Grandes
Líneas de Acción Política del Frente Amplio
1.Un país en crisis y un modelo que se agota
El Gobierno
de coalición blanca-colorada del Dr. Jorge Batlle.
Desde la salida
de la dictadura, para no remontarnos más atrás en
el tiempo, se han sucedido gobiernos colorados, blancos, colorados
con apoyo blanco, y el gobierno de coalición colorado-blanca.
La rotación de los partidos en el gobierno, lejos de significar
rotación de políticas económicas y sociales,
ha implicado, la continuidad de las políticas basadas en
la ortodoxia neoliberal aplicadas cada vez con más fundamentalismo
y menor sensibilidad ante la crisis productiva, el desempleo, la
marginación y la pobreza. El mecanismo del balotaje electoral
introducido en la Constitución de 1996, va dejando en total
evidencia lo que hasta ese momento era una afirmación que
admitía ser discutida y que hoy es una realidad. El sistema
político uruguayo, roto el bipartidismo predominante en los
dos siglos anteriores entre blancos y colorados, se dirige hacia
un nuevo bipartidismo de modelos y de proyectos de país:
uno conservador y defensor del statu quo, y otro progresista defensor
de un proyecto nacional integrado al mundo a través de la
región.
El gobierno
de coalición de blancos y colorados, presidido por Jorge
Batlle, representa a los sectores más directamente involucrados
en la aplicación de la estrategia neoliberal y es la expresión
más clara de la contradicción que significa el nuevo
bipartidismo que impera en el Uruguay.
A partir de
lo que ya habían hecho los anteriores gobiernos blanquicolorados,
el doctor Batlle intensificó el ritmo con que se estaban
encarando la apertura indiscriminada de nuestra economía,
las privatizaciones y la entrega de patrimonio nacional al capital
extranjero.
Al mismo tiempo,
a través de una política internacional errática
y por momentos improvisada, el Dr. Jorge Batlle parece pretender
ser el operador de los intereses económicos transnacionales
en la región, reafirmando su conocida posición reticente
al MERCOSUR, favorable a la apertura indiscriminada de nuestra economía,
y a la negociación bilateral con E.U.A. .
El gobierno
descargó todo el peso de la crisis provocada por la aplicación
de su modelo y agravada por aspectos coyunturales, sobre las grandes
mayorías nacionales: el conjunto del pueblo y distintos sectores
ligados a la producción que necesitan y apuestan al desarrollo
soberano del país. Al mismo tiempo se optó por favorecer
a un sector minoritario de la población. Como expresión
de esos sectores asociados al capital financiero transnacional,
al comercio de importación, etc. que destruyen el aparato
productivo y cuestionan la viabilidad del país como tal,
el actual gobierno está conduciendo al Uruguay a la mayor
crisis conocida en los últimos tiempos.
El actual gobierno
aparece hegemonizado por los sectores partidarios de la versión
más radical del planteo neoliberal: la lista 15 liderada
por el Dr. Jorge Batlle, y el herrerismo liderado por el Dr. Luis
Alberto Lacalle., los principales defensores del impulso privatizador
de los 90, que habían resistido al referéndum contra
las privatizaciones de 1992 y habían sido derrotados.
En lo político,
la disposición de dialogo con la oposición planteada
por estos sectores, como actitud general o en torno a temas puntuales
como el de la consideración de esclarecimiento de violaciones
a los derechos humanos, la lucha contra el contrabando y algunos
temas municipales -más allá de los aún limitados
resultados obtenidos-, contrasta claramente con la postura asumida
por el Foro Batllista y encabezada por el Dr. Julio María
Sanguinetti.
Este sector
ha asumido una actitud de desconocimiento de los derechos del 40%
de los uruguayos que respaldó al Encuentro Progresista -
Frente Amplio, en una confrontación permanente que apela
a los peores recursos de la derecha uruguaya. Ello configura una
postura de neto corte conservador y autoritario, dirigida a la polarización
prolongada con nuestra fuerza política en torno a temas que
no son relevantes para el país y priorizando la descalificación
antes que el intercambio de ideas y la comparación de propuestas.
Todo lo cual demuestra su creciente nerviosismo y la debilidad en
que se encuentra ante el ascendente respaldo de la ciudadanía
a nuestra fuerza política.
