad de financiar el desarrollo de la producción y el consumo nacional. También el Banco Hipotecario del Uruguay, está fuertemente afectado y en proceso acelerado de descapitalización en desmedro de los objetivos para los que fue creado. Similar situación afecta al Banco de Seguros del Estado del cual se intenta transferir a la actividad privada servicios esenciales, que son de interés general para toda la sociedad. .

Asímismo, la defensa de la tierra es un aspecto central en la defensa de nuestro patrimonio nacional. El Frente Amplio considera que debe revertirse el proceso de extranjerización de la propiedad de la tierra y debe ayudar a que se mantengan en manos de los productores que la han usado con fines productivos. y que se ha comprobado que están a punto de perderla como consecuencia de la política económica del gobierno.


La búsqueda de la verdad.

El actual período de gobierno debe arrojar resultados concretos que signifiquen la conquista de la verdad sobre la suerte de los uruguayos detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar; sin perjuicio de los resultados de las acciones que se vienen llevando adelante ante el Poder Judicial, a cuyo pronunciamiento nos atendremos en el marco del respeto de su independencia.

La obtención de la verdad supone cumplir con un imperativo ético, humanitario y legal de todo la sociedad uruguaya, y en especial del gobierno.

La actitud del Frente Amplio ha sido clara y contundente en este sentido a través de los pronunciamientos de su dirección política ante los distintos aspectos planteados en torno al tema de los derechos humanos.

En primer lugar el reclamo al cumplimiento irrestricto del artículo 4º de la Ley de Caducidad.

En segundo lugar considerar que la instalación de la Comisión para la Paz y el trabajo que ha realizado hasta el momento, han significado avances con respecto a situaciones anteriores a su constitución en relación al objetivo fundamental de esclarecer la situación de los ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos. El Frente Amplio, en consonancia con lo expresado por los familiares de estos, respalda el trabajo realizado y el que en la misma orientación realice la Comisión en el futuro.

En tercer lugar, ante los reclamos de colaboración de la justicia provenientes del ámbito internacional relativos a las violaciones a los derechos humanos, reafirma su histórico compromiso con la vigencia de una sociedad democrática y por esa razón, bregará sin limitaciones para hacer prevalecer el respeto a la justicia y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

Coherentes con los principios de justicia levantados por el Frente Amplio promoveremos activamente la ratificación parlamentaria de los acuerdos internacionales que establecen la creación de la Corte Penal Internacional.

3. El Frente Amplio: una fuerza con experiencia y vocación de gobierno

La construcción de las mayorías para el cambio.

El cambio de mediano y largo plazo de las políticas económicas y sociales, el cambio del modelo, sólo es posible a través de un cambio radical de partidos en el gobierno apoyado en los respaldos sociales que sustenten el proyecto alternativo.

Sólo un gobierno de corte progresista podrá implementar un proyecto político que contenga políticas económicas y sociales diferentes a las vigentes, alternativas a las que se han implementado en el país durante las últimas décadas del siglo pasado y que, a pesar de los catastróficos resultados obtenidos, el primer gobierno del siglo XXI pretende seguir instrumentando.

Para nuestra fuerza política en esta etapa, el objetivo principal sigue siendo ganar las elecciones nacionales y acceder a la Presidencia de la República para comenzar a instrumentar el proyecto político progresista que el país y su gente necesitan. Ello deberá complementarse por el acceso a gobiernos departamentales del Interior del país, así como (d)el mantenimiento y aún el aumento de la primacía en Montevideo.

Tan importante como ganar las elecciones será la capacidad de gobernar. No solo desde el punto de vista de la "capacidad intelectual" de elaborar programas y políticas alternativas -lo cual hemos demostrado a través del Gobierno de Montevideo, o de los proyectos coyunturales que hemos puesto a consideración de la ciudadanía, de los sectores sociales organizados e incluso de los sectores políticos de gobierno-; sino de la capacidad de generar los apoyos políticos y sociales que den respaldo al gobierno y a los cambios.
Para ganar las elecciones, y luego gobernar a través de los importantes cambios en la política económica y social que requerirá la implementación del proyecto alternativo, será necesario acumular fuerzas en lo social, en lo electoral y en lo político. Será necesario incrementar significativamente el apoyo con que cuenta hoy el Encuentro Progresista - Frente Amplio en la sociedad, de manera de contar con un sólido respaldo parlamentario que sea un verdadero reflejo de nuevas mayorías sociales y políticas.

El Frente Amplio y el Encuentro Progresista han estado y están abiertos a conjuntar esfuerzos con otras fuerzas que persigan los mismos objetivos, sobre la base de acuerdos programáticos concretos e instrumentos que permitan votar juntos a quienes piensan igual.