La característica
del gobierno de coalición en su primer año de gestión
reafirma la constatación de una voluntad expresa por esquivar
o limitar el intercambio democrático y transparente sobre
las orientaciones asumidas.
La táctica
asumida por el conjunto de la coalición ha sido gobernar
mediante leyes de urgencia, que conforman paquetes heterogéneos
que incluyen reformas estructurales, privatizaciones de áreas
claves, junto con un conjunto abigarrado de disposiciones. De esta
forma el gobierno mantiene la iniciativa política y genera
confusión en la opinión pública, evitando un
debate serio sobre los temas de fondo , enmascarados en conglomerados
de temas de muy diversa entidad. No hay visualización clara
de la población sobre los debates parlamentarios. El propio
Parlamento es retaceado en sus facultades mediante esta forma de
gobierno que minimiza su papel, lo que llegó a límites
inaceptables en el trámite del Presupuesto Nacional, en el
que se incluyó en forma inconstitucional la venta del 40%
de Ancel. Al mismo tiempo desde la presidencia se arrojan permanentemente
temas al escenario público, en una política articulada
estrechamente con los grandes medios de comunicación, para
centralizar la atención de la población. El Dr. Jorge
Batlle responde a la crisis y su incapacidad de brindar soluciones,
recurriendo a la política gestual, que maneja con mucha habilidad:
manipulación de los temas en consideración en la opinión
pública, que desorienta a la población, escamoteando
los verdaderos debates. Una táctica deliberada para desvincular
la política de la situación económica y social
que se agrava, fragmentando a los actores sociales que la padecen,
y dificultando la acción colectiva para resistirla.
Crisis económica y emergencia social.
La política
económica aplicada por los últimos gobiernos y ratificada
por el actual, ha conducido al país por un camino que sólo
puede llevar al agravamiento de la crisis. El deterioro productivo
es cada vez más fuerte, al punto que ya no debe hablarse
de recesión, sino de crisis, porque ha llevado al desmantelamiento
del aparato productivo y a una situación de emergencia nacional.
La crisis se
deriva precisamente del mantenimiento de la estructura económica
vigente y del modelo económico aplicado para su conservación
y afirmación. El continuismo, con mayor aceleración
del ritmo, augura situaciones mucho más difíciles.
El Uruguay fue
ajustando el patrón de apertura económica, comercial
y financiera, insertando al país en la región y el
mundo bajo modalidades de desarrollo capitalista, hegemónicas
hoy día a escala planetaria. Dicho patrón de desarrollo
redundó en economías exportadoras de productos tradicionales,
de consumo interno importado, financiados por el capital extranjero.
La deuda externa financia hoy el presupuesto estatal, el déficit
comercial, la inversión, el consumo interno y el atraso cambiario.
Sus consecuencias son claras: en el 2000 bajó el nivel de
producción con respecto al año anterior, y ello arrastró
a los principales sectores productivos(agro, industria, construcción,
comercio, servicios de electricidad, agua y gas), se redujo la inversión
pública y privada y disminuyó el consumo interno.
El ajuste estructural
ha sido instalado en el país e intenta profundizarse. De
nosotros depende transformar las condiciones sociales y políticas
actuales a efectos de frenar ese ajuste y detener su profundización.
El desempleo
actual que trepó a guarismos históricos en torno al
16%, así como la rebaja en el nivel de vida de los uruguayos,
no es una consecuencia secundaria de la política económica
impulsada por el gobierno. Por el contrario, forman parte esencial
de la política económica. Son instrumentos fundamentales
utilizados para la rebaja del llamado "costo país"
en la que tanto insisten Batlle, Bensión y Davrieux.
Sus consecuencias
son trágicas para el conjunto de la sociedad: se ha desmantelado
gran parte de la industria y el comercio, han sido expulsado miles
de productores rurales de la tierra en un proceso que todavía
no ha terminado, y sobre todo se elevó la cifra de desempleo,
subempleo y empleo precario e informal colocando a más de
600.000 uruguayos con serios problemas de trabajo.
Quedaron por
el camino las grandes concentraciones fabriles, contribuyendo así
a desestructurar el tejido social y laboral. Simultáneamente
fue creciendo un sector de servicios y de economía informal
en el que se perciben bajísimos ingresos, se trabaja en negro
o mediante formas tercerizadas. Se desarrolló la práctica
de la producción a façon a un nivel muy superior al
que siempre existió en nuestro país, y ello redundó
en una nueva forma de flexibilización y desregulación
productiva.
Nunca como ahora
se cuestionaron tanto los logros obtenidos por los trabajadores.
Se están produciendo violaciones a las normas de trabajo
establecidas en el país que tienen un carácter alarmante.
Todo ello se
sostiene a partir de la situación de desempleo que el mismo
gobierno creó con su política económica, social,
laboral y salarial, y que ambientan la impunidad de algunas patronales.
El desempleo y la inseguridad son las condiciones necesarias para
la aplicación del modelo actual.
Son alarmantes
también las consecuencias para el resto de la sociedad: la
transformación de la desocupación en marginación
y exclusión social; la infantilización de la pobreza,
que ha alcanzado al 50% de los niños de nuestro país;
la privación de seguridad social para sectores crecientes
de la población; el profundo deterioro de la salud y la educación
pública; la precarización de la vivienda y el desarrollo
de los llamados "asentamientos irregulares",
2. Oposición
y Propuesta.
Plan de Emergencia
y Construcción del Frente Social Alternativo.
Ante esta situación
el Frente Amplio debe continuar desarrollando una estrategia que
apueste al fortalecimiento de la lucha social y política,
en torno a propuestas alternativas que permitan concretar la reactivación
productiva que el país necesita y la superación de
la emergencia social. Es necesaria una fuerte orientación
de diálogo, de intercambio, de apoyo y elaboración
conjunta con las organizaciones sociales nuevas y viejas. Requiere
capacidad de escuchar y una actitud atenta frente a las nuevas realidades.
La gestación de esos vínculos cada vez más
profundos es una condición fundamental para la acción
política de la izquierda, desde la oposición y desde
el gobierno. Por allí, la confrontación política
y programática con la derecha tiene un cauce para ensancharse.
En la continuidad y contundencia de los esfuerzos que realicemos
en este plano se juega el éxito de la estrategia de crecimiento
del Encuentro Progresista-Frente Amplio, y su arraigo creciente
en la población.
Uno de los ejes
principales de acción en esta etapa, es el aislamiento tanto
social como político del gobierno, para imponer cambios en
su política económica. Ello se viabiliza impulsando,
profundizando y difundiendo nuestro "Plan de emergencia",
y promoviendo la conformación de mecanismos permanentes de
diálogo a nivel intersocial, con o sin intervención
de los sectores políticos, para coordinar acciones y concertar
un conjunto básico de planteos para una nueva Política
Económica.
Como frenteamplistas,
profundamente comprometidos con la situación del Uruguay
y su gente sentimos la imperiosa necesidad de buscar y encontrar
soluciones a los problemas inmediatos de los uruguayos -especialmente
de aquellos más postergados, marginados y excluidos, y todos
los que no pueden esperar para superar su situación.
Reivindicamos,
por lo tanto, nuestros planteos realizados sobre la emergencia social
,que debemos impulsar a partir de la organización de los
mismos interesados, comprometiendo nuestros esfuerzos -desde la
dirección a los comités de base- para reclamar soluciones
a sus principales urgencias.
En ese sentido,
el IV Congreso del Frente Amplio ratifica en todos sus términos,
el contenido del Plan de Contingencia Social contenido en el Plan
de Emergencia.
Al mismo tiempo,
es necesario intensificar las acciones del Frente Amplio junto a
la lucha emprendida por importantes sectores de trabajadores para
mantener sus fuentes de trabajo y sus puestos de empleo, la lucha
por el salario y por mejores condiciones de trabajo, y contra los
abusos que cada vez más se cometen contra los trabajadores.
Pero no habrá
superación profunda de la situación social si no hay
una modificación sustancial e inmediata de la política
económica que genere la reactivación productiva imprescindible
para ello.