Tal como lo expresara el Presidente de nuestra fuerza política ante el Plenario Nacional, "las elecciones no se ganan o se pierden en función de tres o cuatro meses de campaña electoral; sino que los resultados electorales son la culminación de procesos políticos mucha mas extensos y profundos que la campaña en sí" En ese sentido todas las acciones, tareas, planteos políticos o programáticos que se desarrollen en la etapa, son parte integrante de una única estrategia para acceder al gobierno y luego gobernar.

Luchar por la victoria popular en el 2004 supone gestar desde ahora los protagonistas colectivos e ir construyendo el respaldo y la participación popular imprescindibles.

La lucha por llegar al gobierno, no puede separarse de nuestra acción cotidiana por encontrar soluciones a los problemas inmediatos de la gente, por frenar la política económica y por detener la entrega del patrimonio nacional. Es más, son aspectos distintos de una misma lucha que se relacionan y se entrecruzan continuamente. Nadie puede pretender ganar a distintos sectores afectados por la política actual si no trata de reflejarlos cada día, en la defensa por sus intereses inmediatos. Nadie puede tampoco, pretender ganar seriamente a esos mismos sectores, si no tiene la capacidad de demostrar que para la puesta en práctica de sus reivindicaciones esenciales, se requiere disponer de los resortes de poder que sólo da el ejercicio del gobierno.

El contacto directo con la gente, a su vez, resulta fundamental para el logro de los objetivos planteados. Las movilizaciones Pueblo a Pueblo a lo largo y ancho de todo el país, así como las Barrio a Barrio que habrá que instrumentar, son la mejor forma de hacerle llegar nuestra propuesta al conjunto de los uruguayos.


Fortalecimiento del FA y su relación con la gente.

El logro de los objetivos planteados, requiere una fuerza política fuerte que canalice los esfuerzos colectivos. La capacidad del Frente Amplio para crecer como fuerza política y a la vez gestar y fortalecer los más amplios acuerdos sociales y políticos sigue siendo el nudo gordiano de la situación. Un creciente número de ciudadanos desencantados, abandonan los partidos tradicionales y se acercan a nuestra fuerza. Eso fue característico en las últimas elecciones y todo indica que lo seguirá siendo en el futuro. Nuevos sectores sociales buscan salidas ante la amenaza de inviabilidad de sus medios de vida y miran esperanzadas hacia el Frente Amplio y hacia el Encuentro Progresista.

La generación de una propuesta amplia, y la creación de un clima de confianza en nuestra capacidad para dar nacimiento a un gobierno nacional, popular y democrático por primera vez en la historia del país, constituye el desafío central de nuestra fuerza política.

La identidad del Frente Amplio es nítida y gracias a ella creció hasta constituirse en la fuerza política más importante del país. Cientos de miles de asalariados, de masas empobrecidas, de desocupados, excluidos, y amplios sectores vinculados a la producción, exigen de nuestra fuerza el irrenunciable compromiso de velar por su suerte, y apenas instalado el gobierno abocarnos, sin la menor demora, a la solución de sus problemas.

Deberemos conjugar la relación dialéctica entre la amplitud y profundidad de nuestra acción en la principal tarea a resolver: modificar profundamente la relación de fuerzas y desplazar al bloque neoliberal en el poder.

Todo ello exige un Frente Amplio participativo. Su condición de coalición y movimiento, en el marco indispensable de la unidad en la diversidad y sin exclusiones, constituye el pilar fundamental. Deben fortalecerse sus sectores políticos integrantes y las estructuras de base, las que deben volcar lo mejor de sus esfuerzos para atraer a miles de ciudadanos independientes e integrarlos a los Comités de Base y a los diversos espacios orgánicos de participación.

La descentralización en nuestra fuerza política es a su vez un aspecto fundamental. Significa aprovechar todo su potencial humano para alcanzar las metas planteadas. Supone abrir las puertas de nuestra organización para dar cabida a la creatividad política de todos sus integrantes, y también, asumir el logro de un mayor desarrollo en todo el país como desafío estratégico fundamental. Es necesario fortalecer el trabajo en el interior para ganar el gobierno nacional. Esto será posible en la medida que apostemos al crecimiento y el desarrollo político de nuestros compañeros, alentando y apoyando sus propias elaboraciones, en el marco de los lineamientos políticos que nos hemos fijado en forma orgánica y democrática para el conjunto de nuestra fuerza.

Un Frente participativo, activo y consciente será garantía de triunfo, y se constituirá en el principal apoyo del gobierno nacional, popular y democrático que queremos para nuestro país y de la aplicación de su programa de cambios por el que trabajamos.





 


 






 

 



 





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