Constatamos
el agotamiento de un modelo de política económica,
que sólo pudo mantenerse en el marco de condiciones externas
muy favorables. Retiradas éstas, la realidad nos muestra
las adversas consecuencias que tuvo para el país su prolongada
y empecinada aplicación. Sin embargo, observamos con inquietud
que se buscan soluciones insistiendo en el mismo modelo. Asimismo,
que se han desmantelado los canales de diálogo del gobierno
con la mayoría de los sectores productivos, cuando la búsqueda
de un entendimiento nacional es clave para encontrar salidas. Ha
quedado demostrado que el camino transitado termina en la inviabilidad
del país para dar empleo digno a su población. Por
lo tanto proponemos que se reconozca la necesidad de avanzar en
otro sentido. Dentro del modelo y mucho menos profundizándolo,
no existen respuestas para la emergencia económica ni para
la emergencia social.
Nuestra fuerza
política, de cara a la superación de esta situación,
presentó a los sectores sociales y a los actores con responsabilidad
política, un conjunto de medidas concretas para la reactivación
productiva, contenidas en nuestro Plan de Emergencia que el IV Congreso
del FA ratifica en todos sus término.
Nuestra respuesta
frente al dogmatismo neoliberal fue responsable, al punto de considerar
todas las limitaciones que, a nuestro pesar, existen a la hora de
buscar soluciones.
Estas medidas
sirven para nuestra política de relacionamiento con la sociedad
-como lo demostró la presentación pública de
la propuesta el pasado 18 de julio-, y serán la base para
construir, fortalecer y desarrollar el frente social opositor a
la política económica y social del gobierno de coalición.
En la coyuntura
a su vez, y considerando las perspectivas económicas, resulta
indispensable favorecer los intereses de los desempleados, de los
trabajadores amenazados con perder su empleo a menos que reduzcan
su salario, de los pequeños productores y comerciantes y,
en general, de los sectores de la producción nacional que
son generadores de empleo genuino y que actualmente se encuentran
afectados por la falta total de protección con respecto a
los competidores del exterior.
La construcción
del frente social, por lo tanto, pasa a ser uno de los principales
ejes estratégicos del FA. Ello tiene que ser asumido por
el conjunto de los frenteamplistas, en el entendido que ello trasciende
la práctica parlamentaria y el accionar desde la dirección
del FA.
También
se requiere seguir desarrollando la política de relacionamiento
y de acuerdos con las organizaciones sociales, especialmente con
el PIT-CNT, en la búsqueda de una plataforma común
y, sobre todo, de una mayor coordinación en las prácticas
a desarrollar.
En la búsqueda
de acciones comunes, el Consejo Nacional de Economía, es
un instrumento idóneo para desarrollar acuerdos tendientes
a modificar la política económica, y en ese sentido
ha sido propuesto por nuestra fuerza política y diversas
organizaciones sociales.
Un cambio en
las políticas económicas y sociales sin embargo, va
más allá de medidas de corto plazo como las que proponemos
en nuestro Plan de Emergencia. Requiere transformaciones de fondo
que privilegien el interés, la producción y el trabajo
nacional. Requiere inversiones públicas y privadas, para
lo cual hay que afianzar la estabilidad, y mejorar la rentabilidad,
a partir de la inversión tecnológica, una nueva política
crediticia y mejores condiciones de comercialización en función
del interés general.
En este contexto,
al Sector Público no sólo le asignamos la responsabilidad
de la conducción de la economía a través del
diseño de políticas, sino la de asumir su rol de único
agente capaz de iniciar y dinamizar el proceso de inversión,
que permita la recuperación, el crecimiento y el desarrollo.
El cambio en
las políticas también se debe reflejar en la actitud
hacia el MERCOSUR como instrumento ya aprobado de una estrategia
más amplia de integración regional. En el mundo actual
caracterizado por la acción global del capital financiero,
por la presencia directa en casi todos los países del mundo
de empresas trasnacionales que buscan rentabilidad y mano de obra
barata, por la coexistencia y competencia de grandes bloques económicos
mundiales, un país como Uruguay debe propiciar la integración
a un espacio económico mayor, implementando desde allí
su relación con el mundo. Por eso serán necesarias
políticas más decididas de fortalecimiento del MERCOSUR,
sin dudas, con iniciativas políticas, defendiendo al mismo
tiempo la producción nacional y la inserción y fortalecimiento
regional. Para ello será necesario el fortalecimiento de
espacios de coordinación supranacional de políticas
económicas y sociales y su ampliación hacia otros
países de la región que impidan que el peso de Brasil
y Argentina y, sus acuerdos bilaterales desnaturalicen el proceso.
Defensa del Patrimonio Nacional y campaña de Referéndum
por ANTEL.
La entrega de
riquezas nacionales y de patrimonio, es uno de los aspectos centrales
de la política económica del gobierno de coalición:
el pueblo oriental, desde 1992 a la fecha y con variado éxito,
ha venido dando dura batalla contra esa entrega. Hemos alcanzado
importantes victorias y sufrido importantes derrotas. El gobierno,
por su parte, ha buscado y encontrado las formas de atenuar sus
derrotas, buscando nuevas formas de privatizar: tercerizaciones,
asociaciones, cesión de servicios... y ello ha influido negativamente
en la población que siente que, más allá de
los pronunciamientos populares sobre el tema, las privatizaciones
se extienden cada vez más, lo que se está agravando
en la actualidad, pues el gobierno ha incrementado y acelerado el
ritmo de las mismas.-
En este marco
es imprescindible redoblar los esfuerzos en la defensa del patrimonio
nacional y fijar claramente la táctica y la estrategia. Pensamos
que hay que tomar en cuenta tres aspectos distintos y complementarios:
la movilización popular; la acción parlamentaria,
y el ejercicio de la democracia directa. Esta última, prevee
la utilización de tres mecanismos: el referéndum,
la iniciativa popular y la reforma constitucional. No renunciamos
a utilizar ninguno de los tres quedando en el ámbito del
Plenario Nacional y la Mesa Política el momento, la forma
y el contenido en los que se podrán promover.
En el corto
plazo, estamos comprometidos con la puesta en práctica de
la iniciativa popular, y en lo inmediato, estamos trabajando por
la derogación de los artículos 612 y 613 del Presupuesto
Nacional, que es el desafío y la tarea central de todos los
frenteamplistas .
La detención
de la enajenación o transferencia del Patrimonio Nacional
y defensa en general de las Empresas Públicas es uno de nuestros
ejes políticos fundamentales. Y en esta etapa ello se manifiesta
básicamente en la recolección de firmas por ANTEL
en la medida que se ha convertido prácticamente en la oportunidad
de dar un "parate" a la ofensiva privatizadora-desmonopolizadora
que sobre dichos Entes ha desatado el actual gobierno.
En relación
a la Iniciativa Popular, la Comisión Integrada de Programa
del Encuentro Progresista - Frente Amplio está elaborando
una propuesta sobre la base de 4 capítulos: Defensa del patrimonio
nacional; Defensa de la Producción Nacional; Defensa del
empleo y el Ingreso Familiar; y Políticas sociales, lo que
constituye una base para continuar trabajando, no sólo en
la elaboración, sino sobre todo en la tarea de tejer una
extensa red social de respaldo a la misma.
Es imprescindible
seguir desarrollando nuestra posición ante el sistema financiero
y, particularmente, reelaborar las políticas hacia la banca
estatal y privada en beneficio de la mayor transparencia del sistema
y del desarrollo productivo del país.
Cada vez corre
más riesgo el futuro del Banco República al que pretenden
descapitalizar y dividir erosionando su capacidad de financiar el
desarrollo de la producción y el consumo nacional. También
el Banco Hipotecario del Uruguay, está fuertemente afectado
y en proceso acelerado de descapitalización en desmedro de
los objetivos para los que fue creado. Similar situación
afecta al Banco de Seguros del Estado del cual se intenta transferir
a la actividad privada servicios esenciales, que son de interés
general para toda la sociedad. .
Asímismo,
la defensa de la tierra es un aspecto central en la defensa de nuestro
patrimonio nacional. El Frente Amplio considera que debe revertirse
el proceso de extranjerización de la propiedad de la tierra
y debe ayudar a que se mantengan en manos de los productores que
la han usado con fines productivos. y que se ha comprobado que están
a punto de perderla como consecuencia de la política económica
del gobierno.
La búsqueda de la verdad.
El actual período
de gobierno debe arrojar resultados concretos que signifiquen la
conquista de la verdad sobre la suerte de los uruguayos detenidos
desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar;
sin perjuicio de los resultados de las acciones que se vienen llevando
adelante ante el Poder Judicial, a cuyo pronunciamiento nos atendremos
en el marco del respeto de su independencia.
La obtención de la verdad supone cumplir con un imperativo
ético, humanitario y legal de todo la sociedad uruguaya,
y en especial del gobierno.
La actitud del
Frente Amplio ha sido clara y contundente en este sentido a través
de los pronunciamientos de su dirección política ante
los distintos aspectos planteados en torno al tema de los derechos
humanos.
En primer lugar
el reclamo al cumplimiento irrestricto del artículo 4º
de la Ley de Caducidad.
En segundo lugar
considerar que la instalación de la Comisión para
la Paz y el trabajo que ha realizado hasta el momento, han significado
avances con respecto a situaciones anteriores a su constitución
en relación al objetivo fundamental de esclarecer la situación
de los ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos. El Frente Amplio,
en consonancia con lo expresado por los familiares de estos, respalda
el trabajo realizado y el que en la misma orientación realice
la Comisión en el futuro.
En tercer lugar,
ante los reclamos de colaboración de la justicia provenientes
del ámbito internacional relativos a las violaciones a los
derechos humanos, reafirma su histórico compromiso con la
vigencia de una sociedad democrática y por esa razón,
bregará sin limitaciones para hacer prevalecer el respeto
a la justicia y a los compromisos internacionales asumidos por el
país.
Coherentes con
los principios de justicia levantados por el Frente Amplio promoveremos
activamente la ratificación parlamentaria de los acuerdos
internacionales que establecen la creación de la Corte Penal
Internacional.
3. El Frente
Amplio: una fuerza con experiencia y vocación de gobierno
La construcción
de las mayorías para el cambio.
El cambio de mediano y largo plazo de las políticas económicas
y sociales, el cambio del modelo, sólo es posible a través
de un cambio radical de partidos en el gobierno apoyado en los respaldos
sociales que sustenten el proyecto alternativo.
Sólo
un gobierno de corte progresista podrá implementar un proyecto
político que contenga políticas económicas
y sociales diferentes a las vigentes, alternativas a las que se
han implementado en el país durante las últimas décadas
del siglo pasado y que, a pesar de los catastróficos resultados
obtenidos, el primer gobierno del siglo XXI pretende seguir instrumentando.
Para nuestra
fuerza política en esta etapa, el objetivo principal sigue
siendo ganar las elecciones nacionales y acceder a la Presidencia
de la República para comenzar a instrumentar el proyecto
político progresista que el país y su gente necesitan.
Ello deberá complementarse por el acceso a gobiernos departamentales
del Interior del país, así como (d)el mantenimiento
y aún el aumento de la primacía en Montevideo.
Tan importante
como ganar las elecciones será la capacidad de gobernar.
No solo desde el punto de vista de la "capacidad intelectual"
de elaborar programas y políticas alternativas -lo cual hemos
demostrado a través del Gobierno de Montevideo, o de los
proyectos coyunturales que hemos puesto a consideración de
la ciudadanía, de los sectores sociales organizados e incluso
de los sectores políticos de gobierno-; sino de la capacidad
de generar los apoyos políticos y sociales que den respaldo
al gobierno y a los cambios.
Para ganar las elecciones, y luego gobernar a través de los
importantes cambios en la política económica y social
que requerirá la implementación del proyecto alternativo,
será necesario acumular fuerzas en lo social, en lo electoral
y en lo político. Será necesario incrementar significativamente
el apoyo con que cuenta hoy el Encuentro Progresista - Frente Amplio
en la sociedad, de manera de contar con un sólido respaldo
parlamentario que sea un verdadero reflejo de nuevas mayorías
sociales y políticas.
El Frente Amplio
y el Encuentro Progresista han estado y están abiertos a
conjuntar esfuerzos con otras fuerzas que persigan los mismos objetivos,
sobre la base de acuerdos programáticos concretos e instrumentos
que permitan votar juntos a quienes piensan igual.
Tal como lo
expresara el Presidente de nuestra fuerza política ante el
Plenario Nacional, "las elecciones no se ganan o se pierden
en función de tres o cuatro meses de campaña electoral;
sino que los resultados electorales son la culminación de
procesos políticos mucha mas extensos y profundos que la
campaña en sí" En ese sentido todas las acciones,
tareas, planteos políticos o programáticos que se
desarrollen en la etapa, son parte integrante de una única
estrategia para acceder al gobierno y luego gobernar.
Luchar por la
victoria popular en el 2004 supone gestar desde ahora los protagonistas
colectivos e ir construyendo el respaldo y la participación
popular imprescindibles.
La lucha por
llegar al gobierno, no puede separarse de nuestra acción
cotidiana por encontrar soluciones a los problemas inmediatos de
la gente, por frenar la política económica y por detener
la entrega del patrimonio nacional. Es más, son aspectos
distintos de una misma lucha que se relacionan y se entrecruzan
continuamente. Nadie puede pretender ganar a distintos sectores
afectados por la política actual si no trata de reflejarlos
cada día, en la defensa por sus intereses inmediatos. Nadie
puede tampoco, pretender ganar seriamente a esos mismos sectores,
si no tiene la capacidad de demostrar que para la puesta en práctica
de sus reivindicaciones esenciales, se requiere disponer de los
resortes de poder que sólo da el ejercicio del gobierno.
El contacto
directo con la gente, a su vez, resulta fundamental para el logro
de los objetivos planteados. Las movilizaciones Pueblo a Pueblo
a lo largo y ancho de todo el país, así como las Barrio
a Barrio que habrá que instrumentar, son la mejor forma de
hacerle llegar nuestra propuesta al conjunto de los uruguayos.
Fortalecimiento del FA y su relación con la gente.
El logro de
los objetivos planteados, requiere una fuerza política fuerte
que canalice los esfuerzos colectivos. La capacidad del Frente Amplio
para crecer como fuerza política y a la vez gestar y fortalecer
los más amplios acuerdos sociales y políticos sigue
siendo el nudo gordiano de la situación. Un creciente número
de ciudadanos desencantados, abandonan los partidos tradicionales
y se acercan a nuestra fuerza. Eso fue característico en
las últimas elecciones y todo indica que lo seguirá
siendo en el futuro. Nuevos sectores sociales buscan salidas ante
la amenaza de inviabilidad de sus medios de vida y miran esperanzadas
hacia el Frente Amplio y hacia el Encuentro Progresista.
La generación
de una propuesta amplia, y la creación de un clima de confianza
en nuestra capacidad para dar nacimiento a un gobierno nacional,
popular y democrático por primera vez en la historia del
país, constituye el desafío central de nuestra fuerza
política.
La identidad
del Frente Amplio es nítida y gracias a ella creció
hasta constituirse en la fuerza política más importante
del país. Cientos de miles de asalariados, de masas empobrecidas,
de desocupados, excluidos, y amplios sectores vinculados a la producción,
exigen de nuestra fuerza el irrenunciable compromiso de velar por
su suerte, y apenas instalado el gobierno abocarnos, sin la menor
demora, a la solución de sus problemas.
Deberemos conjugar
la relación dialéctica entre la amplitud y profundidad
de nuestra acción en la principal tarea a resolver: modificar
profundamente la relación de fuerzas y desplazar al bloque
neoliberal en el poder.
Todo ello exige
un Frente Amplio participativo. Su condición de coalición
y movimiento, en el marco indispensable de la unidad en la diversidad
y sin exclusiones, constituye el pilar fundamental. Deben fortalecerse
sus sectores políticos integrantes y las estructuras de base,
las que deben volcar lo mejor de sus esfuerzos para atraer a miles
de ciudadanos independientes e integrarlos a los Comités
de Base y a los diversos espacios orgánicos de participación.
La descentralización
en nuestra fuerza política es a su vez un aspecto fundamental.
Significa aprovechar todo su potencial humano para alcanzar las
metas planteadas. Supone abrir las puertas de nuestra organización
para dar cabida a la creatividad política de todos sus integrantes,
y también, asumir el logro de un mayor desarrollo en todo
el país como desafío estratégico fundamental.
Es necesario fortalecer el trabajo en el interior para ganar el
gobierno nacional. Esto será posible en la medida que apostemos
al crecimiento y el desarrollo político de nuestros compañeros,
alentando y apoyando sus propias elaboraciones, en el marco de los
lineamientos políticos que nos hemos fijado en forma orgánica
y democrática para el conjunto de nuestra fuerza.
Un Frente participativo,
activo y consciente será garantía de triunfo, y se
constituirá en el principal apoyo del gobierno nacional,
popular y democrático que queremos para nuestro país
y de la aplicación de su programa de cambios por el que trabajamos.
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